El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Foto: Germán Canseco
El Senado aprobó por 94 votos a favor y 23 en contra una Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin que se hagan obligatorias la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses públicos, así como las declaraciones fiscales de los servidores públicos, que formaron parte medular de la #Ley3de3, propuesta con el apoyo de más de 600 mil firmas de ciudadanos.
Asimismo, en lo particular se desechó por 59 votos en contra (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente), 51 a favor (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente) y 17 abstenciones (cuatro del PAN, tres del PRD, tres del PRI, seis del PT y uno del Verde) la máxima publicidad de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, tal como se propuso en la #Ley3de3.
El punto medular de la discusión estuvo en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Públicas. El PRI y el Partido Verde incorporaron un “adéndum” al artículo 29 de esta ley –el centro de la demanda de la llamada #Ley3de3–, en donde se señala que estas declaraciones serán públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
El “adéndum” del PRI y el Partido Verde le transfiere al Comité de Participación Ciudadana –que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción– la responsabilidad de emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
Con esta reforma “se abre la puerta para que las leyes dispongan de manera discrecional a quién no se le podrán imponer responsabilidades”, destacó la senadora independiente Martha Tagle, una de las más firmes defensoras de la obligatoriedad de la #Ley3de3.
Tagle también reprochó en tribuna que la Ley General de Responsabilidades Públicas no contempla el tráfico de influencias, la obtención de beneficios como el “moche”, bienes muebles e inmuebles que se otorgan en “donación”.
La senadora lamentó que la propuesta aprobada carezca de un sistema de protección a denunciantes y testigos, y consideró una “gravedad mayúscula” que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo, puedan obtener el beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa.
En su intervención, el senador del PRD Zoé Robledo afirmó que la #Ley3de3 no era el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política”, el más simbólico y que “le dé más significado a la existencia de todo el sistema”.
La panista Marcela Torres Peimbert intervino para demandar que se cambiara la redacción del “adéndum” del artículo 29, propuesto por el PRI y el Verde, porque las declaraciones patrimoniales, dijo, “no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México”.
A favor de la propuesta, la senadora priista Anabel Acosta Islas aseguró que el nuevo ordenamiento legal establecerá bases sólidas en la lucha anticorrupción.
“Analizamos la iniciativa ciudadana 3 de 3, analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional”, sostuvo, y afirmó que en su partido “somos sensibles al sentir de la ciudadanía, estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos”.
“La corrupción está en la Presidencia de la República”
Durante su intervención, el senador del PT Manuel Bartlett afirmó que “la madre de toda la corrupción está en la Presidencia de la República” y que en la medida “en que el presidente siga siendo impune, la corrupción seguirá siendo igual”.
Reprochó que el Sistema Nacional Anticorrupción crea un “mamotreto burocrático” que no servirá para combatir la corrupción, porque los servidores y magistrados que formarán parte de él serán designados por el jefe del Ejecutivo federal.
Bartlett subrayó que los administradores del sistema serán los mismos que serán vigilados, por lo que no puede ser un sistema eficaz, ya que no habrá independencia entre los vigilados y vigilantes. Puso como ejemplo a los magistrados que forman parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes fueron designados por “cuotas” de grupos de poder.
El legislador también subrayó que el sistema deja fuera a los empresarios que tengan contratos con el gobierno, ya que tampoco tendrán las obligaciones de hacer sus declaraciones.
En el mismo sentido, el senador del PAN Raúl Gracia Guzmán expuso que los empresarios no son tocados y son ellos los que se hacen millonarios con concesiones, licitaciones o con obras públicas, y son los que corrompen o se corrompen.
“Si queremos darle a la ciudadanía una herramienta integral y cabal se tiene que adicionar apertura plena y tapar los dos orificios”, afirmó Gracia.
El perredista Mario Delgado afirmó que la #Ley3de3 no es la “varita mágica” para resolver el problema de la corrupción, pero sí es importante para avanzar. Criticó el adéndum del PRI-Verde porque “cualquier gradualismo es simulación”.
La reserva que se aprobó fue la propuesta por el senador del PRI Miguel Romo Medina al artículo 9 de la ley, para que se investigue e imponga sanciones a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura conforme a lo establecido en los artículos 94 y 104 de la Constitución.
El “adéndum” del PRI y el Partido Verde le transfiere al Comité de Participación Ciudadana –que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción– la responsabilidad de emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
Con esta reforma “se abre la puerta para que las leyes dispongan de manera discrecional a quién no se le podrán imponer responsabilidades”, destacó la senadora independiente Martha Tagle, una de las más firmes defensoras de la obligatoriedad de la #Ley3de3.
Tagle también reprochó en tribuna que la Ley General de Responsabilidades Públicas no contempla el tráfico de influencias, la obtención de beneficios como el “moche”, bienes muebles e inmuebles que se otorgan en “donación”.
La senadora lamentó que la propuesta aprobada carezca de un sistema de protección a denunciantes y testigos, y consideró una “gravedad mayúscula” que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo, puedan obtener el beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa.
En su intervención, el senador del PRD Zoé Robledo afirmó que la #Ley3de3 no era el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política”, el más simbólico y que “le dé más significado a la existencia de todo el sistema”.
La panista Marcela Torres Peimbert intervino para demandar que se cambiara la redacción del “adéndum” del artículo 29, propuesto por el PRI y el Verde, porque las declaraciones patrimoniales, dijo, “no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México”.
A favor de la propuesta, la senadora priista Anabel Acosta Islas aseguró que el nuevo ordenamiento legal establecerá bases sólidas en la lucha anticorrupción.
“Analizamos la iniciativa ciudadana 3 de 3, analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional”, sostuvo, y afirmó que en su partido “somos sensibles al sentir de la ciudadanía, estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos”.
“La corrupción está en la Presidencia de la República”
Durante su intervención, el senador del PT Manuel Bartlett afirmó que “la madre de toda la corrupción está en la Presidencia de la República” y que en la medida “en que el presidente siga siendo impune, la corrupción seguirá siendo igual”.
Reprochó que el Sistema Nacional Anticorrupción crea un “mamotreto burocrático” que no servirá para combatir la corrupción, porque los servidores y magistrados que formarán parte de él serán designados por el jefe del Ejecutivo federal.
Bartlett subrayó que los administradores del sistema serán los mismos que serán vigilados, por lo que no puede ser un sistema eficaz, ya que no habrá independencia entre los vigilados y vigilantes. Puso como ejemplo a los magistrados que forman parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes fueron designados por “cuotas” de grupos de poder.
El legislador también subrayó que el sistema deja fuera a los empresarios que tengan contratos con el gobierno, ya que tampoco tendrán las obligaciones de hacer sus declaraciones.
En el mismo sentido, el senador del PAN Raúl Gracia Guzmán expuso que los empresarios no son tocados y son ellos los que se hacen millonarios con concesiones, licitaciones o con obras públicas, y son los que corrompen o se corrompen.
“Si queremos darle a la ciudadanía una herramienta integral y cabal se tiene que adicionar apertura plena y tapar los dos orificios”, afirmó Gracia.
El perredista Mario Delgado afirmó que la #Ley3de3 no es la “varita mágica” para resolver el problema de la corrupción, pero sí es importante para avanzar. Criticó el adéndum del PRI-Verde porque “cualquier gradualismo es simulación”.
La reserva que se aprobó fue la propuesta por el senador del PRI Miguel Romo Medina al artículo 9 de la ley, para que se investigue e imponga sanciones a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura conforme a lo establecido en los artículos 94 y 104 de la Constitución.
Margarita Zavala apoya la iniciativa #3de3 pero oculta su patrimonio
Margarita Zavala afirma respaldar el Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa Tres de Tres, pero como aspirante presidencial se niega a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Desde que organizaciones civiles promovieron la iniciativa Tres de Tres, en febrero, la esposa de Felipe Calderón anunció en su colaboración de El Universal, el 8 de febrero, que ella ya la había firmado y llamó a imitarla.
“Esta es una gran oportunidad para comenzar a sacar a México de esta larga noche de corrupción y cinismo”, escribió la esposa del antecesor de Enrique Peña Nieto, pero no ha sido congruente con su proclama de transparencia.
Pese a que es confesa aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) o por la vía “independiente” si es derrotada en su partido, Zavala Gómez del Campo se ha resistido a presentar su Tres de Tres, como ya lo hizo Ricardo Anaya, su correligionario y también prospecto presidencial.
Las organizaciones impulsoras de la Ley Tres de Tres habilitaron un portal de Internet para que los servidores públicos, candidatos a puestos de elección popular y “persona de interés público”, categoría en la que entraría Zavala por no tener ningún cargo público ni partidario, hagan públicas de manera voluntaria sus bienes, entre ellas inmuebles, joyas, cuentas bancarias y de inversiones.
Sin embargo, la única “persona de interés público” que ha difundido su Tres de Tres es Jorge Castañeda, el excanciller que busca ser candidato presidencial sin partido, la misma vía que tiene Zavala como segunda opción.
Zavala nunca ha presentado públicamente su relación de bienes ni antes ni después de su último cargo público (diputada federal de 2003 a 2006) y su marido, Felipe Calderón, dejó de hacerla pública en 2013, tras entregar la Presidencia de la República a Peña.
Desde diciembre de 2012, Calderón y Margarita viven de la pensión mensual vitalicia del primero, que asciende a 205 mil pesos mensuales; ocupan un número indefinido de militares del Estado Mayor Presidencial (EMP), vehículos terrestres y aéreos, así como servicios médicos de manera gratuita.
Conforme a sus declaraciones patrimoniales, la riqueza de Calderón y Zavala se cuadruplicó en el sexenio: De 7.4 millones de pesos, en 2006, pasó a 17.8 millones de pesos en 2012.
En 2010, la revista Proceso publicó un reportaje del reportero Daniel Lizárraga en el que se acreditó que, con falta de transparencia, y con Margarita Zavala como “socia”, Calderón había incrementado sus propiedades inmobiliarias.
Mediante créditos a plazos que pagó casi de inmediato, aunque sus percepciones como titular del Ejecutivo no alcanzan para ello, dispuso de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omitió declarar algunas de esas adquisiciones…
Omisa en su Tres de Tres, Margarita Zavala escribió en esa colaboración de El Universal: “Estoy convencida de que México no merece quedarse atrapado en la corrupción y en la mediocridad”.
Desde que organizaciones civiles promovieron la iniciativa Tres de Tres, en febrero, la esposa de Felipe Calderón anunció en su colaboración de El Universal, el 8 de febrero, que ella ya la había firmado y llamó a imitarla.
“Esta es una gran oportunidad para comenzar a sacar a México de esta larga noche de corrupción y cinismo”, escribió la esposa del antecesor de Enrique Peña Nieto, pero no ha sido congruente con su proclama de transparencia.
Pese a que es confesa aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) o por la vía “independiente” si es derrotada en su partido, Zavala Gómez del Campo se ha resistido a presentar su Tres de Tres, como ya lo hizo Ricardo Anaya, su correligionario y también prospecto presidencial.
Las organizaciones impulsoras de la Ley Tres de Tres habilitaron un portal de Internet para que los servidores públicos, candidatos a puestos de elección popular y “persona de interés público”, categoría en la que entraría Zavala por no tener ningún cargo público ni partidario, hagan públicas de manera voluntaria sus bienes, entre ellas inmuebles, joyas, cuentas bancarias y de inversiones.
Sin embargo, la única “persona de interés público” que ha difundido su Tres de Tres es Jorge Castañeda, el excanciller que busca ser candidato presidencial sin partido, la misma vía que tiene Zavala como segunda opción.
Zavala nunca ha presentado públicamente su relación de bienes ni antes ni después de su último cargo público (diputada federal de 2003 a 2006) y su marido, Felipe Calderón, dejó de hacerla pública en 2013, tras entregar la Presidencia de la República a Peña.
Desde diciembre de 2012, Calderón y Margarita viven de la pensión mensual vitalicia del primero, que asciende a 205 mil pesos mensuales; ocupan un número indefinido de militares del Estado Mayor Presidencial (EMP), vehículos terrestres y aéreos, así como servicios médicos de manera gratuita.
Conforme a sus declaraciones patrimoniales, la riqueza de Calderón y Zavala se cuadruplicó en el sexenio: De 7.4 millones de pesos, en 2006, pasó a 17.8 millones de pesos en 2012.
En 2010, la revista Proceso publicó un reportaje del reportero Daniel Lizárraga en el que se acreditó que, con falta de transparencia, y con Margarita Zavala como “socia”, Calderón había incrementado sus propiedades inmobiliarias.
Mediante créditos a plazos que pagó casi de inmediato, aunque sus percepciones como titular del Ejecutivo no alcanzan para ello, dispuso de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omitió declarar algunas de esas adquisiciones…
Omisa en su Tres de Tres, Margarita Zavala escribió en esa colaboración de El Universal: “Estoy convencida de que México no merece quedarse atrapado en la corrupción y en la mediocridad”.
Fuente: Proceso| JENARO VILLAMIL| ÁLVARO DELGADO
