El repudio contra Miranda Nava en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda
Un día después de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, se jactara de ser un “operador político” y ofendiera a la diputada federal de Morena, Araceli Damián, todas las bancadas en la Cámara de Diputados reprocharon la actitud del funcionario, y legisladores de Morena, PAN, PRD y MC tomaron la tribuna para exigir su renuncia.
A las 13:30 horas, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, leyó un posicionamiento en el que calificó a Miranda Nava como “ignorante” en el tema del desarrollo social e irrespetuoso en el recinto legislativo, y pidió que la Cámara de Diputados hiciera un pronunciamiento en contra del titular de la Sedesol.
Por su parte, Araceli Damián y una decena más de diputadas y diputados tomaron la tribuna, portando carteles con la leyenda: “Luis Miranda Nava Renuncia”. Nerviosa, la presidenta de la Mesa Directiva, Gretel Culín, insistió que el tema no estaba en la agenda de debate y trató de frenar la rebelión, señalando que la propuesta de Nahle se discutiría en comisiones.
A la posición de Morena se fueron sumando, sobre todo, diputadas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), y recordaron que hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Angélica Moya, a nombre de la bancada del PAN, también pidió la renuncia de Miranda Nava, y el diputado sinaloense Manuel Clouthier condenó la falta de respeto a la división de poderes, mientras que Claudia Corichi, de MC, apoyó la posición de los legisladores de Morena.
La sesión estaba a punto de naufragar, hasta que el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió el uso de la palabra desde su curul y se sumó a la demanda de Morena, sin mencionar la renuncia de Miranda Nava, conocido como el compadre del presidente Enrique Peña Nieto.
“Que quede claro que el PRI de ninguna manera justifica las expresiones (del titular de Sedesol) y se solidariza con nuestra compañera Araceli Damián”, sentenció.
Es la primera vez en esta Legislatura que todas las bancadas de la Cámara de Diputados coinciden en condenar la actitud de un secretario de Estado, y especialmente a uno que está identificado como el más cercano al primer mandatario.
Miranda Nava compareció un día antes en comisiones y se molestó ante las críticas de que no tiene información sobre la pobreza y es un operador político solamente.
“Hay operadores de camiones, de desarrollo social, político”, afirmó Miranda Nava ante los cuestionamientos del diputado Renato Molina, de Morena, quien le reprochó: “Me sorprende lo que usted dice. Un operador político le rinde cuentas a sus dirigentes de partido, un servidor público le tiene que rendir cuentas al pueblo”.
El peor momento de la comparecencia sobrevino cuando la diputada Araceli Damián, también de Morena, recomendó al funcionario federal estudiar el fenómeno de la pobreza. “Usted habla de siete u 11 millones de personas con pobreza alimentaria, y esos ni siquiera son los que reconoce como tal el Coneval”, le afirmó.
En respuesta, Miranda Nava le reviró a la legisladora: “Y sí, me falta estudiar, desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted”.
La expresión provocó que los diputados presentes en la comparecencia le exigieran una disculpa. A duras penas, Miranda Nava, exsubsecretario de Gobernación, pidió disculpas y justificó su dicho señalando que recibió un trato “agresivo”.
“Kiko” Vega, el acaudalado gobernador… que nadie investiga
MEXICALI, BC.- Desde mayo de 2013 existe una denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid por la compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos.
Las propiedades supuestamente se adquirieron a través de terceras personas, amparadas en los cargos públicos que ostentaban entonces, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, en aquel tiempo dirigente estatal del PRI.
Sin embargo, la querella se perdió en el laberinto burocrático de la justicia durante la gestión del procurador Rommel Moreno Manjarrez, actual funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal federal.
Es más, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso en julio de ese año una sanción de 600 mil pesos a los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) por el uso indebido de la información contenida en la malograda querella, con la difusión del spot “Kiko no es fiar”, pautado por el propio organismo electoral para su transmisión en radio y televisión, según el expediente SCG/PE/PAN/CG/28/2013.
El INE validó la queja del PAN, que adujo que se trataba de un promocional que denostaba a Vega de Lamadrid y calumniaba a ese instituto político.
Una vez que Kiko Vega se convirtió en gobernador electo, trascendió la cuantiosa inversión que realizó en Baja California Sur en el consorcio turístico “El Anhelo Baja Resort”. Incluso el mismo mandatario reconoció en su momento que su participación fue en especie al ceder a sus socios terrenos de su propiedad frente al mar.
Sin embargo, tiempo después el diputado Luis Moreno Hernández dio a conocer que Kiko Vega había mandado construir una nueva casa en la avenida Maltrata, colonia Cumbres de Juárez, de la ciudad de Tijuana. La residencia ocupa una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados y está valuada en 4 millones de dólares aproximadamente.
Para Moreno Hernández es inexplicable la riqueza del mandatario estatal, cuando su sueldo es de 110 mil pesos mensuales, además de que inició su actividad empresarial con casas de empeño.
Pero dicha casa no es la única. También posee inmuebles en San Diego, California, Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Cancún (Quintana Roo), Tijuana (Baja California) y Los Cabos (Baja California Sur).
El pasado 6 de octubre, el gobernador bajacaliforniano dijo que “todo lo que he tenido en mi vida lo he puesto a mi nombre, aunque yo sé que como estoy en política, el poner mi nombre en ocasiones se puede volver algo incómodo“.
También advirtió que ser gobernador “no me debe impedir tener negocios. La ley sí me impide que me sirva del gobierno para hacer negocios, pero eso no sucede, sin embargo, que se diga que con 109 mil pesos ¿cómo puedo tener lo que tiene? Señores, yo busqué ser gobernador siendo empleado”, por lo que –reiteró– además de ser funcionario seguirá en la iniciativa privada.
Propiedades
La diputada federal Nancy Sánchez, del PRI, comenta que aparte de las propiedades que posee Kiko Vega, sus hijas Zaira y Zarema Vega Labastida, y su actual esposa, Brenda Ruacho, también cuentan con inmuebles que han sido adquiridos a través del socio del gobernador, Enrique Rafael Victoria Espinoza.
Éste aparece como comprador inicial de las propiedades, al igual que Zarema y Zaira, otras más en sociedad con sus hermanos y también en las que su mamá aparece como vendedora y otras como beneficiaria.
En una conferencia de prensa que ofreció en 2013 para informar sobre la denuncia penal contra Kiko Vega, en la que estuvo el senador Héctor Yunes, advirtió que aquel es propietario de siete bienes inmuebles en Estados Unidos con un costo de 57 millones de pesos, y de 17 propiedades en México con un valor de 76 millones de pesos, “obtenidos de manera dudosa y discrecional”.
De acuerdo con la denuncia, en febrero de 1992 Kiko Vega compró una casa en el exclusivo fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, con una superficie de 525 metros cuadrados y valor catastral de 2 millones 615 mil pesos. En ese tiempo era director de Inmobiliaria del Estado, en el gobierno de Ernesto Ruffo.
En julio de 1994, Inmobiliaria del Estado vendió a su socio Enrique Victoria un terreno de 2 mil 358 metros cuadrados –ubicado en el fraccionamiento Mariano Matamoros– en 209 mil pesos, y en enero del año siguiente Vega de Lamadrid compró esa superficie, cuyo valor supera los 6 millones 281 mil pesos.
En noviembre de 1998, a unos días de convertirse en alcalde de Tijuana, compró en 1.2 millones de pesos un predio de 2 mil 458 metros cuadrados en el fraccionamiento Alcalá. El valor, a mediados de 2013, era de 5 millones de pesos.
En el segundo año de su gestión municipal, en mayo de 2000, se inició la construcción de 23 condominios en la avenida Ermita, con valor de 10 millones 350 mil pesos.
En 2001, Kiko Vega buscó por primera ocasión ser candidato del PAN al gobierno de Baja California, pero al no conseguirlo regresó a la administración pública municipal, y durante el último semestre de su gobierno adquirió un terreno por 2 millones 360 mil pesos.
Además ordenó la desincorporacion del patrimonio de Tijuana de un terreno de 9 mil metros cuadrados y otro de 8 mil 326 metros cuadrados, mismos que fueron adquiridos en 5 millones 503 mil 732 pesos por Enrique Victoria Espinoza. Esta propiedad, cuyo valor asciende a 22 millones de pesos, Kiko Vega la pagó al mismo precio.
En diciembre de 2003, Josefa Romero Barragán compró un inmueble al municipio de Tijuana en 120 mil pesos 600 pesos, y 19 días después se lo vendió a Francisco Vega. Una década más tarde su valor catastral era de 876 mil pesos.
Las campañas electorales de 2013, en las que Kiko participó como candidato, iniciaron el 25 de abril. Un día antes registró un terreno de mil 402 metros cuadrados con un valor de un millón 864 mil pesos, ubicado en la avenida Ojeda Robles, producto de la prescripción de un litigio contra Vicenta Mayor viuda de Domínguez, iniciado en 2008.
La querella presentada por la diputada priista también advierte que compró inmuebles en el condado de San Diego, California, entre los que se encuentran una casa en Bonita, a nombre de Zarema Vega, adquirida en 1989 por 556 mil dólares; una casa en La Jolla, con valor de un millón de dólares, y un departamento en el centro de San Diego, en abril de 2006, por 705 mil dólares, a nombre de su hija mayor.
También una casa en Chulavista, a nombre de Brenda Ruacho, en octubre de 2001, con un valor de 312 mil dólares, y otra más en la misma zona, con valor de 807 mil 500 dólares, comprada en diciembre de 2008.
Multa electoral por ‘injurias’
La coalición entre el PRI, PVEM, PT y PES produjo un spot de radio y televisión denominado “Terrenos”, que transmitió durante la última quincena de la campaña electoral –de acuerdo con las claves RV01061-13 y RA01649-13–, pero fue suspendido “de manera urgente” por el Consejo General del entonces IFE, y los partidos responsables fueron sancionados económicamente.
El spot decía: “Kiko Vega, cuando fue alcalde de Tijuana, se robó varios terrenos propiedad del municipio (…) Más de 40 propiedades durante y después de su mandato. Ahora Kiko Vega es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del crimen organizado (…) ¿No crees que es hora de cambiar? Kiko Vega no es de fiar”.
La multa para el PRI fue de 486 mil 719 pesos, para el PES de 61 mil 685 pesos, mientras que el PT y PVEM tuvieron que pagar 51 mil 692 pesos a cada uno.
Estos partidos advirtieron que el mensaje no agravaba la honra ni la dignidad de Francisco Vega, y respondía a la preocupación creciente “por la prevención, persecución, investigación y sanción de delitos que impliquen la comisión de actos de corrupción generados por servidores públicos”.
Los consejeros electorales desestimaron el alegato y ordenaron las sanciones.
Niegan investigación contra Vega
El gobierno de Baja California respondió en un comunicado a las versiones difundidas en la columna “En Privado” y el programa de televisión “Chapultepec 18”, en las que se menciona una supuesta investigación al gobernador Francisco Vega de Lamadrid por parte de autoridades federales.
“No existe ninguna comunicación oficial, evidencia o indicio de que se esté llevando investigación alguna por parte de ninguna autoridad”, subrayó.
En estricto cumplimiento de la ley, agregó, el gobernador del estado ha presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial, en su carácter de servidor público, en la que da cuenta de sus bienes.
Además, sostuvo, en su carácter de empresario ha cumplido en todo momento con sus declaraciones fiscales y contribuciones.
Concluyó: “El mandatario estatal reitera el respeto absoluto de esta administración a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, dentro y fuera del territorio bajacaliforniano”.
Fuente: Proceso| JENARO VILLAMIL| ANTONIO HERAS
