Roberto Palazuelos amenaza a personal durante desalojo en Tulum
Cabe destacar que Palazuelos ha hablado abiertamente de sus aspiraciones políticas para contender por la Alcaldía de Tulum.
"Sí aspiro y tengo la mano levantada. Tulum es un lugar sumamente ecológico que uno tiene que cuidar mucho, porque si no se lo van a acabar, como se han acabado otros destinos turísticos de la zona", indicó en una entrevista realizada en 2013.
De acuerdo con el periodista, Pedro Canché, el actor logró desalojar a la policía y al actuario de la zona.
Claudia Pavlovich es una de las 'Mujeres que inspiran' según Forbes
El actor Roberto Palazuelos amenazó a quienes desalojaban unos hoteles en la zona costera de Tulum.
El actor de Televisa se atrincheró durante el desalojo por mandato judicial de 14 propietarios, al grito de: "tengo a 15 personas armadas entran y les doy piso".
"Sí aspiro y tengo la mano levantada. Tulum es un lugar sumamente ecológico que uno tiene que cuidar mucho, porque si no se lo van a acabar, como se han acabado otros destinos turísticos de la zona", indicó en una entrevista realizada en 2013.
La revista Forbes México incluyó a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano entre su lista de las 100 mujeres más poderosas del país.
Bajo el título de “Mujeres que inspiran y generan equilibrio”, la revista publicó su lista anual, en la que destacan personalidades de varios ámbitos, como el caso de Olga Medrano Martín del Campo, conocida como #LadyMatemáticas, quien ganó la medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas.
“Estas mujeres son líderes naturales en las áreas en que se desempeñan y demuestran que el poder es de quien sabe cómo tomarlo. Ellas son parte de Las 100 mujeres más poderosas de México 2016 que Forbes México presenta en su edición de junio”, señala la publicación.
La gobernadora sonorense es la segunda en el grupo de “Talento Institucional”, donde agrupan a mujeres de las que su desempeño influye en la vida pública del país.
“A pocos meses de haber tomado el mandato ha destacado por lograr el rescate de hospitales, centros de salud, planteles escolares, carreteras de la entidad, así como por implementar programas urgentes como el de medicamentos y uniformes escolares”, destaca Forbes sobre Pavlovich Arellano.
Cesan a otro funcionario, ahora en SLP, por comentarios homófobos tras masacre en Orlando
Los comentarios homofóbicos sobre la masacre en el bar Pulse en Orlando el domingo pasado, ya ocasionaron el despido de un tercer funcionario público en menos de una semana en México.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de San Luis Potosí informó que “derivado de un comentario que realizó sobre los recientes hechos acontecidos en Orlando en su cuenta personal de Facebook, el director Jurídico Andrés Dávila Ruiz de Chávez ha sido relevado del cargo”.
El domingo pasado, apenas unas horas después de que la noticia de la masacre se difundía en todos los medios de comunicación, el servidor público potosino compartió la nota publicada en el portal proceso.com.mx titulada “Ataque a bar gay en Orlando deja al menos 50 muertos”.
En seguida, escribió: “50 menos”.
De inmediato, en las redes sociales comenzaron las críticas al servidor público, sobre todo de organizaciones de la comunidad LGBTTTI, quienes exigían a las autoridades destituirlo por su acto de discriminación y homofobia.
Según el portal Pulso. Diario de San Luis, el secretario de Comunicaciones y Transportes del estado Ramiro Robledo López informó ayer que la administración tiene como compromiso “el respeto pleno a los derechos humanos y el trato igualitario entre las personas”.
En el gobierno, dijo, prevalece el compromiso por garantizar el respeto y la no existencia de tratos discriminatorios dentro del servicio público. Ante ello, añadió, “se tomó la decisión de separarlo de su cargo”.
El pasado lunes 13, el gobierno de Jalisco cesó a José de Jesús Manzo Corona, “coordinador A” en la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedis), luego de publicar en su cuenta de Facebook que lamentaba que “fueron 50 y no 100” los fallecidos en la masacre.
Al día siguiente, el presidente municipal de Zapopan destituyó al director Jurídico para Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información en la Sindicatura Jorge Contreras, luego de que éste escribió en su cuenta de Facebook: “Those gays received their punishment thank God!” (Esos gays recibieron su castigo, !gracias Dios!).
Desalojan bloqueos de maestros en Oaxaca; hay 3 lesionados y un militar retenido
OAXACA, Oax.- Por lo menos tres heridos y un elemento de inteligencia militar retenido, así como la toma del palacio municipal de Tlacolula de Matamoros, dejó el avance de las fuerzas federales y el desalojo de los bloqueos carreteros que mantenían los maestros de la sección 22 en Zanatepec e Ixtepec.
Ante el avance de la Policía Federal (PF), que lleva a cabo operativos para liberar las distintas vías de comunicación, así como las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Salina Cruz, bloqueadas y tomadas por integrantes del magisterio disidente, se levantaron barricadas en Juchitán y Tehuantepec.
Fuentes oficiales resaltaron que las protestas han causado graves afectaciones a la población, al comercio y a las actividades productivas y estratégicas de Pemex, particularmente de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en el puerto de Salina Cruz.
Aclararon que “la acción policiaca se realiza con estricto apego a los derechos humanos y a los protocolos establecidos para este tipo de acciones, privilegiando el diálogo y llamándolos a liberar las vías de comunicación, debido a las afectaciones que ocasionan y a los riesgos para la población civil”.
Alrededor de las 15:00, la PF que provenía del estado de Chiapas ‘encapsuló’ a los maestros y padres de familia que se encontraban realizando bloqueos en Zanatepec, sin embargo, ante la resistencia, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
En la refriega resultaron heridos dos profesores; uno lastimado de gravedad en el ojo y otro que recibió el impacto de una bala de goma en el estómago. De igual forma se informó que uno de los policías federales resultó herido y tuvo que ser rescatado por sus compañeros.
El mayor choque se registró en la colonia Ejidal. “Dimos la pelea por más de tres horas. Todos los hombres de la colonia dieron la batalla. Ellos (los policías) dieron paso y despejaron la carretera mientras dos helicópteros sobrevolaban el área y en respuesta les lanzaron cohetones”.
Los uniformados continuaron su camino rumbo a Juchitán y la gente del pueblo se reagrupó y volvió a bloquear la carretera.
Otro choque ocurrió en ciudad Ixtepec, donde los policías atacaron con gas lacrimógeno a los manifestantes, quienes huían en medio de nubes de gases.
Unos gritaban: “Hay que defendernos, chingao”, y la resistencia seguía, mientras que la alerta se había extendido a los bloqueos de la vía 180 en el canal 33 de Juchitán, en Matías Romero y también en Salina Cruz, en donde se espera que los policías arriben en las próximos horas.
En Juchitán se levantaron barricadas y lograron la retención de un agente de inteligencia militar que se encontraba infiltrado entre los participantes del bloqueo.
Mientras que en Tlacolula de Matamoros se realizaron tres marchas en apoyo al magisterio y culminaron con la toma del palacio municipal.
A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a las autoridades estatales y al magisterio para que privilegien el diálogo como estrategia para dirimir el conflicto derivado de los cambios generados por la reforma educativa.
Además, pidió a las instituciones del Estado que eviten al máximo el uso de la fuerza pública en la resolución de este conflicto, pues existe el riesgo de un rompimiento del tejido social, además de que esto podría generar posibles violaciones a derechos humanos con daños de difícil o imposible reparación.
También emitió un llamado a los manifestantes que realizan bloqueos en carreteras estatales para que permitan el paso regular de servicios públicos indispensables para el bienestar de la población y, especialmente, en casos de urgencias médicas y otras situaciones que puedan ocasionar causar efectos negativos en la salud de las personas.
La Defensoría señaló que la falta de atención al conflicto podría generar un problema social de mayores dimensiones, si se considera que esta pugna polariza a la sociedad, pues así como hay habitantes en la entidad que apoyan el movimiento magisterial, hay otro sector en el que generan animadversión las acciones desplegadas por los trabajadores de la educación, debido a que se impide el ejercicio de algunos derechos, como el de tránsito.
Realiza la CNTE “sentón” en Juárez tras bloqueo de granaderos hacia el Zócalo
De nuevo, la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) fue bloqueada hoy con un impresionante despliegue de granaderos de la policía capitalina frente al Palacio de Bellas Artes.
Ya que no pudo acceder al Zócalo capitalino, la CNTE tuvo que realizar un “sentón” en la calle, para llevar a cabo el mitin de clausura de la manifestación, frente a un “muro” de granaderos estoicos ante los regaños de los manifestantes.
Al apuntar hacia los cientos de granaderos inmóviles, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, sostuvo: “Es el tamaño del gran miedo que nos tienen”. “Zó-ca-lo”, repetía la asistencia.
Enojado por el bloqueo policiaco, el académico John Ackerman, informó a los manifestantes que Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la administración de Miguel Ángel Mancera, le indicó que el despliegue de granaderos era “un asunto federal”.
“Están sirviendo órdenes de Enrique Peña Nieto”, denunció Ackerman, con lo que se desataron los chiflidos. “Quien cierra las vialidades es este gobierno”, refrendó.
Alentado por los aplausos, el académico repudió la cerrazón del gobierno federal y las prácticas autoritarias de Mancera, y terminó gritando “¡Peña, Mancera, la misma chingadera!”
“Cuando un gobierno no tiene argumentos, solamente saca a la fuerza pública para enfrentar al pueblo”, aseveró Gómez, al advertir que “cuando el gobierno ejerce violencia, está enseñando a responder con violencia”.
Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección 1o de Michoacán, aseveró que los maestros “no (dejarán) en la cárcel” a los Rubén Núñez y Francisco Villalobos, los líderes de la sección 22 de Oaxaca detenidos el pasado fin de semana y encarcelados de inmediato en Hermosillo, Sonora.
Además de la CNTE, decenas de organizaciones participaron en la manifestación, la cual buscaba la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal para discutir la reforma educativa, tal y como lo exige el magisterio disidente desde el pasado 15 de mayo.
Entre ellos marchó un grupo de académicos, que leyó una carta abierta por publicarse mañana. El documento condena la “campaña de desprestigio” contra la CNTE, exige la liberación inmediata de los líderes magisteriales encarcelados y pide la cancelación de las órdenes de aprehensión contra las cabezas de la sección 22.
También plantea que “las autoridades deben apostar al diálogo”, y no a la fuerza, y señala que “cancelar el derecho a la manifestación es una práctica de gobierno autoritario”.
A nombre de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, Milton Ortega condenó “la agresión que están sufriendo por defender la educación pública”.
La marcha para la defensa de la educación pública salió a las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia, con el objetivo de llegar al Zócalo capitalino.
Decenas de miles de personas –maestros, sindicalistas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales– caminaron de manera pacífica sobre el carril derecho de la avenida Reforma para realizar la manifestación más grande que haya tomado las calles este año en la Ciudad de México.
Así, caminaron junto con los maestros pobladores de los municipios mexiquenses de Xochicuatla y Atenco, campesinos chiapanecos, normalistas y estudiantes, o integrantes de organizaciones sociales. La columna de personas se extendió sobre varios cientos de metros de Reforma.
La fuerte afluencia permitió a la CNTE afirmar que la solidaridad con la lucha del magisterio está creciendo y que la organización queda fortalecida. “Poco a poco va creciendo nuestro movimiento”, exhortó Gómez.
En las mantas y banderas se podían leer consignas de repudio al presidente y a Aurelio Nuño Mayer, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien se negó desde un principio a discutir la reforma educativa con los maestros de la CNTE.
Antes de terminar el mitin, Gómez advirtió que mientras “más tarden en abrir la mesa de diálogo, más crecerá el movimiento hasta generalizarse a todo el país”.
Congreso de Colima presentará denuncia penal contra Mario Anguiano
COLIMA, Col.- El Congreso local acordó presentar una denuncia penal contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno y cinco de sus excolaboradores, acusados de presuntos malos manejos de un crédito por 638 millones de pesos solicitado durante el último año de la administración anterior.
La Legislatura local también instruyó a la Comisión de Responsabilidades a instaurar un juicio administrativo en contra de los exservidores públicos, con propuestas de inhabilitación por periodos que van de 6 a 14 años, así como la imposición de una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos hasta por la cantidad de 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados.
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se basó en el informe de la auditoría excepcional practicada por el Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), dado a conocer el pasado 6 de junio, en el que además de Anguiano Moreno se plantea sancionar al exsecretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos; la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández; la exdirectora general de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle; Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto, y Ricardo Miguel Arteaga González, excoordinador general de la Dirección General de Egresos y posteriormente director de Presupuesto.
Votaron a favor del dictamen 13 de los 25 diputados; 12 del PAN y una de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que se opusieron los ocho priistas, así como los diputados únicos del PT, Panal y PVEM.
Según el documento aprobado, el exgobernador “violentó el marco constitucional federal y estatal y las leyes que de ellas emanan, las cuales protestó cumplir y hacer cumplir, y dado que las acciones se desarrollaron en su carácter de gobernador del estado, cargo por el cual percibió ingresos suficientes y decorosos, y tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad de las conductas realizadas, (se propone) la inhabilitación de hasta 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal”.
Para la exsecretaria de Finanzas y Administración, la exdirectora general de Egresos y el exdirector de Presupuesto se propusieron 10 años de inhabilitación, mientras que para el exsecretario general de Gobierno y el excoordinador general de la Dirección General de Egresos la propuesta fue inhabilitarlos por seis años.
El asunto generó una acalorada discusión entre los diputados, que se prolongó por varias horas. Hasta el último momento, los legisladores de PRI y sus aliados se opusieron al dictamen con el argumento de que tenía inconsistencias y errores que podrían hacer fracasar el proceso, por lo que plantearon que se regresara a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Osafig para que se fortaleciera.
Entre los principales opositores estuvieron el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, y sus compañeros Héctor Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez, Juana Andrés Rivera, así como el diputado petista Joel Padilla Peña.
“En el PRI estamos de acuerdo con el debido proceso; estamos a favor de la legalidad y no debemos dejar resquicios que vayan en contra de ella”, dijo Rangel Lozano.
En general, quienes no aceptaron el dictamen aseguraron que están a favor de que se haga justicia y no exista impunidad, pero esgrimieron razones en el sentido de que ni el Osafig ni la Comisión de Hacienda dieron a los acusados la posibilidad de defenderse, y que ello podría ser motivo suficiente para echar abajo el proceso mediante un juicio de amparo.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Miguel Alejandro García Rivera, aclaró que conforme a lo establecido en la ley la aprobación de ese dictamen, sólo daba por concluido el proceso de auditoría, pero todavía no se sancionaba a los inculpados, quienes tendrán su derecho de audiencia ante la Comisión de Responsabilidades, que será la encargada de desarrollar el proceso, elaborar la resolución final y presentarla ante el pleno.
La diputada panista Martha Sosa Govea cuestionó que si bien los priistas decían que quieren justicia, “parece que usan tácticas dilatorias” con su propuesta de regresar el dictamen.
También dijo que se trata de una situación inédita, pues no existe en el Congreso un precedente de que se haya sometido a juicio a un exgobernador, pero confió en que el procedimiento podrá ser perfeccionado en la Comisión de Responsabilidades.
La diputada de MC Leticia Mesina Zepeda coincidió en que se trata de una “auditoría histórica”, pues “nunca antes se había tocado con el pétalo de una rosa” a un exmandatario, por lo que “no quiero pensar que quienes se oponen sólo quieren retrasar estos trabajos con triquiñuelas para tratar de detener el proceso”.
Inicialmente, el dictamen también proponía solicitar el embargo de los bienes del exgobernador y sus coacusados, pero después de un receso en el que los legisladores de todos los partidos dialogaron con sus asesores jurídicos, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Luis Humberto Ladino Ochoa, propuso retirar ese punto, con la aprobación por mayoría.
Al final, Ladino explicó que los abogados les sugirieron omitir esa propuesta porque “podría entorpecer el proceso”.
Avalan diputados creación de fiscalía anticorrupción
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y con ello, la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Los legisladores dejaron intacta la minuta que les envió el Senado, como parte del paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo entregó al Ejecutivo federal.
De acuerdo con lo votado por los legisladores, la nueva Fiscalía será un órgano con autonomía técnica-operativa para investigar y perseguir los hechos que el Código Penal Federal definirá como delitos de corrupción.
Entre sus facultades de investigación podrá solicitar a las instancias de gobierno información para sus indagatorias, misma que no podrá ser negada, incluso si se trata de secreto bancario o fiduciario.
La nueva dependencia también podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado y cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando estos hayan desaparecido o no se localicen. Incluso, podrá promover su extinción de dominio.
Su operación estará auxiliada por una unidad administrativa en materia de Servicios Periciales que deberá dar trámite y desahogo a los peritajes solicitados, además de que tendrá Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a la corrupción.
Autoridades ejecutan orden de desalojo en hoteles, casas y lotes de Tulum
CANCÚN, Q. Roo.- Tras 20 años de litigio, actuarios del Juzgado Civil de Playa del Carmen, con el apoyo de elementos de la Policía Municipal y guardias privados, ejecutaron la orden de desalojo en cuatro hoteles, dos casas particulares y cuatro lotes baldíos en la zona de Punta Piedra, en el municipio de Tulum.
De acuerdo con informes de los afectados, la diligencia empezó alrededor de las 8:00 horas y continuó hasta la tarde. Durante el desalojo hubo connatos de violencia entre los guardias privados y los posesionarios de los predios.
Según pobladores, se trata del mayor desalojo en la historia de Tulum, marcado en los últimos años por litigios por terrenos costeros.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, Roberto Palazuelos, informó que la diligencia se deriva de un juicio promovido por el regiomontano Esteban Schiavon Magaña.
“Es un litigio que tiene 20 años”, subrayó.
De acuerdo con Palazuelos, fueron “lanzados” los propietarios de los hoteles “Azúcar”, de 15 habitaciones; “Iguana Blue”, antes “Parayso”, de 11 cuartos, y “Coqui” de 12, así como “Las Estrellas” de 12, pero que “está vacío” por remodelación.
Además, fueron ejecutadas las órdenes de desalojo en dos residencias privadas conocidas como “Casa Cocodrilo” y “Casa Géminis” y cuatro lotes baldíos.
El también actor indicó que estos predios son de Schiavon Magaña, pero que le fueron invadidos por dirigentes del ejido Pino Suárez, que a su vez vendieron a particulares.
Los particulares desalojados este viernes fueron defraudados por los ejidatarios, apuntó.
Sin embargo, acotó que en la misma franja hay otros seis posesionarios que previamente “se arreglaron” con Schiavon Magaña, y en consecuencia quedaron al margen del operativo de desalojo de este viernes.
En este segundo grupo de hoteles, mencionó, están, entre otros, “Shambalá Petit”, “Caracol”, “Akín” y “Ahua”.
“El hotel Ahau es mi propiedad y yo me arreglé con Esteban Schiavon Magaña. Investigué en el Registro Público de la Propiedad. Corroboré que no era del ejido, sino de él y llegamos a un acuerdo”, aseguró.
Por otra parte, indicó que se llegó a un acuerdo con el fin de que los huéspedes permanezcan en los hoteles sometidos al embargo.
Además, alertó que vienen más órdenes de desalojo en lotes propiedad de otros dos empresarios regiomontanos.
Niega video
En otro asunto, Palazuelos negó estar presente en la diligencia del desalojo, luego que se divulgó hoy un video en el que aparece en las playas de Tulum.
“Estoy en la Ciudad de México. Estoy en lectura. Mañana empiezo a rodar la película ‘Un día de boda’”, justificó.
Procuraduría de Sinaloa niega daños a casa de la mamá de “El Chapo”
La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó el asesinato de dos personas el sábado pasado en Badiraguato, lugar de nacimiento de Joaquín El Chapo Guzmán y afirmó que la mamá del capo no se encuentra en el domicilio que supuestamente fue asaltado por un grupo armado.
Testigos dijeron a Ríodoce hace un par de días que el sábado pasado un grupo de unos 150 hombres armados, presuntamente miembros del cártel de los Beltrán Leyva, irrumpieron en la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, mataron a al menos ocho personas y saquearon la casa de Consuelo Loera, madre del capo del Cártel de Sinaloa.
Según esos testimonios, los pistoleros, entre quienes también había gente de Isidro Meza Flores, irrumpieron además en la casa de Consuelo Loera y tomaron dos vehículos conocidos como Razers, así como tres motocicletas todo terreno y cortaron las líneas telefónicas y de Internet.
Este viernes, el subprocurador General de Justicia del estado, Martín Robles Armenta, informó que elementos policiales acudieron al poblado La Tuna y encontraron deshabitada y sin ningún tipo de daños la casa de Consuelo Loera.
“El hecho de que se manejara que se habían metido en ese domicilio y que se había atacado ese domicilio, fue constatado que no presenta daños por disparos de arma de fuego. El día de hoy anduvieron en las inspecciones oculares agentes de policía”, dijo, y afirmó que los elementos que acudieron a la zona, no corroboraron que se hayan registrado enfrentamientos.
Según el funcionario, los pobladores entrevistados dijeron que dejaron sus casas por temor ya que había rumores de que se registrarían enfrentamientos entre grupos de delincuentes.
“No se han dado daños por disparos de armas de fuego en domicilios, no se han dado privaciones de la libertad en esos domicilios o robos o asaltos a esas poblaciones”, recalcó Robles Armenta.
Lo único que se ha confirmado hasta ahora, dijo, es el homicidio de dos personas el sábado pasado, en el camino al poblado La Palma, pero cuando arribó el Agente del Ministerio Público al lugar los cuerpos no estaban.
Al día siguiente, dijo, fueron reportados otros homicidios en Higueras de Tecuán y confirmaron el homicidio de dos personas.
Robles Armenta refirió que en esa zona las disputas son por el control entre grupos delincuenciales rivales o alguna escisión de uno de los carteles.
“Estos grupos de delincuentes se disputan el cultivo de drogas, el cultivo y el control de los lugares para actividades ilícitas”, dijo.
Desalojan a maestros que bloqueaban vías del tren en Morelia; hay seis detenidos
MORELIA, Mich.- Dos policías lesionados, una patrulla dañada y seis detenidos dejó como saldo el desalojo realizado este viernes por decenas de policías en las vías del tren, donde maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenían un bloqueo.
Desde las 8 de la mañana, los mentores se congregaron en la Avenida Madero Poniente, a la altura de Tres Puentes, y se apostaron en las vías del ferrocarril. Minutos más tarde los agentes estatales y federales se desplazaron al lugar.
Luego de varios intentos de las autoridades por dialogar, sin éxito, los uniformados desalojaron a los profesores disidentes, quienes respondieron con pedradas.
Los granaderos disolvieron la manifestación con gases lacrimógenos y finalmente liberaron las vías del tren. Tras la refriega, seis integrantes de la CNTE fueron detenidos, en tanto que dos policías resultaron lesionados y una patrulla dañada.
Cansados de marchas
De acuerdo con una encuesta realizada por Gii 360, denominada “Educación en Michoacán” –cuyos resultaron no fueron publicados, pero Apro obtuvo una copia–, 81% de la población entrevistada está de acuerdo en la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y, por tanto, con la evaluación a los maestros. En desacuerdo se mostró el 19%.
En tanto, 72% de los michoacanos considera que las marchas perjudican a la ciudadanía, y de manera directa a los niños y niñas que quedan sin clases, según el sondeo realizado en cinco de los municipios más importantes de la entidad.
A esta percepción se suman las reiteradas denuncias y quejas de diversos sectores sociales. Los empresarios, por ejemplo, han visto paralizadas sus actividades por la toma de carreteras, que afecta la actividad económica del estado.
El sector turístico también se ha quejado en múltiples ocasiones del daño que se causa a la imagen de esta capital, reconocida como patrimonio de la humanidad y que tiene al turismo como una de sus actividades principales.
De manera sistemática la CNTE ha utilizado las marchas y plantones para protestar contra las medidas del gobierno, pero esas acciones, según los michoacanos, lastiman los derechos humanos, de libre tránsito y de libre actividad económica.
La encuesta de Gii 360 –consultora especializada en estrategias de comunicación e investigación de mercados y de la opinión pública– detalla que 81% de la población está de acuerdo en que se evalúe a los maestros, no sólo por ser una disposición legal de la reforma educativa, sino porque consideran que eso seguramente dará mejores resultados en materia de educación.
Por otra parte, en un comunicado difundido ayer, miembros activos de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) destacaron que a nivel nacional “nuestra jornada de lucha ha logrado la aceptación y el consenso de gran parte de la población, estudiantes, organizaciones civiles y sociales. Todos se han sumado a la exigencia de una solución al problema”.
Y sobre la reforma educativa precisaron que en realidad “se está implementando una política económica para deslindar al Estado de sus responsabilidades constitucionales, para abrir paso al financiamiento privado. Se ha evidenciado también el fracaso rotundo de la política educativa en las últimas cuatro décadas”, apuntaron.
El secretario general de la Sección 18, Víctor Manuel Zavala Hurtado, señaló que aún con la cerrazón para escuchar su “justa demanda de abolición de la reforma educativa”, han logrado abrir canales a nivel nacional para analizar posibles salidas a un conflicto que ya no es propio del magisterio, sino de otros sindicatos y organizadores sociales.
“En Michoacán se han aplicado descuentos de forma irregular, sin cumplir protocolos establecidos. El reciente anuncio de la Secretaría de Educación en el estado afirma que en esta quincena se aplicarán 47 mil días de descuentos, distribuidos entre 10 mil 700 trabajadores de la educación”, agregó.
E informó que por acuerdo de la Asamblea Estatal Representativa se acordó realizar una consulta “entre nuestros compañeros de base que nos permita tomar la mejor de las decisiones para resolver el pago correspondiente a esta quincena”.
Zavala Hurtado advirtió que iniciarán un procedimiento administrativo de reclamo por descuento injustificado “con el que se agotaría el argumento de inasistencia y notificación que emite el patrón al trabajador”.
Con el proceso administrativo, dijo, se tratará de no transitar por un proceso jurídico y sus consecuencias de riesgo para el trabajador, como la suspensión de pago durante todo el proceso y el posible cese.
Por separado, la Secretaría de Educación estatal destacó que ante las acciones que mantiene la CNTE para impedir la entrega de cheques a través de los cuales los docentes cobran su salario, se instrumentó un sistema de depósitos bancarios de la quincena que va del 1 al 15 de junio del presente año.
Los interesados deberán enviar una solicitud cuyo formato podrá descargarse de la página oficial de la dependencia: www.educacion.michoacan.gob.mx.
Detienen a “autodefensas” tras su presentación en la capital de Morelos
CUERNAVACA, Mor.- La abogada Adelaida Marcelino Mateo ofreció una conferencia de prensa sui géneris para presentar a “la primera policía comunitaria” o “autodefensa” de la entidad, consistente en un grupo de 13 embozadas, armados con machetes y palos.
En pleno centro de Cuernavaca, en el restaurante Los Arcos, ubicado en la plancha de la plaza de armas de la capital, los hombres armados, algunos de ellos muy jóvenes, casi unos niños, levantaron sus machetes.
Mientras tanto, a unos metros, elementos de la Unidad Especial de Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de Morelos, así como del Mando Único, organizaban un operativo que cerró el primer cuadro de la capital y esperó a que culminara la presentación de los civiles armados en rueda de prensa.
Media hora después, los policías arrebataron los machetes y palos a los “policías comunitarios”, y enseguida los detuvieron violentamente, los sacaron casi arrastrando por enfrente del viejo edificio de Correos.
Patrullas dispuestas aguardaban sobre la calle de Galeana. A la fuerza, 13 personas, entre ellas varias mujeres, fueron subidas y trasladadas al edificio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Entonces la violencia se generalizó. Las mujeres que acompañaban a la “policía comunitaria” y sus pequeños hijos gritaban, algunas de ellas lanzaban manotazos, pero los policías no se detuvieron.
Uno o dos de los jóvenes autodefensas eran bastante fuertes y altos, lo que primero impidió que los pudieran controlar, sin embargo, con la suma de hasta 10 elementos policiacos al final fueron sometidos.
La abogada Marcelino Mateo huyó del lugar y hasta las 18:00 horas no se sabía nada de su paradero. En tanto, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina confirmó que fueron detenidas 13 personas, y advirtió que “no permitirá la conformación de grupos de autodefensas en Morelos”.
Conflicto FPR-Los Victorinos
En la comunidad de Chivatero, en el municipio de Ayala, los conflictos por la tierra son añejos. En esa comunidad, el Frente Popular Revolucionario (FPR), organización social de Morelos, realiza trabajo comunitario justo en defensa de la tierra. Uno de sus integrantes, el activista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, fue asesinado en febrero de 2015.
Proceso dio a conocer en su portal la historia en diversas notas informativas y en la serie de reportajes publicados por Arturo Rodríguez, titulada “Peña Nieto, represión en aumento”, donde aborda la historia de “Gustavo. El comunista asesinado”.
El día de su asesinato, cuando fue desmembrado y decapitado, el Ejército detuvo a Victorino Marcelino Hernández, Héctor Ortega, Lidio Marcelino Mateos y Víctor Marcelino Mateos, conocidos como “Los Victorinos”, un grupo de indígenas tlapanecos a quienes acusaron de la muerte de Salgado Delgado.
Sin embargo, la defensa encabezada por la abogada Adelaida Marcelino, a quien se señala como familiar de algunos de los detenidos, aseguró que son inocentes y ha denunciado anomalías en la investigación. En el caso también se vio involucrado el actual diputado local panista José Manuel Tablas Pimentel, y entonces alcalde de Ayala, sin embargo, nunca se abrió una investigación sobre esa línea de investigación.
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia del juicio de los Victorinos, lo que generó enorme tensión en la sala de juicios orales de Cuautla, donde también se desarrollaba la audiencia de los acusados por la inhumación clandestina de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández en las fosas clandestinas de Tetelcingo.
Al terminar la audiencia, la tensión se trasladó a Chivatero. Por la noche, los dos grupos en pugna se enfrentaron a golpes y machetazos. Pobladores de esa comunidad que han tomado partido por los Victorinos se enfrentaron con integrantes del FPR. Las autoridades y cuerpos policiacos estuvieron ausentes, pues desde el principio se han deslindado del asunto.
En respuesta a ese enfrentamiento, la abogada y familiar de los Victorinos, Adelaida Marcelino, presentó en Cuernavaca a la “primera (supuesta) policía comunitaria”, pues asegura que el gobierno no ayuda a resolver el conflicto en Chivatero, que se puede generalizar a todo el municipio de Ayala, ubicado al sur de Cuautla.
Policías comunitarias
Aunque el gobierno de Morelos lo niega, el pasado 10 de mayo el portal de Proceso dio a conocer la conformación del Consejo de Seguridad Comunitaria, que agrupa a grupos de defensa civil de 11 comunidades “para proteger a los pobladores frente al desbordamiento de la violencia e inseguridad en la región”.
Este medio platicó con los líderes del movimiento popular en el atrio del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tetela del Volcán, localizado en las faldas del Popocatépetl.
Ocho hombres y una mujer aceptaron hablar con el reportero y confirmaron las versiones sobre el surgimiento de un grupo de “autodefensas”, muy parecido al que emergió en Michoacán con José Manuel Mireles, actualmente preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora.
Con la condición de mantener el anonimato, uno de los líderes explicó las razones de su reservada actitud: “Algunos medios quieren tomarnos como bandera, por eso queremos aclarar las cosas. No tenemos miedo, bueno, no es fácil, pero ya le entramos a esto, ya no podemos rajarnos. Pero no queremos dar nuestros nombres porque no queremos que los compañeros nos acusen de protagonistas”.
Tercia otro: “Acordamos que esto no es para politizarlo. No queremos a los partidos políticos. No estamos ligados a partidos políticos ni a los alcaldes. Somos gente del pueblo, de confianza de los pueblos”.
Una semana antes los representantes del Consejo se reunieron en una comunidad de Yecapixtla y emplazaron a los gobiernos municipales, estatal y federal a dar resultados cuanto antes o atenerse a las consecuencias. Algunos medios manejaron la información de que se armarían, pero esa versión fue rechazada por los integrantes de la red de seguridad.
Capturan en Texas a exfiscal de Jalisco acusado de fraude y lavado de dinero
Sergio Guadalupe Adame Ochoa, de 65 años, un exfiscal mexicano que dirigió el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General de Jalisco, fue detenido en San Antonio, Texas, junto con 14 personas más, acusado de fraude y lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Según la Fiscalía General de Estados Unidos, Adame Ochoa, quien residía en Texas, es acusado junto con los otros 14 detenidos de lavar cerca de 30 millones de dólares derivados de “importar, recibir, ocultar, comprar y vender cocaína” en Estados Unidos.
Además, el exfiscal está acusado de fraude para obtener créditos por hasta 1.7 millones de dólares con un banco estadunidense para financiar la compra de una propiedad en la ciudad fronteriza de Mission, en Texas.
Según la acusación Adame Ochoa declaró ingresos superiores a los 500 mil dólares anuales libres de impuestos para obtener el crédito.
Funcionarios estadounidenses citados por el San Antonio Express-News señalaron que Adame Ochoa colaboró con Estados Unidos en diversos casos contra capos mexicanos de la droga, entre ellos algunos líderes del cartel del Golfo.
Tras su detención la Fiscalía General ordenó incautar 12 propiedades ubicadas en el sur de Texas y valoradas en 15 millones de dólares.
Durante el operativo realizado el jueves pasado en San Antonio, Austin y otras localidades de la frontera, las autoridades confiscaron además 50 mil dólares en efectivo, 20 vehículos, 60 armas de fuego, 30 caballos y maquinaria agrícola valorada en 500 mil dólares.
A lo largo de la investigación, las autoridades incautaron también unos 100 kilogramos de cocaína.
En caso de ser condenado, Adame Ochoa podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
Apenas se aprobó y ahora el PRI busca reformar #Ley3de3
Unos horas después de haber aprobado una versión descafeinada de la llamada Ley 3de3, la bancada priista en San Lázaro admitió que alista una iniciativa para precisar los alcances y los sujetos que no son objeto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada priista, aclaró que los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, los becarios del Conacyt y los trabajadores que laboran en restaurantes no son objeto de la Ley 3de3, sin embargo, acusó, “hay algunos diputados y empresarios que buscan generar confusión y obtener beneficios políticos-electorales”.
Ramírez Marín y el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila Flores, aseguraron en rueda de prensa que es una ley de “buena fe y que busca combatir realmente la corrupción”.
Además, indicaron que de ser necesario revisarían con magistrados la interpretación de esa ley. “Si el gobierno federal considera que hay confusión, podríamos presentar una iniciativa para aclarar esta situación”.
También mencionaron que algunas expresiones han tratado de interpretar la ley, algunas de buena fe y otras de manera equivocada, pues señalan como sujetos obligados de la misma a quienes evidentemente no está dirigida esa ley.
Es más, acotaron el artículo 32 de la ley, en su inciso C, no puede desvincularse del anterior, por lo que se dirige exclusivamente a quienes tienen participación directa en los procedimientos de licitación o asignación de recursos a nombre de las personas morales señaladas en el inciso B.
En tanto, el diputado Marco Antonio García, también del PRI, rechazó que la inclusión de entes privados en la Ley 3de3 sea una “revancha” contra empresarios por haber cuestionado al Legislativo por la demora en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus siete leyes secundarias.
García Ayala explicó que el sector privado es como los sindicatos de servidores públicos, que reciben recursos del erario y que tienen que acatar la ley y rendir cuentas.
“Somos personas morales, lo mismo que los empresarios y, si reciben de algún modo dinero público, tienen que ser sujetos obligados también. Hay un error de percepción, la ley debe ser pareja para todos, fue el consenso de senadores y diputados”, justificó.
Especialista inglés alerta en México sobre el tráfico ilícito de bienes culturales
Investigador emérito de la Universidad de Cambridge, el arqueólogo británico Colin Renfrew (1937) dictó una conferencia en el Museo Nacional de Antropología –al que calificó como su museo favorito– acerca de los riesgos de pérdida de la memoria colectiva debido a la expoliación y el tráfico ilícito de bienes culturales.
Nacido en Stockton-on-Tees, en Reino Unido, el científico social de 78 años de edad se interesó desde muy joven en el tema del saqueo de antigüedades. Denuncias sobre el hecho en la isla de Keros lo motivaron entonces a atravesar el Mar Egeo para investigar en un sitio que –sabría después– era el primer santuario marítimo del mundo.
Durante su exposición explicó que los daños del saqueo van más allá de la posesión ilegal de piezas por parte de coleccionistas privamos, su efecto “es que nuestra posibilidad de aprender acerca del pasado de la humanidad se pierde a través de la alteración del contexto”, reseñó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un comunicado.
Reconocido por su trabajo en datación por medio de radiocarbono, prehistoria de idiomas, arqueogenética y arqueología procesual, Renfrew no descalificó el coleccionismo, por el contrario consideró que fue parte de la “arqueología seria” de los siglos XVI al XIX, pero la situación cambió luego de las guerras mundiales del siglo XX:
Se creó mayor conciencia acerca de la pérdida del patrimonio y por ello se adoptó en 1970 la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la aportación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.
El arqueólogo describió uno de los procesos que pueden seguir las piezas ilícitas hasta llegar a los museos o espacios donde se busca su legitimación:
Comienza con una excavación clandestina en cualquier sitio, el saqueador lleva las piezas arqueológicas a un vendedor local y éste la comercia con un traficante “mejor conectado” que las colocará con un coleccionista privado. En algún momento este coleccionista querrá mostrar su colección en una exposición en algún museo importante, editará un catálogo de lujo, en el cual no se aclara la procedencia del objeto, y ahí es donde llega a otro nivel. Es un “entramado de corrupción”.
Señaló otro aspecto en el cual el coleccionista se convierte en “mecenas” y “dona” sus acervos a prestigiados museos, cuyos directivos no siempre están dispuestos a corroborar el origen de las piezas. Las donaciones conllevan exenciones de impuestos que en ocasiones son mayores a lo que el supuesto mecenas invirtió. Lo lamentable, dijo, es que no se aplique correctamente lo estipulado en la Convención de 1970.
Renfrew recordó el caso conocido como Hot Pot (vasija caliente) del Museo Metropolitano de Nueva York, que salió a la luz cuando en 1995 se denunció en Italia la existencia de una bodega llena de antigüedades saqueadas. Ahí se encontraba una hermosa vajilla griega comprada en 1972 en cerca de un millón de dólares por el entonces director del museo Thomas Hoving, al comerciante Robert Hecht.
Al final la pieza tuvo que ser devuelta a su país de origen. No obstante el Met siguió adquiriendo obras de procedencia ilícita durante la dirección de Philippe de Montebelle (1977-2008).
Otro caso fue la Afrodita de Morgantina, adquirida por el Museo J. Paul Getty de Malibú, en 18 millones de dólares. El gobierno italiano llevó este caso a los tribunales.
Ambos museos, destacó el arqueólogo británico, tienen nuevas direcciones, el Getty, con el doctor Michael Brand, y el Met con Thomas P. Campbell, a quienes consideró de confianza.
Cabe mencionar que en el caso de México se han presentado hechos en los cuales casas subastadoras sacan a la venta colecciones arqueológicas de dudosa procedencia, como la casa Bonhams. El INAH señaló que 25% de los objetos que se subastarían eran de reciente manufactura, e informó en su momento que presentó una denuncia penal ante la PGR.
E igual, “solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores implementar las medidas legales y diplomáticas procedentes para su recuperación, ya que la subasta de bienes arqueológicos en Nueva York vulnera la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, que dispone la Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales Robados, de fecha 17 de julio de 1970.”
Colin Renfrew concluyó en que es necesario pugnar “por una arqueología legal y no ilícita, transparente y no clandestina, internacional y no nacionalista, con buenas publicaciones y sin secretos, auténtica, popular, enciclopédica e ilimitada como el espíritu humano.
Pide Peña a Gabinete trabajar “sin distingo partidista” con nuevos gobernadores
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a los integrantes de su Gabinete para que “sin ningún distingo partidista” y de manera institucional trabajen con los nuevos gobernadores.
En un comunicado de Presidencia se dio a conocer que el Ejecutivo sostuvo este viernes una reunión con los secretarios de Estado en la Residencia Oficial de Los Pinos, y también les encomendó hacer un uso mucho más eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como establecer prioridades en materia de gasto e inversión, considerando el ajuste presupuestal del año siguiente, a favor de la estabilidad macroeconómica y de finanzas públicas sanas.
De igual manera, los exhortó a consolidar las reformas estructurales, los programas y las acciones, así como a redoblar esfuerzos para entregar a la ciudadanía resultados concretos que le impacten positivamente en su día a día.
Peña celebró que en las elecciones del pasado domingo 5 “las mexicanas y los mexicanos se expresaran de forma cívica, institucional y pacífica”, destaca el texto.
Y reconoció a los titulares de las secretarías que integran el Gabinete de Seguridad por su coordinación con las autoridades electorales estatales, lo que permitió que los comicios se desarrollaran sin incidentes mayores.
Cae policía de Tlajomulco que pretendía asaltar casa de empeño en Jalisco
GUADALAJARA, Jal.- Un policía del municipio de Tlajomulco, quien junto con cuatro sujetos pretendía robar una casa de empeño, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El colmo es que en el asalto quedaron abandonadas dos unidades de la Comisaría, una patrulla y una camioneta que usa personal del taller mecánico adscrito a la corporación policiaca, donde presuntamente se llevarían los objetos robados.
Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga recibieron la señal de alarma de un posible robo en una casa de empeño que se localiza sobre la carretera a Cajititlán, justo en el ingreso al fraccionamiento Arvento.
Sin embargo, cuando los policías arribaron al lugar se percataron que la parte posterior del negocio tenía un orificio y que cuatro sujetos al exterior se encontraban sustrayendo objetos.
Al verse sorprendidos, uno de los presuntos ladrones accionó su arma en contra de los elementos, éstos repelieron la agresión e hirieron a uno de ellos. Sólo fue detenido el oficial en activo de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio.
Tras el hecho, el gobierno de Tlajomulco envió un comunicado para informar que “no tolerará que ninguna instancia oficial cometa un acto ilícito, por ello se agotaran todas las instancias para lograr la captura de los elementos involucrados”.
A la vez, se mencionó que el alcalde Alberto Uribe Camacho advirtió que caerá todo el peso de la ley sobre el elemento detenido. “Mi exigencia será al Poder Judicial y al fiscal toda la determinación y todo el poder de la ley para que todos estos policías terminen en la cárcel”, expresó.
Además, Uribe Camacho dijo que la policía debe velar por el bien de la comunidad y no se debe utilizar el uniforme para delinquir.
“Vergonzoso que un policía que se supone debe cuidar a la ciudadanía esté haciendo este tipo de delincuencia, van a terminar en la cárcel, de eso no tengan la menor duda, y por otro lado felicitar a sus compañeros que hicieron la detención”, refirió.
Promete Conade premio de 3 mdp para atletas que ganen el oro en Río 2016
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) prometió tres millones de pesos al atleta ganador de la medalla de oro en los cercanos Juegos Olímpicos de Río 2016.
Asimismo, el organismo garantizó un premio de 2 millones de pesos por la presea de plata, además de un millón de pesos de incentivos al merecedor de la medalla de bronce.
Así lo dio a conocer el director de la Conade, Alfredo Castillo, durante la Reunión Técnica Pro Río que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).
El premio económico será ocho veces mayor en relación a los estímulos que repartió el organismo en los anteriores Juegos Olímpicos, Londres 2012: 300 mil, 150 mil y 75 mil pesos, para la presea de oro, plata y bronce, en el orden respectivo.
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto abanderará a la delegación que asistirá a Río el próximo 8 de julio en la Residencia Oficial de los Pinos.
Los atletas clasificados a Río 2016 comenzaron a llegar este viernes a las instalaciones del CNAR, donde además de completar su preparación efectuarán actividades relacionadas con el programa Pro Río, desde pruebas físicas, prevención del dopaje y nutrición.
Defensa promueve un segundo amparo contra captura de “El Güero” Palma
Los abogados del narcotraficante Héctor El Güero Palma promovieron un segundo juicio de amparo para buscar la libertad de su cliente, señalando ahora a la Fiscalía General de Nayarit como autoridad responsable de su captura tras su deportación de Estados Unidos a nuestro país.
La demanda fue admitida a trámite en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Tepic, Nayarit, órgano jurisdiccional que ha ordenado el envío de actuarios al penal federal de El Altiplano, para que Palma Salazar ratifique el recurso legal.
El argumento del amparo solicitado al Poder Judicial de la Federación (PJF) es que se mantiene la privación ilegal de la libertad del que fuera fundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán.
Es por ello que el impartidor de justicia que lleva el expediente 1372/2016 ordenó a la Fiscalía de Nayarit, a la delegación estatal de la PGR, a la estación local de la PF y a la Policía Estatal de Investigación que pongan a El Güero Palma a disposición de los jueces del fuero común, en caso de que exista una orden de aprehensión en su contra.
A través de una suspensión también se emplazaba a esas mismas corporaciones a entregar a Palma Salazar a un MP en caso de que no tuviera alguna orden de aprehensión en su contra, pero ambas resoluciones judiciales quedaron sin efecto al ejecutarse las dos órdenes de aprehensión que existían en contra del narcotraficante por el delito de homicidio.
Cabe destacar que el primer juicio de amparo por la defensa del capo sinaloense había sido promovido ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, y señala como autoridad responsable de una supuesta detención ilegal a la SEIDO.
Sin embargo, por no ser la autoridad ejecutora de la orden de aprehensión, este primer juicio de amparo podría ser desechado de manera definitiva en las próximas horas.
En el caso de la segunda demanda, los abogados tendrán que analizar si amplían el contenido de la misma para impugnar directamente las órdenes de aprehensión o si presentan un nuevo amparo en el que ya no se quejen de una privación ilegal de la libertad, sino de las dos causas penales abiertas contra el socio de El Chapo Guzmán.
No obstante, los procesos penales contra Palma Salazar por el delito de homicidio son ahora el principal obstáculo para que recupere su libertad, tras haber cumplido sus condenas en México y Estados Unidos por las imputaciones, entre otras, de asociación delictuosa y delitos contra la salud.
#Ley3de3 a empresarios ahuyentará inversiones: Mancera
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera salió en defensa de la iniciativa privada para que no sea obligada a presentar su declaración en la llamada Ley 3de3 pues eso, dijo, podría ahuyentar las inversiones.
Por ello, llamó a la Cámara de Diputados a reflexionar para que “no permita que se tergiverse, que se pervierta el planteamiento de la sociedad civil” de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3.
Ayer, los diputados federales votaron sin modificaciones el artículo 32 de dicha ley que obliga a las personas físicas y morales –incluidos los empresarios– que reciban y ejerzan recursos de organismos públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
Esta mañana, durante un acto oficial en la delegación Gustavo A. Madero, Mancera Espinosa argumentó que el origen de esa iniciativa ciudadana fue pensado “para los servidores públicos, es para que nosotros transparentemos los recursos, no para llamar a la iniciativa privada”.
Y explicó: “Imagínense, la iniciativa privada, que aquí hiciera una donación o que nosotros tuviéramos una contratación, al rato tiene que transparentar y tiene que decir cuáles son sus recursos. Vamos a ahuyentar a la iniciativa privada”.
Por el contrario, aseguró que hay que trabajar con los empresarios. La iniciativa, dijo, se originó para contrarrestar y combatir la corrupción en todo el país, no para que la iniciativa privada ahora “esté obligada a transparentarse como si fuera una vendetta. Yo creo que no es por ahí el camino. Yo creo que estamos a tiempo de reorientarlo”.
Asamblea lo secunda
Luego de la declaración de Miguel Ángel Mancera, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Leonel Luna lo secundó en su defensa a la iniciativa privada y sugirió que el presidente Enrique Peña Nieto pueda aplicar su derecho de veto a la mencionada ley.
En un comunicado, el perredista declaró que como fue aprobada, la Ley 3de3 “no cumple con la demanda ciudadana que le dio origen que es la rendición de cuentas y transparencia en el quehacer de los servidores públicos”.
Al sumar a los empresarios, dijo, pareciera más “una estrategia de obstaculizar la aplicación de la ley y no ayuda a combatir la corrupción, solo provocará inconformidades legales y afectará la inversión”.
Es “un exceso”, agregó, “poner tantas trabas a la transparencia y rendición de cuentas”.
Por ello, Luna Estrada recordó que el presidente de la República “tiene la oportunidad de dar marcha atrás” a la iniciativa avalada por la Cámara de Diputados a través de su derecho a veto, “porque no se respeta el sentir ciudadano”.
Expropiaciones ejidales en Guanajuato, “negocio” de antaño
SILAO, Gto.- Mientras la especulación inmobiliaria a cargo de exfuncionarios en los predios destinados a la planta de Toyota colocó en el ojo público la actuación del gobierno de Guanajuato, añejos conflictos de origen similar se litigan en los juzgados federales por parte de ejidatarios que reclaman pagos pendientes de las expropiaciones hechas para el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y para el Puerto Interior, ambos en Silao.
En sus propias palabras, funcionarios y notarios “bien engañosos” presionaron y prometieron empleos, infraestructura y servicios a los pobladores de estos ejidos a fin de que vendieran terrenos para el Aeropuerto Internacional, en 1987, y para el Puerto Interior, en el 2006, y al final casi nada se les cumplió.
Según las estimaciones hechas por los ejidatarios y los abogados que llevan sus juicios, sólo en el caso del Puerto Interior el adeudo podría rebasar los 197 millones de pesos por la expropiación no finiquitada de 400 hectáreas a los ejidos El Salitrillo, Nápoles y El Mezquite de Sotelo.
Otros ejidos como el Nuevo México han conseguido que el gobierno estatal les liquide adeudos por las expropiaciones que por años les fueron negados, luego de que jueces federales fallaron a favor de los propietarios y esto obligó al presidente Enrique Peña Nieto a expedir un nuevo decreto para actualizar los valores que debieron ser por fin finiquitados años después.
A Nuevo México le fueron expropiadas 77 hectáreas, e inicialmente el gobierno estatal pagó poco más de 28 millones por la extensión, pero tras interponer varios juicios de amparo, en diciembre del 2013 Peña Nieto emitió un nuevo decreto que obligó al estado a pagar una diferencia superior a los 32 millones de pesos.
En los litigios se han presentado evidencias que parecen contundentes, sobre los procesos irregulares de compraventa y expropiación, dijeron a Apro los abogados Víctor Manuel Santos López y José Gerardo Arrache Murguía, apoderados legales de El Salitrillo, Nápoles y El Mezquite.
Por ejemplo, a pesar de que el Aeropuerto internacional opera desde hace más de 26 años, los ejidos siguen pagando el impuesto predial por esos terrenos, porque la desafectación nunca se concretó en su totalidad y los recibos siguen saliendo a su nombre, sin que el gobierno estatal o el concesionario del aeropuerto se hagan cargo.
“Todo se hace mediante convenios de ocupación previa con fines de expropiación, los cuales son nulos porque la Ley Agraria establece que para que medie una expropiación, primero debe de hacerse la indemnización total y aquí lo que tenemos es un convenio de ocupación previa”, explican los abogados.
En el caso de Puerto Interior, estos convenios establecen en una de sus cláusulas que el promovente (en este caso el gobierno del estado) paga por concepto de anticipo a cuenta de indemnización -con base en el avalúo de la Comisión de bienes nacionales por ocupación de bienes ejidales amparados por el certificado parcelario- pero esto no es el pago total; finalmente para la expropiación debió haber un pago total de indemnización”.
Los abogados mostraron recibos del pago del predial de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) así como la inscripción de los juicios de amparo en las escrituras de Guanajuato Puerto Interior (GPI).
Dentro de los juicios de amparo que se litigan (uno por cada ejido) en los juzgados de distrito IX y X con sede en Irapuato, a fines del 2014 se promovió un incidente de suspensión para que el gobierno del estado quitara las puertas de malla con las que cerró los accesos de los caminos de las comunidades hacia las vialidades del Puerto Interior, lo que el estado no ha cumplido cabalmente.
“No debería de haber ni ventas; esa suspensión es dictada para proteger los intereses de los quejosos. Si hubo ventas, hay una clara violación a la suspensión, independientemente de las otras arbitrariedades. El gobierno del estado apeló la suspensión pero el juzgado la confirmó”, señaló el abogado Víctor Santos.
Hace 10 años, de acuerdo con los avalúos efectuados entonces, el valor promedio era de 791 mil pesos por hectárea. Los ejidatarios recibieron, mediante un convenio de ocupación previa, pagos de 297 mil pesos (en calidad de anticipo por estos convenios, señalan los abogados) por lo que ahora se demanda el finiquito total correspondiente a la expropiación que, aseguran, nunca se hizo.
El año pasado, por un juicio similar, un Tribunal Agrario ordenó al gobierno del estado pagar a dos millones 850 mil pesos la hectárea a pobladores del Ejido Emiliano Zapata, otro afectado por Puerto Interior.
A este ejido se le habían expropiado 35 hectáreas, pero no se le había liquidado. El Tribunal Agrario determinó que debía emitirse un nuevo decreto expropiatorio y pagarles una diferencia total de 99.7 millones de pesos.
La misma historia
Largos muros y malla ciclónica separan lo que parecen ser dos mundos, en esta región de Silao, sobre la autopista Irapuato-León.
De un lado, el complejo empresarial del Puerto Interior (proyecto surgido a partir del 2006 e impulsado por el expresidente Vicente Fox Quesada) donde operan plantas de marcas como Volkswagen, Pirelli, Nivea, las amplias instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Campus Silao, rodeadas de moderna infraestructura, avenidas perfectamente pavimentadas y señalizadas y la atenta vigilancia del edificio del C5i (Centro de comando, comunicaciones, cómputo, control, coordinación e inteligencia del estado), un centro inteligente anti atentados operado por autoridades estatales.
Del otro lado de los muros y mallas, lo primero que se aprecia desde los accesos que conducen a los núcleos ejidales son montones de tierra y escombro que han sido depositados contra la voluntad de los propietarios y de los ejidos, por decenas de tolvaneros que transportan el material de desecho de las construcciones de las naves industriales del propio Puerto Interior.
Predios que fueron tierras cultivables son ahora los basureros de escombro del complejo industrial del que el Gobierno del estado es el socio mayoritario y el Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG) tiene una acción sobre cuyas utilidades poco o nada se sabe.
Los caminos pavimentados del Puerto Interior se cortan abruptamente y se convierten en caminos terregosos y enlodados una vez que se pasa a los poblados de los ejidos.
A unos pasos de la modernidad empresarial, el panorama social cambia drásticamente: un grupo de jóvenes se droga en una esquina de la calle terregosa y enlodada; de algunos postes cuelgan una especie de farolas que alguna vez fueron entregadas a nombre del Puerto Interior para el alumbrado público -una parte de todo lo que se ofreció- pero como nunca se conectó la energía eléctrica, las farolas son ahora nidos para los pájaros.
Años atrás, cuando se plantearon los convenios de ocupación previa (que antecedieron a la expropiación) representantes del gobierno del estado y del Puerto Interior se acercaron a los ejidatarios y ofrecieron que mejorarían las viviendas y la infraestructura de las comunidades con drenaje y una larga lista de acciones.
“Ahora que metimos los abogados es como hemos sacado información; sabemos que el 12 de diciembre del 2012 se depositó el dinero del gobierno federal aquí para que se pagara, el dinero se retiró pero no nos pagaron lo que nos debían”, señalan Alfredo y Martín Murillo Sánchez, comisario y excomisario de El Mezquite, en conversación con Apro.
“Las obras que iban a meter, empedrado, guarniciones, luz, no se han realizado. Nos cambiaron el drenaje que teníamos y éste en lugar de sacar el agua, sale a las casas. Los de las tolvas tienen ya ocupadas como 15 hectáreas con el escombro, y por más que le hemos dicho al presidente del Puerto Interior (el exalcalde leonés panista Luis Quirós Echegaray) todo esto, los tolveros siguen diciendo que a ellos les ordenan venir a tirar acá y siguen tirando. Yo los he seguido vienen de las empresas”, expuso Alfredo Murillo.
Martín Murillo recordó que en el caso del Aeropuerto internacional, el pago también fue por ocupación previa; es decir, parcial. De 101 millones de viejos pesos de entonces (1987) les entregaron una parte.
Tanto en el caso del aeropuerto como del Puerto Interior, afirman ambos, “no supimos que nos faltaba dinero, no nos dimos cuenta y nunca nos dijeron hasta mucho después que supimos que sólo nos habían entregado anticipos”.
A los ejidatarios les aseguraron que, para que no se quedaran sin un ingreso, les darían concesiones para operar taxis que prestarían sus servicios en el aeropuerto. “Cuando fuimos a preguntar a la capital porque nadie nos decía después ya nada, nos salieron con que ya les habían dado los permisos a un sindicato de León”, narró Martín.
En el caso del Puerto Interior, el ofrecimiento de empleos también fue al principio. “Que nos iban a dar trabajo en las empresas y pues ni modo que no supieran –dijo Alfredo-; cuando fuimos unos nos pidieron certificados de secundaria o de prepa y pues no tenemos”.
En el recorrido de los ejidos al Puerto Interior con el abogado Víctor Santos el miércoles 15 para ver las puertas que se colocaron para bloquear los accesos de los poblados, guardias privados pretendieron impedir el paso al Eje metropolitano (una carretera construida por el estado por la parte trasera del Puerto Interior con salida a la autopista Irapuato-León y a la carretera a San Felipe).
Martín Murillo hizo este llamado al gobernador Miguel Márquez Márquez:
“Al gobernador le diría que reconociera el adeudo, porque quien no nos pagó fue su compañero Oliva (el exgobernador Juan Manuel Oliva, antecesor de Márquez). Oliva fue el que se llevó el dinero, más bien, porque en diciembre del 2012 se depositó un dinero y dijo que ya nos había pagado, incluso del gobierno vinieron para ver si era cierto que se nos había pagado, nosotros no hemos recibido nada, ni hemos firmado nada. Ahora Márquez dice que hasta que el juez le ordene, y mientras ¿qué hacemos nosotros?”.
La #3de3 afectaría a 35 millones de particulares; es una “trampa vil”: PAN
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que la obligatoriedad de que particulares que reciben recursos públicos presenten su “3de3” afectaría a 35 millones de particulares, entre ellas beneficiarios de programas sociales, y lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca es “torpedear” el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó Anaya tras aprobarse en la Cámara de Diputados que los particulares que reciban recursos públicos deben presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés.
Anaya aseguró que la idea del PRI de hacer obligatoria para los particulares la presentación de su “3de3”, lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley, para así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política.
Mediante un comunicado emitido por el PAN, advirtió que si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, “la idea de hacer obligatoria la declaración ‘3de3’ para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales”.
Subrayó: “Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”.
Explicó que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un ‘nuevo trámite’ para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
Detalló que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de programas como Prospera y Proagro; pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex, y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
Por ello, explicó, ayer jueves los diputados del PAN en la Cámara de Diputados presentaron una reserva en contra de los artículos 4, 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que, lamentablemente, “fue bloqueada por el PRI” y por otros legisladores “que de buena fe han apoyado la medida”.
Finalmente, el presidente del PAN enfatizó que “es de la máxima importancia hablar con claridad de lo que hay detrás de esta reforma de última hora, porque con ello se está desvirtuando el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se está haciendo un enorme daño al país”.
Cumplirá IMSS recomendación sobre muerte de paciente en Morelos
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este viernes que cumplirá la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de un paciente en el estado de Morelos.
Ayer la CNDH emitió el documento 26/2016 en el que señaló la inadecuada atención médica a un derechohabiente de 39 años. El organismo indicó que el personal del Hospital General de Zona número 7, en Cuautla, violó su derecho a la protección de la salud y a la vida.
El IMSS colaborará con la CNDH en el seguimiento y cumplimiento de la recomendación, afirmó en un comunicado. Al tener conocimiento de lo ocurrido en septiembre de 2012, se tomaron diversas medidas preventivas y correctivas para evitar hechos similares, aseveró.
Destacó que se llevó a cabo la investigación sobre el caso, la cual determinó que la defunción del paciente se debió “a la severidad de las lesiones provocadas por el accidente, sin que exista relación con la atención médica otorgada por el Seguro Social”.
El 20 de marzo la víctima sufrió un accidente automovilístico. Al llegar al hospital del IMSS se le diagnosticó “trauma cerrado de abdomen y trauma muscoloesquelético”. Si bien le practicaron una cirugía, no se solicitó su valoración por terapia intensiva, a pesar de su condición grave, de acuerdo con el informe de la CNDH.
El paciente tuvo un paro cardiaco debido a la hemorragia interna que le provocó el traumatismo de tórax y falleció a las 7:45 del 21 de mayo.
Pobladores de Tezoapan, Puebla 'toman' carretera
Cañada Morelos, Pue. Pobladores de la ranchería de Tezoapan bloquearon la carretera 144 que comunica al municipio poblano de Tehuacán con el estado de Veracruz, e incendiaron vehículos para exigir la liberación de tres pobladores presuntamente acusados de robo y que cesen los abuso de autoridad de policías estatales.
Los inconformes acusaron que los uniformados efectuaron revisiones a varios habitantes de esta ranchería, entre ellos a varias mujeres a las cuales les hicieron tocamientos, allanaron viviendas sin contar con órdenes de aprehensión, encañonaron a menores e incluso accionaron sus armas contra los pobladores, por lo que expresaron su temor de que por la noche se ordene un operativo para desalojarlos.
Entre los detenidos, indicaron, se encuentran Aidan Joel Mora Ramírez, Alan Alberto Mora Herrera e Iván Sánchez, a quienes los subieron a una patrulla cuando se encontraban esperando el autobús a la orilla de la carretera, por lo que amagaron que si no se presentan las autoridades a dialogar con ellos mantendrán el bloqueo.
Solicitaron al gobierno del estado a que cese el hostigamiento de la policía estatal en su comunidad, pues indicaron que ya se hizo costumbre que los uniformados los mantengan siempre bajo amenazas y revisiones, con argumentos absurdos como el que son personas violentas y armadas.
“Somos gente pacífica, trabajadora, ya no queremos más policías en la comunidad, pedimos que el gobierno venga a dialogar. En ningún momento buscamos enfrentarnos a los policías, queremos un trato digno de las autoridades y se aclare la detención de estos tres jóvenes”, dijo uno de los manifestantes.
Policía municipal desaloja sin razón, 16 hoteles en Tulum
Cancún, Quintana Roo. Dieciséis hoteles y cuatro propiedades de la zona costera del municipio de Tulum, así como 300 turistas extranjeros y nacionales fueron desalojados por 200 presuntos guardias de seguridad, quienes fueron apoyados por la policía municipal.
Armados con machetes, tubos, palos y piedras, sacaron a los huéspedes a partir de las ocho de la mañana del viernes y hasta el momento el momento es de una decena de personas golpeadas.
Algunos de los hoteles afectados son Morena del mar; Villa las Estrellas; Hotel Iguana Blue; propiedad de José Loret de Mola; Uno Astrolodge; Hotel Azúcar; Bahlam; Hotel Parayso; Hotel Coqui Coqui; Casa Privada Cocodrilo; Latente Rose; Cabañas El Caracol; Pico Beach; Ak'iin; Casa Géminis; Samasati; Belha; y dis propiedades privadas sin identificación.
Federales desalojan bloqueo de la CNTE en carretera de Oaxaca
Juchitán,Oax. Elementos de la policía Federal después de un conato de violencia con los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y padres de familia que se encontraban en el bloqueo de la carretera Zanatepec en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, lograron desalojarlos para dirigirse a la ciudad de Juchitán con destino final en el puerto de Salina Cruz.
Los manifestantes se opusieron al desalojo sin embargo después de discutir y arrojar gas pimienta lograron dispersarse y con ello los elementos policíacos lograron su objetivo.
Mientras tanto la alerta continua para los profesores que se ubican en los bloqueos de la vía 180 en el canal 33 de Juchitán, en Matías Romero y también en Salina Cruz en donde se espera que los policías arriben en el transcurso de la tarde
El día de ayer, el gobierno de Oaxaca y federal emitió un comunicado de exhortó a los manifestantes a dar libre paso en las vías de comunicación en el Istmo de Tehuantepec y permitir el paso de unidades cargadas con gas propileno provenientes de la refinería Antonio Dovaló Jaime en el puerto de Salina Cruz.
Esta planta petroquímica de Salina Cruz actualmente maneja una capacidad limitada de producción y almacenamiento de gasolina y diésel, por lo que es urgente su distribución, toda vez que se genera gas propileno y de registrarse una fuga, generaría una contingencia en la zona.
El delegado de la secretaría de Gobernación, Germán García Moreno Ávila, señaló que el Gobierno de la República y el gobierno de Oaxaca están coordinados para tomar las medidas necesarias, con el fin de garantizar la vida y seguridad de los pobladores.
“Estamos atentos a que haya la voluntad por parte de los manifestantes y que estén enterados que nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de la población en general, de no ser así las fuerzas del Estado habrán de actuar, porque estamos ante un riesgo y nuestra prioridad es conservar la seguridad de todos”, finalizó.
Prevé Pemex desabasto de combustible por bloqueo en Salinas Cruz
Petróleos Mexicanos (Pemex) lamentó los retrasos en las entregas de petrolíferos que han afectado a la población del estado de Oaxaca.
Pemex permanece en contacto directo con las autoridades para emprender acciones extraordinarias que permitan cumplir con la entrega de sus combustibles mientras se resuelven los bloqueos que han impedido las entradas y salidas a la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz.
Advirtió que pese a estos esfuerzos, si continúan los bloqueos, en los próximos días será necesario detener las operaciones de las plantas en Salina Cruz. Esto podría derivar en un desabasto de gasolinas, diesel y turbosina en las zonas a las que abastece la refinería.
Para Petróleos Mexicanos, nuestros clientes son lo más importante. Por ello, seguiremos buscando soluciones a los actuales problemas de suministro, a fin de reactivar nuestras entregas a la brevedad, afectando lo menos posible las actividades diarias de la población.
Partidos exigen informe al INE acerca de salida de García Sarubbi
Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Morena exigieron un informe al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sobre la existencia de videos y grabaciones que presuntamente involucraban el ex director de Comunicación Social con personal femenino, lo que motivó su salida.
Francisco Garate, representante del PAN, le pidió directamente a Córdova una explicación, ya que estas conductas son inapropiadas y “de ser ciertas, encuadran dentro de tipos penales”.
Le reprochó que haya versiones contradictorias sobre la salida del ex funcionario, Alberto García Sarubbi, porque por un lado se dice que renunció “por así convenir a sus intereses” y por otro, por una pérdida de confianza.
El representante del PRD, Pablo Gómez, indicó que deben informar oficialmente lo ocurrido, ya que su deber es que haya máxima transparencia en esto.
“Estamos esperando y si no lo presentan lo vamos a exigir”, refirió el perredista.
Horacio Duarte, representante de Morena, consideró que este tema es producto de la crisis de credibilidad que enfrenta el INE y anunció que pedirán un informe en la próxima sesión del Consejo General del Instituto.
No se modifican bases de licitación de frecuencias radioeléctricas: IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no modificará las bases de licitación de frecuencias de radio en las bandas de AM y FM como quiere la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT), porque se tuvieron amplias pláticas con sus representantes, muchas de las frecuencias a licitar en determinadas plazas se incluyeron a manifestación de interés expresa de sus afiliados; y no se hicieron estudios de mercado porque no es un mandato legal para el regulador ni tiene elementos sobre tasas de retorno que le permita hacer cálculos sobre la rentabilidad de una plaza.
Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Ifetel, dijo que de acuerdo con lo programado el próximo lunes se publicará en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la licitación IFT-4 en la que se pondrán a disposición del mercado 191 frecuencias en la banda FM, y 66 en AM para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora.
Explicó que no podrán participar quienes acumulen 30 por ciento de las estaciones de la plaza, y que los nuevos entrantes a FM tendrán estímulos de 15 por ciento en su puntuación, más 3 por ciento si se comprometen a iniciar operaciones con tecnología híbrida; mientras que los radiodifusores ya establecidos que también opten por el sistema IBOC tendrá estímulo en puntaje de 3 por ciento al hacer su oferta en el concurso.
Puntualizó que en el portal del regulador se harán públicas las bases del concurso que consistirá en una subasta electrónica ascendente, así como información socioeconómica específica de las poblaciones que reciben señales de radio y televisión.
Navarrete puntualizó que también se harán públicos los documentos sobre las prebases de licitación que presentaron al regulador la CIRT, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y cuyos argumentos el Ifetel consideró insuficientes para modificar las reglas o postergarlo.
A decir de la CIRT el Ifetel no realizó estudios económicos y de mercado para diseñat el concurso; no consideró que no crecerá el "pastel" publicitario, ni la saturación del espectro.
Ante estos argumentos, Alejandro Navarrete puntualizó que no hay un mandato legal pata que el regulador haga ese tipo de análisis; de haberlo hecho se habría obtenido una "fotografía instantánea del momento en que se encontraba el mercado publicitario de cada plaza; y el Ifetel no tiene posibilidades de saber cuál sería la tasa de retorno viable.
Acotó que el Ifetel no puede ni debe decir cuales son las plazas más convenientes para los interesados, como tampoco les puede garantizar los niveles de audiencia.
Dijo que las estimaciones y ofertas son propias de cada participante, y que la licitación será el mejor medidor de la rentabilidad de cada plaza y frecuencia. La que no sea viable se quedará desierta y "habrá hablado el mercado", aunque, acotó, las frecuencias en concurso e incluidas en el Programa Anual de Frecuencias se integraron en muchos casos por manifestación de interés expresa.
Asimismo aclaró que en concurso no se incluyeron estaciones pendientes de migrar de AM a FM.
Intelectuales, diplomáticos y líderes mundiales expresan apoyo a la CNTE
Centenares de personalidades y organizaciones académicas, eclesiales, populares, de la sociedad civil, estudiantiles, de derechos humanos y sociales de distintos países expresaron su rechazo a la campaña de desprestigio y “la brutal represión que desde el gobierno federal se están aplicando en contra de los maestros y maestras de México”.
Exigieron cese la represión contra el movimiento magisterial y se establezca de inmediato el diálogo entre el gobierno federal y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Consideraron que las autoridades correspondientes deben apostar al diálogo, "reconociendo las justas demandas del movimiento magisterial, y no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad”.
Se pronunciaron por la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión resultado de este conflicto.
Lo mismo, por la instalación de un diálogo nacional resolutivo entre el gobierno federal y los representantes de la CNTE, a quien consideraron "interlocutor legítimo del movimiento magisterial que rechaza con dignidad la llamada reforma educativa del gobierno federal”.
Exigieron el cese a la represión y la persecución en contra del movimiento magisterial y “de las miles de personas que han salido a manifestarse en contra de la llamada reforma educativa. Cancelar el derecho a la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario”.
Firmaron el documento Pablo González Casanova, el obispo Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Rodolfo Stavenhagen, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González, Héctor de la Cueva, Gonzalo Ituarte.
Asimismo, Pablo Romo, Jorge González Souza, Guillermo Briseño, Óscar González, Daniel Inclán, Carlos Ventura, Citlalli Hernández Saad, Árgel Gómez Concheiro, Raúl Romero, Samuel González, Enrique Pineda, Sergio Méndez Moissen, Javier Bautista de la Torre, David Acevedo Straulino, Atzelbi Hernández y Argelia Guerrero Rentería.
Se adhirieron entre muchos otros, Adolfo Gilly, Ofelia Medina, Gustavo Esteva, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Martín Esparza Flores, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Cristina Barros, Julieta Egurrola, John Saxe-Fernández, Víctor M. Toledo, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Norma Andrade, Guillermo Almeyra, Ilán Semo, Lorenzo Meyer, José Humberto Montes de Oca, Alejandro Encinas, Daniel Giménez Cacho, Elvira Concheiro, Fabrizio Mejía Madrid, el presbítero Pedro Pantoja, Pietro Ameglio, Celeste Batel de Cárdenas.
Asimismo, académicos y profesionistas del Reino Unido, de Francia, España, Irlanda, Uruguay, de Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Venezuela, Bolivia, País Vasco, Colombia.
También de la UNAM, del IPN, de la UAM, de la Universidad Iberoamericana, el ITESO, el INAH, entre otros centros de estudio.
Lo mismo, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuatla; Tribu Yaqui; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).
Igualmente, Casa del Migrante Saltillo; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Fray Matías de Córdova, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Flor y Canto; los centros de Reflexión y Acción Laboral, así como Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, entre centenares de firmas.
Con aprobación de mando mixto concluye Senado periodo extraordinario
El Senado cerró anoche el período extraordinario con la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, por las que se crea un mando mixto policíaco y se avanza en la tarea de sanear, capacitar y profesionalizar a las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales. Se envió a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
Casi a las 23 horas de este viernes, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth declaró el cierre del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara Alta que aprobó las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la Miscelñanea Penal.
El mando mixto en materia de seguridad publica recocoge la reforma a seis artículos de la Carta Magna e incluyó diez iniciativas presentadas a partir del 2008, entre ellas la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, a la que se hicieron modificaciones de fondo, toda vez que se eliminó la pretensión de eliminar a las policías municipales y de que el gobierno federal pudiera disolver aquellos ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.
“Hay cambios sustantivos que frenaron también la pretensión centralista y el debilitamiento del gobierno y el ámbito municipal”, recalcó en tribuna el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas.
Al dictamen previamente consensado, que el PAN se había negado a reconocer, luego de las elecciones del pasado 5 de junio, se le incorporó un adéndum, con diversos cambios -propuestos por Acción Nacional- en el que se establecen candados, o contrapesos, “para evitar exceso de poderes”, recalcó el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes.
Entre ellos, que en caso de que se decida la intervención de una corporación policíaca estatal que haya incumplido las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se requerirá la aprobación del Senado.
Se elimina además la facultad que “por oficio” se daba al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de delegar de manera temporal la función policíaca en cualquier orden de gobierno.
Se borró del dictamen la disposición de que en caso de que la federación asuma las tareas de seguridad pública de alguna entidad o un estado se haga cargo de la tarea policíaca de un municipio, de todas formas el costo correrá a cargo de quienes delegan la función.
Se aprobó que en la ley general en la materia que se deberá aprobar, luego de la modificación constitucional, “se establecerán las responsabilidades presupuestales del orden de gobierno de que se trate”.
Aunque se esperaba una discusión prolongada hasta la madrugada, , se pactó que el debate fuera corto, de poco más de dos horas. De entrada, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, recalcó que se convino en construir y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno, para cumplir con los propósitos de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar libertades y paz públicas.
El tema de competencias en materia de seguridad pública se resolvió a través de un modelo mixto de mando, que preserva la función policíaca en los tres órdenes de gobierno, recalcó.
“No se puede tomar por asalto a las corporaciones policíacas”, expuso el panista Juan Carlos Romero Hicks. Y el senador Encinas insistió en que, contra lo propuesto inicialmente por Peña Nieto, se han respetado las competencias municipales y la soberanía local, ya que los asuntos vinculados con la desaparición de poderes y mecanismos de control de los municipios corresponden a los Congresos de los estados.
Destacó asimismo que uno de los cambios incorporados anoche reconoce la facultad de los pueblos y comunidades indígenas en la función de seguridad pública, como lo establece el artículo 2º constitucional respecto a los derechos de los pueblos originarios.
La reforma fue aprobada en lo general por 102 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, presentó un voto particular en contra de la reforma, por considerar que “desmantela derechos sociales , desvertebra el Estado federal” y significa un paso más hacia la instauración de “un Estado policíaco”.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados y con ello concluyó el período extraordinario en el Senado.
Concluye sin incidentes marcha de la CNTE
Poco después de las 20:30 horas, los dirigentes magisteriales concluyeron el mitin que se realizó en las inmediaciones del Hemiciclo a Juárez, ante el bloqueo de decenas de granaderos.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), académicos, intelectuales, estudiantes y organizaciones civiles se congregaron desde las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia para iniciar ahí la marcha hacia el Zócalo capitalino.
La marcha, que logró avanzar sin incidentes por Paseo de la Reforma mientras activistas y estudiantes se sumaban al contingente, fue detenida por la policía sobre avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. Una vez ahí, dirigentes y académicos intentaron negociar con representantes del gobierno capitalino la continuación de la marcha hacia la Plaza de la Constitución. Ante la negativa, los maestros se sentaron en los carriles centrales de la avenida e invitaron a todos, incluidos los granaderos, a hacer lo mismo, mientras esperaban una respuesta de las autoridades.
Ante el bloqueo, el mitin se inició en ese lugar. Padres de los 43 pidieron a todos hacer una lucha conjunta, normalistas ofrecieron su apoyo y académicos dedicaron también palabras de aliento y reiterar la exigencia de diálogo al gobierno federal.
A la protesta, que fue vigilada por más de 4 mil 500 elementos de la policía, se sumaron sindicatos, organizaciones sociales, intelectuales, artistas, estudiantes universitarios y normalistas, y padres de familia en apoyo a la resistencia magisterial.
Posponen hasta septiembre discusión sobre mariguana en el Senado
Los presidentes de las comisiones dictaminadoras del tema de la mariguana en el Senado, anunciaron esta tarde que será hasta el periodo de sesiones que inicia en septiembre cuando se presente un dictamen respecto al uso médico y científico de la cannabis.
El presidente de la Comisión de Salud, el panista, Francisco López Brito, ubicó dos temas que atoraron un posible acuerdo en la cámara alta: uno de los productos que tienen bajo contenido de THC y que por su bajo contenido existe el criterio, en muchos países, de no manejarlos como sicotrópicos pero en México la autoridad sanitaria pidió que estas sustancias se enlisten como sicotrópicas.
El otro tema, dijo, es que hay divergencias de opinión en artículos penales.
Aseguró que “el asunto de incrementar de 5 a 28 gramos la dosis de consumo individual nunca estuvo presente en el debate del dictamen, ese tema se iba a llevar como un reserva al pleno.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta, Cristina Díaz dijo “en el tema en el que hay consenso es el de la cannabis para uso medicinal y fines de investigación científica, ahí hay amplio acuerdo, pero reconocemos que se presentaron comentarios y opiniones cuando ya estaba elaborado el dictamen y hemos decidido darnos un espacio para atenderlo. Seguiremos trabajando en el tema”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña reconoció que es “un tema complicado que ha estado permanentemente en el oscurantismo y hoy estamos abriendo puertas y vendas para quitar esos mitos. Seguiremos discutiendo sobre los tabúes, nos estamos educando y reeducando al conocer las deferentes incitativas presentadas”.
Recordó que fue precisamente la priísta Cristina Díaz quien llevó el tema a la tribuna cuando presentó una iniciativa para importar medicamentos con derivados de la cannabis para atender a los pacientes que los requieren.
Alejandro Encinas , presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sostuvo “se va a revisar el tema de las tablas de clasificación de las sustancias sicotrópicas; se analizarán las reformas en materia de seguridad y su impacto penal, y hemos decidido posponer el debate hasta el próximo periodo ordinario”.
Pidió al secretario de Salud, José Narro que “independientemente de esta situación, que la dependencia revise las normas y agilice los trámites para que los enfermos que requieran estos medicamentos los puedan obtener a precios bajos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Ernesto Gándara dijo que se requieren soluciones rápidas.
Raúl Elizalde, padre de Grace, quien usa medicamentos a base del cáñamo para tratar su epilepsia, presente en el Senado, dijo que fue la Secretaría de Salud y la Cofepris las que atoraron los acuerdos. Cada vez que en las comisiones se llegaba a un acuerdo, la Secretaría de Salud, por medio de la Cofepris, los frenaba. Sobre todo al calificar la planta de cáñamo, toda la planta, como sustancia sicotrópica.
También, enredó el tema de que la Cofepris haya calificado como sustancias con propiedades sicotrópicas unas que ni siquiera estaban en la tabla. Manifestó que esa decisión, de no aprobar las reformas, lo deja satisfecho, porque en lugar de avanzar con esta reforma retrocedíamos es mejor esperar y tener un buen producto.
Desaloja la policía bloqueo de la CNTE al acceso a Salina Cruz
Juchitán, Oax. Policias federales y estatales, así como de la gendarmería, se enfrentaron cerca de la medianoche con profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y padres de familia, en el bloqueo que éstos mantienen a la altura del acceso principal al puerto de Salina Cruz. En la zona se encuentran más de mil uniformados.
Ahí, los docentes no permiten el paso a la refinería Antonio Dovalí Jaime, lo que ha generado una fila de más de 25 kilómetros de largo de automóviles y camiones que se dirigen a Veracruz. Frente a una tienda automotriz están estacionadas al menos 50 pipas que esperan ingresar a la refinería.
Según reportes de Petróleos Mexicanos el tiempo se agota para el ingreso de las pipas a la refinería y con ello iniciar el desfogue de gas propileno; de no ser así, alertó, se podría generar un paro técnico automático por la saturación de sus depósitos petroquímicos.
