Históricamente marginados, explotados y carentes de oportunidades, los pueblos indígenas enfrentan una nueva amenaza, ahora por las modificaciones constitucionales recientemente aprobadas: el despojo de sus territorios y de sus riquezas.
Federico Navarrete Linares, académico del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM, sostiene que los pueblos indígenas viven en medio del rezago social y económico en comparación con el resto de la población, amén de carecer de servicios básicos de salud, vivienda, educación o protección social.
Ello, dice, redunda en índices elevados de analfabetismo, enfermedades, muertes infantiles y maternas, desnutrición, y una esperanza de vida menor a la del resto de los mexicanos.
Refiere que la situación es grave si se considera que los pueblos indígenas están presentes casi en la totalidad de los municipios —sólo en 30 no están— y en todas las entidades federativas.
En 2010 residían en 64 mil 172 localidades. En 34 mil 263 ese año se registró una proporción poblacional mayor o igual al 40% del total de sus habitantes, de acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cataloga su diversidad en 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas, con 364 variantes.
En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, el académico de la UNAM lamenta que no se reconozca a estas comunidades como sujetos con historias, creencias y tradiciones únicas.
En el fondo, afirma, “ésta es una visión paternalista, racista y discriminatoria sin cabida en una sociedad moderna”.
Y lo peor, advierte Navarrete Linares, quien también es académico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, es que con las modificaciones constitucionales recientes estos pueblos corren el riesgo de perder el control sobre sus territorios y recursos naturales y ser vulnerados en sus derechos por distintos intereses, lo que puede provocar despojos.
“La riqueza natural de sus espacios no es cuestión de suerte; por generaciones la han protegido y potenciado. La sociedad debería reconocerlos como propietarios legítimos por su trabajo y creatividad. Las nuevas disposiciones ignoran el valor de sus aportaciones y los colocan en una posición vulnerable”, subraya el autor del libro “Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México”.
Aclara que no se trata de decirles lo que deben hacer, sino de comprender sus criterios de bienestar y buen vivir y colaborar para desarrollar políticas públicas de acuerdo con sus prioridades.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 23 de diciembre de 1994, para un periodo de 10 años, de 1995 a 2004 y al término de ese periodo se proclamó un segundo lapso, de 2005 a 2014.
Al primer periodo se le denominó Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas y al segundo Un decenio para la acción y la dignidad.
En el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) más de siete de cada 10 de indígenas no son derechohabientes de alguna institución federal de salud. Además, el acceso a los servicios sanitarios se dificulta por la lejanía de las comunidades, lo costoso que resulta acudir a los centros de salud y por la calidad del servicio.
Asimismo, se calcula que 38 de cada 100 niños procedentes de una comunidad originaria padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en aquellos no pertenecientes a este sector, y las enfermedades respiratorias afectan a 39 de cada 100 menores de estos grupos.
Fuente: Proceso| La Redacción
