Ejido de Durango tiende la mano a petrolera… y ésta se toma el pie: inicia exploración sin contrato
La minera canadiense Excellon Resources violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Pero, ante la dificultad de negociar con la empresa, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones y ganancias de la compañía, por lo que, de acuerdo con un estudio de dos organizaciones y el Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, Excellon presionó al Gobierno estatal para que los desalojara. Y así fue. A lo largo del conflicto, la comunidad ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. Hasta el momento, el Tribunal Unitario Agrario no ha determinado la anulación del contrato.
Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en el municipio de Tlahualilo, Durango, firmaron un contrato temporal en abril de 2008 con la empresa minera canadiense Excellon Resources para rentarle 1,100 hectáreas a cambio del cumplimento de cláusulas sociales, medioambientales y económicas en beneficio de los habitantes. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 la trasnacional violó la cláusula sexta al explorar más tierra de lo acordado sin autorización de la Asamblea General de Ejidatarios .
Ante ello, el cuatro de septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados. El juicio sigue en curso y la comunidad espera la sentencia para agosto, pero a lo largo de este conflicto ha recibido amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá, de acuerdo con Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita.
“Resulta preocupante el hecho que la Embajada [de Canadá en México] no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policiacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos”, expone el estudio “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México” de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers.
Además, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) ha detectado que se han sido violado su derecho a la tierra, a un medio ambiente sano (acceso a agua libre de contaminantes) y los derechos laborales de los trabajadores mineros.
México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá, de acuerdo con el estudio de las organizaciones.
En 2004, Excellon de México, filial de la canadiense, acordó con la comunidad duranguense la renta de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años para operar la mina La Platosa. Ya al momento de firmar, se estipuló por 27 hectáreas por el mismo precio. ProDESC, que ha seguido el caso desde 2007, asegura que los representantes de la minera dijeron a los ejidatarios que las parcelas no valían nada, que tenían muy poca agua y, además, los amenazaron con promover la expropiación ante autoridades locales y federales con las que, mencionaron, tenían muy buena relación.
“Siempre quedó la espinita de que habían cambiado de cuatro a 27 hectáreas”, afirmó en entrevista Daniel Pacheco. “La inconformidad fue creciendo y en el 2008 dijimos ya basta”.
INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS
A principios de 2008, la asamblea edijatal concluyó que se necesitaba un acuerdo justo y equitativo con Excellon, pero como la empresa se negó a negociar, los ejidatarios se manifestaron afuera de la mina. Tras tres meses de presión, se firmó el Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron importantes cláusulas de carácter social y ambiental a favor de la comunidad.
La compañía se comprometió a la construcción de una planta tratadora de agua para uso agrícola; dar preferencia para los ejidatarios en la contratación de la fuerza laboral de la mina; además del pago de una renta anual por la ocupación de las tierras; becas escolares y el pago de un fondo social.
De 2008 a 2012 cumplió con el pago de la renta (5 mil pesos la hectárea), el pago para el fondo social (en una primera emisión dio 3 millones y luego 500 mil pesos cada año) y el sistema de becas a estudiantes (17 mil pesos mensuales para repartirlos entre hijos de ejidatarios), pero ignoró los acuerdos sociales y medioambientales.
“Las cláusulas sociales fue que iban a poner una planta tratadora de agua para uso agrícola porque la minera está sacando alrededor de 10 mil galones por minuto. Ni siquiera era una planta tratadora porque una así cuesta 300 millones, por eso no querían aceptar. Nosotros les hicimos un proyecto para que les costara 42 mil pesos mensuales limpiar el agua con un bioquímico. No cumplieron”, acusó Pacheco. “La mina es de plomo y zinc. Ellos aseguran que no contaminan el agua, pero nosotros tenemos estudios que dicen que sí”.
Sobre la promesa de capacitar y dar trabajo a ejidatarios en la mina, “les dieron a algunos. A las mujeres embarazadas las rechazaban”.
En junio de 2010 se conformó la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) para garantizar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la mina.
Fue el once de marzo de 2011 cuando Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato.
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS POR PRESIÓN AL GOBIERNO
Los ejidatarios solicitaron un diálogo por la violación del contrato. Las mesas de negociación se llevaron a cabo de noviembre de 2011 a agosto de 2012, pero al no cosechar resultados, en julio de 2012 los ejidatarios establecieron un campamento a fuera de la mina en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2008.
Durante ese plantón, el gobierno estatal les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto, “pero fue un engaño”.
“El gobierno, en contubernio con la embajada de Canadá, intercambiaban información. Nosotros visitamos la embajada de Canadá para que apoyaran el conflicto, pero operó como espía porque le pasaba la información a la empresa y luego la empresa contrató cabilderos para que presionaran al gobierno diciendo que se iban a ir y con ellos la inversión y las fuentes de empleo”, declaró Pacheco.
De acuerdo con el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, la Embajada de Canadá ejerció un papel fundamental en la relación de Excellon con funcionarios en Durango. En julio de 2012 la embajadora envió un correo al gobierno estatal para solicitar una reunión porque “la empresa está teniendo pérdidas financieras importantes y está reconsiderando la viabilidad de la operación de la mina La Platos. […] Debido a la magnitud de la inversión canadiense en su estado, consideraríamos adecuado que se lleve a cabo dicha reunión”.
El 29 de agosto, alrededor de 100 elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, intentaron disolver el campamento con el argumento de que buscaban realizar una inspección laboral a la mina La Platosa.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el ejército nos tenía rodeados”.
El estudio concluyó que “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
Pero esa ocasión resistieron. Y la contraparte insistió.
El 24 de octubre, un aproximado de 250 golpeadores, miembros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, del estado de Zacatecas y Chihuahua, arribaron armados con palos y piedras para esta vez sí desalojar a los manifestantes. “Nos desalojaron y con maquinaria de la mina incendiaron nuestros jacales”, contó Pacheco.
Para entonces, el cuatro de septiembre, la Asamblea General de Ejidatarios había presentado la demanda de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal. Actualmente se espera la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual determinará si el contrato se anula o no.
Durante el 2013, denunció ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.
En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.
Actualmente, la comunidad La Sierrita de Galeana está a la expectativa de la sentencia. Por el momento, ya no está recibiendo la renta por el uso de tierra y la minera también retiró el pago del fondo social y las becas escolares.
“A raíz del conflicto dejó de pagar. La última anualidad que ellos nos pagaron fue 2012-2013. Entonces ya no pagaron 2013-2014. Lo que hicieron fue depositar la renta en el Tribunal Agrario, pero éste no nos la quiso dar porque dijo que solo estaban en garantía”, aseguró Pacheco.
Como respuesta, la comunidad metió un amparo.
El 23 de enero de 2015 el Tribunal Agrario del Distrito Sexto notificó la liberación del pago de la renta luego de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna resolviera el amparo a favor del ejido.
Sin embargo, la minera ya no dio la renta 2014-2015 ni el pago del fondo social ni las becas escolares. Y sigue operando con normalidad.
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La minera canadiense Excellon Resources violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Pero, ante la dificultad de negociar con la empresa, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones y ganancias de la compañía, por lo que, de acuerdo con un estudio de dos organizaciones y el Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, Excellon presionó al Gobierno estatal para que los desalojara. Y así fue. A lo largo del conflicto, la comunidad ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. Hasta el momento, el Tribunal Unitario Agrario no ha determinado la anulación del contrato.
La minera Excellon violó el contrato con los ejidatarios de la Sierrita de Galeana al explorar más tierras de lo acordado. Foto: ProDESC y United Steelworkers
Ante ello, el cuatro de septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados. El juicio sigue en curso y la comunidad espera la sentencia para agosto, pero a lo largo de este conflicto ha recibido amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá, de acuerdo con Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita.
“Resulta preocupante el hecho que la Embajada [de Canadá en México] no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policiacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos”, expone el estudio “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México” de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers.
Además, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) ha detectado que se han sido violado su derecho a la tierra, a un medio ambiente sano (acceso a agua libre de contaminantes) y los derechos laborales de los trabajadores mineros.
México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá, de acuerdo con el estudio de las organizaciones.
En 2004, Excellon de México, filial de la canadiense, acordó con la comunidad duranguense la renta de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años para operar la mina La Platosa. Ya al momento de firmar, se estipuló por 27 hectáreas por el mismo precio. ProDESC, que ha seguido el caso desde 2007, asegura que los representantes de la minera dijeron a los ejidatarios que las parcelas no valían nada, que tenían muy poca agua y, además, los amenazaron con promover la expropiación ante autoridades locales y federales con las que, mencionaron, tenían muy buena relación.
“Siempre quedó la espinita de que habían cambiado de cuatro a 27 hectáreas”, afirmó en entrevista Daniel Pacheco. “La inconformidad fue creciendo y en el 2008 dijimos ya basta”.
INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS
El 11 de marzo de 2011 Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato. Foto: ProDESC
La compañía se comprometió a la construcción de una planta tratadora de agua para uso agrícola; dar preferencia para los ejidatarios en la contratación de la fuerza laboral de la mina; además del pago de una renta anual por la ocupación de las tierras; becas escolares y el pago de un fondo social.
De 2008 a 2012 cumplió con el pago de la renta (5 mil pesos la hectárea), el pago para el fondo social (en una primera emisión dio 3 millones y luego 500 mil pesos cada año) y el sistema de becas a estudiantes (17 mil pesos mensuales para repartirlos entre hijos de ejidatarios), pero ignoró los acuerdos sociales y medioambientales.
“Las cláusulas sociales fue que iban a poner una planta tratadora de agua para uso agrícola porque la minera está sacando alrededor de 10 mil galones por minuto. Ni siquiera era una planta tratadora porque una así cuesta 300 millones, por eso no querían aceptar. Nosotros les hicimos un proyecto para que les costara 42 mil pesos mensuales limpiar el agua con un bioquímico. No cumplieron”, acusó Pacheco. “La mina es de plomo y zinc. Ellos aseguran que no contaminan el agua, pero nosotros tenemos estudios que dicen que sí”.
Sobre la promesa de capacitar y dar trabajo a ejidatarios en la mina, “les dieron a algunos. A las mujeres embarazadas las rechazaban”.
En junio de 2010 se conformó la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) para garantizar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la mina.
Fue el once de marzo de 2011 cuando Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato.
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS POR PRESIÓN AL GOBIERNO
El gobierno de Durango les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto. Foto: Prometeo Lucero, Red TDT.
Durante ese plantón, el gobierno estatal les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto, “pero fue un engaño”.
“El gobierno, en contubernio con la embajada de Canadá, intercambiaban información. Nosotros visitamos la embajada de Canadá para que apoyaran el conflicto, pero operó como espía porque le pasaba la información a la empresa y luego la empresa contrató cabilderos para que presionaran al gobierno diciendo que se iban a ir y con ellos la inversión y las fuentes de empleo”, declaró Pacheco.
De acuerdo con el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, la Embajada de Canadá ejerció un papel fundamental en la relación de Excellon con funcionarios en Durango. En julio de 2012 la embajadora envió un correo al gobierno estatal para solicitar una reunión porque “la empresa está teniendo pérdidas financieras importantes y está reconsiderando la viabilidad de la operación de la mina La Platos. […] Debido a la magnitud de la inversión canadiense en su estado, consideraríamos adecuado que se lleve a cabo dicha reunión”.
El 29 de agosto, alrededor de 100 elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, intentaron disolver el campamento con el argumento de que buscaban realizar una inspección laboral a la mina La Platosa.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el ejército nos tenía rodeados”.
El estudio concluyó que “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
Pero esa ocasión resistieron. Y la contraparte insistió.
El 24 de octubre, un aproximado de 250 golpeadores, miembros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, del estado de Zacatecas y Chihuahua, arribaron armados con palos y piedras para esta vez sí desalojar a los manifestantes. “Nos desalojaron y con maquinaria de la mina incendiaron nuestros jacales”, contó Pacheco.
Para entonces, el cuatro de septiembre, la Asamblea General de Ejidatarios había presentado la demanda de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal. Actualmente se espera la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual determinará si el contrato se anula o no.
Durante el 2013, denunció ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.
En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.
Actualmente, la comunidad La Sierrita de Galeana está a la expectativa de la sentencia. Por el momento, ya no está recibiendo la renta por el uso de tierra y la minera también retiró el pago del fondo social y las becas escolares.
“A raíz del conflicto dejó de pagar. La última anualidad que ellos nos pagaron fue 2012-2013. Entonces ya no pagaron 2013-2014. Lo que hicieron fue depositar la renta en el Tribunal Agrario, pero éste no nos la quiso dar porque dijo que solo estaban en garantía”, aseguró Pacheco.
Como respuesta, la comunidad metió un amparo.
El 23 de enero de 2015 el Tribunal Agrario del Distrito Sexto notificó la liberación del pago de la renta luego de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna resolviera el amparo a favor del ejido.
Sin embargo, la minera ya no dio la renta 2014-2015 ni el pago del fondo social ni las becas escolares. Y sigue operando con normalidad.
Un lesionado y dos vehículos calcinados tras flamazo en instalación de Pemex en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab.- Un lesionado grave por quemaduras y dos vehículos calcinados dejó un flamazo en una batería de control de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la ranchería Corregidora del municipio de Centro, en la periferia de esta capital y cerca de Reforma, Chiapas.
Según el relato de uno de los obreros, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:30 cuando se realizaban maniobras de limpieza en la citada instalación petrolera, ubicada en la Pera 10, donde se controla el paso del gasoducto que corre del puerto de Dos Bocas hacia el complejo procesador de gas Cactus.
Estas maniobras se conocen como “corrida de diablo” y se utilizan pipas con mangueras para tender “una cortina” de agua, a fin de prevenir y controlar que cualquier fuga de gas se expanda y pueda provocar una explosión.
De acuerdo con el trabajador, se registró una fuga de gas y el chofer de una vieja pipa de contraincendio de Pemex aceleró el vehículo para darle más presión al agua, pero lo que consiguió fue provocar una chispa en el motor y ocurrió el incendio.
El chofer de la pipa sufrió graves quemaduras al quedar atrapado en el vehículo por lo que más tarde fue trasladado a la Ciudad de México, mientras que alrededor de otros 15 trabajadores que ahí laboraran lograron correr y ponerse a salvo; incluso algunos resultaron lastimados debido a que cayeron durante la huida.
Adicional a la pipa se calcinó también una camioneta de Pemex.
El coordinador de Protección Civil de Reforma, Chiapas, Josué Contreras Gutiérrez, informó que llegó con personal y ambulancias para auxiliar a los heridos pero no le permitieron el paso.
A las 21:00 horas, Pemex se refirió al hecho al controlar, dijo, “un connato de fuego que se registró en un vehículo contraincendio localizado en la trampa de envío del gasoducto Dos Bocas-Cactus”, a la altura de la ranchería Corregidora, Tercera Sección, del municipio de Centro.
Confirmó que en el sitio resultó lesionado con quemaduras un trabajador de Pemex que está recibiendo la atención médica correspondiente.
“Los hechos ocurrieron mientras personal de Petróleos Mexicanos realizaba trabajos operativos cuando se generó una fuente de calor en el motor de la unidad contraincendio, misma que se encontraba en el sitio brindando apoyo en la realización de estas labores”, reportó.
La fotógrafa y fundadora del Salón de la Plástica Mexicana, Paulina Lavista, denunció que TV UNAM atraviesa por un momento de crisis y falta de armonía laboral debido al nulo interés de su director, Nicolás Alvarado, por la continuidad de trabajo en general.
En principio, su serie Luz propia no ha recibido atención: “No he podido hablar con él y tengo dos programas por entregar”.
Así lo explicó vía telefónica, pues en lo que va del año no ha hablado ni podido ver a Alvarado –quien asumió el cargo en enero pasado– para tener una respuesta sobre los seis programas de su serie. Y es que, el año pasado solo se transmitieron cuatro, pero quedan dos en el “tintero”: uno sobre el cineasta Jomi García Ascot y otro sobre el escritor Jorge Ibargüengoitia.
Dicha serie fue anunciada en marzo de 2015 cuando Ernesto Velázquez fungía como director de TV UNAM. Trata historias sobre personajes nacionales que han brillado con “luz propia” en la escena cultural nacional. En una sola emisión se hicieron y proyectaron los dedicados al lingüista Ernesto de la Peña, el narrador Juan Rulfo, la escultora Ángela Gurría y el compositor Mario Lavista.
Pero los de García Ascot e Ibargüengoitia están en espera, pese a que la idea principal de la serie era proyectar un programa por semana.
“Me parece una falta de respeto que no me conteste ni el teléfono y una falta de respeto a la continuidad del trabajo del canal… Se ha referido a lo producido por Ernesto Velázquez como un trabajo que no era universitario, y bueno, quizás Juan Rulfo no era universitario, pero es universal y se estudia en la UNAM.
“No sólo no me contesta a mí sino a gente muy valiosa. No es justo que en un canal como TV UNAM tengamos una especie de dictador donde no se le puede plantear un problema. Hice un compromiso para realizar seis programas, se me dieron 150 mil pesos y faltan dos por entregar, lo único que pido es el equipo y el trabajo de edición para realizarlo”, afirmó.
Paulina Lavista explicó que, a su juicio, el actual director de TV UNAM carece de experiencia para dirigir un canal como el de los universitarios, lo que ha generado un ambiente de tensión al interior entre trabajadores.
“Se desaprovecha el archivo del canal, se desaprovecha a la gente que trabaja ahí. No quiero mencionar nombres porque temen por su trabajo, pero retiró a Guadalupe Alonso, que era un miembro muy valioso.
“Al no recibirme me sentí ofendida, pero estoy en deuda con mi alma mater y nunca he dejado de entregar un trabajo por el que recibí un dinero para realizarlo”, comentó la documentalista vía telefónica desde El Colegio Nacional.
La fundadora del Salón de la Plástica Mexicana, recordó el décimo aniversario luctuoso de quien fue su esposo, el escritor Salvador Elizondo. En este sentido, agregó que inicia dos semanas de jornadas de reflexión y lectura.
Además, este año se celebran también los 50 años de Farabeuf o la crónica de un instante (1965), motivo por el cual realizó un programa de media hora al respecto: Génesis e impacto de Farabeuf, que se transmitió por primera vez en la charla de El Colegio.
“Tenía pensado ofrecerlo a TV UNAM pero ya conseguí una cita en Canal 22 y al parecer están interesados. De igual forma, la serie Luz propia se había pensado originalmente para que fueran 13 programas. Obviamente, con esto sólo quiero terminar los dos que restan para el canal y no más. El señor (Nicolás Alvarado) no entiende en dónde trabaja”.
Por último, adelantó que la muestra Los caminos de Elizondo en El Colegio se prolongará una semana más hasta el próximo sábado 2 de julio en horario de 10 de la mañana a las 18 horas.
XALAPA, Ver.- Cinco personas murieron y otras más resultaron heridas cuando se encontraban en una reunión familiar y fueron atacadas a tiros en la ciudad de Veracruz la tarde de este viernes.
Las víctimas fueron identificadas con las iniciales J.C.P.A., N.P.V., N.R.R., N.J.G. y A.V.P. Sin embargo, según reportes policiacos, entre las víctimas se encontraba Noriel Prot Vazquez, hijo del regidor del PRI en Coatzacoalcos, y su hermano Juan Carlos Prot Álvarez. Ambos estaban en la fiesta de una persona de la CTM.
El hijo del regidor ya había sido atacado anteriormente en el municipio de Coatzacoalcos. Vivía desde el 2014 en el puerto de Veracruz.
Los hechos se suscitaron alrededor de las 19:00 horas en la calle Adolfo de la Huerta, entre la avenida Hermenegildo Galeana y la calle Guadalupe Victoria de la colonia López Mateos. En ese lugar, varias personas se encontraban en una convivencia y fueron sorprendidos por desconocidos.
En el lugar, junto a una de las mesas quedaron tendidos los cuerpos de las víctimas. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, Policía Estatal, Naval, Ejército Mexicano y peritos del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado que confirmó el ataque y agregó que “investiga la agresión con disparos de arma de fuego en la colonia López Mateos de esta ciudad, contra cinco personas que perdieron la vida”.
De acuerdo con la autoridad, una llamada a los servicios de emergencia 066 alertó a las corporaciones de seguridad sobre disparos de arma de fuego en la calle Guadalupe Victoria de la mencionada colonia. Entonces, efectivos ministeriales y personal de servicios periciales se trasladaron al lugar.
Al practicar las primeras diligencias e investigaciones, se localizaron diversos casquillos percutidos y ojivas. Testigos presenciales dijeron que los agresores llegaron en una camioneta y dispararon de manera directa con armas de calibre restringido.
Una persona que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Después del ataque, los responsables huyeron del lugar. Al momento la zona permanece resguardada por elementos de seguridad.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El gobernador Juan Manuel Carreras no tiene voluntad para corregir la omisión en que se incurrió al ignorar a pueblos y comunidades indígenas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, denunció Narciso Mendoza, integrante del Consejo Consultivo Indígena.
Ello a pesar de las recomendaciones emitidas por la Conapred y la Comisión estatal de derechos humanos para reponer el proceso y además acusó que hay presión e intimidación a consejeros para que avalen el documento.
“Estamos siendo agredidos por este gobierno; nos hemos sentado tres veces con el gobernador Juan Manuel Carreras y firmó un documento donde se compromete a hacer la consulta y respetar al consejo, pero ha pasado todo lo contrario; ahora ya tienen un documento y nada más quieren que lo aprobemos pero sin escucharnos”, señaló el representante indígena.
Sostuvo que, tal como ocurrió con la anterior titular del Instituto para el desarrollo social y humano de los pueblos indígenas (Indepi), Margarita Viñas Orta, continúa el hostigamiento y la presión por personal de esta dependencia que acude a visitar a los integrantes del consejo para que acepten validar el Plan de desarrollo y para dividirlos.
Viñas Orta fue destituida de su cargo después de una queja interpuesta ante la Conapred por estos actos intimidatorios, pero éstos no han cesado con el nuevo titular Raúl de Jesús González Vega.
Narciso Mendoza aseguró que aunque una mayoría de consejeros se sostiene en su reclamo de que se cumpla con la normatividad estatal “la gente está atemorizada y hacemos responsable de esto al gobernador, porque siguen visitándonos para presionarnos”.
A nombre del consejo, asesores jurídicos del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y de la Clínica de Litigio en derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí interpusieron este jueves dos nuevos juicios de amparo al conocer que el director del Indepi está convocando a dos reuniones del consejo para avalar el Plan de Desarrollo, sin que tenga las atribuciones para ello.
El abogado Guillermo Luévano, coordinador de la Clínica de Litigio en derechos humanos de la UASLP, explicó que una de las omisiones que se está reclamando es la publicación del reglamento del Consejo consultivo, el cual fue elaborado y aprobado por el consejo pero desde septiembre del año pasado no ha sido publicado por el gobernador Carreras.
“Una convocatoria dice que el gobernador busca presidir una sesión del consejo, lo cual viola la autonomía, y trasgrede la ley. (El gobernador) puede ser invitado pero no presidir. La otra es para una supuesta sesión extraordinaria, para la que el titular del Indepi tampoco tiene facultades”, aclaró el asesor.
La recomendación emitida por la Comisión estatal de derechos humanos reconoce que quedó acreditado el derecho de los representantes indígenas a ser escuchados.
La recomendación 12/2016 del organismo, dirigida al titular del Indepi, Raúl de Jesús González Vega, indica que a manera de reparación del daño se debe llevar a cabo el proceso de consulta a los Pueblos y Comunidades indígenas del estado para su aportación al Plan Estatal de Desarrollo, “en términos de la Ley de consulta indígena para el estado y municipios de San Luis Potosí y de la Ley para el Instituto de desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades indígenas del estado”.
La recomendación firmada por el Ombudsman Jorge Vega Arroyo, indica: “Se exhorta respetuosamente a las partes para que se lleven a cabo mesas de diálogo con el propósito de encontrar consensos que permitan el trabajo cordial con el Consejo Consultivo Indígena y se les tome en consideración en el proceso de consulta”.
No obstante, Mendoza lamentó la posición del Ombudsman Vega Arroyo, quien el jueves lo citó a una reunión e inesperadamente lo encaró con el titular Indepi Raúl Jesús González Vega, supuestamente con el propósito de que llegaran a un acuerdo y se resolviera el asunto.
“El presidente de la CEDH nos citó (a integrantes del Consejo indígena) pero nos puso un cuatro porque ahí estaba el director el Indepi, y se puso en un plan de que no saliéramos de allí hasta llegar a un acuerdo. Nosotros exigimos que se cancele una convocatoria que está haciendo el Indepi sin tener facultades pero se negó. Y el presidente de la CEDH le dio todo su respaldo, vemos de qué lado está”, acusó.
COLIMA, Col.- Compras a sobreprecio, proveedores envueltos en conflictos de interés, así como contrataciones con empresas “fantasma”, de nueva creación o sin capacidad financiera son algunas de las irregularidades documentadas por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) tras revisar el manejo financiero de los últimos dos años de la administración del exgobernador Mario Anguiano Moreno.
Según el “Libro blanco” de los años 2014 y 2015 y del 1 de enero al 10 de febrero de 2016, del “Informe sobre la situación que guardan actualmente las finanzas de la Administración Pública del Gobierno del Estado”, en una muestra de 35 contratos de adquisiciones y servicios fueron detectadas irregularidades en 16 de ellos por un monto de 81 millones 845 mil 909 pesos.
Dentro de la Licitación Pública Estatal 06002-004-15, la Secretaría de Finanzas y Administración adquirió productos de limpieza por un millón 214 mil 706 pesos, a una empresa cuyo administrador era el secretario de Fomento Económico del gobierno estatal, Rafael Gutiérrez Villalobos. Con ese acto se incumplió el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según el informe.
Además, el expediente correspondiente a ese contrato no cuenta con evidencia que soporte la capacidad financiera del proveedor para poder afrontar la obligación. En tanto, la fianza de cumplimiento que ampara la adquisición de productos de limpieza fue validada en el portal de la afianzadora, sin que se encontrara alguna fianza con esas características.
Mediante oficio de excepción, la Secretaría de Finanzas y Administración adjudicó un contrato por 31 millones 968 mil pesos a una empresa de la que era socio el coordinador estatal de Conectividad del Estado de Colima para la prestación del servicio de bases de datos civiles para las entidades federativas de México. Así también, otro de los socios durante 2014 había formado parte de la nómina de la burocracia en el puesto de director A.
La SFA contrató servicios de desarrollo web por un monto de cinco millones 200 mil 888 pesos mediante el proceso de Invitación a Tres Personas. Sin embargo, en primera instancia sobrepasó el límite permitido para este procedimiento, que es un máximo de 684 mil 687 pesos.
Además, la consultora detectó que ninguno de los giros comerciales de esa empresa cumple con el objeto de “Desarrollo web”, y el representante legal de la compañía, quien firmó el contrato, en 2014 era agente ministerial B de la Procuraduría General de Justicia. Incluso, al firmar el contrato se encontraba activo en la nómina bajo el puesto de auxiliar técnico.
Entre los resultados de la revisión financiera, la consultora detectó también que hasta productos de abarrotes fueron adquiridos por el gobierno estatal a precios inflados en relación con las cotizaciones del mercado.
Por ejemplo, en el contrato SFA/46-2014/DGAA/DCN firmado por 571 mil 652 pesos, a la lata de atún se le asignó un precio unitario de 15 pesos, mientras que según cotizaciones en el mercado estaba en 11 pesos. Otros: el kilogramo de huevo estaba a 30 pesos cuando su costo oscilaba en 22 pesos; el paquete de tortillas de harina en 15, cuando su precio era de 12; el pastel de zanahoria en 625, cuando su costo en el mercado es de 315. En total, se determinó un sobreprecio de 25 mil 610 pesos.
A través del proceso de Invitación a Tres Personas, expediente ITP-006-148-14, la Secretaría de Finanzas y Administración adquirió llantas para la Secretaría de Seguridad Pública por 264 mil 599 pesos, con un sobreprecio detectado de 79 mil 344 pesos, según una cotización realizada por la empresa revisora vía telefónica con el mismo proveedor que, según el expediente, tampoco cuenta con evidencia de capacidad financiera para afrontar la obligación contractual.
De acuerdo con el SFA/54-2014/DGAA/DCN, la Secretaría de Seguridad Pública adquirió uniformes oficiales y chalecos balísticos para la Policía Estatal Preventiva por un monto de tres millones 169 mil 492 pesos, pero después de la revisión, PWC determinó la “posible falta de autenticidad o existencia del proveedor”.
Entre otras observaciones, indicó: “El proveedor tiene un giro comercial diferente al objeto señalado en el contrato, ya que se dedica a la construcción de obras para telecomunicaciones”. Además, “en el expediente de adjudicación no se cuenta con algún documento que verifique la actividad del proveedor adjudicado”.
Para el desarrollo de sistemas informáticos, el Instituto de Registro del Territorio adjudicó un contrato por ocho millones 359 mil 491 pesos a una empresa cuyo domicilio no fue localizado y según la consultora PWC “no se tiene certeza de que el proveedor esté formalmente constituido y en operación”.
Asimismo, mediante una inspección física el 10 de mayo de 2016 se verificó la implementación del sistema y “se detectó que no está siendo utilizado de manera óptima, (pues) su función principal es llevar un control diario de todas las actividades de los notarios públicos, (pero) se observó que sólo tres (de los 25) notarios públicos estaban registrados”.
En condiciones similares, el Instituto de Registro del Territorio suscribió otro contrato, por 1 millón 651 mil 350 pesos, para suministro y puesta en marcha de equipo tecnológico, con una empresa cuyo domicilio tampoco fue localizado, no hubo evidencia de capacidad financiera para cumplir el contrato y se sobrepasó el límite económico para el proceso de Invitación a Tres Personas.
Por otra parte, en el rubro de obras públicas, PWC detectó un posible riesgo de conflicto de interés en la adjudicación de un contrato por nueve millones 126 mil 778 pesos a una empresa cuyo administrador único es hijo del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Cruz Mendoza.
El gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez pagó un millón 690 mil pesos a la empresa PWC para que realizara la revisión financiera de la administración estatal desde 2014, un día antes del inicio de su gobierno.
Hace unos días la documentación con las observaciones fue entregada a la Contraloría General del Estado y al Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para el procedimiento legal que corresponda. La autoridad divulgó una versión pública, sin la identidad de empresas ni los nombres de personajes, del “Libro Blanco”.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Alrededor de diez organizaciones defensoras de los derechos humanos –integrantes de la Red por la Paz– expresaron su indignación por los operativos para reprimir al movimiento magisterial en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
En una carta pública, las agrupaciones manifiestan su condena al gobierno federal por el uso de cuerpos policiacos en contra de maestros y sociedad civil que en las últimas semanas han expresado su rechazo a la reforma educativa aprobada en 2013.
“Se ha señalado reiteradamente que la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto, aprobada por el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas, además de permitir la paulatina privatización de la educación pública, es una reforma laboral que rompe con el principio de estabilidad en el empleo y el derecho al sindicalismo”, dice el documento.
Destaca que las movilizaciones de protesta y rechazo que se han generado desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido reprimidas mediante el uso excesivo de la fuerza pública, extendiéndose a pobladores solidarios o que sencillamente transitaban por el lugar donde se realizaban las manifestaciones.
Tanto en Chiapas como Guerrero y Oaxaca, precisa, el conflicto ha derivado en asesinatos de docentes y civiles, así como en cientos de heridos y decenas de personas detenidas.
“En ese contexto, el riesgo de una escalada de violencia represiva e indiscriminada de parte del Estado en todas las entidades en donde se ha manifestado el movimiento magisterial con apoyo de sociedad civil (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, entre otros) es muy alto”.
El pueblo, cansado de agravios y muertos, “pudiera responder ya con violencia defensiva”, añade el escrito.
En ese contexto de violencia, con diversas violaciones a derechos humanos y el recurrente clima de impunidad, las organizaciones hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que manifiesten, en escritos dirigidos al presidente de la República, su rechazo al excesivo uso de la fuerza en contra del movimiento magisterial y de la sociedad civil.
Asimismo, exigen al presidente Enrique Peña Nieto un diálogo público y respetuoso que realmente atienda y presente soluciones a las demandas justas del gremio magisterial, y que cese de la represión y criminalización del movimiento magisterial.
Los organismos que forman parte de la Red Por la Paz Chiapas son Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Educación para la Paz, A.C. (Edupaz), ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP) y Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC).
SAN ANDRÉS CHOLULA, Pue.- Con una retroexcavadora y a sólo unos metros del Patio de los Altares de la zona arqueológica de Cholula, el gobierno de Puebla reinició excavaciones para la construcción del parque de las Siete Culturas.
Juan Manuel Ramírez, realizador del documental Luz bajo la Tierra-la destrucción de Cholula, difundió una grabación en la que increpa a presuntos trabajadores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), quienes llegaron a la zona para hacer excavaciones con maquinaria pesada.
En una grabación, tomada con celular, se observa cuando la persona a cargo de los trabajos se niega a identificarse y a proporcionar información sobre las faenas iniciadas y los permisos con los que cuentan.
Aunque el encargado asegura contar con autorización del INAH, el cineasta asegura que la introducción de maquinaria pesada y las excavaciones en esa zona, bajo la cual subyacen vestigios arqueológicos probados, viola la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, así como la Declaratoria de Monumento Histórico de 1993.
De acuerdo con Ramírez, las máquinas llegaron para hacer excavaciones justo en la zona en que se supone que el proyecto de construir el parque se había suspendido.
En otra grabación se observa a la máquina haciendo excavaciones en la zona catalogada con el número uno por el decreto de 1993 –debido a que se trata del cinturón que circunda a la Gran Pirámide de Cholula–, así como el material que extrae y que es colocado a un lado, donde se pueden observar fragmentos de cerámicas sin que nadie del INAH supervise.
Josué Xicale, de la organización Cholula Viva y Digna, dijo que en el lugar pintaron marcas de cal que hacen evidente que el gobierno estatal pretende seguir con la construcción del parque, pese a que especialistas han advertido sobre el daño patrimonial que podrían generar, haciendo caso omiso a la oposición que han manifestado los pobladores de “las Cholulas”.
Arqueólogos del INAH y de otras universidades han insistido que en vez de construir un parque para turistas, que cubrirá con cemento la zona y generará la destrucción de la riqueza patrimonial de Cholula, el gobierno tendría que invertir en un programa de rescate arqueológico.
Sin embargo, en la misma zona el gobierno de Rafael Moreno Valle construye la estación de un tren turístico, que de acuerdo con especialistas se encuentra ubicada sobre la base de la Gran Pirámide.
Ramírez pudo documentar que en las obras de la estación, los trabajadores de la empresa encargada hacen sus labores sin ninguna supervisión de especialistas y que incluso desechan los vestigios que se encuentran a su paso sin mayor cuidado.
El gobierno de Puebla ha insistido en construir el parque, supuestamente como una forma de “dignificar” los alrededores de la Gran Pirámide.
El supuesto atractivo turístico que planea Moreno Valle incluye estacionamientos, áreas para locales comerciales, restaurantes, fuentes y hasta un lago, que según los especialistas haría estragos por la humedad que generará a la estructura y a los murales que se encuentran dentro de la milenaria Pirámide de Cholula.
Además, entre los primeros planes del mandatario estatal estaba enrejar la zona, lo que ha generado el descontento de las comunidades que rinden tributo a la Virgen de los Remedios, ya que afectaría los rituales “de bajadas” de la imagen religiosa que mantienen vivos desde la época colonial.
HERMOSILLO, Son.- El exgobernador Guillermo Padrés y su familia recuperaron el rancho y cada uno de los bienes asegurados durante el cateo ejecutado el jueves 5 de mayo y la madrugada del viernes 6.
En un recorrido realizado el pasado martes se observó que los engomados con la leyenda “clausurado” fueron retirados y la vida al interior de la propiedad volvió a la normalidad.
Javier Dagnino, primo político del exmandatario estatal y actual diputado local panista del sexto distrito, de Cananea, señaló que el rancho y el resto de los bienes incautados fueron regresados a la familia debido a que la recién creada Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) carece de facultades legales para practicar diligencias o emprender acciones legales.
“Esta fiscalía no tiene legitimidad ni legalidad para estar actuando contra el exgobernador y otros exfuncionarios estatales, ya sean panistas o priistas”, acusó el también secretario de la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
Y puntualizó: “Esta fiscalía nació de un reglamento y solo tendrá validez hasta que el Congreso de la Unión apruebe la Ley Anticorrupción; mientras tanto, las instancias judiciales en materia de amparo deberán resolver los juicios interpuestos por el exgobernador”.
Al mediodía del 5 de mayo anterior inició el cateo en el rancho del exgobernador Guillermo Padrés, localizado en la comunidad de San Pedro “El Saucito” en la zona rural oriente de esta capital, acción en la que participaron agentes federales, estatales y municipales.
Alrededor de las 14:20 horas de ese día, oficiales de los tres órdenes de gobierno salieron de la propiedad de Padrés con incontables maletas y cajas con material asegurado, además de que el rancho ubicado a 13 kilómetros al noreste de Hermosillo, dentro de la zona campestre “Los Milagros”, también fue incautado.
Hace poco más de un año, el 18 de mayo de 2015, la dirigencia estatal del PRI evidenció que en este predio, cateado por la fiscalía, Padrés poseía 465 caballos pura sangre y cuarto de milla, con un valor de 7 millones de dólares.
En aquella rueda de prensa, el entonces dirigente priista Alfonso Elías Serrano denunció que el exjefe del Ejecutivo estatal también era dueño –en sociedad con familiares y funcionarios estatales— de tres clubes hípicos con un valor superior a los 150 millones de pesos.
“Esto es indignante, porque mientras están usando el recurso de los sonorenses para darse sus gustos, tenemos que en los hospitales faltan medicamentos y atención médica; niños sin mesa bancos, carreteras destrozadas, y que la gente de las comunidades esté olvidada por el gobierno del nuevo Sonora”, lamentó en aquella ocasión.
De acuerdo con la información priista, los clubes El Internacional, Mezquital Kino y San Juan de Italia cuentan con alberca de entrenamiento de caballos, estadio techado, caballerizas con aire acondicionado, lujosos quirófanos y zonas de alumbramiento.
Elías Serrano indicó hace casi un año que los copropietarios de los centros hípicos son los cuñados del exgobernador, Roberto y José Dagnino; el exsecretario de Salud, Bernardo Campillo; el exsecretario de Gobierno y prófugo de la justicia, Roberto Romero, y el extitular de la Secretaría de Agricultura estatal, Héctor Ortiz Ciscomani, entre otros.
El rancho de Padrés. Foto: Especial
Justificación legal
El vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Salvador Ávila, confirmó que los bienes del exgobernador Padrés y familia únicamente fueron asegurados por un periodo de cuatro días en tanto los peritos asignados al cateo valuaron la materia asegurada.
“Esa diligencia consistió en realizar un avalúo porque se necesitaba saber si ‘cuadra’ lo que se declaró con lo que se puede cobrar (sic); el perito hizo lo que tenía que hacer y se regresa el bien porque ya no era necesario tenerlo”, justificó.
Respecto de la legitimidad con la que ejecuta sus acciones la FAS, el portavoz argumentó que esta dependencia está fundamentada en lo consagrado en el artículo 21 de la Carta Magna y en los artículos 95 y 96 de la Constitución sonorense.
El artículo 21 de la Constitución mexicana precisa: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (…) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad”.
La Constitución de Sonora en el artículo 95 define: “La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Estatal Investigadora”.
Y el artículo 96, en su apartado V, ordena: “Defender a la Hacienda Pública del Estado en juicio, siempre que el Ejecutivo no provea a la procuración conforme a la ley”.
No obstante los argumentos legales expuestos, Javier Dagnino, primo político del exgobernador Padrés, consideró que la Fiscalía “abusa del poder y se extralimita en las acciones que realiza”.
A la vez denunció que “este gobierno (de la priista Claudia Pavlovich) mantiene presos de manera injusta a un veterinario (Luis Arístides López Moreno, detenido por transportar en una hielera 3.5 millones de pesos) a quien le sembraron paquetes de droga y billetes; y a Jorge Morales, a quien se le reclasifica el posible delito de cohecho (no grave) por el de extorsión para privarlo de obtener la libertad bajo fianza”.
Sobre “Comadre” del gobernador Márquez tiene 2 denuncias por violar derechos humanos
Carta al Director
En relación a la nota publicada en su medio de comunicación, relativo al Laboratorio Estatal de Salud Pública, me permito solicitarle la publicación de la presente, con el objeto de contribuir a mantener a la población informada de manera veraz y objetiva.
El Laboratorio Estatal de Salud Pública siempre ha velado por coadyuvar a realizar todos los estudios necesarios que ayudan a mantener y cuidar la salud de la población. Es importante mencionar que los más de 120 empleados que laboran en el mismo es personal comprometido y solidario con éste objetivo del Gobierno Estatal.
No obstante al compromiso del personal, se presentó, por 4 trabajadores del Laboratorio, una denuncia ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos por diversas causales, desistiendo posteriormente en el procedimiento. En ello, intervino con su labor de conciliación Recursos Humanos y el Sindicato. (Se anexa copia de cada uno de los desistimientos). Dichos trabajadores se encuentran actualmente trabajando sin perjuicio alguno.
En otro orden, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió también la denuncia interpuesta por la reportera Evelina Rocío Martínez por presunta interrupción de la labor periodística y supuesto maltrato, ante lo que Derechos Humanos sugirió conciliar y pedir disculpas, por lo que en se entabló comunicación con la reportera y se le pidió disculpas por el mal entendido; ella misma reprogramó la entrevista en el Laboratorio, pero por motivos de salud de la Directora, se dio un periodo de tiempo de receso, para llevar a cabo una nueva solicitud de la entrevista en el lugar que desea la reportera.
En su momento se le brindó información requerida sobre la rehabilitación y mantenimiento en el interior del laboratorio, derivado de ello, hizo publicaciones sobre el tema en el medio que representa.
Derechos Humanos mantiene la investigación en proceso y ha mediado la querella entre la reportera y el Laboratorio, mostrándose siempre un ambiente de reciprocidad y cordialidad, colaborando el ISAPEG y el Laboratorio de salud puntualmente en aras de esclarecer la situación.
De ésta manera, el ISAPEG y el Laboratorio estatal reiteran su compromiso de atender las necesidades de información de los medios de comunicación.
Atentamente
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato
Millennials británicos ante el Brexit: “Nos despojaron de nuestro futuro”
Los resultados del Brexit decepcionaron a los millennials británicos, jóvenes entre los 25 y 34 años que sienten que con la salida del bloque de la Unión Europea, les han arrebatado su futuro.
CNN Money publicó que los jóvenes se desbordaron en las redes sociales para expresar su rechazo al resultado logrado mayormente por los votantes de mayor edad e incluso iniciaron una petición que en menos de 24 horas logró reunir las 100 mil firmas necesarias para convocar un segundo referéndum y que el Parlamento británico debata el tema.
Según el sitio web de CNN, que cita a la encuestadora británica YouGov, el 64% de los jóvenes entre 25 y 29 votaron a favor de que el Reino Unido se mantuviera en la UE y en ese mismo sentido votó el 61% de las personas entre los 30 y 34 años de edad.
La balanza la inclinaron las personas de 45 años y más que en su mayoría votaron a favor de salir de la UE, según el sondeo.
Ante ello, el reproche de los millennials no se hizo esperar:
“Estoy tan enojado. Una generación a la que le dieron todo: Educación gratuita, pensiones de oro, movilidad social ha votado para despojarnos del futuro a mi generación”, publicó en Twitter Adam Newman, de Bristol.
“Me resulta incomprensible que la gente haya decidido arrebatar el futuro a mi generación”, escribió Hetti Bywater en la misma red social.
Y es que en la última crisis financiera los jóvenes británicos sufrieron de forma más las consecuencias. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales dijo los salarios reales cayeron para todos los grupos de trabajadores después de 2009, sin embargo los menores de 30 vieron un desplome mayor en sus ingresos.
El trabajo no es lo único que preocupa a los jóvenes. Los que están aún en su etapa de estudiantes han expresado su preocupación sobre sus posibilidades de estudiar en otros países de la Unión Europea en el futuro.
Un tuit de Sophie Mitchell, de Escocia, ilustra la situación:
“Lo siento por aquellos que perderán la oportunidad de estudiar en el extranjero con el Erasmus por lo que votó otra generación… decepcionante”.
Erasmus es un programa de intercambio que permite a los estudiantes de la UE pasar hasta un año en una universidad de otro país del bloque, mientras recibe un estipendio para cubrir algunos de los costos.
Los jóvenes británicos están preocupados ante la posibilidad de que el referéndum tenga el mismo impacto que la última crisis, y no es para menos pues las previsiones más pesimistas señalan que el Brexit podría costarle al país hasta 820 mil puestos de trabajo, y algunos jóvenes temen ser el grupo más afectado.
“Algunos van a perder sus puestos de trabajo y me pregunto quiénes serán los primeros… los jóvenes”, tuiteó Emma Katie Peadon.
Según Megan Dunn, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes que aglutina a los estudiantes de 600 universidades británicas, el resultado tendrá “consecuencias enormes, de gran alcance para los estudiantes y sus futuros”.
Incluso escribió una carta abierta al primer ministro David Cameron – antes de que éste renunciara– en la que pide que la voz de los estudiantes y de los jóvenes sea escuchada y representada tras el referéndum.
“Sabemos que esta decisión afectará a los jóvenes más que a cualquier otro, y que sería un error que las generaciones mayores dominen las discusiones y decisiones”, afirmó.
Los que hicieron campaña a favor del Brexit prometen un futuro “mejor y más brillante”.
Por ejemplo, Boris Johnson, uno de los líderes de la campaña a favor de salir de la Unión Europea auguró: “Los jóvenes de este país podrán disfrutar de un futuro más próspero”.
Peña no busca privatizar el sector salud, revira Narro a #YoSoyMédico17
Luego de las movilizaciones de médicos y enfermeras en caso todo el país el miércoles pasado, el secretario de Salud, José Narro, negó que el Acuerdo Nacional hacia la Universalización sea un primer paso para la privatización de los servicios de salud.
En rueda de prensa, el titular de la Ssa justificó que “no hay ni la mínima intención de privatizar la salud. Es falso que se quiera privatizar la salud en México. Miente quien así lo diga. No se vale engañar a la sociedad con planteamientos absolutamente falaces”.
Trabajadores del sector aglutinados en #YoSoyMédico17, llamaron a un paro nacional el miércoles 22 para denunciar la privatización de los servicios de salud, la falta de insumos y malas condiciones en los hospitales.
Los inconformes también denunciaron la criminalización del gremio en casos de supuesta negligencia médica, así como agresiones por parte del crimen organizado y de pacientes inconformes con la calidad del servicio.
Narro señaló que este acuerdo no es privatizador, sino que busca “coordinar las acciones” de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE para lograr la cobertura de salud en todo el país.
El jueves 7 de abril el presidente Enrique Peña Nieto firmó el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, el cual plantea la creación de un marco de cooperación que conducirá gradualmente a la universalización y portabilidad de la atención médica en todo México.
Peña dijo entonces que la universalización supone compartir la infraestructura y equipamiento, así como los recursos materiales y humanos entre el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.
Este viernes Narro Robles dijo que esta colaboración entre instituciones no es nueva, e incluso el director del ISSSTE, Rafael Navarro, agregó que ya se tienen experiencias anteriores en Oaxaca, Baja California Sur, Querétaro y Jalisco.
El funcionario ejemplificó así la colaboración: “Se trata de que todos los derechohabientes del ISSSTE tengan acceso a la infraestructura que a lo mejor carecemos en alguna entidad. Entonces, si el IMSS la tiene y nosotros no, y tienen la disponibilidad, pues los vamos a canalizar”.
Ejecutan a edecán frente a sus familiares en Apodaca, NL
MONTERREY, NL.- Una modelo y edecán fue ejecutada de un balazo en la cabeza frente a sus familiares esta madrugada, en el interior de su domicilio, en el municipio conurbado de Apodaca.
La mujer, identificada como Karla Karina Garza García, de 23 años, trabajaba en emisiones de Multimedios, de esta ciudad, de acuerdo con reportes de prensa.
Las primeras investigaciones señalan que a la una de la mañana de este viernes, se estacionó una camioneta frente el domicilio de la víctima, en el 639 de la calle De la Concordia, en la colonia La Hacienda, y de ella descendieron dos hombres con armas cortas.
Los sicarios ingresaron por la fuerza al domicilio, donde había varias personas departiendo y preguntaron por Karla Karina.
La mujer quiso salir por la puerta trasera de la casa, pero fue alcanzada por un disparo que impactó en su cabeza y le provocó la muerte instantánea.
Los hombres abordaron la camioneta y se retiraron, sin que hasta ahora se conozca su identidad.
La madre, presente en los hechos, salió a la calle y pidió una ambulancia, que llegó a los pocos minutos, aunque encontró a Garza García sin vida.
Reportes de prensa señalan que la mujer era viuda y que su marido, identificado como Hilario Carvajal, había sido también asesinado recientemente en Tamaulipas.
La mujer dejó en la orfandad a dos hijos pequeños.
Jacinta sigue esperando que PGR repare el daño por 3 años de injusto encarcelamiento
La Procuraduría General de la República (PGE) conoce desde 2014 los términos de la sentencia en la que se le ordena indemnizar y ofrecer una disculpa pública a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada en 2006 por el supuesto secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Hace dos años el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a esa dependencia al considerar que el Estado mexicano cometió actos irregulares en el proceso penal contra la indígena, y ordenó la reparación del daño. En ese sentido, la PGR ya sabe cómo debe cumplir la resolución.
Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y defensor de Jacinta, afirmó que si bien el pasado 25 de mayo la procuradora Arely Gómez dijo que esperaba a ser notificada de la sentencia para cumplirla, la dependencia ya estaba enterada desde 2014.
Junto con las mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, en 2006 Jacinta fue acusada por la PGR del secuestro de seis agentes de la AFI, delito por el que fue encarcelada y condenada a 21 años de prisión.
A decir de sus abogados, las indígenas fueron criminalizadas por oponerse a un operativo policiaco en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro.
Después de tres años en prisión, en 2009 Jacinta obtuvo su libertad y desde entonces ha estado inmersa en un litigio judicial para exigir al Estado que reconozca que fue acusada falsamente de secuestro, y que su encarcelamiento le produjo daño moral y social en su comunidad.
Su primer paso fue solicitar a la PGR que le reparara el daño, pero la solicitud le fue negada, por lo que continuó el juicio en tribunales. Ganó la querella por primera vez el 28 de mayo de 2014, cuando la Sala Superior del TFJFA ordenó la reparación del daño. (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66620)
Jacinta confió en que por fin se le restituirían sus derechos violados, pero la PGR no quedó conforme con la sentencia del TFJFA e impugnó a través de un recurso de “revisión fiscal”. Incluso solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó Luis Tapia.
La SCJN no analizó el asunto. La impugnación de la autoridad la conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sesionó el 19 de mayo y dictó sentencia a favor de la indígena otomí. La versión pública de la resolución se conoció el pasado lunes 20.
En su defensa, la PGR reviró que no es el Estado mexicano y, por tanto, no estaba obligada a pagar las indemnizaciones, menos si se consideraba que la irregularidad fue del juez que condenó a Jacinta a prisión.
Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado respondió que el Ministerio Público federal fue el que integró irregularmente la averiguación previa contra la indígena, lo que provocó una orden de aprehensión y la posterior encarcelación. Asimismo, aseguró que esa investigación fue integrada por los mismos policías que supuestamente fueron víctimas de secuestro.
Una vez analizada la impugnación de la PGR, el pasado 19 de mayo el Tercer Tribunal concluyó que la reparación por daño moral y material estaba debidamente fundada y motivada, y que contrario a lo sostenido por la dependencia, ésta debía disculparse públicamente y difundir que la indígena es inocente.
El defensor de Jacinta explicó que lo único que hizo el Tercer Tribunal Colegiado fue confirmar la sentencia de 2014, que desde entonces estableció que se reparara el daño a más tardar en cuatro meses.
De acuerdo con el litigante del Centro Prodh, si bien falta aún la notificación oficial de la sentencia, tanto la defensa de la víctima, como la autoridad responsable, ya conocen los términos del escrito, y por tanto sólo se esperaría un diálogo entre las partes para determinar cómo se hará la reparación del daño.
Mientras tanto, los casos de las otomíes Alberta y Teresa continúan procesos similares. Ambas estuvieron en prisión por los mismos hechos y después fueron liberadas por decisión de la SCJN. En 2013 pidieron la reparación del daño a la PGR, que en primera instancia les fue concedida, pero también fue impugnada por la dependencia.
Suspenden servicio en laboratorio de hospital de Guadalajara por falta de insumos
GUADALAJARA, Jal.- Decenas de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” se quedaron sin atención en el áreas de laboratorio. Al parecer el problema se originó por la falta de suministros, según la queja de pacientes que fueron regresados a sus casas.
Los afectados denunciaron que desde temprana hora del viernes se les negó la atención y a algunos de ellos sólo se les dijo que la única instancia que se mantenía en operación era urgencias. Sin embargo, esa versión fue negada por la administración del hospital.
A través de cartulinas, personal del nosocomio informó de la suspensión del servicio en laboratorio, pero no se dieron mayores explicaciones de la restricción del servicio, salvo el argumento de “causas de fuerza mayor”. A algunos de los enfermos sólo les dijeron que volvieran para la realización de sus estudios la próxima semana.
Por la mañana la dirección del hospital citó al personal médico, pero luego de concluido el encuentro se les advirtió que ninguno podía realizar comentarios ante los medios de comunicación sobre la situación que vive la institución.
El único que dio voz a los reporteros fue Héctor Raúl Pérez Gómez, director del nosocomio, quien rechazó que existiera un paro de labores por parte de los médicos. Dijo que se trabajaba de manera normal en el hospital que depende de la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco.
Mencionó que el personal se encontraba en sus respectivas áreas de trabajo y descartó que se le estuviera negando el servicio a los derechohabientes del Seguro Popular.
Algunos médicos quienes pidieron omitir sus nombres ante el temor de ser despedidos, dijeron que tras la restricción momentánea del servicio de laboratorio, existe un problema para el suministro de material e insumos, derivado de un adeudo de más de 800 millones de pesos que el Seguro Popular tiene con ese hospital, lo que a su vez provoca que la institución enfrente complicaciones para pagar las facturas a empresas que surten los diferentes materiales.
Desde el pasado 27 de marzo Proceso Jalisco (edición 594), comprobó y publicó que en ese nosocomio se les exigía a los pacientes comprar el material que se requería para la realización de análisis clínicos, sin importar que el enfermo estuviera afiliado al Seguro Popular.
Día 3 de bloqueos en Chiapas: inicia el desabasto pero sigue el apoyo a la CNTE
TUXTLA GUTIÉRREZ.- A tres días del bloqueo carretero en la región Costa-Soconusco de Chiapas a la altura del municipio de Huehuetán, el combustible ha empezado a escasear y los centros comerciales a disminuir algunos productos de la canasta básica.
El miércoles 22, padres y madres de familia y organizaciones sociales iniciaron un bloqueo de carretera en apoyo al movimiento magisterial para exigir al gobierno federal que caiga la reforma educativa y que dejen de reprimir al magisterio en Chiapas y otros estados del país.
Hoy viernes 24 se cumplen tres días de haber iniciado ese bloqueo carretero y los hombres y mujeres que participan en ese movimiento advirtieron que seguirán hasta el domingo a las ocho de la mañana.
En algunos municipios como Huehuetán la gasolina ya se agotó, pues no pueden ingresar las pipas con combustible para abastecer a las diferentes empresas.
En Tapachula el combustible en algunas gasolineras se raciona de 20 litros por vehículo. En algunos centros comerciales reportan que ya no tienen en existencia algunos productos de la canasta básica y que son muy solicitados por los consumidores.
En Huehuetán, los pobladores crearon brigadas de seguridad para impedir el saqueo a empresas locales.
Si bien este es el bloqueo de mayor envergadura porque afecta a una docena de municipios, lo cierto es que hay al menos 10 bloqueos de padres de familia y maestros en todo Chiapas.
Apoyo al bloqueo
En Huehuetán el apoyo de la población al bloqueo es evidente pues regalan aguas frescas y tortas a los padres de familia y maestros que participan en el movimiento.
Iveth Cinthia Marín, una de las participantes en el bloqueo dijo que esta acción afecta a la región Costa-Grande, donde está Tapachula, Huixtla, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán, y fue programada en contra de la represión de Nochixtlán, Oaxaca, “porque hubo muertos, entre ellos padres de familia, por eso tomamos medidas como bloquear las carreteras”.
Dijo que el “el bloqueo es indefinido, y dependiendo de las condiciones, que se hayan abierto en la mesa de diálogo, nosotros tomaremos otro tipo de medidas”.
Sostuvo que buscará que se abra la mesa de diálogo directo con padres de familia y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque “el diálogo (con Gobernación) fue con un grupo de mediadores que están a favor de nosotros, pero aún hay que esperar, por eso no hemos bajado la guardia”.
Detalló que si existe represión por parte de las autoridades federales o estatales, también se sumarán padres de familia y maestros de Suchiate, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Cacahoatán.
Una madre de familia del ejido Plan de Ayala, en Huehuetán, Martha Alicia Jiménez Fajardo, agregó: “Nosotros estamos respaldando este movimiento, porque desafortunadamente nos está tirando por la borda, prefieren pagarle a miles de policías federales para acorralarnos, cuando deberían enviar escuelas en mejores condiciones, no vamos a dejar que nuestros maestros se queden solos”, dijo.
En el punto del bloqueo sólo permiten el tránsito a vehículos de emergencia como ambulancias de clínicas y hospitales.
Piden posponer feria en el Zócalo para mitin de Morena
Candidatos de Morena electos a la Asamblea Constituyente y el presidente estatal del partido, Martí Batres, hicieron un llamado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a posponer la feria de servicios que tiene programada para este domingo en el Zócalo y permitir que sea el espacio de expresión de la movilización convocada en respaldo al movimiento magisterial.
Frente al palacio de Bellas Artes, a nombre de los 22 diputados que formarán parte del Constituyente se emitió un pronunciamiento en el que repudiaron la actuación “autoritaria e ilegal” del gobierno federal y llamaron a un diálogo “sin simulaciones” que permita “restaurar la paz con justicia y dignidad”.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros llamó a los capitalinos a sumarse a la movilización convocada para este domingo de la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma al Zócalo, en una marcha que será silenciosa por las víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, y para hacer saber al gobierno federal que “ya fue suficiente de sus fúnebres reformas estructurales”.
El también diputado constituyente electo, Bernardo Bátiz Vázquez, afirmó que a pesar de la campaña de denostación del gobierno contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya el pueblo demostró que está del lado de los maestros.
Tiroteo en la delegación Venustiano Carranza deja un muerto y un herido
Un sujeto que circulaba en una motoneta atacó a tiros a dos personas en la delegación Venustiano Carranza. Una murió y otra resultó lesionada.
Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde en las calles de Corregidora y Rosario, en las inmediaciones de la Candelaria, en un área de puestos del comercio ambulante.
Al lugar arribaron elementos policíacos tras escuchar tres detonaciones y de inmediato atendieron a las víctimas con el apoyo de paramédicos de una ambulancia del ERUM.
De acuerdo con el reporte policiaco, Luis Arturo Trejo Estrada, de 35 años de edad, murió en el sitio del ataque, mientras su acompañante, identificada como Jacqueline, fue trasladada al Hospital General Doctor Rubén Leñero con heridas en la pelvis.
Hasta el momento se desconoce el origen del tiroteo.
El pasado 27 de mayo, en la misma delegación Venustiano Carranza, un policía bancario resultó herido de bala en la cabeza y un asaltante murió tras un tiroteo en la colonia Arenal.
Esos hechos se registraron en la calle de Axitli número 4-A entre Maxtla y Xaltocan, cuando un vehículo repartidor de cigarros realizaba la entrega de productos a una tienda de la zona. En ese momento un sujeto se acercó al uniformado para preguntar una dirección, sacó un arma y lo amenazó.
El policía reaccionó en el momento y desenfundó su arma para defenderse. Entonces que se inició el intercambio de disparos. El asaltante corrió junto a sus cómplices, pero fue alcanzado por las balas.
El cuerpo del asaltante, de aproximadamente 46 años de edad, fue identificado en el lugar por vecinos, quienes indicaron que se desempeñaba como policía del Estado de México.
CNDH llama al gobierno y sociedad a fortalecer la cultura de paz
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, saludó el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y llamó a las partes a coadyuvar con la sociedad en su conjunto en la construcción y fortalecimiento de la cultura de la paz que el país requiere para superar la difícil coyuntura por la que atraviesa.
Al participar en la clausura del simposio ‘Protección, denuncia y prevención social del delito de trata de personas’, en La Paz, Baja California Sur, y suscribir convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de ese estado y las de Campeche, Guanajuato y Tlaxcala, enfatizó que “aún tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de sociedad queremos para el futuro de nuestro país; optemos por el respeto a la ley y a los derechos humanos”, dijo.
Acompañado por el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el ombudsman nacional señaló que el diálogo y la construcción de acuerdos en el marco de la ley, así como el respeto a los derechos de los demás deben ser las pautas que marquen nuestra convivencia.
Ante los rectores de las universidades citadas, puso de manifiesto que la educación es un derecho y una prioridad para todos. El futuro de nuestro país radica en buena medida en la atención y cuidado que se dé a ese tema, añadió.
“La educación es un factor estratégico para lograr construir un México con paz, desarrollo social, justicia e igualdad. Esto sólo se logra con educación de calidad”, puntualizó.
Sobre el convenio suscrito con las instituciones de educación superior, González Pérez expresó que el impacto de las obligaciones establecidas en el párrafo 3° del artículo primero constitucional aún no se ha reflejado completamente en la vida cotidiana de nuestro país.
Planteó que en el mundo globalizado el acceso al conocimiento es flexible, por lo que la forma de enseñanza debe innovarse y cambiar, tener mejores y mayores competencias en los modelos de enseñanza-aprendizaje para lograr el respeto y la dignificación de las personas mediante el compromiso en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.
Privilegiar diálogo para solucionar conflicto magisterial: Graue
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, declaró este viernes que el diálogo debe ser el camino por el cual se solucione el conflicto por la reforma educativa, de acuerdo con un comunicado de la Universidad.
Graue fue entrevistado en Madrid, luego de la firma de la adenda del convenio de la Unión Iberoamericana de Universidades -alianza estratégica de cinco prestigiadas universidades-, y el Banco Santander.
Dijo Universidad Nacional ha abierto sus puertas para que se lleven a cabo ejercicios que privilegian el diálogo, como el programa Todo con Educación. Reflexiones sobre la Reforma Educativa, que ayer fue grabado en TV UNAM y en el que participaron maestros de la CNTE y especialistas en educación.
“La Universidad propone que continúe el diálogo para solucionar el conflicto, es lo que hay que procurar, que privilegiar”, subrayó Graue.
En el Pabellón de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el rector de la Universidad Nacional firmó el convenio con sus homólogos de la UCM, la Universidad de Barcelona (UB), la de Buenos Aires (UBA), la de São Paulo (USP) y con el director General de Banco Santander, José Antonio Villasante, que apoyará económicamente las actividades conjuntas de la Unión Iberoamericana de Universidades.
Esta Unión está conformada por cinco universidades públicas de gran tradición, que abarcan todas las áreas del conocimiento, tienen un fuerte peso en la investigación y vocación internacional y buscan ser una voz que influya en los distintos gobiernos y organismos internacionales de Iberoamérica, frente a problemáticas de la región.
Activistas de Chicago se solidarizan con la CNTE
Activistas de Chicago protestaron afuera del Consulado mexicano para solidarizarse con la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE) y repudiar los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio, en los que murieron ocho personas.
El vicepresidente de la Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés), Jesse Sharkey, entregó una carta al consulado mexicano en solidaridad con los profesores oaxaqueños. “Hay paralelismos evidentes entre la reforma educativa en México y Estados Unidos, en particular, aquí en Chicago”, explicó, después de subrayar que “hemos aprendido mucho de los maestros mexicanos y hemos establecido relaciones con los sindicatos en México”.
“Los maestros mexicanos están pasando por una mala reforma neoliberal educativa. Una reforma que también están tratando de poner en práctica en Chicago. Tenemos que ser solidarios unos con otros. Tenemos que mostrar la fuerza,” aseguró Sarah Chambers, profesora de la primaria Saucedo en el barrio de La Villita de Chicago y miembro de la Mesa Ejecutiva del CTU, de acuerdo con el diario estadunidense In these times.
Maestros de la CNTE piden "diálogo verdadero" con el gobierno
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamaron a profundizar, a partir del próximo domingo, las acciones de protesta en los estados e impulsarlos de forma indefinida. Aseguraron que la reforma educativa “está en vilo, la tenemos a tiro de escopeta para que pueda caer e irse a la fregada”.
Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, recordó a los caídos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, pero también a los profesores detenidos y a la represión que ha sufrido el magisterio disidente. “Si queremos saber para quién gobierna esta administración sólo tenemos que recordar que bastó una sola protesta de 50 empresarios para que el presidente Enrique Peña Nieto vetara una ley que afectaba a sus intereses. La CNTE lleva más de tres años exigiendo la abrogación de la reforma educativa y no han querido dar marcha atrás”.
Al concluir el mitin de la disidencia magisterial frente al Hemiciclo a Juárez, los líderes de la CNTE reiteraron su llamado a la organización y la coordinación de todos los sectores para afrontar “no la caída de la reforma educativa, sino la erradicación de las políticas neoliberales que tanto han lastimado a nuestro país”.
Tras concluir la entonación del himno venceremos, los manifestantes han comenzado a dispersarse.
La marcha, encabezada por maestros disidentes, inició su paso desde el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma. Al contingente se sumaron colectivos universitarios de la UNAM, UACM, UAM y del IPN, así como del Sindicato Mexicano de Electricidad (SME), del Frente Popular Francisco Villa y Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México.
También se incorporaron a la marcha un pequeño grupo de maestros y sindicalistas de Argentina y Brasil, quienes corearon consignas en apoyo.
Algunos jóvenes con el rostro cubierto que avanzaban con el contingente, realizaron algunas pintas con aerosol y provocaron a policías que resguardan edificios.
Una vez llegaron a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, decenas de granaderos impidieron el paso del contingente, por lo que dirigentes magisteriales iniciaron el mitin en el Hemiciclo a Juárez.
Con un minuto de consignas se recordó a los caídos por el enfrentamiento entre maestros y policías en Nochixtlán, Oaxaca.
Maestros de la sección 22 de Oaxaca indicaron que el número de víctimas incrementó a 12 ya que había gente muy grave y ya no pudieron resistir. Al grito de !No olvidamos¡ Ni perdonamos! anunciaron que las movilizaciones y el paro nacional continuarán.
"La lucha por la defensa de la educación pública y la estabilidad laboral y en contra de las reformas que permite despedir a miles que el gobierno mal llamada evaluación docente, continúa en todos los rincones del país" expresaron.
Por su parte, Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, leyó un pronunciamiento en apoyo al magisterio, en el que expresó un "ya basta" a la represión contra los docentes, "los maestros nos están solos, no los podemos dejar solos".
En su mensaje suscrito por decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, se demanda el cese de la violencia y el establecimiento de un diálogo verdadero con los profesores del país.
Liberan a exsecretario técnico de la CNTE detenido en Michoacán
MORELIA, Mich.- Eugenio Rodríguez Cornejo, exsecretario técnico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, abandonó este viernes el penal de Mil Cumbres cerca de de las 16:40 horas.
A la salida, Rodríguez Cornejo fue recibido por cientos de profesores que ya lo esperaban horas antes.
El exlíder magisterial fue arrestado el lunes pasado en el municipio de Tacámbaro “por su probable intervención en los delitos de lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad”, de acuerdo a lo informado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en su cuenta de Twitter.
Otro exlíder de la CNTE en Michoacán, José Ortega Madrigal, obtuvo libertad condicional el 21 de junio, tras permanecer en el penal de Mil Cumbres durante cuatro días, por probable responsabilidad de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas. Él fue detenido el 14 de junio en Apatzingán, Michoacán, por los mismos cargos que Eugenio Rodríguez.
La juez de control, María de la Soledad López Ortiz, le otorgó la suspensión condicional del proceso por un año, bajo las medidas cautelares de reparar el daño de la víctima por un monto de 50 mil pesos, no manifestarse en casetas de cobro y no vulnerar derechos de terceros o de la sociedad.
Entre las medidas cautelares impuestas por la autoridad michoacana, se dispuso que Ortega Madrigal permanezca dentro del país y se mantenga fuera de la participación de protestas o marchas en las que se pudiera vulnerar derechos de terceros.
Asimismo, tendrá que acudir una vez al mes a firmar en la unidad de medidas cautelares del poder judicial estatal.
En el caso del exsecretario técnico de la CNTE, Eugenio Rodríguez Cornejo, detenido el pasado 20 de junio en Tacámbaro, se encuentra en prisión preventiva, tras la audiencia inicial celebrada el martes pasado, en los juzgados de Mil Cumbres, aunque se prevé su posible liberación bajo los mismos términos que Ortega Madrigal, dijo la defensa.
