Carlos Lima Carvajal, exdirector del RPPC. Foto: Especial
Tras las protestas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en Chetumal, los diputados cambiaron la sede de sus sesiones al complejo “Royalton”, ubicado a unos 350 kilómetros de la capital del estado.
Sobre la autopista Cancún-Playa del Carmen, elementos de la policía resguardaron la entrada del complejo hotelero, al que tampoco se permitió el acceso a los medios de comunicación.
El pasado lunes, en Chetumal, la mayoría conformada con diputados del PRI, PVEM y Panal y “reforzada” con el PT y Movimiento Ciudadano, aprobó la primera parte del llamado “Paquete de Impunidad”. Éste consistió en la creación de la Fiscalía, cuyo titular permanecerá en el cargo nueve años, y la reestructuración de los pasivos bancarios del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) por mil 30 millones de pesos.
Hoy, los diputados afines al gobernador Borge aprobaron la segunda parte, que consistió en el nombramiento de dos magistrados numerarios y uno supernumerario del TSJ así como los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información.
El hasta hace unos días titular del RPPC Carlos Lima fue electo magistrado numerario, a pesar de los señalamientos de diputados de oposición de estar involucrado en despojos en Tulum y Holbox.
Al mismo tiempo, Felipe de Jesús Magaña Solís y Ángel Ysidro Quintal Quintal fueron electos como magistrados numerario y supernumerario, respectivamente.
La mayoría priista y sus aliados eligieron además a Nora Leticia Cerón, Mónica Cortina, Israel Canto y Daniel Robertos, como integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y desecharon las propuestas de la oposición, entre las que figuraba Celina Izquierdo, del Observatorio de Violencia Social y de Género.
Otros diputados “borgistas” eligieron como titular de la recién creada Dirección de Concertación Legislativa a Emilio Villanueva Chan, secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.
Del grupo de diputados priistas-verdes, solo el exalcalde Tulum, Víctor Maas Tah, votó contra el “paquete de impunidad”.
Los diputados no nombraron al fiscal, pues en los artículos transitorios de la reforma constitucional se estableció la continuidad del actual procurador, Arturo Álvarez Escalera, quien en el sexenio de Roberto Borge inició como director de Averiguaciones Previas.
Esta noche, los aspirantes al cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) comparecieron ante los legisladores. Sin embargo, para el cargo se perfila el director de Transportes, Javier Zetina Gonalez, primo del exgobernador Félix Gonalez Canto.
Para mañana se prevé que concluya el periodo extraordinario con la designación de auditor general y la aprobación de las cuentas públicas de la administración en 2015.
Acusan a director de Salud de Veracruz de pedir “moches” de 35% a proveedores
Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz. Foto: Especial
Pese a la derrota que padeció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, por los abusos de poder y la ineptitud del gobernador Javier Duarte, prevalecen las prácticas de corrupción, como el pago a proveedores que sólo se liquidan a cambio de “moches” de hasta 35% de las facturas.
Este es el caso de los Servicios de Salud de Veracruz, cuyo director administrativo, Ricardo Sandoval Aguilar, cercano colaborador de Duarte y del exgobernador Fidel Herrera, ofrece pagar a los proveedores las deudas, siempre y cuando le entreguen una comisión de 35%, 15% de la cual es para el actual gobernador, afirma el abogado Rodolfo Reus, representante legal de una empresa afectada.
De acuerdo con Reus, quien en 2015 acusó de extorsión al perredista Mauricio Toledo, actual diputado y exdelegado de Coyoacán, la dependencia estatal Servicios de Salud de Veracruz adquirió dos sofisticados equipos de diagnóstico a una empresa holandesa para instalarlos en el Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Xalapa, uno de ellos a un costo de 25 millones 520 mil pesos y otro de 15 millones de pesos.
Sin embargo, pese a que la factura por esa cantidad se emitió en 2014, hasta la fecha no ha sido liquidada por el gobierno de Duarte y por tanto no se ha capacitado al personal para operar los equipos de multidiagnóstico, con los que se pueden atender a 25 pacientes por día.
Según el abogado Reus, socio de Diego Fernández de Cevallos, los sofisticados equipos importados de Holanda no pueden ser usados porque el gobierno de Veracruz sólo quiere liquidar la deuda si se le paga 35% de “moche” a Sandoval Aguilar, quien fue secretario particular de Rosa Borunda, esposa de Fidel Herrera.
Otro caso
No es la primera vez que Sandoval Aguilar está acusado de corrupción, porque apenas en febrero de este año las empresas GB PLUS- Intermercado lo denunciaron por los presuntos delitos de abuso de confianza, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, al disponer ilegalmente de más de seis millones de pesos.
El apoderado legal de las empresas, Helios Miguel Castro Rico, asesorado por el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, presentó la denuncia contra el funcionario estatal ante la Fiscalía Especializada en Delios Electorales Cometidos por Servidores Públicos, con sede en Xalapa.
En su denuncia, GB PLUS-Intermercado detalló que firmó convenios con el Sindicato Estatal de Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz y con las secciones 26, 40 y 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con el fin de otorgar planes de facilidades para compra de muebles, electrodomésticos, línea blanca, equipos electrónicos y de cómputo, teléfonos celulares, créditos en efectivo con descuentos vía nómina, y toda clase de bienes fungibles.
El abogado Llanes Gil explicó que los trabajadores contrataban sus créditos y el patrón hacía los descuentos vía nómina a través de una clave que se otorgó a los beneficiarios, pero los pagos dejaron de fluir a partir del 15 de abril de 2015, cuando el director Administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz impidió que siguieran los descuentos por créditos.
“La paralización de dichas operaciones (sin previo aviso y sin causa justificada), trajo aparejados graves daños financieros a mi representada, y constituyó un acto abusivo y arbitrario para el que, se insiste, no medió ni explicación ni fundamento algunos”.
El gobierno de Duarte está involucrado, también, en el desvío de 645 millones de pesos a empresas fantasmas.
Fuente: Proceso| SERGIO CABALLERO| ÁLVARO DELGADO
