La presentación de la policía comunitaria en Morelos. Foto: Margarito Pérez
En medio de la tensión provocada por la presencia de integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes acusan al grupo de Los Victorinos de ser los autores del asesinato de su compañero Gustavo Salgado Delgado, ocurrido en el municipio de Ayala, en febrero de 2015, los frentistas demandaron a las autoridades consignar a los presuntos policías comunitarios pues, advirtieron, están involucrados con el crimen organizado.
El pasado viernes, la abogada Adelaida Marcelino Mateo ofreció una conferencia de prensa para presentar a los miembros de “la primera policía comunitaria” o “autodefensa” en Morelos, consistente en un grupo de 13 personas esbozadas y armadas con machetes y palos. En plena plancha de la plaza de armas, donde se encuentra el restaurante Los Arcos, los jóvenes -algunos casi unos niños- levantaron sus machetes en alto.
Unos minutos después, elementos de la Unidad Especial de Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de Morelos, encabezados directamente por el coordinador Miguel Ángel Marín Martínez, acompañados de elementos del Mando Único, detuvieron con lujo de violencia a 13 personas y los subieron en vilo a patrullas para luego presentarlos en la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Xochitepec, Morelos.
Luego, esa misma tarde, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público y acusados de incitación a la violencia, sabotaje, portación de arma blanca y lo que resultara. En la refriega también desapareció Adelaida Marcelino, quien no fue presentada ni en la sede de la CES ni en la Fiscalía. De hecho, el gobierno del estado emitió este domingo una ficha de persona desaparecida con los datos de la abogada.
La ficha fue emitida por la Fiscalía de Morelos y en ella se solicita ayuda para encontrar a Adelaida Marcelino Mateos, de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, ojos medianos color negro, cabello lacio, castaño y largo a la altura de la espalda; complexión delgada; vestía blusa de color verde en cuello “v”, con bordado artesanal de flores de colores, pantalón de mezclilla azul marino y botas color café.
La tensión invadió de nueva cuenta a la comunidad de Chivatero, en el municipio de Ayala, al oriente de Morelos, donde el grupo identificado con Los Victorinos mantiene desde hace años un enfrentamiento con integrantes del Frente Popular Revolucionario, en torno a conflictos por la tierra. Este problema ya provocó el asesinato del frentista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, decapitado en febrero de 2015.
Por estos hechos hay cuatro detenidos: Victorino Marcelino Hernández, Héctor Ortega, Lidio Marcelino Mateos y Víctor Marcelino Mateos, conocidos como Los Victorinos, un grupo de indígenas tlapanecos quienes aseguran que son inocentes y que han sido inculpados por sus rivales.
Existen otras líneas de investigación por el asesinato que apuntan a políticos del estado y la región, entre ellos personajes vinculados al gobernador Graco Ramírez o al exalcalde de Ayala, actual diputado panista, Manuel Tablas Pimentel, sin embargo, nunca se han profundizado con seriedad por las propias autoridades.
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia del juicio de Los Victorinos, lo que generó enorme tensión en la sala de juicios orales de Cuautla donde también se desarrollaba la audiencia de los acusados por la inhumación clandestina de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández en las fosas clandestinas de Tetelcingo.
Al terminar la audiencia, la tensión se trasladó al Chivatero. Por la noche, los dos grupos en pugna se enfrentaron a golpes y machetazos. Pobladores de esa comunidad que han tomado partido por Los Victorinos se enfrentaron con integrantes del Frente Popular Revolucionario. Las autoridades y cuerpos policiacos estuvieron ausentes, pues desde el principio se han deslindado del asunto.
En respuesta a ese enfrentamiento, la abogada y familiar de Los Victorinos, Adelaida Marcelino, presentó en Cuernavaca a la “primera (supuesta) policía comunitaria”, pues asegura el gobierno no ayuda a resolver el conflicto en Chivatero, que se puede generalizar a todo el municipio de Ayala, ubicado al sur de Cuautla.
Marchan y exigen justicia para mujer violada en autobús de ETN
La marcha en San Luis Potosí. Foto: Especial
El incidente ocurrió el pasado día 7 en una unidad que cubría la ruta México-San Luis Potosí.
Los colectivos se concentraron en la Plaza de Armas con decenas de mujeres utilizando camisetas de color morado y mantas en las que se demandó que esta agresión no se quede sin respuesta, así como otras con la leyenda “Justicia para Mague” y “Justicia para todas”.
Se dio a conocer un posicionamiento respaldado por los colectivos Río de Mujeres, Mujeres en la Ciencia SLP y Colectiva la Castilla Combativa, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a la procuradora Arely Gómez, al procurador de justicia del Estado de México y a los directivos de la línea de transporte Enlaces Terrestres Nacionales (ETN).
“Repudiamos los hechos ocurridos y la falta de responsabilidad que la línea ETN ha mostrado frente a los mismos”, además de expresar todo su respaldo a la víctima de la agresión sexual durante el asalto que sufrieron los pasajeros en la noche del 7 de junio.
El problema de la inseguridad que vivimos las mujeres: violaciones, acoso, asaltos, golpes, se ha convertido en nuestro país en una práctica cotidiana que ya es insostenible. Vivimos un ambiente de inseguridad permanente en los trayectos que tenemos que hacer para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas y cumplir nuestros compromisos; sea en transportes urbanos, rurales o transportes foráneos”, señalaron.
Lo que le ocurrió a Rosa Margarita Ortiz, afirmaron, sucede a muchas mujeres en este país. “Demandamos el gobierno de la República materialice la garantía de seguridad a todas las mujeres en un país en el cual se viven condiciones de violencia contra nosotras: 120 mil violaciones al año de las cuales sólo el 2% son denunciadas”.
Las manifestantes demandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ser exigente y severa con las líneas de transporte de pasajeros en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y dispositivos como cámaras, botones de emergencia y capacitación adecuada a sus choferes, pero también que se haga responsable de terminar cuanto antes las reparaciones en carreteras como la México-Querétaro, así como de que se cuente con la vigilancia oportuna.
Recordaron que el Plan Nacional de Desarrollo incluye la implementación transversal de las políticas de género en las distintas secretarías de gobierno, lo que “no se está incluyendo en reglamentaciones de los transportes que están a cargo de la SCT”, indicaron las activistas.
Solicitaron al procurador mexiquense que se efectúe una investigación eficiente que permita la captura y enjuiciamiento de los responsables del asalto y la violación contra Margarita Ortiz.
“Que ninguna mujer se quede sin respuesta ante una violación”, pidieron.
Fuente: Proceso| JAIME LUIS BRITO
