Deja CFE a 160 mil sin agua en Chihuahua
El privilegio de la ‘paraestatal’
Upoeg pacta con la CFE descuento de 50% para municipios indígenas
Se enfrentan antimotines y maestros de la CNTE en Michoacán
Policía revisa caravana detenida de la CNTE
Bloquean marcha de docentes de Chiapas hacia la Ciudadela
Piden a maestros liberar instalaciones de Pemex en el Istmo; advierten riesgo
SNTE continúa paro de labores, cierres y disturbios en Chiapas
Desalojan municipio tomado por trabajadores en Zacatecas
Acusa Volvo sobreprecio de 65 mdp en camiones de RTP
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Chihuahua, Chih.- Una perforadora de la Comisión Federal de Electricidad rompió una línea de conducción de agua potable de los pozos de El Sauz, afectando a partir de hoy a 147 colonias, por lo que se trata posiblemente la más importante de la ciudad, al representar una cuarta parte de Chihuahua capital, que podría permanecer hasta 48 horas más, con baja presión o sin el vital Líquido, por lo que se alertó a la ciudadanía, para que racione el vital líquido.
La línea afectada por si misma llevaba 400 litros por segundo, es decir, abastecía al 20% de los habitantes de Chihuahua capital y se calcula entonces el radio de afectación en cerca de 160 mil personas.
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) fue la que informó sobre la ruptura ubicada en la carretera a El Sauz, en donde personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encontraba realizando las labores correspondientes a la instalación de postes, cuando la perforadora empleada para estos fines, causó el daño en la línea y generó una importante fuga de agua potable.
Especialistas de la JMAS se encuentran trabajando de forma prioritaria en la reparación de esta línea en virtud de rehabilitarla lo antes posible, toda vez que se trata de una de las principales conducciones de la ciudad. En este sentido, se estima que durante los trabajos, la red general de agua deje de percibir cerca de 400 litros por segundo, condición que afectará al sistema hidráulico en 147 colonias de la ciudad, lo que se verá reflejado a través de bajas presiones.
El caso fue turnado al Departamento Jurídico de la JMAS, quien en coordinación con el área técnica, valorará los daños que sufrió la infraestructura de la descentralizada, así como el
desperdicio generado por la fuga provocada, para poder de esta manera interponer la denuncia correspondiente ante la FGE.
El servicio de agua se irá restableciendo paulatinamente luego de la reparación de la conducción por lo que se hace un atento llamado a los usuarios en general para que hagan uso racional del vital líquido. Aunado a ello se exhorta a los habitantes de 147 colonias a continuación enlistadas, a tomar sus debidas precauciones ante esta situación.
La evolución de las empresas paraestatales ha sido un concepto que entró como calzador en el país. Por una parte, o al menos como buena intención y bajo el concepto de que una empresa maneja mejor los recursos, así como la administración y estrategias para lograr sus objetivos, resultó como la mejor opción para introducirlo en instituciones de gobierno para optimizar los recursos de los servicios primarios.
Pero de la teoría a la práctica siempre hay una gran distancia en este caso las empresas paraestatales son consideradas como armas de dos filos, por una parte, se puede contar con un buen servicio ahorrándoles costos administrativos a las instituciones gubernamentales y por consiguiente un mejor servicio con calidad a la comunidad. Cuando menos eso es en teoría lo que debería practicarse en la realidad.
Pero para los mortales son monstruos de dos cabezas, por un lado, ayudan al gobierno a que no se colapsen zonas prioritarias de la economía incapaces de operar y, por otro lado, se convierten en un látigo recaudador más eficiente que la Secretaría de Hacienda.
El gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, las compañías de gas y agua, manejadas por españoles o cualquier otro extranjero, tienen en su poder el cheque al portador que significa un recibo de cobro con la amenaza de cortar el servicio y la facultad de cobrarse a lo chino, cosa que a un ciudadano común le costaría una vida lograr, con suerte luego de largos juicios mercantiles, civiles o incluso ante Profeco. Ésta última quedando desarmada en su totalidad, si el prestador de servicio reporta una anomalía con carácter de delito no puede intervenir, como son los reportes de robo de luz o toma de agua clandestina, y sin alguna prueba alguna, sólo por el simple hecho de que un departamento técnico lo declare.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da y quita, siendo ésta la premisa que permite a las entidades paraestatales acabar con la igualdad y abusar de las personas por la facultad que les confiere el ser media iniciativa privada y medio gobierno, sin ser ni lo uno ni lo otro.
Una paraestatal termina por ser un monstruo indestructible entre que carece del compromiso social del gobierno para con sus gobernadores y tiene las facultades de un socio capitalista indiscriminado y con un fuero que le permite ser todo lo recaudatorio y exigente que quiere.
No existe ningún mexicano desde el más poderoso hasta el ciudadano más valiente, que no se haya dado topes contra los cobros exorbitantes de la CFE o de las compañías de agua, entes a los que les asiste la razón irrebatible en aras de un contrato de adhesión que el usuario está obligado a firmar, aun cuando no le sea ni lo más conveniente a su bolsillo ni lo más justo.
Sin embargo, las compañías de electricidad cortan el servicio al igual que el agua si no reciben su pago y al margen de la carestía, adeudos y demás, incrementa el costo del servicio cobrando un dizque estimado de consumo con base en una regla de la cual el usuario no fue enterado.
Incluso la incipiente paramunicipal Aguas de Barcelona en Saltillo, parece haber aprendido de las grandes paraestatales en sus estrategias de cobros inflados, la reposición de medidores con costo al usuario, conexión de tubería nueva para el servicio cuando ya existía uno, y por el otro lado el gobierno, con la práctica más desquiciante: la burocracia.
El artículo 28 de la Constitución Política Mexicana dice que en este país están prohibidos los monopolios y las autoridades castigarán severamente toda concentración y acaparamiento de artículos de consumos necesario, así como evitar la libre competencia forzando a los consumidores a pagar precios exagerados, y en general prohíbe todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas, con prejuicio del público en general o de alguna clase social.
Sin embargo, las funciones del estado a través de las paraestatales o municipales no constituyen en sí un monopolio por lo que las áreas estratégicas como correos, telégrafos, radiotelegrafía, la comunicación vía satélite, petróleo, minerales radioactivos, la generación de energía nuclear, la electricidad y los ferrocarriles, legalmente son monopolizados por el estado.
Según el artículo 14 de la Constitución Mexicana, "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y derechos sino mediante un juicio seguido ante los tribunales”.
Tampoco las autoridades administrativas pueden privar a un gobernado de sus propiedades, posesiones y derechos, ya que se violaría garantía de audiencia, mediante la cual las autoridades no pueden afectar los derechos de un ciudadano sin oírlo previamente en defensa.
El artículo 16 de la misma Constitución, señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Y es aquí donde toda la palabrería se transforma en nada, ante un contrato de adhesión y una llamada cláusula exorbitante, en donde no es un trato de igual a igual, es un trato en el que el ciudadano se adhiere a lo que la paraestatal disponga, le convenga o no les guste, es decir, no existen derechos más puros privilegios a las empresas paraestatales o municipales, el verdadero rostro de los monstruos con dos cabezas.
Tlapa, 16 de junio. Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), consiguieron pactar con la CFE un descuento de 50 por ciento para los 39 municipios indígenas (en la página oficial del gobierno del estado, aparecen registrados 45 municipios con población indígena) del estado de Guerrero , principalmente La Montaña y Costa Chica.
Este pasado miércoles la Comision Federal de Electricidad inicio la atención a las comunidades indígenas con el cobro de 50 por ciento en sus recibos de luz eléctrica, la comunidad de Totoxocoyolt, del municipio de Atlixtac, y Coamancingo, de Chilapa, fueron las primeras poblaciones en donde se aplicó el descuento.
Claudio Ortega, representante de la Upoeg en La Montaña, destacó que el acuerdo es parte de la gestión que ha realizado la organización a favor de los pueblos indígenas.
“Logramos que la CFE hiciera un descuento del 50 por ciento en los recibos de luz eléctrica, se aplicará para los 39 municipios indígenas del estado de Guerrero, principalmente La Montaña y Costa Chica”, indicó.
Informó que los 19 municipios de La Montaña serán beneficiados con este descuento, además de los 15 municipios de la Costa Chica, además del municipio de Chilapa y algunos poblados de la región Centro del estado de Guerrero. Destacó que la Upoeg en La Montaña se estará coordinando con sus similares de la Costa Chica, para que se generalice el descuento a la población indígena del estado.
“Queremos que la gente indígena aproveche este convenio que se realizó con la Comisión Federal de Electricidad, nosotros continuamos trabajando y luchando para que por fin se apruebe la tarifa cero para las comunidades indígenas y zonas de extrema pobreza, es necesario comenzar a beneficiar a la gente más vulnerable de nuestro estado y de nuestro país”, agregó Claudio Ortega. Mencionó que son 10 municipios de La Montaña que se encuentran en la gestión de la tarifa cero, pero que no por ello solo se beneficiaría a estos municipios de La Montaña, además de que la Secretaría de Asuntos Indígenas y el gobernador del estado, han dado respaldo para llegar a acuerdos con la paraestatal.
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplieron un capítulo más este jueves con protestas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Michoacán, entidad esta última donde se produjo un enfrentamiento entre antimotines y maestros, acción que dejó un policía descalabrado y un mentor detenido.
El saldo descrito derivó de la irrupción de un grupo de maestros al Centro de Salud de Zamora, donde se llevaba a cabo el arranque del programa Médico en tu Casa en este municipio michoacano, localizado en la colonia Valencia Segunda Sección, según reportes de la propia Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
Fuentes policiales indicaron que los docentes llegaron al sitio e intentaron ingresar por la fuerza al inmueble donde el gobernador Silvano Aureoles ponía en marcha el programa de salud.
Se informó que elementos de la Policía Michoacán cerraron el paso a los inconformes para impedir que ocurriera algún incidente, pero los manifestantes respondieron a pedradas a los uniformados.
En la gresca, uno de los profesores impactó una piedra contra la cabeza de uno de los policías, quien se derrumbó descalabrado al piso.
Entonces los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, en esa acción fue capturado el docente Luis B., de 24 años, quien presuntamente lesionó al agente policial, cuyo estado se reporta como estable.
Tras los hechos, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y la dirigencia sindical acordaron sostener una reunión con la comisión de maestros pertenecientes a la CNTE.
“Alerta máxima” en Oaxaca
La advertencia del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, comienza a tomar forma con el envío de tres aviones de la Policía Federal (PF) a Oaxaca para desalojar a los maestros y padres de familia que mantienen bloqueos en las ocho regiones del estado.
En tanto, en las regiones del Istmo y la Costa, los maestros y padres de familia se declararon en “alerta máxima” ante posibles desalojos, motivo por el que retuvieron dos autobuses para atravesarlos en la carretera 190, precisamente en el Canal 33.
Además, instalaron barricadas en diversos puntos y hicieron de palos, piedras y hasta de bombas molotov.
Lo anterior ante el avance de fuerzas federales que durante la madrugada de este jueves desarticularon los bloqueos que mantenía el magisterio de la sección 22 en inmediaciones de Magdalena Tequisistlán y Jalapa del Marqués.
La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes sin que se reportaran heridos, sin embargo, horas más tarde maestros y padres de familia volvieron a bloquear la carretera federal 190, por lo que no hay paso a la capital del estado.
En este marco el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó: “No podemos permitir que se bloqueen carreteras, entonces lo que se hace es, como decíamos hace un momento, extenuar el diálogo, insistirle a los manifestantes que deben dejar acceso a los transeúntes y también a los vehículos. De no ser así, tenemos que hacer uso moderado de la fuerza”.
Mientras, este jueves llegaron a esta capital tres aviones, entre ellos dos tipo Boeing 727 de la PF con matrícula PF-401 y PF-403, de los que descendieron cientos de uniformados con equipos antimotines, situación que aumentó la tensión de un posible desalojo en el centro histórico de Oaxaca, en el Istmo, la Mixteca y la Costa, donde se sostienen alrededor de 20 bloqueos carreteros.
Los inconformes piden la libertad de los profesores Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos Ricárdez, Aciel Sibaja Méndoza, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Juan Carlos Orozco Matus, Roberto Abel Jiménez, Damián Gallardo Martínez, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Leonel Manzano Sosa, Heriberto Magariño Sánchez, César León Mendoza y Pablo López Alavez.
Notifican despidos en Chiapas
La Secretaría de Educación (SE) en Chiapas dio a conocer hoy que ha notificado el despido de sus labores a más de mil 100 maestros y maestras que están en paro de labores, luego de acumular cuatro faltas consecutivas en las aulas.
Luego del ataque que sufrieran las oficinas donde se encuentran los departamentos del sector jurídico y administrativo de la Secretaría de Educación, la titular de esa dependencia, Sonia Rincón Chanona, dio a conocer que esas agresiones podrían deberse a que en esa oficina se notifican los despidos a los docentes.
Rincón Chanona explicó que es el área jurídica la que ha elaborado las notificaciones de despido a los maestros que ya sumaron las cuatro inasistencias.
Rincón Chanona recordó que un grupo de aproximadamente 80 personas sometió a los guardias privados para luego ingresar por la fuerza a las oficinas de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales y a la Coordinación General de Administración Estatal.
En esas oficinas se elaboran los documentos de notificación que firma la autoridad educativa estatal para cesar a los profesores que han incumplido con sus clases por estar en suspensión de labores.
Y luego del anuncio de la auditoría a la plantilla de todo el personal que trabaja en Chiapas, el otro objetivo vandalizado fueron las oficinas de Administración.
En el sitio, la titular de Educación reiteró el llamo a la disidencia magisterial para retornar a las aulas de forma inmediata, con la finalidad de no afectar a los alumnos.
Por estos hechos, la Secretaría de Educación interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que abrió una carpeta de investigación –0347-101-0201-2016– por los delitos de daño en propiedad ajena más los que resulten y contra quien resulte responsable.
El grupo de personas no identificadas, algunas con el rostro cubierto, llegaron en camiones de redilas tipo estaquitas alrededor de las cinco de la mañana; se concentraron en la puerta sur del Edificio B, de la Unidad Administrativa, mientras otro grupo se concentró en la entrada principal y sometió a los guardias, para luego irrumpir y hacer destrozos.
Incluso, en la recepción del despacho de la titular prendieron fuego, el cual inmediatamente fue sofocado.
Pedro Gómez Bámaca, uno de los líderes y voceros de la CNTE, rechazó que hayan sido los maestros como acusó directamente Rincón Chanona en una conferencia de prensa esta mañana.
Indicó que ellos no tenían en su plan de acción para este jueves atacar oficinas del sector educativo. Y tampoco tienen interés alguno en destruir las áreas jurídicas y administrativas.
“Los titulares de esa dependencia los elige el gobierno en turno, no el sindicato. Jamás el sindicato ha tenido esa posición como un coto de poder sindical. Sería un contrasentido en la relación obrero-patronal. Los que algo quieren esconder son ellos, los que siempre han tenido bajo su control esa oficina de gobierno, no nuestro sindicato”, aclaró Gómez Bámaca.
Liberan vía en Tabasco
Esta mañana terminó el bloqueo de la carretera federal Villahermosa-Puerto de Frontera que desde el viernes pasado mantenían maestros y padres de familias que rechazan la reforma educativa.
Tras el levantamiento de las barricadas, el secretario de Gobierno César Raúl Ojeda Zubieta, así como policías federales y estatales recorrieron esa vía federal que permaneció bloqueada una semana.
Al filo del mediodía, el tránsito de esta capital hacia el Puerto de Frontera del municipio de Centla, Tabasco, y Ciudad del Carmen, Campeche, se encontraba ya normalizado.
Los inconformes desbloquearon la carretera en los tramos de los poblados indígenas de Ocuitzapotlán y Tamulté de las Sabanas, a 20 y 36 kilómetros de Villahermosa, respectivamente, luego de la segunda reunión que Ojeda Zubieta sostuvo anoche con representantes de maestros, padres de familia y líderes comunitarios para negociar la liberación de la vía federal.
El funcionario destacó la madurez de los habitantes de esas zonas para el desbloqueo, a pesar de que algunos estaban de acuerdo en mantener el cierre de esa importante vía que comunica el sureste del país.
La reforma educativa, reiteró, no es un asunto del ámbito estatal, sino federal. “Hay voluntad mayoritaria en la zona para mantener el respeto a la libertad de tránsito de terceros”, resaltó.
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) se encargó de reparar los daños a la infraestructura carretera, entre ellos, la ruptura del cabezal de un puente que impedía la circulación vehicular.
La carretera fue bloqueada el viernes pasado por maestros y padres de familias que repudian la reforma educativa, luego de varios enfrentamientos con policías antimotines que dejaron como saldo más de 20 civiles lesionados.
En tanto, la Secretaría de Educación (Setab) confió en que las cerca de 80 escuelas cerradas en la zona del bloqueo vuelvan pronto a clases.
Según la dependencia, se han registrado mil 630 faltas de maestros, de los cuales a 800 les han aplicado descuentos por no justificar su inasistencia a las aulas.
Profesores disidentes de las secciones 7 y 40 de Chiapas informaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina mantienen detenida una caravana de 32 autobuses en la calzada Ignacio Zaragoza, impidiendo la llegada de “miles de maestros, padres de familia y estudiantes normalistas que venimos de forma pacífica”.
Elementos de la SSP que mantienen detenida la caravana de profesores disidentes de Chiapas comenzaron a subir a los autobuses para revisar a los docentes inconformes, quienes desde muy temprano están a la espera de que se les permita el acceso a la Ciudad de México para llegar al plantón que mantienen en la Plaza de la Ciudadela.
Beatriz Pérez Díaz, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 7 de Chiapas, señaló que se trata de una “provocación” del gobierno federal en contra del magisterio disidente, pero “queremos decirle que venimos para quedarnos y no nos vamos a regresar a nuestra entidad. Estar en la capital del país es un derecho que no pueden arrebatarnos”.
Informó que ayer por la tarde partieron desde Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de participar en la marcha nacional popular convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este viernes, y sumarse al plantón que mantienen en la Plaza de la Ciudadela.
“Logramos pasar la caseta de San Marco, en la autopista México-Puebla, pero antes de llegar al Metro Santa Martha Acatitla nos mantienen detenidos cientos de uniformados. Tratamos de entablar un diálogo, pero se niegan rotundamente a darnos paso, y nos han informado que la orden es que no podemos entrar a la capital del país”.
Agregó que “como mexicanos y ciudadanos exigimos el respeto a la libertad de tránsito. Venimos de forma pacífica, no queremos represión como ha ocurrido en nuestro estado, donde sin importar nada nos han violentado”. Hasta el momento, indicó, la calzada Ignacio Zaragoza no se encuentra bloqueada, pero señaló que los autobuses se han estacionado en doble fila a la espera de que se les permita la entrada.
Víctor Rodríguez integrante de la CNTE en el valle de México informó que profesores de la ciudad y del magisterio mexiquense contra la reforma educativa se están movilizando para respaldar a los docentes chiapanecos.
Explicó que se mantienen en diálogo con los representantes del gobierno capitalino a quienes exigen respeto al libre tránsito.
Los profesores de la CNTE advirtieron que si se impide el paso a los autobuses y otro tantos de vehículos particulares, que forman la caravana, re iniciarán su camino a pie.
Ésta es la segunda ocasión en que la SSP de la Ciudad de México retiene a la caravana de la CNTE, el miércoles de la semana pasada detuvo durante casi una hora a 12 camiones con profesores provenientes de Chiapas y Oaxaca.
El tráfico vehicular está colapsado en calzada Zaragoza y la autopista México-Puebla, debido al bloqueo que tiene la policía capitalina a la altura de Acatitla.
En tanto, educadores disidentes de Michoacán, Guerrero y Oaxaca que permanecen en el plantón, se mantienen atentos de los reportes de sus compañeros maestros y afirmaron que hasta el momento no se ha modificado la acción prevista para este jueves, que es continuar con el brigadeo en la capital del país.
Ante el bloqueo de la caravana de autobuses, profesores disidentes de la sección 7 y 40 de Chiapas decidieron proseguir su marcha a pie hacia el plantón magisterial en la Ciudadela. Sin embrago, sólo pudieron avanzar alrededor de 60 metros cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina impidieron su paso, en las inmediaciones del metro Santa Martha Acatitla
Beatriz Díaz Pérez, integrante del comité ejecutivo seccional del magisterio chiapaneco, informó que ante la negativa de las autoridades del gobierno de la ciudad de México de permitir el avance de los autobuses, “decidimos que cargaremos con todo lo que traemos, maletas, cobijas, víveres y casas de campaña, pero vamos a llegar al plantón de la Ciudadela. Estamos decididos a llegar y a que se abra esa mesa de negociación”.
Decenas de maestros chiapanecos han comenzado a llegar a la plaza de la Ciudadela para instalar casas de campaña y mantenerse a al espera de la llegada de sus compañeros.
Docentes inconformes de Michoacán, Oaxaca y Guerrero anunciaron que mantendrán sus actividades previstas para hoy con una jornada de brigadeo en Reforma e Insurgentes.
OAXACA, Oax.- El gobierno federal y estatal desplegó a la Policía Federal (PG), Gendarmería y fuerzas estatales al Istmo de Tehuantepec para permitir que se normalice la operación de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” del puerto de Salina Cruz, ante “una verdadera situación de emergencia debido a que se corre el riesgo de una conflagración”.
Así lo reconocieron las autoridades, al tiempo de que hicieron un llamado a los maestros de la sección 22 a levantar los nueve bloqueos que fueron instalados en la región del Istmo desde el lunes 13, presuntamente para evitar una tragedia.
El gobierno hizo un exhorto a los manifestantes para liberar las vías de acceso en el Istmo de Tehuantepec, “toda vez que el objetivo no es desalojar a quienes mantienen los bloqueos, sino evitar que la planta de Pemex se convierta en un riesgo para la población, y que se permita el acceso de las pipas y autotanques a la refinería, para liberar la presión que existe en los sistemas de distribución”.
En un informe del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de Oaxaca, se específica que hasta el momento en las acciones realizadas por los cuerpos encargados de preservar el orden y la paz en la entidad no se reportan lesionados ni personas desaparecidas.
“No olvidemos que en otras entidades se han producido explosiones que han dejado muertos y heridos. No queremos que eso ocurra y, si algo sucediere, tendremos que fincar responsabilidades”, advirtió el secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez.
A su vez, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Germán García Moreno Ávila, señaló que el gobierno federal y el de Gabino Cué están coordinados para tomar las medidas necesarias, con el fin de garantizar la vida y la seguridad de los pobladores.
“Estamos atentos a que haya la voluntad por parte de los manifestantes y que estén enterados que nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de la población en general; de no ser así las fuerzas del Estado habrán de actuar, porque estamos ante un riesgo y nuestra prioridad es conservar la seguridad de todos”, puntualizó.
El secretarios general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, aclaró que “las instituciones no pretenden de ninguna manera intervenir en la vida del sindicalismo ni desalojar a los manifestantes. Nuestra petición es que permitan el acceso de más de 30 pipas que están varadas desde hace varias horas y que puedan descargar el fluido, porque de no hacerlo pondrían en riesgo la vida de los habitantes del puerto y zonas aledañas”.
En reunión de trabajo, los secretarios general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, y de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, así como el delegado de la Segob, Germán García Moreno Ávila, analizaron la situación que priva en la zona del Istmo, exhortando a los manifestantes a no afectar la actividad productiva y económica, pero sobre todo a no generar condiciones de riesgo en la refinería del puerto de Salina Cruz.
“No queremos alertar de más, pero tenemos que decir la verdad y evitar que ocurra una conflagración en la zona. Esta es una verdadera emergencia en territorio mexicano y por eso hacemos un llamado a quienes están bloqueado el tránsito vehicular a la altura de la agencia automotriz de la Nissan”, advirtió Santiago Carrasco.
Y continuó: “Estamos en favor de la legalidad, no en contra de los maestros. Queremos evitar el uso legítimo de la fuerza pública; sin embargo, solicitamos el recurso del entendimiento y la voluntad de los manifestantes en beneficio de la población istmeña”, puntualizó.
Los funcionarios explicaron que, de acuerdo con Pemex, la refinería tiene una capacidad limitada de producción y almacenamiento de gasolina y diésel, por lo que es urgente su distribución, ya que genera gas propileno y, de registrarse una fuga, generaría una contingencia en la zona.
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que desde el 15 de mayo están en paro de labores para exigir al gobierno federal la abrogación de la reforma educativa y la instalación de una mesa nacional de diálogo, bloquearon este jueves durante tres horas, la carretera de entrada a Tuxtla Gutiérrez y la salida hacia el municipio de San Fernando, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la Sección 7.
Al mismo tiempo, la titular de Secretaría de Educación de Chiapas, Sonia Rincón Chanona dijo que sujetos no identificados ocasionaron daños esta madrugada en las oficinas de la dependencia por lo que interpuso la demanda penal correspondiente.
Mendoza Vázquez informó en entrevista que los profesores cerraron la carretera federal que comunica a municipios de la costa y estados del sur con la capital del estado.
Explicó que el cierre total fue hecho a la altura del centro de almacenamiento que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, y aunque policías federales y estatales estaban concentrados en el sitio conocido como La Pochota, a poca distancia del bloqueo, no intervinieron.
Agregó que los docentes también cerraron el tramo carretero Plan de Ayala-San Fernando, frente a las oficinas y bodegas de la empresa Coca-Cola, situado cerca del libramiento poniente.
Comentó que los cierres carreteros se realizaron de las 12 a las 15 horas, sin que se reportaran incidentes.
Rincón Chanona, por su parte, informó en conferencia de prensa que más de mil 100 maestros han sido notificados de baja y despido, aparte de que se han descontado 50 millones de pesos a los docentes que están en paro de labores.
Sobre los hechos vandálicos ocurridos esta madrugada en las instalaciones de la dependencia, donde desconocidos destruyeron mobiliario y equipo de oficina, la funcionaria expresó que los sujetos no identificados quemaron documentación de notificaciones de recisión de contratos laborales y de registros de nóminas de docentes.
Manifestó que los profesores “han estado realizando este tipo de acciones; lamentablemente da pena decirlo…. de los actos que han hecho a las gasolineras, la tiendas. Todo lo que ha pasado a la sociedad chiapaneca, concretamente la que ha aguantado más es la sociedad de Tuxtla Gutiérrez”.
Sostuvo que los daños ocasionados en las áreas administrativo-jurídicas, donde se elaboran las notificaciones por inasistencias, pudieron derivarse por las declaraciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, acerca de la revisión de nóminas y no precisamente porque ayer no se pagaron sueldos a maestros faltistas.
Por separado, Pedro Gómez Bahamaca, integrante de la dirección política de la Sección 7, rechazó que los maestros hayan ocasionado los daños en la dependencia, pues “nuestro movimiento es pacífico y sólo busca el diálogo en su lucha contra la mal llamada reforma educativa”.
Mendoza Vázquez por su parte, consideró que se trató de una acción “realizada por grupos de choque del gobierno para criminalizar la protesta y tratar de quitarle base social al movimiento magisterial”.
Agregó: “Por la forma y la hora en que operaron los que causaron los daños fue el propio gobierno que lo hizo para culpar al movimiento magisterial y arreciar la campaña de desprestigio en su contra para quitarle base y prestigio social, para criminalizar la lucha de los trabajadores de la educación, los estudiantes y los demás referentes”.
Zacatecas, Zac. Policías preventivos vestidos de civil –presumiblemente en estado de ebriedad-, así como varios sujetos encapuchados, desalojaron la madrugada de este jueves, con lujo de violencia, a 43 trabajadores del ayuntamiento de Valparaíso, que desde hace una semana mantenían tomada la presidencia municipal, que preside Eleuterio Ramos Leal, edil del PRD.
Los 43 burócratas fueron despedidos injustificadamente hace dos años y medio –unas semanas después de que el perredista asumió la presidencia municipal-, y lo demandaron laboralmente. Después de todo este tiempo, el pasado mes de abril un juez dictó un laudo ordenando al edil la restitución en su puesto de trabajo a los empleados del municipio despedidos injustificadamente, así como el pago de sus salarios caídos, a lo que se niega el funcionario.
Tras haber sido notificado del laudo desfavorable, Eleuterio Ramos se negó a cumplirlo. Desesperados ante la negativa del edil, desde el pasado 9 de junio los 43 trabajadores tomaron pacíficamente la presidencia municipal del lugar.
Incluso trascendió que el pasado lunes 13 de junio, el edil perredista promovió un amparo contra el laudo, con el que busca evitar el pago de los salarios caídos y la restitución en sus cargos de trabajo a los burócratas.
Pero la madrugada de este jueves, alrededor de las 02:00 horas, el edil decidió “recuperar” por su propia mano el inmueble de la presidencia municipal, en cuyo interior pernoctaban los 43 burócratas inconformes. Eleuterio Ramos encabezó a un grupo de policías municipales vestidos con ropa civil –que portaban sus armas de cargo a la cintura y toletes-, además de un grupo de personas que traían cubierta la cara.
De acuerdo a las imágenes de un video del desalojo difundido por los burócratas desalojados, tomado con un teléfono celular, se observa cómo arriban al sitio decenas de hombres que comienzan a patear y jalar con fuerza una de las puerta principales de la presidencia, hasta que logran romper los cristales y abrirla. Con palabras altisonantes y a empujones, los sujetos encapuchados y los policías municipales de Valparaíso desalojaron a los inconformes.
Este jueves en la capital del estado ningún funcionario fijó postura alguna sobre este incidente.
De acuerdo con el diario Reforma, Volvo Group impugnó el fallo de la licitación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con la cual Dina se favoreció con un contrato de 446.5 millones de pesos.
El juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa examinará la legalidad de la decisión de la RTP, sin embargo, se negó a conceder una suspensión provisional evitando que se formalice la compra de 148 autobuses.
En entrevista con Reforma, el director general de Volvo Group México, Rafael Kisel indicó que la propuesta de Volvo era la mejor económicamente, pero la de Dina tuvo un sobreprecio de 65 millones de pesos.
A pesar de esto, será difícil revertir el fallo incluso si demuestra que fue ilegal, ya que el trámite del juicio podría tardar varios meses y los camiones deben ser entregados en 150 días por Dina.
En la licitación, Volvo cotizó los camiones en 382 millones de pesos, mientras que Volkswagen lo hizo en 417 millones de pesos, pero ambas fueron descalificadas por no cubrir los requerimientos exigidos.
VILLAHERMOSA, Tab.-. Esta mañana terminó el bloqueo de la carretera federal Villahermosa-Puerto de Frontera que desde el viernes pasado mantenían maestros y padres de familias que rechazan la reforma educativa.
Tras el levantamiento de las barricadas, el secretario de Gobierno César Raúl Ojeda Zubieta, así como policías federales y estatales recorrieron esa vía federal que permaneció bloqueada una semana.
Al filo del mediodía, el tránsito de esta capital hacia el Puerto de Frontera del municipio de Centla, Tabasco, y Ciudad del Carmen, Campeche, se encontraba ya normalizado.
Los inconformes desbloquearon la carretera en los tramos de los poblados indígenas de Ocuitzapotlán y Tamulté de las Sabanas, a 20 y 36 kilómetros de Villahermosa, respectivamente, luego de la segunda reunión que Ojeda Zubieta sostuvo anoche con representantes de maestros, padres de familia y líderes comunitarios para negociar la liberación de la vía federal.
El funcionario destacó la madurez de los habitantes de esas zonas para el desbloqueo, a pesar de que algunos estaban de acuerdo en mantener el cierre de esa importante vía que comunica el sureste del país.
La reforma educativa, reiteró, no es un asunto del ámbito estatal, sino federal. “Hay voluntad mayoritaria en la zona para mantener el respeto a la libertad de tránsito de terceros”, resaltó.
La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) se encargó de reparar los daños a la infraestructura carretera, entre ellos, la ruptura del cabezal de un puente que impedía la circulación vehicular.
La carretera fue bloqueada el viernes pasado por maestros y padres de familias que repudian la reforma educativa, luego de varios enfrentamientos con policías antimotines que dejaron como saldo más de 20 civiles lesionados.
En tanto, la Secretaría de Educación (Setab) confió en que las cerca de 80 escuelas cerradas en la zona del bloqueo vuelvan pronto a clases.
Según la dependencia, se han registrado mil 630 faltas de maestros, de los cuales a 800 les han aplicado descuentos por no justificar su inasistencia a las aulas.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México no es dueño ni de la Ciudad, ni del Zócalo, ni del Monumento al Revolución, sentenció el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional en la Asamblea Legislativa capitalina.
César Cravioto criticó la prohibición dictada por Miguel Ángel Mancera para realizar manifestaciones en la capital o en la Plaza de la Constitución o la Plaza de la República.
Esto, dijo, ocurre de manera constante cuando elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina encapsulan a manifestantes, como los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Nos parece muy grave que en la Ciudad de México reiteradamente se impida el derecho de tránsito y a la libre manifestación. (Mancera) sigue haciéndole el juego sucio al Gobierno Federal y sigue al servicio de Peña Nieto”, precisó.
En conferencia de prensa, Cravioto Romero criticó los cercos policiales implementados así como los bloqueos a la circulación realizados para impedir el arribo de más docentes.
“En la Ciudad de México, un gobierno que se dice de izquierda, un candidato a la Presidencia de la República por un partido que se dice de izquierda, toma ese tipo de actitudes, nos parece reprobable”, sentenció.
Por todo ello pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) pronunciarse y evitar ser omisa ante los impedimentos a la libre manifestación en la capital.
GUANAJUATO, Gto.- Después de aprobar en sesión del pleno la realización de una auditoría al proceso de adquisición de la reserva territorial para la armadora Toyota en Apaseo el Grande, el Congreso local publicó un informe que le fue entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo que enlista un total de 26 predios que el estado compró a la inmobiliaria regiomontana JAOS & SGB, los que amparan unas 270 hectáreas de las 600 para la instalación de la empresa automotriz.
Hasta ahí. No se especifican los montos pagados por el estado.
En la sesión en la que se aprobó la auditoría (solicitada por el gobernador) el diputado del PRD Gerardo Silva Campos pidió que la Procuraduría local inicie una investigación ante la presunción de que funcionarios estatales brindaron información privilegiada a la empresa JAOS & SGB, misma que “fue aprovechada para obtener una ganancia lucrando con la necesidad de los ejidatarios y habitantes de la zona”.
“Ahora que se conoce el dolo, se requiere que los vendedores originales ratifiquen esos contratos, o demandar la nulidad de esas compraventas”, planteó el diputado, al demandar la intervención de la Secretaría de Gobierno para atender y orientar a los propietarios que vendieron a JAOS a precios mucho menores que los que éste obtuvo del gobierno.
“No podemos permitir que gente que tenía información privilegiada por parte del gobierno se enriquezca ilícitamente y a costa del erario y de los dueños originales que por necesidad vendieron sus hectáreas a esta empresa”, insistió el perredista.
En tanto, un informe fue entregado por órdenes del gobernador Miguel Márquez al Congreso, casi siete meses después de que se publicó el decreto gubernativo número 9, que en su artículo cuarto establece la obligación del Ejecutivo de informar puntalmente a la Cámara de Diputados sobre el proceso de adquisición de la superficie destinada a Toyota.
La entrega del sucinto informe ocurre tras la denuncia pública hecha por ejidatarios sobre irregularidades en la adquisición y presiones de funcionarios estatales para que vendan, así como investigaciones periodísticas que revelaron la operación desplegada por los socios de la inmobiliaria JAOS & SGB, los exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, José Antonio Serrano y Santiago Germán Bordes, para hacerse de extensiones de tierra y posteriormente venderla al gobierno estatal con una ganancia multimillonaria.
Sin embargo, en el documento que se dio a conocer esta tarde por el Congreso no figura el precio que el gobierno del estado pagó por la compra de los predios.
Únicamente se enlistan los folios del Registro Público de la Propiedad, donde se asienta el nombre de los dueños a quienes el gobierno estatal ha comprado y la superficie de aquellos predios que ya fueron entregados a Toyota Motors Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.
El gobierno del estado adquirió directamente a JAOS & SGB 26 terrenos con una superficie de 259.9 hectáreas. De éstas, poco más de 231 han sido ya entregadas a Toyota, y el resto se encuentra en trámite de entrega.
Pero además, el estado adquirió de JAOS otras 10 hectáreas mediante expropiación.
Se incluyen otros 25 predios expropiados por el gobierno, que miden en total 210.8 hectáreas, aunque se han entregado a Toyota 155 hectáreas.
El secretario de Desarrollo Económico (dependencia encargada del proceso de adquisición), Guillermo Romero Pacheco, informó al Congreso que desde noviembre del año pasado se solicitó al gobierno federal la expropiación de otras dos superficies: una de 4.5 hectáreas en el ejido La Norita, y el otro de 128 hectáreas en el ejido Caleras de Ameche, y se está en espera de la publicación de los decretos respectivos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu).
“Ya se cuenta con el refrendo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, suscrito por la titular, maestra Rosario Robles Berlanga”, concluye el reporte.
ZACATECAS, Zac.- El candidato de Morena a la gubernatura, David Monreal Ávila, presentó una impugnación contra la elección del domingo 5 de junio ante el Tribunal Electoral del estado por medio de un juicio de protección de derechos políticos-electorales, en el que acusó una campaña negra en su contra, la intervención del Estado, inequidad en medios, irregularidades en el conteo de votos e intimidación a los sufragantes.
En sus alegatos, Monreal Ávila denunció una campaña negra y propaganda política calumniosa que vulneró su reputación con acusaciones de las que nunca se presentaron pruebas, como fueron los señalamientos hechos, incluso, por el candidato y virtual gobernador del PRI, Alejandro Tello Cristerna, quien afirmó que el abanderado de Morena tiene nexos con el narcotráfico.
Para esta campaña, la alianza entre el PRI, PVEM y Panal dispusieron de propaganda, mensajes, espectaculares y otros medios por los cuales difundieron los señalamientos que Monreal acusó como difamatorios, puesto que “no existe declaración judicial que lo vincule”, recordó en su escrito.
Además, la impugnación solicitó un recuento parcial de la votación, al señalar inconsistencias entre los rubros: total de la votación, votos nulos sumados a otras opciones, así como el número de ciudadanos que votaron según la lista nominal, en virtud de que habría disparidad entre el número de votantes y el de votos registrados en las urnas.
El extravío de más de 100 boletas electorales por parte del Instituto Estatal Electoral –el IEEZ– también es un tema incluido en los motivos de la impugnación, ya que eso “puso en duda la certeza y legalidad del proceso”.
Otro de los aspectos de este juicio de protección de derechos se refirió a la inequidad en la presencia del candidato del PRI Alejandro Tello y de Monreal Ávila en los medios.
Como ejemplo, en una medición que se adjuntó como elemento de prueba, del 1 al 31 de mayo pasado, durante las campañas, Alejandro Tello tuvo dos mil 350 menciones, mientras que Monreal sólo 164. La misma proporción se observó en radio, medios impresos e internet.
La impugnación hizo referencia también a la presunta compra de votos mediante despensas, la participación de cuerpos policíacos para intimidar a los votantes, la presencia de grupos de choque que fomentaron la violencia y el temor y que son señalados como operadores del PRI.
Finalmente, David Monreal alegó que hubo también inequidad en el financiamiento público y privado, en la aplicación de los criterios para la paridad en candidaturas en los que el PRI invadió la esfera de decisiones de Morena.
El escrito fue turnado al consejo del Instituto Electoral, mismo que da trámite al Tribunal Electoral.
XALAPA, Ver.-Elementos de la Policía Ministerial encontraron con vida a Nayelli y Rodrigo Hurtado García, ciberactivistas de la cuenta “GuerraCruz” y “Veracruz en Red” que habían sido “levantados” de un cibercafé ubicado en el Infonavit El Coyol en el puerto de Veracruz.
A través de un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que grupos especializados en búsqueda y localización de personas de la Policía Ministerial se abocaron de inmediato a partir de la denuncia por la desaparición de ambos jóvenes, activando los protocolos especiales en la materia.
En coordinación con las demás fuerzas que integran el Grupo de Coordinación Veracruz, ambos fueron localizados esta noche en la periferia de la ciudad y puestos a disposición de la autoridad ministerial para que declaren en la indagatoria.
La Carpeta de Investigación sigue abierta para realizar el respectivo deslinde de responsabilidades.
Hoy por la mañana, las redes sociales fueron alertados de la sustracción de Rodrigo Hurtado García, administrador de la cuenta cibernética “GuerraCruz” (@tuiterover) fue “levantado” por “personas vestidos de policías”.
Apenas el martes, su hermana, Nayelli Hurtado García había sido sustraída por sujetos desconocidos del mismo lugar, su hermano, Rodrigo Hurtado apoyado en las cuentas de twitter “GuerraCruz” (@tuiterover) y de la cuenta de Facebook, “Veracruz En Red” empezó una férrea campaña de denuncia para presionar a las autoridades e informar a sus conocidos del secuestro de su hermana.
En el local donde fueron “levantados” los hermanos Hurtado García se han llevado en los dos distintos eventos, computadoras, disco duros portátiles, memorias USB y dinero en efectivo.
La queja del “levantón” de hoy fue ratificada por la periodista y diputada electa del PAN, María Josefina Gamboa Torales, quien se quejó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido omisa en ambos secuestros.
Todavía el miércoles y jueves por la tarde y noche, Rodrigo Hurtado estuvo recibiendo en el cibercafé a reporteros de varios medios de comunicación para pedirles el apoyo de “difundir” el “levantón” de su hermana y así presionar a las autoridades.
Apenas ayer, desde la cuenta @tuiterover, Hurtado García emitió un tweet en el que fustigaba a la Fiscalía, pues él mismo les había proporcionado la localización del “principal sospechoso” del levantón de su hermana a bordo de un taxi y la dependencia no quiso actuar.
Tanto las cuentas de “GuerraCruz” como “Veracruz en Red” eran críticos sistemáticos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, del candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, y de los candidatos priistas a una curul.
En contraste, eran benévolos con los candidatos de la coalición PAN-PRD, en especial con el de la candidata del PAN al distrito Veracruz rural, María Josefina Gamboa, quien además de ser política se desempeña como columnista del periódico Notiver.
Ayer, Rodrigo Hurtado expuso que el martes acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia, y los hechos quedaron registrados en la carpeta 506/2016 con la fiscal primera Jessica Moreno Flores.
A dos años y medio de haber desaparecido a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la Ley de la Administración Pública Federal, la Cámara de Diputados incorporó nuevamente a esta dependencia al organigrama nacional.
El 6 de diciembre de 2012, el Senado de la República concluyó el trámite para “desaparecerla” en papel, pero nunca en los hechos, y aunque un tiempo sólo tuvo “encargado de despacho”, pronto se nombró a su actual titular, Virgilio Andrade, el mismo que había recomendado “suprimirla” junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, con 450, votos el Congreso dio marcha atrás a su propio proyecto.
Los diputados también facultaron a la SFP para interponer denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la nueva Fiscalía Anticorrupción.
La SFP sigue teniendo sus mismas funciones: encargarse de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a las que se sumarán las de interés y las fiscales; designar órganos de control interno en las diversas secretarías e imponer sanciones con base en las indagaciones de aquellos.
El titular será nombrado por el Presidente de la República, como se hace en la actualidad, pero ahora su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República.
Entre las nuevas atribuciones de la SFP está el “inspeccionar” el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, como lo hace en la actualidad la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la SFP deberá notificar al Comité Coordinador del Sistema del resultado de la evaluación que hará a toda la administración pública sobre el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de los recursos públicos.
La Cámara también avaló cambios a la ASF como el poder auditar la deuda de estados y municipios, créditos que se contratan siempre dejando como garantía las participaciones federales una vez que las autoridades hacendarias dan el visto bueno.
Además, la ASF podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso o anterior.
Al igual que la SFP, la ASF puede presentar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Poder Judicial de la Federación determinó que el proceso judicial iniciado contra el defensor de los bosques Ildefonso Zamora, por robo agravado, “es inverosímil”, por lo que desechó entablar un juicio en su contra, motivo por el que organizaciones sociales exigieron al gobierno de Eruviel Ávila Villegas renunciar a impugnar la sentencia federal.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez dieron a conocer las consideraciones del Juzgado V en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México sobre el proceso penal iniciado por el gobierno mexiquense contra Zamora, quien en junio de 2007 fue galardonado con el Premio al Mérito Ecológico,
Al recibir el reconocimiento de manos de Felipe Calderón, Ildefonso exigió justicia para su hijo Aldo, quien en mayo de 2007 fue asesinado por talamontes, plenamente identificados.
Las organizaciones señalaron que el juez de amparo consideró que la internación de Ildefonso Zamora en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, desde noviembre de 2015, es injustificable ante las “pruebas presentadas que resultan inverosímiles e ineficaces” para asegurar que el ambientalista haya participado en el delito del que se le acusa, incluso que está en duda que “el ilícito se haya cometido”.
Ante las inconsistencias, el juez federal ordenó que Zamora no sea juzgado, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) así lo haya pedido.
Originario de Atzingo, Estado de México, contra Ildefonso Zamora se abrió una capeta de investigación en 2012, sin que se le haya notificado, por los delitos de “allanamiento y robo en propiedad ajena”, hechos en los que habrán participado otras 40 personas, 11 de las cuales, entre ellos Ildefonso, supuestamente fueron identificadas por los denunciantes de los hechos.
Sin embargo, como resultado de un juicio de amparo impulsado por las tres organizaciones civiles que nombraron a Ildefonso “preso de conciencia”, el ambientalista podría quedar libre a menos que la PGJEM impugne la decisión judicial.
En el comunicado, las organizaciones puntualizaron que el ambientalista podría recuperar su libertad a menos que la decisión del juez federal sea impugnada.
“Amnistía Internacional, el Centro Prodh y Greenpeace instaron a la PGJEM a no interponer un recurso en contra de la sentencia favorable a Ildefonso Zamora, pues supondría prolongar su detención injusta”, señalaron las ONG.
Para las organizaciones “las autoridades deben reconocer la legítima labor de defensa del Gran Bosque de Agua, del cual San Juan Atzingo forma parte, y detener la persecución política desatada contra Ildefonso y su familia, quienes desde hace años han denunciado la tala ilegal de su comunidad”.
Los directivos de las organizaciones visitaron este jueves a Zamora en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo para entregarle mensajes de solidaridad de 34 mil personas que se sumaron a la campaña #IldefonsoLibre, así como para saber de su estado de salud tras siete meses de prisión.
De acuerdo con las organizaciones, Ildefonso admitió que haber conseguido el reconocimiento de las tierras comunales de San Juan Atzingo y combatir la tala ilegal le resultó costoso, no obstante no se siente abatido porque sus acciones ya quedaron “en los libros de historia, son y serán huellas imborrables”.
Gabriela Lee, abogada del Centro Prodh, informó que el lunes 13 fue notificado el ambientalista del sentido del amparo, y que tanto la PGJEM como la quejosa tienen hasta diez días hábiles a partir de que sean notificados para impugnar la decisión del juez federal.
Lee reconoció que la quejosa puede impugnar la decisión del juzgado federal, aunque admitió que “el juicio se prolongó precisamente porque no acudió a las audiencias constitucionales, y al final presentó alegatos de dos páginas que sirvieron al juez para determinar que las declaraciones eran inverosímiles, y que los exámenes periciales presentados no determinaban la probable responsabilidad de don Ildefonso”.
La litigante agregó que en próximos días las organizaciones que defienden la causa de Ildefonso sostendrán una reunión con representantes del gobierno del Estado de México para darles a conocer la decisión del juez federal y expresar “la exigencia de que no impugnen la decisión del juez federal, lo que supondría prolongar la detención injusta de don Ildefonso”.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha inmovilizado dos mil 736 mangueras de despacho de gasolineras de todo el país por alteraciones electrónicas, despachar litros incompletos y tener deficiencias evidentes en las condiciones de seguridad de la bomba.
En un comunicado, el organismo informó que como parte del reforzamiento de sus acciones de verificación, hasta el pasado 30 de mayo revisó mil 621 estaciones de servicio en todo el país, de las que derivaron las mencionadas inmovilizaciones.
La Procuraduría agregó que en los últimos 18 meses, 15 gasolineras se han negado “reiteradamente” a recibir las visitas de verificación, por lo que “tienen un expediente sólido que demuestra una negativa consistente, por lo cual están en condiciones para que se inicie ante Pemex un procedimiento de cancelación de franquicia”.
Dichos establecimientos están en Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Baja California Sur.
Según la Profeco, a la estación “Productos Petrolíferos de Tijuana SA de CV”, le rescindieron los contratos de franquicia por parte de Pemex, luego de rechazar en forma reiterada las visitas de verificación de la Procuraduría.
La dependencia recordó que el Programa Nacional de Acciones de Verificación a Gasolineras tiene como objetivo alcanzar las seis mil estaciones verificadas al cierre del a 2016, que representan poco más de 50% de las 11 mil 600 estaciones de servicio en el país.
El sector patronal del país salió a la calle para manifestarse en contra de la corrupción. Pero no fue una marcha que bloqueara las vialidades de la ciudad, tampoco fue una protesta con grandes contingentes cubiertos por mantas de protesta, ni con los gritos que escupen consignas contra la clase política.
De hecho, menos de 100 empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) salieron alrededor de las dos de la tarde del Hotel Sheraton Reforma, trajeados caminaron sin detener el tránsito de la histórica avenida hacia las escalinatas del Ángel de la Independencia donde se plantaron y tuvo lugar el breve discurso de su presidente, Gustavo de Hoyos Walther.
Ahí no hubo gritos de consigna, de hecho, el acto pareció protocolario, muchos empresarios posando para la foto, otros aprovechando el lugar para tomarse la selfie; mientras el líder patronal soltaba:
“Aquí se han gestado grandes causas por México, por la democracia, por la unión y por la solidaridad de todos los mexicanos. Aquí también reposan los restos de nuestros héroes de la Independencia… Es la primera vez que los empresarios nos damos cita en el Ángel de la Independencia para decir a una sola voz, queremos erradicar la corrupción de México, no más corruptos impunes en nuestro país”.
Bajo el rayo del sol, la protesta no se salvó de los claxon de algunos automovilistas que circulaban en la glorieta, que fue adornada con globos de color dorado que formaban la frase #MX SIN CORRUPCIÓN.
Mientras que algunos hombres de negocios alzaron cartulinas pequeñas con las frases: “Que ser corrupto ya no sea opción”, “Por un México sin corruptos”, “Grandes empresas, presente”, entre otras.
De Hoyos Walther lanzó la consigna sobre la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción:
“Hacemos un llamado para que los diputados federales analicen con serenidad y voten con responsabilidad esta legislación. Nuestro sistema democrático es bicameral y, por lo tanto, lo Republicano es que una Cámara corrija los errores de la otra, como ya ha sucedido en diversas ocasiones de nuestra historia.
Que no se confunda nuestro mensaje: no es una lucha contra los políticos, es una lucha de los ciudadanos en contra de la corrupción”.
El titular de la Coparmex dejó claro que no quieren cacería de brujas ni persecuciones paralizantes.
“Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción, ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos, que al igual que políticos, pudiera haber empresarios que caen en complicidades y, en ocasiones, que son víctimas de la corrupción extorsionadora”, recalcó en la breve manifestación de escasos 15 minutos.
La Coparmex exigió un Sistema Anticorrupción completo, con dientes, que realmente castigue y erradique a la corrupción, que transparente el manejo de los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos y advirtió que se trata sólo “del arranque”.
Gustavo de Hoyos, quien es abogado de profesión advirtió que “luego del proceso legislativo tendremos la tarea de implementar en los estados, en cada uno de ellos, el Sistema Nacional Anticorrupción para que sea una realidad, para que se apliquen las leyes y no quede en letra muerta”.
Y a modo de líder sindical, el presidente de la Coparmex sentenció: “Luego del gran paso que hemos dado llegamos apenas a nuestro punto de arranque: pero que quede claro, no hay vuelta atrás: La ruta contra la corrupción que los mexicanos hemos emprendido no tiene punto de retorno”.
Al final del acto, hubo entrega de una “cajita anticorrupción” el cual contenía la Declaración Tijuana, las propuestas del organismo empresarial, una pelotita anti-estrés, una pulsera y una pluma. También cantaron el himno nacional y retornaron al lujoso hotel donde se encontraban reunidos.
PUEBLA, Pue.- El PRI, PRD y la candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco presentaron recursos ante las instancias electorales para impugnar los comicios del 5 de junio en el que resultó ganador el candidato de la coalición Sigamos Adelante, encabezada por el PAN, Antonio Gali Fayad.
En los casos de PRI y PRD, uno de los principales puntos para pedir que los comicios se declaren nulos se refiere a que el candidato de la coalición PAN, Panal, PT, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración rebasó el monto establecido como tope para el gasto en campañas.
Pese a que apenas habían concluido las votaciones el PRI estatal había anunciado que no impugnaría los comicios, el representante jurídico del Comité Directivo Estatal de ese partido se presentó ante el Instituto Electoral de Puebla para entregar el recurso.
Entre las causales que enumeró el PRI para reclamar la nulidad de las elecciones destacan las numerosas ocasiones en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que “corregir la plana” al árbitro local por las decisiones fuera de la legalidad que este último adoptó.
Igual, menciona las supuestas intimidaciones y amenazas que sufrieron alcaldes priistas para que apoyaran a Gali Fayad, la utilización de programas sociales, la confiscación de propaganda del PRI ordenada por el fiscal general del estado, así como el espionaje telefónico.
Además, hace referencia a supuestas amenazas de las que fueron objeto los transportistas que portaban propaganda de la candidata priista Blanca Alcalá, así como las giras que hizo el gobernador panista Rafael Moreno Valle por el interior de la entidad.
El PRI también señala, entre los puntos para fundamentar su demanda de anular los comicios, el conteo final de votos que llevó a cabo el Instituto Estatal Electoral, donde presuntamente se manipularon los paquetes para sumar votos al Partido Compromiso por Puebla, a fin de salvar su registro.
Uno de los principales puntos que contiene la impugnación se refiere a que al candidato panista supuestamente rebasó los topes de gastos de campaña. “Como ya lo demostró el PRI, el candidato panista rebasó de manera comprobable más de 19% de lo establecido, lo que afectó los principios que deben observarse en toda elección democrática”, señala el Revolucionario Institucional.
En un comunicado, el PRI advierte que todos los puntos que expone en el recurso presentado son suficientes para que los órganos jurisdiccionales declaren la nulidad de las elecciones realizadas en Puebla.
En tanto que el PRD igual basó su recurso en denunciar que Gali Fayad presuntamente sobrepasó siete veces el tope de campaña establecido en 35.8 millones de pesos para los comicios para elegir gobernador de Puebla.
El abogado Vladimir Luna Porquillo, hermano de la ahora excandidata perredista a la gubernatura Roxana Luna, dijo que las estimaciones que han hecho con base en el despliegue de propaganda del candidato panista y a los 109 actos masivos que llevó a cabo, arrojan un gasto total de más de 244 millones de pesos en la campaña de Gali Fayad.
Hilario Alonso Flores, líder del Movimiento Nacional Los de Abajo, consideró que el proceso realizado en Puebla fue a todas luces una “elección de Estado”, donde hubo de coacción del voto hasta amenazas, presiones y despidos contra los trabajadores del gobierno que simpatizaban con candidatos opositores.
Igual, el abogado Víctor León, representante de la independiente, Ana Teresa Aranda, acudió a presentar un recurso para impugnar la elección, en el que se señala principalmente todas las trabas legales que interpusieron a la expanista para evitar su registro como candidata ciudadana.
En la impugnación se señala que incluso el personal del IEEP abrió cajas y manipuló las firmas de apoyo que presentó para sustentar su candidatura, así como el hecho de que les boicotearon el registro de representantes de casillas el día de las votaciones.
A su vez, el PAN emitió un comunicado para rechazar los señalamientos que hacen los partidos en cuanto a las supuestas irregularidades registradas durante los comicios.
“El pasado 5 de junio, Puebla vivió una contienda electoral sin contratiempos, donde las y los poblanos emitieron sus votos de manera libre y tranquila, por lo que el CDE rechaza de manera tajante que se haya presentado una elección de Estado, una vez que en ningún momento hubo intervención por parte del gobierno de Puebla en el desarrollo del proceso”, asegura.
Por el contrario, acusa que los operadores del programa Prospera operaron a favor de la candidata priista, y además niega que el ahora gobernador electo haya rebasado el tope de gastos durante su campaña.
“Desde el inicio de la campaña del candidato de la coalición, Antonio Gali Fayad, se presentó ante las autoridades electorales correspondientes el reporte de los gastos realizados durante la contienda, donde quedó constatado que no se rebasó la cantidad establecida”, afirma el PAN.
“Las impugnaciones que presentaron ambos partidos y la candidata independiente están fuera de contexto, una vez que en el conteo final el candidato Tony Gali obtuvo 45.35% de la votación total, con una diferencia de 11.7 puntos en relación con su adversario más cercano”, subraya Acción Nacional.
El estudiante zacatecano Jobany Torres Becerra, detenido el pasado miércoles 1 en el aeropuerto de Managua, Nicaragua, llegó este jueves a México.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que gracias a la acción coordinada de la Cancillería y la Embajada de México en Nicaragua, el estudiante de Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) arribó esta tarde al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital.
“El señor Torres Becerra fue acompañado para su retorno a nuestro país por una funcionaria consular de la Embajada de México y recibido a su llegada por un funcionario de la Dirección General de Protección a Mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, precisó.
Y detalló que el estudiante abordará un vuelo a la ciudad de Zacatecas, donde será recibido por sus familiares y funcionarios del gobierno de ese estado.
Torres Becerra fue detenido el 1 de junio en Managua cuando se disponía a regresar a México. Horas antes el estudiante informó a sus familiares en Zacatecas, vía telefónica, que su vida corría peligro porque lo perseguían –no aclaró quién– para matarlo o secuestrarlo.
El 30 de mayo Jobany Torres habría salido de la población Bonanza sin informar a nadie, por lo la compañía colombiana Minera Hemco, donde realizaba prácticas profesionales, lo declaró desaparecido. La denuncia provocó una movilización policiaca y militar.
El estudiante apareció en el aeropuerto de Managua, y cuando intentó abordar un avión hacia México fue detenido.
En entrevista con NTR Medios de Comunicación, Guadalupe Robles Rodríguez y Juan Carlos Torres Becerra, esposa y hermano de Jobany Torres Becerra, confirmaron que el estudiante, enjuiciado por el gobierno nicaragüense por simulación de delito, fue liberado ayer.
Destacaron que Torres Becerra tuvo que cubrir una multa de 100 salarios mínimos de moneda nicaragüense (córdoba), equivalente a 7 mil 600 pesos mexicanos, que fueron pagados por el cónsul mexicano en Nicaragua.
Juan Torres señaló que su hermano “se encuentra tranquilo porque se pudo resolver el caso de manera pronta, y también está feliz porque ya va a regresar con nosotros”.
Asimismo, informó que el hecho de que que Jobany se declarara culpable fue una estrategia jurídica para agilizar los trámites, planteada por el abogado y el cónsul –que llevaron su juicio–, para que se aceleraran los trámites de repatriación.
El estudiante de minería fue presentado el lunes 13 en el juzgado quinto local penal de Managua, donde compareció frente al juez Walter William, ante quien el imputado –quien llevaba los ojos rojos por puñetazos que él mismo se infligió, según la autoridad– admitió la culpa de haber simulado el delito de desaparición, informó ese día el diario La Prensa de Nicaragua.
Según el rotativo, en esa audiencia previa la fiscal Giselle Borge acusó a Torres Becerra de aparentar su desaparición y de que había sido víctima de la delincuencia en nuestro país, con lo que desprestigió la labor que realiza el gobierno de reconciliación y de mantener la seguridad nacional.
Por ello, el juez Walter William dictó prisión preventiva al joven por los cargos de simulación del delito.
COLIMA, Col.- Casi ocho meses antes de que finalice el periodo de cuatro años para el que fue designado, el rector de la Universidad de Colima (UdeC), José Eduardo Hernández Nava, se reeligió este día para un segundo mandato al frente de la casa de estudios, que irá del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2021.
En un proceso realizado vía fast track, que duró alrededor de 48 horas, Hernández Nava sorprendió a la comunidad universitaria y a la clase política del estado por la rapidez con la que operó su propia ratificación en el puesto.
A diferencia de otras ocasiones, la sesión del Consejo Universitario de este día se realizó a puerta cerrada, sin permitir el acceso ni a los representantes de los medios de comunicación.
Y con el resguardo de decenas de integrantes del cuerpo de seguridad de la casa de estudios, se reunieron en el Paraninfo Universitario 340 consejeros —el Consejo es integrado por un total de 376 integrantes–, de los que sólo cuatro sufragaron en contra de la reelección del rector, en una votación realizada de forma abierta, a mano alzada.
El doctor Manuel Salvador González Villa, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, interpretó este adelanto del proceso de sucesión como una estrategia frente al riesgo de que el Congreso local, de mayoría panista, apruebe una propuesta de nueva Ley Orgánica de la institución educativa.
De acuerdo con Salvador González, además de modificar los mecanismos de elección de las autoridades universitarias, la propuesta de nueva ley aportaría elementos para la democratización de la vida interna de la casa de estudios, en la actualidad controlada totalmente por el rector.
El proyecto de Ley Orgánica que sustituiría a la actual, que data de 1980, fue elaborado por un grupo de académicos que representa González Villa y entregado en mayo pasado a la Oficialía Mayor del Congreso y a cada uno de los 25 legisladores con la petición de que lo hagan suyo y lo presenten como iniciativa.
El académico comentó que fue evidente la preocupación del grupo que por más de tres décadas ha manejado la Universidad de Colima frente a la posibilidad de que en cualquier momento el Congreso inicie el proceso de discusión de una nueva ley para la institución educativa, por lo que decidieron anticiparse para asegurar un periodo rectoral más.
De manera inesperada, el martes y miércoles pasado se desarrolló una “cargada” de los principales organismos aliados del grupo que maneja la Universidad de Colima, a través de la movilización por separado de estudiantes, trabajadores, directivos y miembros de otros sectores que se presentaron en la explanada de la rectoría y, “coincidentemente”, expresaron su apoyo a la reelección de Hernández Nava.
Abrió la cadena de adhesiones la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), presidida por el actual diputado local priista Héctor Magaña Lara; siguieron el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC); los directivos y mandos medios; la Asociación Colimense de Universitarias (ACU), y la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC).
En las horas previas a la sesión del Consejo, estudiantes de bachillerato y licenciatura se quejaron de haber sido engañados u obligados a asistir al evento de apoyo a Hernández Nava, mientras que algunos trabajadores informaron a Apro que fueron citados a reuniones en las que sus jefes inmediatos los presionaron para que firmaran un documento a favor de la reelección del rector.
La víspera, la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEU), el Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima (AJPUC) y trabajadores de la corriente crítica del SUTUC expresaron su rechazo a la “inminente reelección antidemocrática” de Hernández Nava.
A través de cuestionamientos, denunciaron que el rector ha mantenido una política de “terrorismo laboral” contra los trabajadores, que ha incrementado el número de “guardias paramilitares” en todos los campus de la institución y que incumplió la promesa de no tomar represalias contra los trabajadores que apoyaron la huelga de hambre de hace más de dos años, y algunos de ellos incluso fueron despedidos.
Le cuestionaron además por el paradero del dinero de las cuotas de talleres y laboratorios, que “no se utilizan en la compra de materiales para las prácticas de los estudiantes”, por el pago de 400 millones de pesos que la institución adeuda al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y por el depósito de 90 millones de pesos que debía realizar al fondo de pensiones, conforme a un compromiso establecido a principios de 2014 ante la anterior dirigencia sindical y el entonces gobernador.
Por separado, la CEU emitió la noche del martes un pronunciamiento en el que condenó “todo acto de proselitismo orquestado desde la propia rectoría, toda vez que, según información que nos han hecho llegar algunos compañeros estudiantes, se usaron prácticas de acarreo y desinformación para que alumnos fueran utilizados en actos políticos con el fin de favorecer al actual rector Hernández Nava”.
La organización criticó la actuación de la dirigencia de la FEC que, a través de sus sociedades de alumnos, convocó al evento, que “era desconocido por varios estudiantes, quienes afirmaron que no tenían conocimiento sobre la concentración y no sabían a qué eran llamados”.
A juicio de la CEU, estas prácticas “heredadas del viejo corporativismo de Estado son actos que reafirman la verdadera naturaleza de las autoridades universitarias en turno, al concebir a la comunidad estudiantil como una herramienta más que puede ser utilizada para procurar sus intereses y reproducir un esquema caduco de control que tanto ha dañado a nuestra sociedad mexicana y a nuestra universidad”.
A ser abordado por varios reporteros al salir de la sesión en la que fue reelecto el rector, el presidente la FEC Héctor Magaña Lara desestimó las denuncias de estudiantes que se quejaron del acarreo al acto de apoyo a Hernández Nava, y negó que haya existido línea de las autoridades universitarias para que las organizaciones se movilizaran para asegurar la continuidad del actual rector.
“No hubo línea de nadie —enfatizó—, en mi caso fue una decisión personal y del Comité Directivo Estatal de la FEC, una vez que yo decidí prácticamente hacerlo se vienen los demás pronunciamientos; yo desconozco cómo haya sido en el caso del sindicato, pero en mi caso personal así fue”, justificó.
Luego aseguró que la decisión de apoyar al rector por parte de la FEC —organización que cuenta con 50% de asientos en el Consejo Universitario— provino de los “resultados palpables que hemos visto en el primer periodo en beneficio de los estudiantes”.
Por otra parte, mientras los reporteros esperaban a Hernández Nava afuera de la puerta principal del Paraninfo Universitario para entrevistarlo una vez que concluyó su proceso de reelección, éste se retiró por otra salida.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La abogada Nydia Natalia Castillo Vera acudió al domicilio del extesorero municipal Víctor Manuel Martínez del Campo para ejecutar un embargo en su vivienda.
Pistola en mano, el empresario atacó a la abogada, quien llegó acompañada de la esposa de aquel, Dora Elsa Martínez, de 72 años de edad, y le gritó: “Ahora sí te vas a morir, hija de la chingada, por bravucona y metiche”.
Las dos mujeres fueron privadas de su libertad, amenazadas y agredidas frente a policías municipales que no intervinieron por “órdenes de arriba”.
La abogada resultó con una costilla fracturada y lesiones en la cabeza, después de que el extesorero y aspirante a la alcaldía por el PAN la golpeó con la cacha del arma, que intentó disparar, pero se le encasquilló.
Los hechos ocurrieron ayer, luego de que la esposa de Martínez del Campo ganó el juicio que inició después de que su marido la echó a la calle tras más de 50 años de matrimonio.
La mujer y su abogada, junto con un actuario y el secretario del juzgado, acudieron al domicilio localizado en Ciudad Valles para ejecutar la sentencia. El agresor también estaba acompañado de su abogado, quien le aconsejó echar a las mujeres después de que se retiraran los funcionarios del juzgado. Sin embargo, Martínez del Campo no esperó a que eso ocurriera y sacó su arma.
Los empleados del juzgado corrieron y las mujeres se atrincheraron en una habitación de la casa, junto con el cerrajero que iba con ellas.
De inmediato se movilizaron policías y patrullas cuando las mujeres pidieron auxilio desde un balcón de la residencia. Casi enseguida el exfuncionario entró a la habitación donde se encontraban y les apuntó con el arma.
Los policías ingresaron a la casa ubicada en un edificio de la calle Carranza, aparentemente para rescatar a las mujeres, pero repentinamente dijeron que habían recibido instrucciones de vigilar al hombre para que no se hiciera daño. No lo desarmaron e ignoraron a ambas mujeres, quienes en ese momento lograron escapar del lugar.
En entrevista vía telefónica, la abogada dijo a Apro que el exfuncionario fue protegido por otras autoridades, pues a pesar del aparatoso despliegue policiaco no fue sometido ni detenido, dado que los uniformados simplemente recibieron órdenes de vigilar la casa e incluso le llevaron de comer y permitieron que entraran sus abogados y familiares.
De acuerdo con Castillo Vera, el agente del Ministerio Público en Ciudad Valles acudió al domicilio mencionado, sin embargo, agregó, a ella no le quisieron recibir la denuncia que formuló varias horas después, y acusó al extesorero de privación ilegal de la libertad, amenazas y homicidio en grado de tentativa.
“Estuvimos privadas de la libertad 47 minutos, lo sé porque tengo videos y fotos que pude tomar en un momento. Luego me encañonó en la cabeza, en un costado, me dijo: ándale, puta, grábame para que veas quién es más chingón, esto te pasa por andar pretendiendo que esta vieja (su esposa) tenga derechos”, contó la abogada.
Añadió: “Supuestamente él se atrincheró donde nos había mantenido encerradas a nosotras, pero lo dejaron hablar con sus abogados, nadie lo detuvo, le llevaron de comer, hasta consiguió un amparo alegando que la policía lo había mantenido incomunicado”.
Ni en la Policía Municipal ni en el Ministerio Público le recibieron la denuncia, pero finalmente fue atendida en las instalaciones de la Policía Federal. “Yo regresé al edificio, no sabía ni a quién acudir. Había un policía en la entrada y me dijo claramente que estaba encargado de resguardar la seguridad del señor y su integridad física”.
Hoy acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para inconformarse con el actuar de la policía municipal y los mandos que se negaron a prestarle auxilio a ella y a la esposa de Martínez del Campo, “una mujer que –dijo– ganó por la ley la restitución de su casa después de un año y medio de estar en los juzgados, y no pudo lograrlo”.
En su muro de Facebook, donde compartió algunas fotos de la movilización policiaca, Nydia Natalia escribió: “Ayer indignada por todos los feminicidios, violaciones, agresiones y omisiones de las Instituciones dedicadas a la protección de la mujer…hoy volví a nacer y recordé por qué había estudiado leyes y vi a la justicia desvanecerse ante la imagen de un revólver apuntándome en la barbilla. Éramos dos mujeres luchando por un derecho que nos fue otorgado, el mío del ejercicio libre de la profesión y el de mi clienta, una vida libre de violencia”.
CHILPANCINGO, Gro.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que un grupo armado sitió la comunidad de Corral de Piedra, en el municipio de Leonardo Bravo, considerado un lugar emblemático en la geografía del narcotráfico, en la Sierra Madre del Sur.
En conferencia de prensa realizada en el puerto de Acapulco, el mandatario informó que desde ayer un helicóptero realiza sobre vuelos en la zona donde se confirmó, a través de fotografías aéreas, que en la entrada del poblado se encuentra gente armada.
Por ello, dijo, este día se desplazaron al poblado al menos 70 elementos de la Policía Preventiva Estatal (PPE), resguardados por soldados.
En Leonardo Bravo nació el clan de los hermanos Nava Romero, conocidos narcotraficantes desde la década de los ochenta y quienes surtían de enervantes a los cárteles del norte del país, en complicidad con autoridades de los tres niveles y el Ejército.
Se trata de una dinastía delincuencial que fundó el grupo delictivo Los Rojos, brazo armado del cártel de Los Beltrán Leyva, entre los que destacan los hermanos Antonio, Jesús El Rojo y José Don Ché (extintos), así como Leonor El Tigre, Nicolás y Brígido Nava.
En la actualidad, remanentes de Los Rojos mantienen una sangrienta disputa con el grupo denominado Cártel Sierra Unida por el control de la plaza de Chilpancingo y pueblos serranos de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios que se caracterizan por la producción de heroína blanca en laboratorios clandestinos que operan de manera impune, pese al operativo policiaco-militar en la zona.
De acuerdo con Astudillo, la instrucción que tiene el secretario de Seguridad, Alejandro Almazán, “es que los policías y soldados entren al pueblo para determinar exactamente qué hace gente armada en la entrada”.
Y también se refirió al conflicto en el municipio de Chilapa, donde dos grupos de autodefensa mantienen una confrontación armada por el control de esa zona productora de enervantes –principalmente amapola– que domina el grupo delictivo Los Ardillos, dirigido por la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega.
Destacó que el grupo de comunitarios del poblado de San Gerónimo Palantla liberó a 14 guardias de la comunidad vecina de Rincón de Chautla que fueron retenidos desde la semana pasada, y después de acordar el desarme de todos los autodefensas en la zona habitada por indígenas nahuas, dijo, se firmó un acta con autoridades comunitarias. Con ello, añadió, “el tema ha sido debidamente concluido”.
En este conflicto armado intervino el principal asesor del gobernador priista, César Flores Maldonado, a quien se señala de presuntos nexos con el narcotráfico.
Antes de concluir, el mandatario guerrerense criticó la postura asumida por el obispo de Acapulco, Carlos Garfias, quien afirmó que Guerrero se ha convertido en el nuevo epicentro de la violencia en el país, porque la cifra de homicidios dolosos vinculados con el narco supera la media nacional (247%) y la tasa de impunidad (89%).
El señalamiento del prelado, subrayó, son “adjetivos personales” ligados a los datos oficiales. Y remató: “Lo respeto, pero me parece que debe cuidar no sobre adjetivar”.
MONTERREY, NL.- La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juez de control que sean embargadas las propiedades que donó el anterior mandatario Rodrigo Medina de la Cruz antes de que la justicia de la entidad se las asegurara, con el fin de resarcir el presunto robo millonario detectado a las arcas estatales por el que se acusa al exgobernador priista.
En entrevista, el fiscal Ernesto Canales Santos dijo que ya han sido detectados más bienes inmuebles de Medina de la Cruz y el Ministerio Público los peleará jurídicamente para que puedan ser confiscados, si es que se comprueba que el acusado los cedió para escamotearlos de la acción de la justicia.
“Sí hemos detectado otras propiedades, pero estamos investigando. Inclusive, aquellas que han salido de su patrimonio, vamos a analizar la forma en que salieron y si fue con motivo de eludir una responsabilidad, vamos a pedir la rescisión y, en su caso, la donación o que por el momento estén detenidas. Es parte del proceso, pero la Fiscalía no actuará sola, sino con el conocimiento del juez”, dijo el zar anticorrupción.
El viernes 3, cuando dio a conocer la Operación Tornado, en la que se detectó un desvío de unos 3 mil 600 millones de pesos de las arcas estatales, Aldo Fasci, asesor del gobierno estatal en materia anticorrupción, dijo que la Fiscalía había detectado una sola propiedad a nombre de Medina, a quien se acusa de ser el principal organizador del entramado para desfalcar a la entidad.
Se trata de un rancho de 33 hectáreas en el municipio de Terán, aunque se sabe que antes de que concluyera el sexenio Medina compró una casa en el municipio de Santiago, que fue puesta a nombre de su esposa Gretta Salinas, a quien se la dio “como regalo”, según alegó.
Esta compra fue severamente cuestionada debido a que estaba valuada en 20 millones de pesos, una cantidad que Medina no pudo haber acumulado a lo largo de su trayectoria como servidor público, según lo acusaron públicamente sus detractores.
Fasci Zuazua explicó que, dentro de la Operación Tornado, la Procuraduría estatal actuó con celeridad, al detectar que el anterior gobernador priista había cedido bienes a personas allegadas a él, con el fin de prevenir los embargos anunciados sobre sus propiedades.
Una fuente cercana a la investigación dijo que al priista le han detectado por lo menos cuatro propiedades, aunque se espera que le sean halladas más.
En la misma entrevista, Canales informó que el acusado será llamado a comparecer ante la justicia dentro de la audiencia inicial, en una fecha que fijará el juez la próxima semana, con el fin de que responda por los presuntos desvíos por los que se le busca encarcelar.
El funcionario señaló que, a más tardar el sábado 18, solicitará la comparecencia del anterior mandatario, quien deberá presentarse en el plazo que fije la autoridad.
“Eso depende del juez de control. Vamos a solicitar las fechas mañana o pasado, y el juez de control tomará de entre 2 o 3 a 7 u 8. En ese lapso estamos estimándolo. Ya entramos al proceso judicial, donde el juez lleva la voz cantante”, explicó.
El funcionario también dijo que será el juzgador quien determine la fecha en la que deberá acudir a la entidad Medina de la Cruz para que aporte su versión de los hechos y donde conocerá a detalle la acusación en su contra.
De igual manera, dio a conocer que la exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, y nueve de sus colaboradores en el ayuntamiento deberán acudir ante el juez el jueves 30, con el objetivo de que respondan a la acusación de desvío de recursos por 7.5 millones de pesos, en el que habrían incurrido tras contratar al despacho de abogados de Roberto Martínez, para que jurídicamente los protegiera al dejar el puesto, el año pasado.
Los abogados de Jesús Héctor “El Güero” Palma Salazar, promovieron ante un juzgado de la Ciudad de México un amparo contra posibles actos de tortura e incomunicación.
En el escrito se reclama actos de detención, incomunicación, malos tratos, tortura y cualquiera que viole el artículo 22 constitucional, sobre sanciones excesivas.
El juez concedió la suspensión provisional al narcotraficante, consignado por dos homicidios, para que no pierda contacto con sus abogados y para que no sea reclamado durante el tiempo que permanezca bajo tutela de las autoridades.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, señaló que “El Güero” está ya en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, “eran unas órdenes de aprehensión que se tenían y que estuvimos trabajando con base en el convenio que tenemos con la Conferencia Nacional de Procuradurías.
La Procuradora añadió que se trabajó también con los ministerios públicos de la PGR y del Estado de Nayarit y que “ahorita está corriendo el término constitucional para que emita su declaratoria y después el juez determine lo conducente”, aunque mencionó que los datos sobre estos hechos los mantendría en secrecía.
GUANAJUATO, Gto.- Diputados locales exhortaron al alcalde de Salamanca, el panista Antonio Arredondo Muñoz, para que se conduzca en su función pública con respeto al ejercicio de la libertad de expresión ante el hostigamiento y obstrucción del trabajo periodístico del portal El Salmantino y la reportera Guadalupe Hernández.
El exhorto fue hecho por el diputado perredista Isidoro Bazaldúa, luego de que la periodista denunció públicamente que por presiones del alcalde la despidieron de la estación donde fungía como locutora (XEZH) en noviembre del 2015; además de que se le niega el acceso a los funcionarios y a la información del gobierno municipal.
Mientras tanto, a su compañera Josefina Montecillos la despidieron de El Sol de Salamanca después de 25 años de trabajar sólo porque en un evento le ayudó con el micrófono a Hernández, quien ejerce un periodismo crítico hacia la administración municipal.
La actitud hostil desde el municipio inició con el anterior alcalde panista Justino Arriaga y se ha extendido al actual Antonio Arredondo, quien fue secretario particular del primero.
La periodista expresó que a través de redes sociales se emprendió una campaña intentando desprestigiarla a ella y al portal informativo, y ha tenido roces directos con el encargado de comunicación social y otros funcionarios.
“Muchas veces nos han dicho que quieren acabar con el medio, que es un medio que no le conviene al gobierno”, acusó Guadalupe Hernández.
La mayoría de las informadoras de El Salmantino son mujeres.
Por esta situación la estatal Procuraduría de Derechos Humanos abrió de oficio el expediente de queja 132/16-B por el que ya se buscó acercamiento con las reporteras para que sea ratificada su queja, así como el informe respectivo al alcalde Arredondo Muñoz.
Este jueves en la sesión del Congreso, el perredista Isidoro Bazaldúa demandó al edil de Salamanca el respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión.
“Es muy probable que algunos servidores públicos no entiendan este derecho fundamental consagrado en la Constitución. Lamentamos que en la actualidad se sigan cometiendo diversos ataques contra periodistas y medios de comunicación”, expresó el legislador.
Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, confirmó la irrupción de un comando en poblados del municipio de Badiraguato, entre ellos La Tuna, –donde nació el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán–, aunque aclaró que hasta el momento no le han reportado enfrentamientos ni muertos.
El mandatario dijo que el asunto podría obedecer a un problema entre familiares y no entre grupos de la delincuencia rivales, como se ha manejado.
“El informe que tengo es la entrada o participación de algunos grupos armados. No tengo entendido que haya habido enfrentamientos. También tengo entendido que algunas gentes se movieron por su voluntad tratando quizá de evitar alguna situación peligrosa”, dijo.
López Valdez comentó que no le han confirmado que los hombres armados allanaron la casa de Consuelo Loera, madre del líder del cártel del Pacífico.
Comentó que “aparentemente se trataba de una disputa entre familias”; no obstante, no quiso abundar en su comentario.
Agregó que para resguardar a la población, elementos del Ejército llegaron a la zona e instalaron una base temporal, además de que serían reforzados por agentes de las corporaciones locales.
Las declaraciones del gobernador de Sinaloa contradicen a lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó ayer en el sentido de que el sábado pasado se registró un enfrentamiento armado en la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, aunque no informó el número de heridos o muertos.
La zona mencionada colinda con los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Ahí se ubica “La Tuna”, localidad natal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, actualmente preso en un penal federal de Chihuahua.
En esa zona también vive su madre, la señora Consuelo Loera. Ayer versiones extraoficiales difundidas en medios de comunicación locales hablaron de que el ataque – de unos 150 hombres armados–incluyó el saqueo de la casa de la mujer.
Además, reportaron el desplazamiento de habitantes de las comunidades “Arroyo Seco”, “La Tuna” y “La Palma”, por temor a ser ejecutados por el grupo armado.
En tanto, José Refugio Domínguez, uno de los abogados de El Chapo Guzmán, dijo que desconocía el hecho. “Se me hace muy raro que digan eso”, agregó.
En entrevista con MVS Noticias, comentó que si hubiera ocurrido el ataque,” la nota sería nacional, pero la nota es local”, apuntó.
Fuentes anónimas citadas por un diario local atribuyeron el ataque a la organización criminal de los Beltrán Leyva y de Isidro Meza Flores El Chapito.
Un tema específico en la serie de errores cometidos y que confrontan actualmente a la Ciudad de México, es no haber declarado el tema hídrico como prioridad, declaró, Héctor Mayagoitia Domínguez, titular de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN). A pesar de que recientemente la Ciudad de México contemplaba medidas para abatir problemáticas como la sobrexplotación del manto acuífero la ciudad se sigue hundiendo a falta de recursos para atender el problema hídrico, advirtió.
El problema es serio, considerando que desde hace muchos años el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), advirtió, que la medida para resolver el problema del agua en el país y específicamente para evitar que se siguiera hundiendo la ciudad y abatiendo el manto freático era específicamente el no sacar más agua del acuífero, afirmó, durante su intervención en el Primer Parlamento de Sustentabilidad Hídrica organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Apenas en 2010 el Plan Verde de la Ciudad de México, marcaba acciones específicas que debían instrumentarse a partir de 2012, una de ellas era la construcción de 500 pozos de absorción para la recarga del acuífero, pero de estos sólo se construyeron unos 100, en tanto la capital del país se hunde a razón de 90 centímetros al año como consecuencia de la sobrexplotación del acuífero.
Añadió que las medidas que se han adoptado en torno al tema han sido mínimas, por ejemplo en lo que se refiere al tratamiento de las aguas residuales donde comparado con lo que acontece en el país, donde, “ya anda por arriba de 40 por ciento el tratamiento de las aguas residuales, y que una gran parte se utiliza para recargar el acuífero, aquí no llegamos ni a 10 por ciento en el tratamiento” añadió.
Indicó que las medidas para atacar el problema sí se conocen, sin embargo no se han tratado por falta de dinero a pesar de que, insisto, “la prioridad es precisamente ésta” apuntó.
Londres. El Banco de Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron este miércoles que una salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) podría tener efectos graves en la economía doméstica, además de que se corre el riesgo de un desbordamiento de la inseguridad financiera mundial.
El Banco de Inglaterra dijo que de decidirse la salida del país de la UE en el referendo del próximo 23, la libra va a caer, mientras que Gerry Rice, portavoz del FMI, pronosticó que el Brexit (mezcla de palabras entre el nombre del país y la palabra exit, salida), abriría “un periodo de incertidumbre, volatilidad en los mercados y un crecimiento más lento mientras el Reino Unido negocia su nueva relación con la UE”.
Dos nuevos sondeos dan como ganadores a los partidarios del Brexit. Para Ipsos-Mori, los defensores del leave (salir) lideran las intenciones de voto con 53 por ciento contra 47. Para Survation, la ventaja es de 52 por ciento a 48.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reiteró que “un Brexit serían realmente peligroso para nuestra economía, en el Reino Unido y el resto de Europa”, y la canciller alemana Angela Merkel, destacó que Reino Unido quedaría fuera del preciado mercado único europeo del que depende en gran parte su enorme sector de servicios financieros.
El Congreso del Trabajo (CT) “se renueva” y hoy eligió a su nuevo presidente: Abel Domínguez Rivero, quién rebasa los 80 años de edad y desde mediados de los años 70 ha sido dirigente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) del estado de México. En esta elección el dirigente ferrocarrilero, Víctor Flores, había buscado hacerse otra vez de la silla principal de la central, pero la mayoría apoyó al mexiquense.
Al evento que se llevó a cabo a “puertas cerradas” en un hotel de avenida Reforma, asistió la vieja guardia sindical corporativa del país. El desayuno lo invitó la CTC, y el líder ferrocarrilero, quién llegó de guayabera y anchos lentes de sol, de su bolsillo repartió botellas de vino italiano a todos; mientras, entre los invitados, el abogado de los empresarios, Tomás Natividad, en entrevista dijo: “no habrá aumento a los salarios mínimos, porque no es momento”.
En tanto, el estacionamiento del hotel no se daba abasto con las decenas de camionetas de lujo en que llegaron los dirigentes, que “por consenso” eligieron a Domínguez, quién junto con su hermano Leonel, son conocidos como los “zares de los contratos de protección del estado de México”, según dijo uno de los líderes asistentes al acto.
El subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, atestiguó la protesta del comité de Domínguez y hasta les ofreció que “posiblemente el propio presidente Enrique Peña le entregue la nota correspondiente a esta dirigencia”.
Al dar a conocer la conformación del comité la sorpresa fue que al líder ferrocarrilero, Víctor Flores, que no logró volver a elegirse como presidente del CT, le dieron una cartera de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Asimismo, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz, será el nuevo vocero de la central.
Quienes dirigirán las vicepresidencias de las carteras del CT serán Reyes Soberanís de la Confederación Obrero Revolucionaria y Gerardo Cortés, del Sindicato de Bimbo; la comisión de trabajo será encabeza por Joel Ayala, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; en la comisión de derechos humanos estará Rafael Riva Palacio, líder del sindicato del Infonavit; la comisión de cultura laboral queda a cargo de Alberto Juárez Bautista, hijo de Juárez Blancas y quién formó su propia Federación.
El líder saliente, Humberto Ojeda, se despidió diciendo: “gracias a los que fueron mis amigos y también a los que no lo fueron”.
Esta mañana siete personas fueron encontradas ejecutadas en las inmediaciones de la sindicatura de Cacalotán, en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa.
Según los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de dos camionetas doble rodada y subieron la zona serrana de este municipio sinaloense.
Se presume que los hombres subieron a cortar madera cuando fueron interceptados por un grupo de sicarios, quienes habrían considerado su presencia como una invasión a su territorio, por lo que abrieron fuego con armas de asalto.
Aunque las primeras versiones apuntaron a que eran nueve las víctimas, autoridades y testigos confirmaron que fueron siete los muertos.
Testigos comentaron, de acuerdo con Riodoce, que autoridades levantaron los siete cuerpos a la zona se movilizaron corporaciones policiacas municipales, estatales y del Ejército.
Los cuerpos fueron encontrados en el poblado Los Limones, zona que fue acordonada por personal Ministerial y militar; también se observó la presencia de helicópteros en el área.
Una decena de policías municipales de Saltillo, Coahuila, integrantes del Grupo Centauro, se encuentran bajo investigación y tres de ellos están detenidos, por la presunta violación de tres menores y robo de vehículos.
Al menos cuatro de esos elementos de la Policía Preventiva municipal fueron identificados por dos jovencitas de 15 y 17 años de edad que fueron violadas el lunes pasado cuando los policías se hicieron pasar por elementos de Fuerza Coahuila que investigaban la venta clandestina de alcohol.
Ingresaron un negocio donde estaban las menores y las ultrajaron. En un careo los cuatro policías fueron identificados pero uno fue puesto en libertad debido a que la policía investigadora lo aprehendió sin orden judicial.
La Procuraduría General de Justicia del estado tiene testimonios de policías que aseguran que hay más implicados en éstos y otros actos delictivos, entre ellos un asalto en la colonia Australia donde también fue agredida sexualmente una jovencita de 12 años, secuestraron a un joven y robaron una camioneta.
Según medios locales, entre los policías involucrados está un integrante de la escolta del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal. Sin embargo, la noche del miércoles pasado la alcaldía emitió un comunicado en el que desmintió la información y expresó su disposición a colaborar en las investigaciones.
Fue uno de los elementos del Grupo Centauro detenidos el que implicó al escolta del alcalde en los hechos, pero éste aseguró que fue ese mismo agente el autor de los delitos.
Una mujer, elemento activo de la Policía Municipal y hermana del oficial del Grupo Centauro, fue quien declaró ante la PGJE que una banda integrada por agentes se dedicaba a cometer diferentes ilícitos.
Se sabe que hay al menos cinco averiguaciones que vinculan a los policías detenidos con otras agresiones sexuales, además de asaltos en los que habrían participado más oficiales con los que tenían una banda delictiva.
CHILPANCINGO, Gro.- Familiares de personas desaparecidas en Chilapa reprocharon la indiferencia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores y autoridades federales frente a la dramática situación que se vive en este lugar que conecta la región Centro con la Montaña de Guerrero.
Los inconformes denunciaron que las autoridades no han cumplido con su promesa de encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables ni tampoco informan sobre el número de fosas, cuerpos o restos localizados en esta franja de la entidad.
Mucho menos, agregaron, tienen certeza de los supuestos análisis de ADN que se han practicado a las familias para compararlos con las víctimas encontradas y no existen apoyos a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
En contraste, refirieron que el mandatario estatal se ha limitado a anunciar obras en Chilapa donde persiste una crisis de ingobernabilidad, violencia y terror.
A través de un comunicado oficial, los integrantes de la asociación denominada Siempre vivos y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón advirtieron que en los próximos días saldrán a las calles para expresar su inconformidad ante la indolencia gubernamental frente al tema de los desaparecidos.
En el documento acusaron al gobernador Astudillo de pretender dejar en el olvido el caso de los desaparecidos en Chilapa tras la irrupción del brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos que encabeza la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien se ha convertido en aliado político del mandatario estatal.
Tal afirmación se debe a que este martes 14, Astudillo Flores realizó una gira de trabajo en compañía de funcionarios federales en Chilapa e ignoró a los familiares de desaparecidos que exigen justicia desde el año pasado.
“El hecho de no reunirse con familiares de desaparecidos nos indica que no le interesa dar con el paradero de las víctimas y ocultar lo que está viviendo Chilapa”, agregó el comunicado.
Los inconformes acusaron que el gobernador de Guerrero “no se tomó la molestia” de agendar en su gira una reunión con familiares de los desaparecidos de Chilapa, quienes desde meses atrás han solicitado una reunión para exigirle rendición de cuentas sobre el compromiso asumido desde el 21 de enero.
“Ya que desde esa fecha, se comprometió a dar con el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, hasta estas fechas no ha cumplido”, reprocharon las víctimas.
En el comunicado también condenaron la política asumida por el gobierno estatal y federal con los familiares de desaparecidos de Chilapa, porque no les informan sobre la supuesta investigación que realizan autoridades ministeriales.
Incluso, alertaron sobre el clima de inseguridad que prevalece en esta franja de la entidad y afirmaron que la desaparición es un tema que el gobierno no debe pasar por alto en esta crisis de inseguridad generalizada en la entidad.
Sobre todo, indicaron, cuando en presencia del Ejército y la Policía Federal y estatal, un grupo de presuntos comunitarios sitió la cabecera municipal de Chilapa y privó de su libertad a decenas de jóvenes del 9 al 14 de mayo del 2015.
De acuerdo con los demandantes, es “inadmisible” el hecho de que a pesar de que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y autoridades castrenses anunciaron un operativo policiaco militar, “Chilapa sigue igual o más violento”.
Y es que, señalaron que en las últimas semanas se han reportado ejecuciones de funcionarios municipales, así como la desaparición de cinco familiares de un empresario y cuatro jóvenes.
También han sido localizados varios cuerpos en fosas clandestinas y actualmente existe una confrontación entre tres grupos armados que se llaman a sí mismos autodefensas o guardias comunitarios. “Pareciera que Chilapa vive en la ingobernabilidad y el gobernador Astudillo solo viene a inaugurar obras”, reprocharon.
Los grupos Siempre Vivos y el Centro Morelos estimaron que la cifra de desaparecidos en Chilapa supera los 64 casos que ellos han registrado en un año, ya que tras la primera búsqueda de cuerpos realizada el pasado 11 y 12 de mayo- periodo donde encontraron cuatro personas en dos fosas- se han encontrado más de 10 cuerpos en las inmediaciones de la cabecera municipal.
Lanzan pliego petitorio
Los familiares de las víctimas y los activistas lanzaron un llamado al gobernador Héctor Astudillo para que instale una mesa de diálogo y se escuche la postura de las víctimas de forma directa, además de que les informen si existen avances en la investigación sobre el paradero de sus familiares.
Recordaron que desde el 1 de abril no han tenido ningún tipo de diálogo con ninguna autoridad y tampoco se ha tomado en cuenta al colectivo en los hallazgos de las fosas que se han encontrado en los últimos días en lugares aledaños de la cabecera municipal.
Por ello, plantearon un pliego de cinco puntos donde exigieron a las autoridades estatales y federales una reunión urgente con el mandatario para replantear los acuerdos y definir la ruta de investigación que permita encontrar a los desaparecidos.
Como tercer punto demandaron información sobre el número de fosas y cuerpos encontrados en toda la Región de la Montaña Baja y que el gobierno entregue los beneficios a los familiares de desaparecidos que marca la Ley General de Víctimas.
El quinto punto es la exigencia de mayor coordinación entre autoridades federales y estatales para implementar acciones que permitan localizar a los desaparecidos y revertir de forma efectiva los efectos de la narcoviolencia que se vive en los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Ahuacuotzingo.
Apenas el pasado martes 14, Apro dio a conocer que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad, según un reporte oficial de la Fiscalía General del estado (FGE).
De acuerdo con este documento obtenido vía transparencia, del total de víctimas documentadas 89 cuerpos fueron identificados, 181 más siguen en calidad de desconocidos y las autoridades ministeriales acordaron enviar 23 a fosas comunes.
No obstante, la dependencia estatal se limitó a informar sólo en el caso de los cuerpos localizados en fosas clandestinas ubicadas principalmente en zonas urbanas, pero no lo hizo sobre la fecha específica de cada hallazgo ni esclareció el sexo de las víctimas, lo que impide determinar cuántas mujeres y hombres fueron sacrificados, así como su rango de edad.
URUAPAN, Mich.- La cabeza de un hombre no identificado fue abandonada esta mañana en el acceso principal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en el municipio de Uruapan, en la carretera libre a Pátzcuaro, en lo que se conoce como Toreo el Bajo.
Junto a la cabeza había un narco mensaje: “Los Viagras y dirigido al narcotraficante Ignacio Andrade Rentería ‘El Cenizo’”.
El hecho movilizó a diversas corporaciones policiales, ya que en menos de tres meses suman cinco los decapitados en Michoacán debido a la lucha que mantienen los carteles de la Nueva Familia y Los Viagras.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Federal y Estatal, quienes confirmaron el hallazgo de la cabeza que se encontraba sobre una cartulina verde, que contenía el mensaje amenazante dirigido al “Cenizo” y firmado por Los Viagras.
Más tarde autoridades policiacas localizaron el cuerpo de un hombre a orillas de la autopista Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de la desviación a la comunidad de Jujacato. No se sabe aún si corresponde a la cabeza hallada.
Finalmente tras las diligencias y peritajes correspondientes, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense.
El pasado 26 de mayo fueron localizadas dos cabezas humanas al interior de una cubeta de manteca, en calles del municipio de Gabriel Zamora, las cuales se encontraban acompañadas también de un narcomensaje.
La mañana del mismo día, en el municipio de Venustiano Carranza sobre la carretera Briseñas-Sahuayo fueron hallados los cadáveres de seis personas al interior de un taxi, las cuales se encontraban decapitadas y desmembradas.
Dos días antes, el 24 de mayo, fue localizado amarrado, con huellas de tortura y decapitado, el cadáver de una persona sobre una brecha al oriente de la ciudad de Uruapan, que presuntamente pertenecía a uno de los escoltas del alcalde de Gabriel Zamora, municipio colindante con Uruapan.
Asimismo, hace no más tres semanas, fue localizada una persona ejecutada y encobijada, en calles de Zamora, junto a la cual fue hallado un narcomensaje.
Ante esta ola de violencia, taxistas bloquearon hoy la autopista a Pátzcuaro, a la altura de La Presa, y en los medallones traseros de sus vehículos escribieron mensajes en los que exigen seguridad, alto a los secuestros y acabar con la violencia, ejecuciones, “levantones” y robos.
La promesa de una mejor oferta y rendimientos atractivos para el retiro de millones de mexicanos podría encontrarse en entredicho. Hoy, la Cofece realiza una investigación contra cuatro Afores por prácticas anticompetitivas.
La promesa de una mejor oferta y rendimientos para el retiro de millones de mexicanos podría encontrarse en entredicho. En julio del año pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) por prácticas anticompetitivas, mientras que el cobro de sus comisiones y la inversión de los recursos para generar mayores rendimientos provoca polémica.
En la actualidad, el máximo órgano de competencia en México citó a Banorte XXI, Sura, Profuturo GNP y Principal para responder a las acusaciones por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en la República Mexicana.
“Se trata de una investigación de una cuestión grave, porque se trata de una acusación para fijar precios y repartirse los mercados en un sector financiero muy importante, al cual no se le ha probado de una responsabilidad por parte de las afores, pero de confirmarse implicarían daños muy fuertes para los mercados”, asegura Miguel Flores Bernés, abogado especializado en competencia económica y ex comisionado de la que fuera la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Las afores son instituciones financieras privadas que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La creación de estas instituciones privadas de ahorro se remonta a la Ley del Seguro Social publicada en 1997 y que permitió su inicio de operaciones el primero de julio de ese mismo año.
El funcionamiento de las Afore se encuentra regulado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y su funcionamiento se encuentra autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las 11 Afores en el mercado mexicano administran un total de dos billones 630,090 millones de pesos (mdp) y tienen un total de recursos registrados por 3 billones 739,711 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Consar al cierre de marzo pasado.
“La investigación que está haciendo la Cofece es importante porque si algunos usuarios hubieran tenido una afectación en cuanto a su rendimiento o ante sus comisiones evidentemente esto abriría la posibilidad, después de la determinación final de la autoridad de un daño, a que la Condusef iniciara una acción colectiva en defensa de los usuarios”, asegura Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Pecado capital de la competencia
Las prácticas monopólicas absolutas son aquellos contratos, convenios o arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
“Este tipo de prácticas son conocidas como el pecado capital de la competencia, porque en la mayor parte del mundo se consideran delitos y son sancionados con un 10% de los ingresos acumulables de las empresas y pueden acarrear la inhabilitación de funcionarios de las empresas”, dice el ex comisionado de la CFC.
Los acuerdos entre agentes económicos pueden darse de manera muy escondida. “Un mercado sumamente competido con un simple acuerdo se vuelve uno solo”, dice Miguel Flores.
“En el sector financiero mexicano existen condiciones que facilitan la coordinación de los agentes económicos, lo que puede generar efectos anticompetitivos”, señala el Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de Competencia del Sector Financiero que elaboró la Cofece hace dos años.
“Ya había un aviso de que el sector financiero estaba siendo observado por la autoridad para ver si no había un tema de este tipo en el que pudiera haber competidores acordando elevar precios o segmentarse”, dice Flores Bernés.
Una de las recomendaciones específicas que se hicieron a las Afores por parte de la Cofece fue implementar medidas que propiciaran mejorar los rendimientos del ahorro para el retiro de los trabajadores.
En este sentido, habla de topar el gasto de promoción, ya que el 43% del mismo es utilizado por las Afores a esta actividad –su principal mecanismo para captar clientes- y solo el 4% va a inversión.
“Así, la mitad de los trabajadores que se cambiaron de Afore en 2013, lo hicieron a una administradora con menor rendimiento neto. Implementar medidas para alinear los incentivos en el sistema que deriven en mejores pensiones para el retiro de los trabajadores, por ejemplo, limitar los gastos de promoción, imponiéndoles un límite máximo, absoluto y relativo, y establecer que la comisión sobre el saldo se separe en dos componentes: administración de la cuenta y administración de los fondos”, plantea una de las conclusiones del estudio de la Cofece.
En ningún caso se hace una mención a un peligro de concentración o prácticas anticompetitivas en el balance que hace el regulador.
Mario Di Constanzo comenta que seis de cada 10 reclamaciones que se presentan en Condusef son por los cargos no reconocidos en las tarjetas de crédito y débito, mientras que la otra queja de los usuarios es la negativa al pago de la indemnización o incumplimiento de contrato de algún seguro y, en el caso de las Afores, la principal queja es por trámite no atendido o falta de información ante la solicitud de algún usuario.
En ese sentido, el comportamiento de los usuarios de servicios financiero en México no muestra síntomas de concentración de mercado en el caso de la Afores”, dice el presidente de la Condusef.
Por ahora, la Condusef se encuentra a la espera de la decisión que tomé la Cofece al concluir la investigación en el mercado de las Afores y decir si emprende una colección colectiva para defender a los usuarios que hubieran resultado afectados.
Proceso
El pasado 5 de abril, la Cofece emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional.
“Concluida la etapa de investigación, mediante el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por la Autoridad Investigadora y presentado al Pleno, se señaló que existen elementos de convicción suficientes para presumir que los agentes económicos emplazados habrían probablemente incurrido en prácticas monopólicas absolutas. Con ello se da inicio al procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión”, dice el regulador de la competencia.
La autoridad establece que el plazo de una investigación puede ser de hasta 100 días para que la autoridad emita una resolución. Sin embargo, cualquier decisión de la Cofece puede ser cuestionada por medio de un amparo indirecto ante un juzgado de distrito especializado, además de que los agentes económicos también cuentan con un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito especializado.
“Yo pienso que hasta terminado el verano podremos conocer de una resolución de la Cofece y aún ahí hay que ser cuidadosos porque existe el recurso del amparo”, dice el ex comisionado de la CFC.
Mario Di Constanzo se encuentra convencido que en el tema de las Afores hay avances en su operación, aunque todavía quedan pendientes. “Hay una inquietud por parte de los usuarios sobre el costo de las comisiones y por eso toma importancia transparentar la cartera o el portafolio que constituyen los fondos”, dice.
El porcentaje de comisión por la administración de las cuentas individuales en México es de las más elevadas a nivel mundial, ya que durante 2013 se promedió una comisión de 1.28 por ciento, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este sentido, Alfredo Valles Mendoza, coordinador de los diputados del Partido Nueva Alianza, presentó una iniciativa que reforma la ley de las Afores con el fin de disminuir las comisiones que cobran y aumentar sus rendimientos.
Por ahora, el presidente de la Condusef asegura que es importante seguir impulsando el ahorro voluntario, un objetivo al que también la institución se ha sumado al esfuerzo.
“La gente debe ver la Afore como un activo y no cómo algo que le quite el gobierno de su salario mensual, sino que sea algo que va a servir para el momento en que termine su vida laboral”, dice Di Constanzo.
En este momento, Miguel Flores Bernés reconoce que por la naturaleza del proceso de investigación se requerirán varios meses para tener los resultados finales en cuanto a las Afores que se encuentran en la lupa del regulador. “Apenas estamos a la mitad del camino y yo creo que todavía falta tiempo”.
En ese sentido, el comportamiento de los usuarios de servicios financiero en México no muestra síntomas de concentración de mercado en el caso de la Afores”, dice el presidente de la Condusef.
Por ahora, la Condusef se encuentra a la espera de la decisión que tomé la Cofece al concluir la investigación en el mercado de las Afores y decir si emprende una colección colectiva para defender a los usuarios que hubieran resultado afectados.
El pasado 5 de abril, la Cofece emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional.
“Concluida la etapa de investigación, mediante el Dictamen de Probable Responsabilidad emitido por la Autoridad Investigadora y presentado al Pleno, se señaló que existen elementos de convicción suficientes para presumir que los agentes económicos emplazados habrían probablemente incurrido en prácticas monopólicas absolutas. Con ello se da inicio al procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión”, dice el regulador de la competencia.
La autoridad establece que el plazo de una investigación puede ser de hasta 100 días para que la autoridad emita una resolución. Sin embargo, cualquier decisión de la Cofece puede ser cuestionada por medio de un amparo indirecto ante un juzgado de distrito especializado, además de que los agentes económicos también cuentan con un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito especializado.
“Yo pienso que hasta terminado el verano podremos conocer de una resolución de la Cofece y aún ahí hay que ser cuidadosos porque existe el recurso del amparo”, dice el ex comisionado de la CFC.
Mario Di Constanzo se encuentra convencido que en el tema de las Afores hay avances en su operación, aunque todavía quedan pendientes. “Hay una inquietud por parte de los usuarios sobre el costo de las comisiones y por eso toma importancia transparentar la cartera o el portafolio que constituyen los fondos”, dice.
El porcentaje de comisión por la administración de las cuentas individuales en México es de las más elevadas a nivel mundial, ya que durante 2013 se promedió una comisión de 1.28 por ciento, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este sentido, Alfredo Valles Mendoza, coordinador de los diputados del Partido Nueva Alianza, presentó una iniciativa que reforma la ley de las Afores con el fin de disminuir las comisiones que cobran y aumentar sus rendimientos.
Por ahora, el presidente de la Condusef asegura que es importante seguir impulsando el ahorro voluntario, un objetivo al que también la institución se ha sumado al esfuerzo.
“La gente debe ver la Afore como un activo y no cómo algo que le quite el gobierno de su salario mensual, sino que sea algo que va a servir para el momento en que termine su vida laboral”, dice Di Constanzo.
En este momento, Miguel Flores Bernés reconoce que por la naturaleza del proceso de investigación se requerirán varios meses para tener los resultados finales en cuanto a las Afores que se encuentran en la lupa del regulador. “Apenas estamos a la mitad del camino y yo creo que todavía falta tiempo”.
Caen 2 secuestradores en Neza, uno es policía
Nezahualcóyotl, Estado de México.- Luego de que elementos adscritos a la policía municipal de Nezahualcóyotl, estado de México, capturaron a dos presuntos secuestradores, cuando retenían a un comerciante y a su hijo, uno de ellos se acreditó como miembro activo de la Policía de Ecatepec.
De acuerdo con el director de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Jorge Amador, los hechos se registraron cuando el afectado viajaba con su hijo, de 23 años, a bordo de su camioneta, una pick up Ford F-150 de color blanco, momento en que los secuestradores, quienes se hacían pasar por agentes de Recuperación de Vehículos, les marcaron el alto para una “revisión de rutina”.
Sin embargo, cuando los delincuentes tenían indefensas a sus víctimas, abordaron la camioneta y amagaron al conductor, bajando a su hijo para subirlo en un automóvil tipo Avenger color blanco.
Inmediatamente, el comerciante, a bordo de su propia camioneta, fue llevado una tienda de abarrotes de su propiedad, ubicada en la colonia Granjas de Guadalupe, donde ingresaron para robar de la caja la cantidad de 10 mil pesos y exigirle 400 mil más a cambio de poner en libertad a su hijo.
Al ver que podía tener una oportunidad, el comerciante secuestrado empezó a tocar el claxon, de lo que se percataron elementos de la Policía Vecinal de Proximidad, quienes realizaban labores de vigilancia sobre la Avenida Rio de los Remedios, a la altura de la calle Valle de Carbajal de la colonia Valle de Aragón Primera Sección, detectaron que una camioneta tocaba el claxon en forma inusual por lo que decidieron aproximarse y verificar qué pasaba.
Al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, ambos delincuentes descendieron de la camioneta y trataron de huir corriendo, motivo por el cual se inició una persecución que terminó con la detención de ambos, en la calle Valle de Cerezo, esquina con la calle Valle de Yang Tse.
Durante una revisión a los detenidos, se les pudo asegurar una credencial de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec de Morelos, en la que se dice que el sujeto era miembro activo de dicha corporación, localizándoles además tres celulares y los 10 mil pesos en efectivo previamente robados, por lo que fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.
CNDH promueve ante la Corte recurso contra Código de Justicia Militar
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos del Código de Justicia Militar, así como del Código Militar de Procedimientos Penales.
El organismo nacional señaló que desde su perspectiva diversos artículos de los códigos señalados no cubren con los estándares constitucionales ni internacionales en la materia, así como en atención a lo interpretado por la SCJN y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual afectaría directamente los derechos fundamentales de las personas.
En el documento de acción de inconstitucionalidad, que consta de 189 páginas, la CNDH enumera que son 44 los artículos -4 del Código de Justicia Militar y 40 del Código Militar de Procedimientos Penales- que tiene inconsistencias en materia de respeto a los derechos humanos.
En conjunto, dichos artículos violan 12 artículos de la Constitución Política; 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 4 más del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estima que entre los derechos humanos que serían violados están la prohibición de la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles; los derechos a la libertad persona, de acceso a la información, de libertad de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la vida privada, a la protección de datos personales, y a la presunción de inocencia, así como los principios pro persona y de legalidad.
Los dos códigos fueron aprobados el pasado 29 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones del Legislativo, en medio de serios cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil.
Las ONGs han señalado que éstas modificaciones llevan a un estado de excepción, al permitir que autoridades judiciales castrenses realicen labores de inteligencia, puedan catear domicilios particulares y oficinas gubernamentales, e intervenir comunicaciones y obligar a civiles, entre ellos niños e indígenas, a comparecer.
Esto se podrá realizar desde la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control -instancias creadas con estas reformas-, en los casos dedelitos de disciplina militar relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso o graves y violentos con armas de fuego y explosivos.
Así, también se establece que las autoridades judiciales militares podrán también intervenir audios, videos, mensajes, archivos electrónicos y todo aquello que contenga información del particular.
Nuevo Sistema de Justicia Penal, clave contra la impunidad: Osorio Chong
Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, nuestro país tiene un gran reto, pero, sobre todo, la gran oportunidad de cambiar el rostro y redefinir con hechos la legalidad y la justicia en México, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Al encabezar la ceremonia de graduación de elementos de la Unidad de Seguridad Procesal, y entrega de equipo de criminalística para el Sistema de Justicia Penal, destacó que el desempeño de los elementos de la Policía Federal será fundamental para que este nuevo modelo ofrezca resultados, pero también será clave para poner fin a la impunidad.
Según un comunicado, el encargado de la política interior del país informó que a la fecha más de 40 mil elementos han recibido la formación para integrar la Unidad de Seguridad Procesal, como lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En las instalaciones de la División Antidrogas de la Policía Federal, el secretario Osorio subrayó cuatro puntos que deberán seguir los elementos de esta corporación: resguardar correctamente la escena del crimen, ser proactivos en la indagación de los hechos, garantizar la protección plena de los derechos humanos, y ofrecer a las víctimas del delito la atención que merecen.
En su oportunidad, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló que para brindar a la ciudadanía una justicia transparente e imparcial, esta debe de estar basada en una investigación profesional y sustentada en el proceso de evidencias.
Refirió que los 116 elementos de la Policía Federal que hoy se graduaron serán los encargados de vigilar y generar el orden en las salas de audiencias, así como custodiar al imputado y a la evidencia.
Ratifican ley que obliga a empresarios a hacer declaración patrimonial
A pesar de la presión que ejercieron los empresarios, la Cámara de Diputados mantuvo la redacción que la madrugada de ayer incluyeron los senadores para obligar a cualquier particular, sea persona física o moral a presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando ejerzan recursos públicos o celebren contratos de cualquier tipo con el gobierno federal, de los estados e incluso de los municipios.
La mayoría de PRI y PVEM con sus aliados de Nueva Alianza y Encuentro Social desecharon tres reservas presentadas por los partidos Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional, para suprimir dos incisos del Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las diputadas Guadalupe Murguía (PAN) y Araceli Damián (Morena) explicaron, por separado, que esa disposición es absurda, no sólo porque se incluye a particulares en una ley que sólo obliga a los funcionarios públicos, y porque no sólo los empresarios, sino cualquier trabajador en lo general tendría que presentar ambas declaraciones.
“Las personas físicas o morales no tiene carácter de funcionarios públicos y la redacción es tan ambigua que todo trabajador, desde los directivos, hasta subcontratistas, albañiles, personas de limpieza, electricistas e incluso becarios y adultos mayores o quienes presenten su servicio social tendrán que rendir esas cuentas”, explicó la legisladora panista.
Araceli Damián dijo que como está redactado el citado artículo incluso los pobres que reciben dádivas tendrían que realizar una declaración patrimonial. ¿Y qué declararían? ¿Ropa usada, cacharros y un techo de lámina regalado a cambio de su voto en la última elección?”.
Previamente, los mismos partidos desecharon las propuestas que hicieron PAN, MC y Morena para quitar el candado que protege a los funcionarios públicos para no presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses cuando ello afecte su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
El panista Herminio Corral Estrada cuestionó que “hay un grito de hartazgo social que no quiere políticos que roben, se paseen cínicamente por las calles o se vayan a otros países”.
Senado pospone sesión sobre uso de mariguana y mando policial
El Senado de la República decretó un receso hasta mañana a las 11 horas en que se reanudará la sesión, a fin de ponerse de acuerdo en los dos temas pendientes: la regularización de la mariguana y la reforma por la que se creará el mando único policiaco.
La sesión que estaba programada originalmente para las 12 horas, inició después de las 7 de la noche y sólo para decretar un receso, dadas las complicaciones que se dieron alrededor de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para regular la mariguana, toda vez que a petición de la Cofepris se introdujo en el dictamen una modificación por la que se incluyó al cáñamo entre las sustancias sicotrópicas.
Integrantes de organizaciones que impulsan la legalización de la droga con fines terapéuticos, entre ellos el padre de la niña Grace, se confrontaron con los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras, ya que consideran que el cáñamo no es un sustancia sicotrópica y que incluirlo ahí encarecerá su precio, para la producción de medicamentos.
En el dictamen originalmente se había establecido que “de conformidad con las disposiciones que emite el Ejecutivo federal, se determinarán los usos y aplicaciones del cáñamo, sus derivados, extractos de aceite, siempre y cuando sus productos contengan una cantidad igual o menor al 1 por ciento del tetrahidrocannabinol”.
Otro de los puntos a discusión es la propuesta que impulsan el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth y otros legisladores panistas y priístas a fin de que se mantenga en 5 gramos la cantidad que se puede portar, pero se despenalicen, al dejar de ser delito penal y pasar a ser administrativo.
Gil Zuarth recalcó que con ello se evitará que ingresen a prisión jóvenes a los que se encontró con más de 5 gramos de mariguana. La sanción sería administrativa, por ejemplo 36 horas en un penal similar a El Torito.
Esos dos puntos son los que trabaron la discusión del dictamen, por lo que los coordinadores y la mesa directiva del Senado decidieron suspender la sesión y reanudarla mañana a las 11 horas.
El otro tema a discusión es el de mando policaco incluido en la reforma del presidente Enrique Peña Nieto sobre seguridad pública. El PRI junto con el PRD insiste en que se vote en este periodo extraordinario. Se tiene previsto que las tres comisiones que faltan por aprobar el dictamen lo hagan esta noche a fin de que mañana al reiniciar la sesión se presente en primera lectura y se convoque mañana mismo a una nueva sesión en la que sería votado. Ello debido a que por tratarse de una reforma constitucional la primera y la segunda lectura debe darse en dos sesiones distintas.
Sanders convoca a continuar con la ‘revolución política’ en EU
Nueva York. ¿Que hará Bernie? ha sido la pregunta política de los últimos días, y este jueves el precandidato demócrata respondió con la convocatoria a los millones de sus simpatizantes a continuar con la “revolución política” para transformar Estados Unidos en un país más igualitario y frenar el giro hacia un sistema oligárquico y corrupto.
En un mensaje en directo y en vivo por Internet (livestream) visto por más de 100 mil, Sanders no endosó a la virtual candidata demócrata Hillary Clinton y rehusó -ante la intensa presión de las cúpulas políticas de su partido- suspender su campaña para cerrar filas con la candidata.
Al señalar que su campaña siempre tuvo el objetivo de “transformar a Estados Unidos”, afirmó que ese cambio siempre nace desde abajo “cuando millones y millones declaran que ya basta y por eso esta revolución política tiene que continuar”.
En el plazo inmediato, dijo que su campaña llegará hasta la Convención Nacional para cambiar al Partido Demócrata en una entidad más democrática que represente los intereses de los trabajadores y los jóvenes y no un puñado de donantes multimillonarios de Wall Street.
Prometió promover la elaboración de “la plataforma mas progresista de la historia” del partido. A la vez, aseveró que en el corto plazo, la primera tarea es asegurar la derrota de Donald Trump.
Sanders dejó claro que buscará emplear su capital político como el candidato presidencial progresista más exitoso de la era moderna -ganando 22 estados, mil 870 delegados a través de unos 12 millones de votos y más donaciones individuales que cualquier otro precandidato en la historia- para continuar presionando hacia la izquierda no sólo a Clinton, sino a una buena parte del partido.
Más aún, señaló que una gran parte de sus votantes y delegados son jóvenes y trabajadores, lo que llamó “el futuro del partido y el futuro del país”.
Reiteró sus posiciones básicas que han definido su campaña insurgente desde el inicio, desde rescatar a la democracia estadounidense del 1% más rico (señalando que los 100 más ricos tienen más riqueza que 150 millones de estadunidenses de abajo), poner controles sobre la “avaricia” de Wall Street y desmantelar los bancos más grandes, como también ofrecer educación universitaria publica gratuita, otorgar como derecho el acceso universal a la salud, y elevar el nivel de vida de los trabajadores mas vulnerables (incluyendo incrementar el salario mínimo a 15 dólares la hora).
Subrayó que este movimiento, el cual se tiene que desarrollar a todos los niveles, debe “poner fin a la desgracia de que millones de inmigrantes indocumentados son explotados cotidianamente porque no gozan de ningún derecho”, y que se tiene que promover una reforma migratoria integral que legalice a los 11 millones de indocumentados.
A la vez, llamó a derrotar del Acuerdo TransPacífico, y todo otro acuerdo de libre comercio elaborado para los intereses empresariales.
También llamó por la defensa de los derechos de las mujeres, incluyendo la decisión sobre sus propios cuerpos, como los derechos gay, entre otros temas.
“La revolución política implica una lucha en todos los niveles…. para una nación de justicia económica, social, racial y ecológica”, afirmó. Concluyó que “hemos iniciado el proceso largo y arduo de transformar Estados Unidos” y que espera que los historiadores un día registraran que ese cambio, como el fin de la tendencia hacia la oligarquía en este país, “empezó con la revolución política del 2016”.
Ahora, como escribió el estratega demócrata progresista Robert Borosage, la pregunta es otra: “Clinton ganó la nominación. Ella puede optar si abrazar a ese movimiento o ignorarlo, si adoptar esa plataforma o evitarla, si cambiar al partido o mantener el viejo orden. Sabemos lo que hará Bernie. La pregunta ahora es qué hará Clinton”.
