Represión contra movimiento magisterial se ha excedido, dicen universidades jesuitas
Las universidades jesuitas de México aseguraron hoy que “la represión” al movimiento magisterial, por parte del Estado mexicano, “se ha excedido, extendiéndose hasta la ciudadanía en general”, como lo demuestran las ocho personas muertas y las 108 lesionadas, durante los pasados enfrentamientos en Nochixtlán, Oaxaca.
A través de un comunicado de prensa, estas universidades también le exigieron al gobierno mexicano que actúe “conforme a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego”, que fueron adoptados por la ONU en 1990.
Agregaron:
“Es primordial que las autoridades cesen cualquier acción represiva y de ataque en la que empleen el uso de la fuerza y armas de fuego”.
Y por último, pidieron que implementen un “diálogo claro y transparente” con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en lugar de “criminalizar” a este sector del magisterio.
El pronunciamiento fue hecho por la red de universidades iberoamericanas de la Compañía de Jesús, que aglutina a la de la ciudad de México, Puebla y Torreón, así como a la Universidad Loyola del Pacífico, situada en Acapulco.
Otros centros de estudio e institutos de derechos humanos jesuitas firman el pronunciamiento: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con sede en Guadalajara; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; y el Instituto Intercultural Ayuuk.
SG y CNTE se reúnen de nuevo el lunes; reforma educativa, en la agenda
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se construirá con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) una agenda de diálogo, la cual será desahogada a partir de una segunda reunión, programada para el lunes próximo.
Aquí podría ser incluida la demanda de la coordinadora contra la reforma constitucional en materia de educación y la eventual reunión de la disidencia magisterial con el secretario de Educación, Aurelio Nuño.
“Tanto el subsecretario Luis Miranda y el coordinador de Asesores, Guillermo Lerdo de Tejada, pudimos dejarles en claro el hecho de encontrar soluciones a algunos de sus planteamientos que no lastiman, que no dañan la reforma educativa y escucharlos con toda apertura y con todo respeto. Y al ver los distintos aspectos de la problemática, se acordó una nueva reunión para el próximo lunes a las seis de la tarde, aquí en la Secretaría de Gobernación, ya con una agenda clara, definida, para entrar a cada uno de los temas, en la que se pueda tocarlo todo y hablarlo todo”, dijo Osorio Chong.
Al término del reinicio del diálogo Gobernación-CNTE, luego de un año de que la autoridad federal lo suspendió de manera unilateral, el funcionario dijo que se quedó con “un buen sabor de boca”. Por el momento, precisó, no se abordó ningún tema a fondo, precisamente para generar condiciones de que esta mesa continúe.
Confió en que los maestros tengan una misma impresión y, en relación con los bloqueos y otras acciones de la CNTE, dijo que ellos habrán de determinar el retiro de las afectaciones a la ciudadanía.
“El aspecto fundamental de esta reunión fue avanzar en la solución del conflicto, (…) las dificultades que se han presentado y cómo poder lograr resolverlas”.
“Hubo planteamientos de ellos que han sido parte de su movimiento, que habla sobre la reforma educativa en la que puntualmente nosotros les dijimos que hay una ley que tenemos obligación como funcionarios públicos de acatar y respetar”, dijo.
En la conferencia de prensa, posterior a la reunión, subrayó que en el caso de los acontecimientos del domingo en Oaxaca, “se tiene que investigar a fondo”.
Comentó también que entre él y el secretario Nuño “no hay ningún problema” ni a nivel de dependencias ni en lo personal.
Tras marcha, logran médicos reunión con Narro
Luego de una multitudinaria marcha y un bloqueo de médicos, enfermeras y trabajadores del sector inconformes con el proyecto para “universalizar” el sistema de salud del país, el próximo lunes a las 8:30 de la mañana una comisión de manifestantes se reunirá con el secretario de Salud, José Narro, en las instalaciones de la dependencia federal.
Ese fue el acuerdo al que llegaron este miércoles representantes del sector con autoridades de la Secretaría de Salud, a quienes presentarán su pliego de demandas contra lo que llamaron el intento de “privatización” del sector.
La movilización comenzó alrededor de las 4 de la tarde afuera del Hospital General, ubicado en la calle Doctor Márquez y la avenida Cuauhtémoc, en la zona centro de la ciudad. Unas 600 personas, de entre las que destacaban las batas blancas, cerraron la circulación en los carriles de avenida Cuauhtémoc y caminaron hacia la avenida Chapultepec.
Entre ellos iban integrantes del movimiento social #YoSoy17, el Movimiento 22 de junio, la ANEM, los hospitales de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Trabajadores en lucha por la salud y los derechos laborales, entre otros.
Al contingente se unieron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, Guerrero y Michoacán, además de algunos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Mientras caminaban, los inconformes lanzaron diversas consignas: “¡Que renuncie Peña!”, “¡Pueblo, escucha, tu salud es nuestra lucha!”, ¡“Peña, entiende, la salud no se vende!” y “¡No hay gasas ni alcohol, pero sí hay corrupción!”.
También se leyeron mantas con mensajes como “Subrogación = Privatización”, “Por un México con salud, va por ti paciente, a quien muchas veces no puedo atender porque no hay material ni recursos suficientes. Va por ti colega asesinado. Va por ti, colega desaparecido. Por una dignificación de la salud, no a la reforma de salud”.
Incluso, hubo consignas contra los hecho violentos del domingo pasado en Nochixtlán, Oaxaca: “¡Asesinos”, “¡Oaxaca, aguanta, que el pueblo se levanta!”.
Faltan guantes, gasas, alcohol…
Mientras marchaban, médicos, enfermeros y trabajadores de hospitales de la capital y del país explicaron a Apro algunas de las condiciones en las que trabajan:
En los hospitales faltan guantes, gasas, alcohol y hasta luz eléctrica para manejar los instrumentos de trabajo, denunciaron. Además, el personal médico es criminalizado porque se le exige laborar en condiciones precarias que no les permite ejercer su profesión de manera íntegra.
Los manifestantes también exigieron respeto a la estabilidad laboral y, en general, mejores condiciones de trabajo.
Hacia las 5:30 de la tarde, el contingente llegó a la sede de la Secretaría de Salud, ubicada en la calle Lieja número 7. Ahí encontraron el plantón que desde el 12 de junio mantienen hijos de médicos en rechazo a la supuesta venta de plazas –hasta por 80 mil pesos– que, dijeron, les quitan el derecho a heredar el lugar de sus padres.
Ya en la puerta de la dependencia, un grupo de médicos exigió que personal de la Secretaría recibiera a una comisión para hablar con el titular José Narro y amenazaron con bloquear el Paseo de la Reforma de no obtener respuesta. Al poco tiempo, un grupo de personas hizo efectiva la advertencia y cerró dicha vialidad por unos 30 minutos.
La medida tuvo efecto, pues personal de la Secretaría recibió a una comisión de nueve personas: cinco médicos, dos enfermeras, un trabajador de laboratorios del IMSS y uno del Archivo de la misma secretaría.
Los inconformes exigieron establecer una mesa de trabajo entre los mandos del sector salud y una representación de trabajadores operativos para analizar su pliego de demandas a escala nacional.
Tras la negociación, se anunció que el encuentro con el secretario Narro Robles será el próximo lunes 27 de junio a las 8:30 de la mañana en la sede de la dependencia.
Antes de retirarse, los manifestantes lanzaron la convocatoria para el próximo 2 de julio realizar una Asamblea Nacional.
Renuncia Arne tras clausura de edificio propiedad de su familia
El polémico city manager de la delegación Miguel Hidalgo Arne aus den Ruthen y su reciente enfrentamiento personal con el director del Instituto de Verificación de la ciudad (Invea), Meyer Klip, derivó este miércoles en la renuncia “temporal” del funcionario panista.
Luego de que ayer el Invea clausuró el inmueble ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, propiedad de la familia del city manager, este miércoles el funcionario envió una carta de renuncia a su cargo a la jefa delegacional Xóchitl Gálvez y la hizo pública en su cuenta de Twitter.
“Con esta fecha, me permito presentar de manera voluntaria la renuncia al cargo de Director General de Administración Delegacional que he venido desempeñando desde el día 18 de enero del presente año”, escribió en el documento.
Por la misma vía, dijo que mediante un juicio intentará anular la clausura del inmueble y aclaró: “Voy a regresar una vez que gane el juicio de nulidad. Pero sin señalamiento alguno de corrupción”.
Hacia las 9 de la noche, la delegada informó que aceptó la renuncia de Arne aus den Ruthen.
Ayer, el Invea clausuró el edificio de Tiburcio Montiel 18, en San Miguel Chapultepec, propiedad de la familia de Arne Aus den Ruthen, por presuntamente violar un uso de suelo. La medida se dio, supuestamente por quejas de los vecinos de la zona.
Sin embargo, existe el antecedente de que días atrás el panista denunció penalmente al director del Invea Meyer Klip por influyetismo, en el sentido de dejar libre a un ciudadano que días atrás violó la ley de justicia cívica.
El hecho ocurrió la tarde del pasado 6 de junio, cuando Arne discutió y se jaloneó con un habitante del edificio ubicado en la calle Sierra Gorda 165, colonia Lomas de Chapultepec, a quien acusó de obstaculizar la vía pública.
El hombre de la tercera edad hizo un par de llamadas y minutos después llegó Meyer Klip en su ayuda. Éste habló incluso con la delegada Xóchitl Gálvez, mientras que policías de la zona se negaban a detener al ciudadano, como lo pidió el city manager para llevarlo al juzgado cívico.
Luego de varios minutos de discusión, el ciudadano se introdujo en su domicilio y Meyer Klip se retiró del lugar.
Ordenan a Sedena entregar informes y fotos tomadas la noche de Iguala
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar toda la documentación escrita y audiovisual que registró el militar Eduardo Mota la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El organismo de transparencia señaló en un fallo que, de acuerdo con las versiones públicas que hay ya de la documentación vinculada a los hechos violentos de Iguala, “se desprende que el militar en calidad de testigo declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior jerárquico que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina”.
También consideró que la información relacionada con la captura y posterior desaparición de los 43 normalistas es de interés público y los mexicanos tienen derecho a conocerla, pues demuestra hasta qué punto hubo participación militar en esos sucesos.
El comisionado Joel Salas, quien llevó la ponencia del caso, alertó que “el pacto democrático entre la sociedad mexicana y sus gobernantes se ha debilitado, es indispensable que el principio constitucional de máxima publicidad permita reconstruir la relación entre autoridad y ciudadanía”.
“El caso de Ayotzinapa es representativo porque ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad ni a olvidar”, admitió.
Luego explicó que gran parte de la importancia de este asunto se debe a que originalmente las autoridades mexicanas negaron la intervención de elementos castrenses en los sucesos de Iguala.
Sin embargo, después modificaron esa respuesta luego que medios nacionales e internacionales demostraran y denunciaran que sí hubo militares que supieron y presenciaron los hechos violentos.
“Y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la propia PGR en septiembre de 2015”, añadió Salas.
Ante la suspicacia generada sobre la posible participación de elementos del Ejército en la desaparición de los jóvenes estudiantes, una particular pidió a la Sedena las fotos, videos y todos los registros captados por militares la noche de la captura y posterior desaparición de los mismos.
En un principio la Sedena, a través del subjefe operativo del Estado Mayor, declaró la inexistencia de la información solicitada.
Sin embargo, en alegatos posteriores entregó a la solicitante un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar Eduardo Mota, quien a su vez las había entregado a su superior, el teniente Joel Gálvez Santos.
Inconforme con esa información, la particular promovió un recurso de revisión ante el INAI, donde pidió todos los videos y fotos captados por el elemento de la Sedena.
Es por ello que el INAI resolvió darle la razón a la solicitante, pues consideró que la Sedena al dar su respuesta original no hizo una búsqueda exhaustiva y adecuada de la información reclamada.
Rechaza el TEPJF exonerar a MC por filtración del padrón electoral
En abril pasado el presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, admitió que fue la lista nominal de electores de ese partido la que se puso a disposición para descarga a través de la plataforma Amazon Web Services.
Delgado dijo que no se trató de ninguna venta del padrón electoral, sino que se debió a un ataque cibernético que sufrió Amazon.
Pese a esa explicación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó este miércoles exonerar a MC por descuidar el padrón electoral, pero aprobó rebajarle la multa de 76 millones de pesos.
Al votar el proyecto que presentó el magistrado Pedro Esteban Penagos, donde proponía exculpar a MC, cuatro lo hicieron en contra y dos a favor, por lo que el asunto se turnó a otro magistrado de la Sala Superior para que haga uno nuevo.
En ese proyecto deberá considerarse que los magistrados Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza y Salvador Nava Gomar señalaron que hubo indebido cuidado del padrón electoral, aparecido en la página de Internet buscardatos.com en 2013, pero la falta no es de la dimensión determinada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En principio, Penagos consideró que la prueba presentada por el INE carece de valor probatorio pleno para sustentar que los datos encontrados correspondan a la fecha de corte o que dicho partido hubiera filtrado datos del padrón entregado.
Pero Manuel González Oropeza señaló: “Con mucha pena me apartaré del proyecto del magistrado Pedro Penagos”.
La valoración de la sanción entre grave y grave especial, apuntó, puede estar sometida en las argumentaciones de cada magistrado, pero claro que hay infracción comprobada ante el INE con el procedimiento mencionado.
La magistrada María del Carmen Alanís consideró que el hecho de que el secretario ejecutivo del INE no diera fe pública de esa prueba no exime de responsabilidad a MC de no haber protegido y resguardado la información de los ciudadanos.
Propuso que en todo caso se pida al Consejo General que defina una nueva multa al considerar excesiva la de 76 millones de pesos, basado en que se violaron los derechos humanos de poco más de 81 millones de ciudadanos, quienes integraron la base de datos del padrón electoral.
El magistrado presidente Constancio Carrasco expresó coincidencias con el INE de que no está acreditada una actuación dolosa por parte del partido político en la difusión del padrón electoral, pero sí le faltó resguardar debidamente el padrón electoral.
Pero a diferencia del INE, señaló que no se cometió una falta grave especial, sino grave ordinaria.
Acusan a Graco de “encubrimiento” en inhumación ilegal en Tetelcingo
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, acusó al gobernador Graco Ramírez de cometer delitos de “encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia” en la inhumación ilegal de cuerpos en fosas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.
Al dar a conocer un informe sobre la exhumación de cadáveres de esas fosas, Vera Jiménez exigió que el mandatario estatal y los funcionarios de su gobierno involucrados en este episodio sean “investigados y sancionados conforme a derecho”, así como “garantizar la justicia restaurativa a las víctimas”.
Acompañado del poeta Javier Sicilia –fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)–, familiares de víctimas, activistas e integrantes del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, el rector reveló algunas de las graves irregularidades detectadas durante las excavaciones que se realizaron del 23 de mayo al 3 de junio, entre las que destaca un faltante de 33 cuerpos que habían sido reportados como inhumados junto con otros 117, el 28 de marzo de 2014, según una tarjeta informativa de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla.
El reporte hace una detallada relatoría de cómo se fueron gestando las exhumaciones por parte de los familiares de las víctimas, la sociedad civil y la UAEM, incluido entre estos esfuerzos el amparo que ganaron los familiares de una de las víctimas.
También se cuentan los obstáculos que constantemente imponía el gobierno de Graco Ramírez para negar el derecho a los familiares de estar representados en las excavaciones, entre ellos el proceso penal abierto por la Fiscalía General del estado de Morelos en contra de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado ilegalmente en Tetelcingo.
Otros procesos fueron abiertos en contra del coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, Iván Martínez Duncker, de dos policías del Mando Único de Cuautla, así como del propio rector Vera y el fundador del MPJD.
Peor aún, el rector denunció en su escrito que habría indicios de la existencia de otras fosas clandestinas. La UAEM recabó testimonios de que en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro, del municipio de Jojutla, hay fosas en las que “se han llevado a cabo inhumaciones desde hace más de 10 años”.
En el informe se destaca que pese a que el 17 de mayo el gobierno de Graco Ramírez se comprometió, a través de su secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina y el fiscal general Javier Pérez Durón, a retirar la demanda penal, hasta ahora no ha cumplido con lo acordado en la reunión que sostuvieron familiares de víctimas y sus representantes con la procuradora general de la República, Arely Gómez.
Ese día se acordaron las excavaciones de las fosas “con la participación conjunta de los peritos de la UAEM, de la propia PGR, de la División Científica de la Policía Federal y de la Fiscalía General del estado de Morelos, con la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición”.
Como antecedente, el documento resalta que al revelarse la existencia de las fosas, en una comparecencia ante el Congreso local en noviembre de 2015, el fiscal Pérez Durón aseguró que en Tetelcingo se habían enterrado 116 cuerpos, se habían abierto 107 carpetas de investigación y se contaba con 44 perfiles genéticos.
Sin embargo, durante las excavaciones “se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas (…), entre ellos los de tres menores”, así como “nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno a los que se les abrió carpeta de investigación”.
Al señalar que los cuerpos exhumados “corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013”, el escrito indica que entre las irregularidades graves detectadas resalta la “diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla”.
Los 33 cuerpos faltantes “presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa”.
Otra irregularidad detectada es que de los 117 cuerpos exhumados, “34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación”, situación que contradice lo dicho por el fiscal ante el Congreso, así como lo afirmado por Graco Ramírez en una entrevista televisiva en diciembre de 2015.
En cuanto a la condición de los cuerpos exhumados, la revisión de los peritos de la UAEM determinó que “algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes”; algunos otros “presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito”.
Grave resulta también el hallazgo “de cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia”, sin que hasta ahora se conozca por parte de la Fiscalía “qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias”.
Al insistir que fue la lucha de los familiares lo que permitió el rescate de restos y no la acción del gobierno estatal, el informe destaca que es evidente que “Graco Ramírez Garrido Abreu mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como sobre el hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación”.
Una vez que se demostró lo contrario, continúa, es claro que el mandatario “incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia”, por lo que él y los funcionarios involucrados “deben ser investigados y sancionados conforme a derecho”, además de que “se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas.
El documento avalado por la UAEM enfatiza que en las fosas de Tetelcingo “no se cometió un ‘error garrafal’, como afirmó el gobernador el pasado viernes 17, sino actos criminales al inhumar a personas, ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana”, por lo que la Fiscalía General está obligada a identificar a cada una de las personas encontradas y entregarlas a sus familias.
Para la UAEM, lo ocurrido con las fosas de Tetelcingo podría configurar “delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos, mismos que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales”.
Exige que la Fiscalía investigue sobre la muerte de las personas cuyos cuerpos fueron exhumados, dado que muchas de ellas fueron víctima de delitos.
“Las aberraciones del gobierno del estado de Morelos evidenciadas en las diligencia de Tetelcingo hacen imprescindible el que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicarlas”, considera la institución académica en su escrito.
“Estas fosas y otras más que se encuentran a lo largo y ancho del estado de Morelos deben ser intervenidas, al igual que las de Tetelcingo”, puntualiza el informe ante indicios de la existencia de más fosas clandestinas abiertas en panteones municipales, lo que confirmaría que esta “conducta sistemática del Estado favorece la desaparición de personas”.
El extraño caso del estudiante mexicano en Nicaragua
MANAGUA.- Diez horas antes de presentar el proyecto que realizó durante tres meses en la empresa minera Hemco, Jobany Torres, de 23 años y estudiante de ingeniería metalúrgica en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tomó su laptop y su mochila y emprendió un viaje de más de dieciocho horas sobre las deterioradas vías del Caribe Norte de Nicaragua. Subió y bajó de varios buses hasta llegar a Managua, recorriendo así 440 kilómetros, sin avisar a nadie en ese país.
El día que desapareció, el lunes 30 de mayo, fecha en que se celebra a las madres nicaragüenses, llegó al hotel y salió poco tiempo después, dejando casi toda su ropa en el cuarto. Nada hizo indicar que no regresaría, ya que aseguró que iría al hospedaje en el que se encontraban los otros dos estudiantes mexicanos que llegaron al país centroamericano junto con él a inicios de marzo para realizar unas pasantías en Hemco, como parte de una alianza entre esa empresa y la casa de estudios.
Torres casi nunca salía a pasear. Cada tarde, al terminar sus labores en la empresa Hemco, ubicada en el pueblo minero Bonanza, solía regresar al hotel en el que estaba hospedado y se entretenía platicando con el personal del lugar, que lo recuerda como una persona de sonrisa fácil. Era sociable, asegura Isabel Vanegas, dueña del modesto hotel. “Y también amistoso. Llegaba bien cansado del trabajo y no salía”, comenta. En ocasiones las pláticas versaban sobre cómo se preparaban las comidas en su país natal.
El joven mexicano llegó a Nicaragua con el propósito de realizar una “pasantía”. Le pusieron como condición proponer un proyecto que beneficiara tanto a la empresa como a la universidad. Dicho proyecto se realizaría durante su estancia en el consorcio minero de capital colombiano. En declaraciones al diario El Debate, de Zacatecas, que ofreció cuando regresó a México, Torres precisó que el suyo era sobre perforación y desarrollo horizontal con manejo de explosivos.
“Sentía que mi proyecto no estaba funcionando y los resultados que obtenía no eran satisfactorios. Sentía que mis cosas no daban resultado, nunca le puse entusiasmo”, dijo Torres al diario mexicano.
“Eso es raro”, sostiene una fuente de Hemco que solicitó el anonimato, “nunca se quejó. Era un muchacho amable, algo campechano y de sonrisa fácil”.
La noche del 30 de mayo sus compañeros se quedaron esperándolo. No lo llamaron porque pensaron que había cambiado de opinión y había preferido no practicar la presentación del proyecto. Pero no era así. En ese momento Torres estaba tomando un taxi para trasladarse de Bonanza hacia Rosita, otra ciudad minera. Su plan parecía fácil: desde Rosita tomaría varios autobuses hasta llegar a Managua. Carol Rodríguez, encargada de la boletería en la estación de autobuses de Bonanza, no recuerda haber visto al estudiante mexicano. “Por aquí no pasó, la policía también me preguntó, pero no vino, estoy segura”, dijo a Apro vía telefónica.
El viaje de Bonanza hasta la capital por tierra demora unas 16 horas en autobús, pero como Torres tomó más autobuses, lo hizo en más de 18. La mañana del 31 de mayo, cuando estaba previsto que expusiera los resultados del proyecto, sus compañeros lo llamaron al celular y le escribieron por WhatsApp. Notaron de inmediato que había estado en esa red social por última vez el día anterior a las 6:30 pm, lo que les pareció raro porque siempre estaba en comunicación con su familia.
La empresa minera Hemco, que posee 25 concesiones de exploración que abarcan más de 261 mil 300 hectáreas que se ubican en el distrito conocido como Triángulo Minero, ubicado entre las municipalidades de Siuna, Rosita, Bonanza y Waspam, dio parte a las autoridades y provocó que desde el más alto nivel en Nicaragua se trabajara en la búsqueda del estudiante. La empresa usó todas sus influencias para que se activara a la policía a nivel nacional.
El 31 de mayo los otros dos estudiantes mexicanos defendieron su proyecto ante un grupo de expertos que laboran en la empresa minera, mientras las autoridades y la Policía Nacional realizaban las averiguaciones que les dieran pistas sobre la ubicación de Torres.
“Fue hasta las 8:30 pm de ese día que se comunicó por WhatsApp con sus amigos, les dijo que estaba en Managua, que se había venido en autobús y que estaba hospedado por la Universidad Nacional Agraria (UNA), cerca del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, que al día siguiente salía para México, y que ya tenía el boleto de avión”, agregó una fuente de la municipalidad de Bonanza que habló con Apro bajo condición de anonimato.
Según el abogado Ricardo Flores —quien defendió a Torres posteriormente, cuando el Ministerio Público de Nicaragua le imputó cargos por “simulación de delito”— el joven se alojó en la casa de una persona cerca de la UNA y ahí “manifestó que se sentía perseguido”.
“Esa versión no ha sido corroborada, es una versión de la Policía. Lo que sucede es que él ha guardado silencio. Habló con la cónsul pero fue muy parco en sus expresiones”, dijo Flores a Apro.
El 31 de mayo la empresa Hemco alertó también a la embajada de México en Managua. “Se temía que se hubiera perdido o que le hubiera pasado algo. A él la policía lo encuentra en el aeropuerto, cuando ya se había puesto en contacto con la familia y le habían mandado un pasaje electrónico”, relata Flores.
Las pasantías en Hemco concluirían el 31 de mayo y un día después, el día que Torres pretendía salir de Nicaragua, estaba previsto que los estudiantes viajaran hacia Managua por avión y luego se quedaran tres noches en ciudades del Pacífico nicaragüense para luego regresar a México.
El celular
Cuando Jobany se presentó para abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, la policía lo retuvo e interrogó y posteriormente lo retuvo en la cárcel de máxima seguridad de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
“Lo que debió haber hecho la policía era retenerlo, hacer las indagaciones por un lapso no mayor de tres horas que es lo que establece el Código Procesal Penal para determinar si había o no méritos para su detención. En ese momento no hay ninguna condición de responsabilidad, no ha manifestado que haya estado siendo perseguido o acosado ni agredido por nadie, lo que deduzco del mismo pliego acusatorio es que la policía registra su teléfono celular, y esa revisión es una violación a la privacidad”, explica el abogado defensor.
De acuerdo con Flores, en el celular encontraron mensajes de texto dirigidos a su familia. “No puede la autoridad entrar a revisar el aparato telefónico, al hacer eso tienen que pedir una convalidación judicial que nunca pidieron”, agrega.
Supuestamente a través de su celular él manifestó que era amenazado. “Dicen que había estado chateando con la familia y que les decía que se sentía amenazado, perseguido y que temía por su vida. Eso causa malestar en la policía porque creen que ha hecho eso de manera pública, pero esa es una comunicación privada entre él y su familia”.
Inconsistencias
La Ley General de Migración y Extranjería establece que puede retener a un extranjero cuando haya entrado ilegalmente a Nicaragua o cuando se le haya vencido el tiempo de permiso. “Ninguna de las dos cabe en el caso de él. Una tercera condición es que haya entrado con documentos falsos. Si la entrada o estadía es de manera irregular, de acuerdo con la ley, tienen que alertarlo que tiene hasta 30 días para aclarar su situación legal. La ley dice que puede estar hasta ocho días en el centro nacional de albergue porque puede ser retenido. Pero una vez que sea retenido debe ser puesto a la orden del juez, en un plazo de 48 horas, y eso tampoco se cumplió”, continúa el abogado Flores.
Cabe decir que este proceso sí se llevó a cabo en el caso de los narcotraficantes que entraron a Nicaragua haciéndose pasar como periodistas de Televisa.
El 1 de junio Torres fue llevado a las celdas de El Chipote. No tuvo acceso a atención consular ni pudo llamar a un abogado. Ese mismo día los otros dos estudiantes mexicanos tuvieron también que ir a rendir declaración, pero fueron puestos en libertad el mismo día.
Fue hasta el 12 de junio que la Fiscalía nicaragüense anunció que iba a acusarlo formalmente en los juzgados porque simuló su desaparición. Invocó el artículo 473 del Código Penal de Nicaragua acerca de la simulación de delito, que reza así: “quien ante la autoridad competente simule ser responsable o víctima de un delito, o denuncie uno inexistente y provoque actuaciones de investigación o procesales, se le impondrá de cien a doscientos días de multa”. Por ser una pena pecuniaria, no debía estar en prisión.
Derechos violados
La mañana del 13 de junio Jobany Torres fue presentado en los juzgados de Managua. Vestía camisa azul. Del joven de sonrisa fácil del que hablan en Bonanza no había nada. Estuvo cabizbajo todo el tiempo. Tenía los ojos rojos y debajo de estos, tenía moretones.
“Lo vi hasta que llegué al juzgado. El 9 junio entregué un recurso de exhibición personal, lo presentamos en tiempo pero lo respondieron hasta el lunes 13”, recuerda el abogado Flores.
Al ser consultada por los periodistas que estaban presentes en la audiencia preliminar sobre los golpes que Torres tenía en el rostro, la fiscal auxiliar de Managua, Guisell Borges, aseguró que ya le había consultado sobre eso. “Él manifestó que se autolesionó”, dijo.
Esa misma versión ofreció el abogado. “La cónsul me dijo que a ella le comentó que se había autoflagelado”.
El caso fue calificado como “enrarecido” por Gonzalo Carrión, director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “Lo acusan por simular un hecho delictivo pero por esa simulación no hay cárcel, la condena es pecuniaria. Una vez que lo arrestan y lo acusan 12 días después están cometiendo una arbitrariedad, una inconstitucionalidad. Al mexicano se le violaron sus derechos humanos independientemente de las imputaciones o acusaciones que le hayan hecho. Para tener una idea: la fiscal dice que pretendía desprestigiar al gobierno y un poco más y lo ponen como un conspirador que tenía planes macabros”, dijo Carrión a Apro.
De acuerdo con la fiscal que lo acusó, el joven mexicano simuló su desaparición “con el fin de desprestigiar la labor que realiza el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de mantener la seguridad nacional”.
“Si alguna vez ideó desprestigió al gobierno, el desprestigio mayor fue la acción del gobierno en su contra. Si alguna vez se dio a correr la voz que estaba desaparecido, luego se desapareció en manos de la policía”, considera el defensor de derechos humanos.
Nicaragua es reconocida a escala internacional por sus altos índices de seguridad. Según la Policía Nacional, la tasa de homicidios es de 9 por cada 100 mil habitantes.
“Yo creo que el Estado de Nicaragua quebrantó sus propias leyes y abrir ese proceso judicial fue una forma de justificación a la actitud irregular que demostró el Estado al retener al muchacho”, considera el abogado Flores.
¿Qué le pasaba a Jobanny?
Según el abogado defensor, Torres “se sentía muy presionado por la carga académica y sentía que se estaba esforzando y no lo lograba. Se sentía inconforme pero estaba realizando un buen trabajo académico”.
Flores agregó que su huida pudo haber sido motivada por la pérdida reciente de un bebé.
El estudiante mexicano fue deportado a México el 15 de junio luego que pagó una multa equivalente a 160.35 dólares.
Cruz Torres, padre de Jobany, dijo brevemente durante una entrevista telefónica con Apro que él “está bien, con su esposa”.
“Ya no queremos saber nada de eso, estamos contentos”, añadió.
Nadie en Nicaragua se ha atrevido a decir hasta ahora que Torres fue víctima de tortura. Sin embargo, el defensor de derechos humanos del Cenidh se pregunta por qué no le permitieron asistencia consular y legal.
“¿Por qué lo encierran en El Chipote, principal centro carcelario y de tortura? Todo fue completamente ilegal, desproporcionado. Suponiendo que se golpeó solo, como explicó la fiscal, me parece una coincidencia: la mayoría de los que se declaran culpables lo hacen después de estar de huéspedes en el hotel cinco estrellas llamado El Chipote”, ironizó Gonzalo Carrión.
En julio de 2015 la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) inició una campaña para solicitar el cierre de las cárceles de El Chipote alegando que se registran múltiples denuncias de violaciones a los presos en ese centro carcelario.
El inmueble data de 1931, durante la presidencia de José María Moncada. Poco tiempo después, en los tiempos de Anastasio Somoza García, fue usado como centro de tortura. Por ahí pasaron todos los presos políticos, incluido el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Liberan a 21 detenidos tras enfrentamiento en Nochixtlán; 18 estaban en un sepelio
La noche de ayer fueron liberadas 21 personas detenidas tras los enfrentamientos del pasado domingo 19 en Nochixtlán, Oaxaca, donde ocho personas resultaron muertas.
El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-dh) confirmó la libertad de 18 habitantes de la localidad a quienes elementos de la Policía Federal (PF) arrestaron de manera arbitraria mientras cavaban la tumba para un familiar fallecido la víspera.
La representante de Codigo-Dh, Sara Méndez Morales, precisó que el sábado se veló el cuerpo del señor Francisco Cruz López, y el domingo los familiares se trasladaron al panteón de Nochixtlán para cavar la sepultura donde lo enterrarían.
Destacó que el cementerio se encuentra a la entrada de la población, a unos metros de donde se realizó el desalojo de los simpatizantes con la lucha magisterial.
Ahí, elementos de las policías Federal y Estatal aprehendieron a 18 familiares de Cruz López, quienes aseguraron que fueron tratados “como animales”.
Méndez Morales proporcionó los nombres de 16 de los detenidos: Marcos Cruz Antonio (hijo del finado), Pedro Antonio García (cuñado), Juan Amaya Jiménez (concuño), Juan Amaya Cruz (sobrino), Enrique Cruz López (tío), Alfredo Quiroz López (primo), Simón Pérez López (amigo), Juan Carlos Pérez Silva (amigo), Sergio Jiménez López (amigo de su hijo), Agustín Jiménez García (amigo de su hijo), Tiburcio Luis García (amigo), Cecilio López Velasco (sobrino), Pedro Sanpedro Méndez (sobrino), Edgar Daniel Zarate López (amigo), Jesús Manzano López (amigo del difunto) y Arturo Quiroz López (primo).
Precisó que su liberación se les notificó alrededor de las siete de la noche, pero hasta las 23:30 fueron entregados a sus familiares, quienes los esperaban en el parque central de Nochixtlán.
Por su parte, Flora Elena Candelaria Pérez, abogada de tres maestros, acusó que permanecieron detenidos más de 18 horas antes de ser presentados por la PF ante las autoridades ministeriales.
Tras su liberación, los maestros Iván Canseco Monjardin, Hermenegilda Sánchez Martínez y Oscar Bautista Sarmiento fueron entregados a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este último denunció que fueron golpeados por agentes de la PF, quienes los patearon e incluso hubo momentos en que saltaron sobre de ellos y los amenazaban con desaparecerlos. “Si desaparecimos a 43, ¿qué no vamos a hacer con ustedes?”, les repetían una y otra vez.
De acuerdo con la abogada, el delito por el que fueron acusados los docentes –detenidos en el entronque de la carretera federal 190 con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan– fue resistencia de particulares.
Sección 22 exigirá en Segob liberación de líder y renuncias de Nuño y Cué
A unas horas de que se lleve a cabo el diálogo con la Secretaría de Gobernación, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una asamblea estatal para definir su “plan de acción”, y entre los acuerdos tomados destaca la liberación de su líder, Rubén Núñez, recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora.
Los maestros también acordaron pedir las renuncias del titular de la Secretaría de Educación (SEP), Aurelio Nuño, y del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
En el punto 11 del “plan de acción”, la CNTE condena “el ataque sangriento que sufrimos maestros y pueblo de Oaxaca en Nochixtlán y Hacienda Blanca”, hechos por los cuales exigirá la renuncia de Nuño y Cué, así como la salida del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Moisés Robles Cruz.
De igual manera, solicitará la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “realice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos de represión para que se castigue a los culpables”.
Entre otros puntos, la CNTE también acordó que cada maestro coopere con 50 pesos para apoyar a las familias de las personas que perdieron la vida el pasado domingo 19, durante el enfrentamiento con policías estatales y federales en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho muertos.
El gobierno federal informó ayer que la reunión con la CNTE, la tarde de este miércoles, se da con el objetivo de escuchar los planteamientos y razonamientos de la Coordinadora, y avanzar en la construcción de soluciones que permitan regresar la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas “por sus movilizaciones en fechas recientes”.
La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y será encabezada por el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Expolicías bloquean avenida en Morelia; exigen el pago de finiquito
MORELIA, Mich.- Alrededor de 30 policías y expolicías estatales bloquearon esta mañana la avenida Madero, en esta ciudad, para exigir el pago de su finiquito y prestaciones de ley, que ascienden a 12 millones de pesos.
Mientras que los agentes en activo demandaron la renuncia de Bernardo María León Olea, comisionado municipal de Seguridad Pública, por su negativa a brindarles las herramientas adecuadas para el desempeño de sus labores.
Según los uniformados, el funcionario estatal les exige que patrullen solos, desarmados e incluso sin radios por las diferentes calles de la ciudad, incluidas las colonias conflictivas.
El pasado viernes 17, un elemento de la Policía municipal resultó gravemente herido después de ser atacado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El uniformado patrullaba solo y no tenía ningún tipo de arma.
Los inconformes señalaron que las patrullas que utilizan están en muy malas condiciones mecánicas y algunas de ellas ya no encienden “al llavazo”, por lo que tienen que empujarlas para que arranquen.
Aunado a eso, las llantas de algunas de las unidades están lisas, lo que ha ocasionado percances viales, además de que eso expone a los policías a accidentes.
Los policías también denunciaron que desde febrero pasado se anunció un aumento salarial, la remoción de vacaciones, permisos para ausentarse y créditos para vivienda, pero hasta ahora nada de eso se ha concretado.
Paran labores en la UAM en apoyo a la CNTE
Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Iztapalapa y Xochimilco manifestaron su repudio por los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19, y anunciaron un paro de labores de 24 horas en apoyo a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los alumnos de ambos campus se sumaron a los de Azcapotzalco, quienes a partir de los primeros minutos de ayer pararon clases y extendieron el plazo este miércoles.
Protestas han dejado pérdidas comerciales por 2 mil 700 mdp en Oaxaca y Chiapas: Concanaco
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), Enrique Solana Sentíes, aseguró que las manifestaciones en Oaxaca y Chiapas han ocasionado pérdidas por 2 mil 700 millones de pesos en los comercios.
“Lo sucedido en ambas entidades no tiene que ver con la reforma educativa y sí tiene que ver con un plan muy bien orquestado y estructurado, con una logística muy inteligente para tener tomado el estado de Oaxaca”, destacó.
En rueda de prensa, donde los empresarios fijaron su postura respecto del conflicto magisterial en Oaxaca y reafirmaron su apoyo a la reforma educativa, Solana detalló que en Chiapas las pérdidas comerciales suman mil millones de pesos y en Oaxaca mil 700 millones de pesos.
“La distribución de diversos productos y mercancías se ha visto afectada en Oaxaca debido a los bloqueos de entre 12 y 16 carreteras, mientras que para los hoteleros las pérdidas ascienden a 175 millones de pesos”, explicó.
Y se quejó de que el bloqueo de la carretera que va hacia San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, impide el comercio de productos agropecuarios y el acceso a lugares turísticos de la región.
La conferencia reunió este miércoles a los principales líderes de la iniciativa privada: Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo de Hoyos Walter, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Manuel Herrera Vega, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.
En su oportunidad, Castañón se pronunció por “una manifestación enérgica en favor del cumplimiento de la ley y el estado de derecho en las entidades en las que se ha intensificado la violencia y el desorden por las protestas del magisterio”.
Sobre los hechos ocurridos en Oaxaca el pasado fin de semana, la clase empresarial lamentó la pérdida de vidas humanas y las lesiones sufridas por otras personas.
“La pérdida de una vida jamás puede justificarse como parte de una protesta, como provocación, ni como resultado de una acción de restauración del orden”, destacó el líder del CCE.
Asimismo, exhortó al magisterio disidente a manifestar sus inconformidades dentro del marco de la ley. A los líderes sindicales los llamó a actuar con máxima responsabilidad, y a las autoridades les exigió mantener el estado de derecho.
“Estamos reunidos representantes de los organismos que forman parte del CCE, para hacer una manifestación enérgica en favor del cumplimiento de la ley y el estado de derecho”, concluyó.
Catean vivienda en La Condesa; hallan túnel y bóvedas
Agentes de la Policía de Investigación catearon una vivienda ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc, presuntamente invadida por la Asamblea de Barrios, donde hallaron petardos y cohetones, motocicletas, una figura de la Santa Muerte y un túnel con tres bóvedas que conectaban a la casa de al lado; las autoridades no reportaron detenidos.
De acuerdo con las autoridades, vecinos habían denunciado que ese lugar se usaba como punto de distribución de droga al menudeo en el corredor comercial de las colonias Roma y Condesa.
El operativo se realizó con más de 150 policías de distintas corporaciones, en cumplimiento de una orden de cateo librada por el juez 21 penal en el predio ubicado en el número 12 de Benjamín Hill esquina con Altata, presuntamente invadido durante años por la organización social mencionada; de hecho, tenía una denuncia por despojo desde 2013.
La Procuraduría General de Justicia capitalina informó en un comunicado que en una de las habitaciones, los policías encontraron 313 petardos y cohetones. En el patio y otros dos cuartos localizaron nueve motocicletas de cuatro marcas distintas, de las cuales se investiga la propiedad y su posible relación con alguna averiguación previa o carpeta de investigación por algún hecho delictivo.
En cuanto al túnel, dijo que tenía tres bóvedas de cinco metros cuadrados con un metro de altura y conectado a la casa aledaña. En una de las bóvedas había copias fotostáticas de una empresa marítima.
La dependencia agregó que el cateo se derivó de la orden que el juez mencionado emitió tras la solicitud del Ministerio Público, con base en una averiguación previa iniciada en julio de 2013 por el delito de despojo con violencia por parte de integrantes de “una organización social”.
Óscar Montes de Oca Rosales, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, estuvo al frente del operativo y explicó que esa fue una medida cautelar. No obstante, aclaró que las investigaciones contra los imputados continuarán, así como la integración de la averiguación previa.
Entre las acciones a realizar, explicó, se harán entrevistas y se tomarán declaraciones ministeriales para saber a qué serían destinadas las bóvedas o si fueron ocupadas con algo ilícito.
De acuerdo con la versión de la PGJ, cuatro de los siete departamentos para los que se otorgó la orden de cateo estaban deshabitados.
Respecto a las otras familias que viven en el inmueble, informó que serán desalojadas por su seguridad, ya que el túnel ilegal construido en la propiedad representa un riesgo de debilitamiento estructural para ellos, según reporte del personal de la Dirección General de Protección Civil de la Ciudad de México.
El 15 de diciembre de 2015, policías e integrantes de la Asamblea de Barrios protagonizaron una persecución desde la colonia Olivar del Conde, delegación Álvaro Obregón, hasta la Condesa, en Cuauhtémoc.
Alrededor de nueve personas iban a bordo de dos camionetas y fueron detectadas por policías de la zona. Cuando éstos les marcaron el alto, los ocupantes les mostraron las armas, entre ellas, subametralladoras, y emprendieron la huida.
Cuando llegaron a los alrededores de la mencionada casa, comenzaron los disparos. Del interior y azotea del inmueble volaron cohetones, piedras y tubos contra los uniformados. La mayoría de los ocupantes de las camionetas logró meterse al predio. Sólo una persona fue detenida, otra murió y tres vehículos resultaron con daños.
Maestros y normalistas bloquean parcialmente la Autopista del Sol
CHILPANCINGO, Gro.- Integrantes del magisterio disidente y normalistas de Aytozinapa bloquean el carril sur-norte de la Autopista de El Sol en esta capital.
Antes del plantón, los manifestantes marcharon para exigir justicia por la represión en Oaxaca y seguir insistiendo en la derogación de la reforma educativa.
Desde las 18 horas el bloque de docentes y normalista arribó al punto conocido como el Parador del Marqués, en donde se mantienen en espera de los resultados de la mesa de diálogo que se instaló esta tarde en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México.
Se inaugura complejo petroquímico Etileno XXI, en Veracruz
Nanchital, Ver. Después de 15 años de que distintos gobiernos intentaran que se instalara una industria petroquímica privada en el país, el grupo Braskem Idesa inauguró el complejo Etileno XXI, para la producción de polietileno, con la exigencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) de que cumpla con el contrato para abastecer a esta planta de 66 mil barriles diarios de etano durante 20 años; y la propuesta de que la petrolera deje de inyectar entre 10 y 15 por ciento menos gas húmedo para la reactivación de yacimientos, a fin de dirigirlo a la nueva planta de inversión mexicana y brasileña.
Braskem Idesa inició la construcción del complejo Etileno XXI en 2011, para lo cual se invirtieron 5 mil 200 millones de dólares; se espera que producirá alrededor de un millón de toneladas de polietileno al año, con lo que se cubrirán dos terceras parte de la demanda nacional de los transformadores de plástico, señaló el director general de Pemex, José Antonio González Anaya.
El funcionario reconoció que Pemex enfrenta el problema de la baja producción de gas húmedo, pero, dijo, por tener un contrato con Baskem Idesa iniciaron trabajos para encontrar alternativas que les permitan cumplir en el mediano plazo con el suministro de gas y de etano en particular.
Durante la inauguración del complejo el director de Braskem Idesa, Roberto Bischoff; el director de Braskem, Fernando Musa; y el director de Grupo Idesa, José Luis Uriegas dijeron que la inversión de 5 mil 200 millones de dólares refleja la confianza que los inversionistas tienen en México, pero enfatizaron que contar con el cumplimiento del contrato por parte de Pemex es fundamental.
Pemex tiene el compromiso de abastecer a Braskem Idesa de 66 mil barriles de etano diarios durante 20 años, lo cual no se cumplió durante los primeros 45 días de operación por problemas de restricción, "pero después ya no habrá esa restricción”, sostuvo Roberto Bischoff.
Con ese sustento el empresario descartó la posibilidad de que el complejo recurra a la importación de gas en caso de que en México no hubiera suficiente, "se haría sólo si fueran pocas cantidades porque ninguna petroquímica se mantiene con etano comprado”.
La propuesta de Braskem Idesa, dijo, consiste en que Pemex deje de inyectar entre 10 y 15 por ciento del gas húmedo que inyecta a sus yacimientos para aumentar la producción de crudo, y traslade ese gas al complejo, con lo que tendrían mayores garantías de abasto.
Durante su intervención el consejero delegado de Idesa, Patricio Gutiérrez dijo que el recorte presupuestal a Pemex es muy delicado, por lo que es necesario garantizar que cuente con los recursos para invertir y cumplir sus compromisos.
“Estamos muy preocupados por la escasez de gas húmedo, por lo que solicitamos de manera enérgica trabajar de forma conjunta para encontrar soluciones de corto, mediano y largo plazo”, señaló luego de destacar que Idesa fue promotor de la producción de polietileno en el país. “Nos tardamos 58 años pero ya existe producción de polietileno privado en México.”
Aunque Braskem Idesa ganó la subasta para la construcción del complejo petroquímico en 2009, y su construcción inició hace 6 años, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell señaló que la puesta en marcha de Etileno XXI forma parte de los resultados de la reforma energética, y de la confianza que existe para invertir en México ya que este proyecto fue financiado por 17 bancos nacionales e internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la banca de desarrollo de México y Brasil.
En conferencia previa a la inauguración Roberto Bischoff dijo que este complejo petroquímico ubicado en algún punto de Nanchital, Veracruz no cuenta "con vías de escape ideales" debido a que se trata de un tema de carácter federal que apenas se va a tratar con las autoridades gubernamentales.
La seguridad, dijo, empieza por los procesos de la planta y los empleados, justificó ante la falta de vías de acceso y escape al complejo, en el que trabajará un equipo operativo de mil personas.
Si bien a decir del empresario no hay problemas de seguridad dentro del complejo, la empresa sí es víctima del robo de etano, por lo que sus directivos esperan soluciones de seguridad pública.
Por otro lado, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que si no existen condiciones para continuar operaciones en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca se podría tomar la decisión de cerrarla.
Señaló que como resultado de los bloqueo por parte del movimiento magisterial, no ha sido posible tener acceso constante a la refinería para abastecer de insumos, ni para hacer la distribución de combustible de forma regular, pero, aclaró, en este momento existen condiciones para garantizar el suministro “a corto plazo”.
Luego de participar en la inauguración del complejo petroquímico de Braskem Idesa en este municipio, el funcionario señaló que “en Oaxaca se está trabajando con las autoridades para garantizar que puedan entrar y salir de la refinería. Si no es así, existe la posibilidad de que se cierre la refinería, ahora tenemos el suministro de gasolina garantizado en el corto plazo”.
CNS pone a disposición armas que se utilizaron en Nochixtlán
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, instruyó a la Unidad de Asuntos Internos y la Inspectoría General continuar los trabajos de investigación sobre los acontecimientos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a fin de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 19 de junio.
Como parte de las diligencias, se resolvió poner a disposición de la autoridad investigadora las armas de cargo de los elementos que habrían participado en el operativo para su análisis balístico, así como su versión de lo sucedido en esta localidad.
Paralelamente, en la Ciudad de México declaran ante el Ministerio Público Federal los policías que resultaron heridos, algunos de los cuales todavía permanecen hospitalizados.
Sales Heredia reiteró su amplia disposición para clarificar estos acontecimientos con absoluta transparencia, en estrecha coordinación, con la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR), así como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y con representantes de organismos nacionales e internacionales.
Rechaza IMSS que existan planes de privatizarlo
El Instituto Mexicano del Seguro Social difundió este miércoles folletos informativos en los que asegura que no hay planes para privatizarlo.
En las publicaciones se puede leer “#QueNoTeEngañen no existe ningún plan para privatizar el IMSS”.
También se aclara que “el IMSS es más público que nunca. Y la mejor prueba es que construiremos 40 clínicas familiares y 12 grandes hospitales en el periodo 2016-2018”.
Los folletos finalizan: “la versión que circula desde el año pasado en redes sociales sobre supuesta privatización de los servicios médicos del IMSS, es totalmente falsa”.
Concluye reunión entre dirigentes de la CNTE y Osorio Chong
La reunión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reanudó a las 10 de la noche, luego de un receso decretado a las nueve de la noche, después de dos horas de diálogo.
En el encuentro "se ha comentado" el tema de la reforma educativa, indicaron fuentes de la dependencia.
La cita, a puerta cerrada, se desarrolla en el salón Juárez del Palacio de Cobian, a donde acudieron profesores de varias entidades del país así como integrantes de la Comisión Nacional de Mediación: Miguel Alvarez Gándara, Pietro Ameglio, Jorge Fernández Souza, Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas, y Pablo Romo Cedano.
Funcionarios de la SG dijeron que el diálogo transcurre de manera "sana, fluida. No hay gritos ni sombrerazos sino disposición" para conversar los temas de interés de ambas partes.
Al final de la reunión habrá mensaje o conferencia de prensa del secretario de Gobernación.
“Venimos con esperanza de alcanzar un puente de diálogo y de poder concretar acuerdos”, afirmó Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México previo al encuentro.
Antes de su arribo, Enrique Enríquez, señaló que entre las demandas se incluye la defensa de la educación pública, la estabilidad en el empleo y el cese a la represión del magisterio. Junto con los maestros disidentes también arribaron los ocho integrantes de la Comisión Nacional de Mediación.
Maestros marchan en Monterrey contra reforma educativa
Monterrey, NL. Al menos seis mil profesores tomaron las principales avenidas de Monterrey y desquiciaron el tránsito vehicular en plena hora pico la tarde de este miércoles.
Los profesores convocaron a un plantón frente al Palacio de Gobierno que derivó de manera espontánea en una marcha que recorrió las avenidas Constitución y Morones Prieto, que cruzan de oriente a poniente la zona metropolitana.
Hubo un altercado con elementos de Fuerza Civil, quienes acudieron desarmados y no pudieron detener a los manifestantes para evitar que tomaran la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Independencia, en el primer cuadro de la ciudad.
Durante el plantón, el gobernador Jaime Rodríguez recibió a una comisión de los mentores y les pidió "portarse bien" y no bloquear calles, a lo cual respondieron de manera afirmativa. Sin embargo, cerca de las 19:00 horas un contingente pugnó por salir a la calle y la marcha comenzó.
"Ves este puño, va a tumbar a Nuño", "Ni un paso atrás" y "Fuerza Civil, recuerda quién te enseñó a escribir" fueron algunas de las consignas lanzadas por los inconformes, quienes durante la reunión con Rodríguez aplaudieron que el gobernador asegurara que también está contra la reforma educativa.
A las 21:00 horas el contingente regresó a la Explanada de los Héroes, donde llamaron a un paro laboral el próximo viernes.
Celebra CIDH diálogo entre gobierno y la CNTE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente los hechos violentos ocurridos en Oaxaca, al tiempo que saludó el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Además, destacó que este diálogo debe darse en el marco de una reforma educativa que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.
En un pronunciamiento que fija su postura en torno a lo sucedido en varios puntos de Oaxaca el pasado domingo, la CIDH instó a las diversas autoridades del gobierno mexicano a cumplir con su obligación de impulsar una investigación diligente y sancionar, de acuerdo a la ley, a las personas que puedan resultar responsables de las muertes y otros hechos de violencia suscitados durante un desalojo policiaco.
Peña asistirá a firma de acuerdo de paz de Colombia
El presidente Enrique Peña Nieto asistirá mañana a Cuba para la ceremonia de la firma de acuerdos de paz de Colombia.
La presidencia de la República dio a conocer esta noche que el mandatario se trasladará a la isla caribeña donde participará como testigo en la culminación del proceso de pacificación para una de los movimientos armados más antiguos del continente.
La Presidencia no ha precisado la hora en la que viajará el presidente Peña a La Habana, ni si regresa mañana mismo.
Sólo se notificó que Peña Nieto ya no asistirá mañana a Cancún a la clausura de la reunión ministerial de economía digital 2016 de la OCDE.
