El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –“hasta la ignominia antes que la renuncia”– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para “legalizar” con su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su “voto razonado”, fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la “espada de Damocles” de nuestro “año de Hidalgo” –¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática “posición Moreira” de que “él sólo sabía que no sabía nada”, y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
“En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás”, dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado “precandidato único del PRI”–: “En la privatización de Pemex, ni un paso atrás”.
Fuente: La Jornada
