Un grupo de especialistas internacionales en temas de derechos humanos manifestó su inquietud ante la eventual aprobación de la ley de seguridad interior (LSI) en el Senado de la República, por considerar que dicha norma significa un "grave riesgo" para las garantías individuales.
Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre la Tortura; Ariel Dulitzky, ex integrante y presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Christof Heyns, ex relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, expresaron en una carta conjunta su "profunda consternación" por el proyecto de LSI que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Tras subrayar que han visitado México y conocen de manera directa sus retos de seguridad, los firmantes subrayaron que han visto cómo "la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales".
En ese sentido, luego de haber analizado el texto de la iniciativa de LSI "constatamos que no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual.
"El proyecto de ley carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto. Particularmente, el texto no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos" tras visitar el país en su momento, dijeron.
Por todo ello, los expertos recalcaron que se suman a las voces de "de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores que han expresado su oposición a la aprobación del texto propuesto y llamamos al Senado mexicano a no adoptar la ley de seguridad interior en su redacción actual".
Recula Inai de rebatir artículo 9 de la ley de seguridad interior
El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, expuso ayer en el Senado la preocupación del organismo autónomo ante varias disposiciones de la minuta de ley de seguridad interior, que reservan la difusión de todo lo relacionado con operativos militares. Sin embargo, finalmente aceptó los argumentos del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de varios legisladores, y ya no insistió en que se modificara.
Me deja muy tranquilo escuchar que no hay, de ninguna manera, alguna intención de ignorar los principios y la jerarquía de la ley de transparencia sobre este tema, recalcó Acuña, al final de una reunión con integrantes de las comisiones del Senado que dictaminan la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Incluso aceptó la solución que sugirió el senador panista Roberto Gil Zuarth –uno de los principales impulsores de la ley de seguridad interior– de que en lugar de modificar la redacción del artículo 9 se incluya una aclaración en la exposición de motivos.
El titular del Inai cambió radicalmente su posición luego de la intervención del general Alejandro Ramos Flores, quien preguntó si subsistía
la preocupaciónde los comisionados del instituto
como para que se regrese la minuta a la Cámara de Diputados.
Al principio, Acuña Llamas expresó que luego de revisar los 34 artículos de la legislación encontraron preocupante el artículo 9, el cual señala que
la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.
Resaltó que la redacción del artículo 9 debía modificarse, ya que podría llevar a interpretaciones laxas, genéricas y volver a prácticas ya erradicadas, como
la reserva automática de toda la información, casi en bloque, sobre todo en las instituciones de seguridad pública, cuando la reserva es
una excepción, de acuerdo con las reformas en materia de transparencia publicadas en 2014.
Insistió en que así como está redactado ese artículo se convierte en
un diquepara la aplicación del principio de máxima publicidad, dentro del derecho humano de acceso a la información.
De inmediato, el general Ramos Flores, director jurídico de la Sedena, que por segunda ocasión participó en las reuniones de comisiones dictaminadoras y se presentó como experto en la materia, respondió que debe quedar claro que la seguridad interior es
una de las especies de la seguridad nacional y por ello el tratamiento de la información que se genere se remite a la ley que rige a esta última.
La Ley de Seguridad Nacional, recalcó, establece ciertas restricciones, entre ellas confidencialidad de los servidores públicos,
el deber de secrecía de lo que tenga que ser secreto.
El general Ramos Flores sostuvo que la redacción del artículo noveno
no deja lugar a dudas: la información que se genera en materia de seguridad interior se sujeta a la Ley de Seguridad Nacional ya aprobada y vigente, y a las leyes en materia de transparencia.
El senador Gil Zuarth formuló una explicación jurídica parecida; lamentó que se viera la minuta de Ley de Seguridad Interior como
un islote aisladoy desprendido del sistema jurídico mexicano. No desplaza, sostuvo, a las leyes de transparencia ni la competencia del Inai para clasificar información.
Afirmó que sin tener que modificar el artículo noveno
hay muchas soluciones para poder precisar el contenido de lo que estamos legislando, entre ellas una adición a la exposición de motivos.
Aunque Angélica de la Peña (PRD) y Benjamín Robles Montoya (PT-Morena) advirtieron que el Senado, como cámara revisora, debe modificar el artículo noveno, el titular del Inai dio por buenas las explicaciones del general Ramos y de Gil Zuarth.
Dijo que le gustó la explicación del panista y que con hacer una aclaración en la exposición de motivos de la ley
se atendería muchola preocupación de los comisionados del Inai.
¿Quiere decir que ya no tiene sentido el comunicado del Inai?, le preguntó De la Peña, y Acuña Llamas, quien ya se iba, respondió que lo dejaron
tranquilolas explicaciones que recibió.
Fuente: La Jornada
