Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga en México, la violencia no ha disminuido y "tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Por ello, llamó al Senado de la República a no aprobar la Ley de Seguridad Interior que comenzará a discutirse este martes, luego que la Cámara de Diputados la aprobara el jueves pasado.
En una comunicación desde Ginebra, Suiza, sede de esta oficina, el Alto Comisionado aseveró que la legislación propuesta, que regularía la función de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "es un proyecto muy preocupante".
“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados".
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.
El proyecto de ley actual, subrayó, no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, enfatizó.
El Alto Comisionado afirmó que la minuta de ley contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Recordó que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita hizo hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado (ayer), la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”.
Reiteró que la representación en México de la Oficina que encabeza está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Las preocupaciones que suscita el proyecto de ley las comparte una amplia gama de instituciones, organizaciones y particulares, señaló Zeid, entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios.
Ley de Seguridad Interior debe revisarse a fondo: Coparmex
Con la finalidad de garantizar la certeza jurídica y los derechos humanos, la Cámara de Senadores debe revisar la Ley de Seguridad Interior, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, sostuvo que la legislación aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre “contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado de la República”.
Indicó es preciso un análisis profundo debido a que el documento debe “garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad”.
Consideró que debe ser enmendado “todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal” y, si es necesario, que sea devuelta a la Cámara baja para que sea modificada.
Recordó que a la par de esa ley también se debió aprobar la Ley General de Seguridad Pública “para definir la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en las tareas de seguridad, a través de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, y establecer diversas modalidades del mando policial”.
Sin embargo, al haber sido desechada, los diputados construyeron “una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en materia de seguridad pública”.
Consideró que solo se tocan los efectos y no las causas de la inseguridad, “que están fuertemente vinculadas a la falta de capacidades y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno”. Incluso limita la posibilidad de contar con policías capacitadas.
Por ello, recalcó que “la solución debe ser integral. Ambas iniciativas de ley deberían de ser aprobadas e implementarse de forma paralela”.
Fuente: La Jornada
