Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, se encuentra a un paso de igualar los registros de feminicidios del año pasado. El incremento se presenta, incluso, en los municipios que el Gobierno priorizó para declarar la Alerta de Violencia de Género. En los primeros nueve meses del año, las 11 localidades reportaron cuatro tragedias más que en todo el 2015. Los feminicidios no sólo han puesto en duda la voluntad de los funcionarios públicos para que la Alerta funcione, sino también su capacidad para evitar que el incremento de este delito se mantenga en los próximos dos años, los últimos que restan de la actual administración federal.
La víctima de 40 años de edad fue violada y después asesinada con arma blanca. El hecho aún no aparece en las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), pero es probable que así ocurra, si se logra tipificar como un feminicidio.
Ayer el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se paseó en las calles de Ecatepec, junto al Gobernador Eruviel Ávila Villegas, promoviendo una cercana atención del Gobierno federal a las necesidades de la población.
Pero la seguridad de las mujeres no es una de los aspectos que hayan mejorado en la entidad. Entre enero y septiembre la dependencia registró en el Estado de México 57 casos de feminicidio (mujeres asesinadas por motivos de género). Apenas dos víctimas menos que en los doce meses del 2015.
Sin embargo, especialistas han cuestionado el capítulo de acciones preventivas de feminicidios presentadas durante el último informe de Gobierno del Estado de México, donde se asegura que se han mantenido acciones conjuntas entre instituciones de los tres órdenes de Gobierno para prevenir este tipo de violencia.
El Informe de Gobierno expone la realización de patrullajes preventivos; medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género; así como la capacitación a todos los cuerpos estatales y 40 cuerpos conocidos como Policías de Género (conformados por policías municipales).
“Una cosa es lo que ellos reportan, y otra la realidad. De lo que nos hemos dado cuenta es de que los policías muchas veces ni siquiera están enterados de que hay una declaratoria de Alerta en el municipio”, dijo Antia Mendoza, directora de la organización civil Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).
La directora detalló que más allá de las capacitaciones al personal de las fuerzas de seguridad pública, la Alerta de Violencia Género (AVG) ha fallado por su falta de anclaje jurídico a una estrategia para reducir la violencia contra la mujer.
La AVG fue anunciada en julio del año pasado para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
Mas los resultados no han sido óptimos. Los 11 municipios donde existe la Alerta sumaron entre enero y septiembre 35 feminicidios, cuando en todo el 2015 hubo 31.
Edgar Cortez Morales, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, detalló que las acciones policiales y de las fuerzas armadas no pueden, por sí solas, reducir los feminicidios.
“Puede ser una línea de trabajo, no una única línea. La prevención tendría que estar en el trabajo de inteligencia, recoger información, analizar y no como ahora se hace de ir caso por caso, como si no tuvieran nada que ver los unos con los otros”, explicó.
A las tareas de seguridad deberían de integrarse mecanismos de participación ciudadana, consideró Cortez. Una manera de prevención en la que los vecinos informan a las autoridades sobre lo que sucede en su localidad. Un propósito que se antoja cuesta arriba en aquellos lugares donde no hay confianza en las autoridades.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
El 13 de noviembre el Gobierno federal apuntó que apoyaría las medidas de la Alerta con 55 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año.
María de la Luz Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, mostró su preocupación por la manera en que se usen estos recursos, e insistió en la necesidad de no sólo etiquetarlos sino de implementar un mecanismo que vele por su correcta implementación.
“Si sólo ponemos recursos y no se fiscaliza debidamente cómo están siendo distribuidos es un riesgo. La verdad que hay municipios que no tienen forma de obtener otros recursos, más que estos”, dijo Estrada.
HOMICIDIOS O FEMINICIDIOS
Entre enero y septiembre hubo 191 homicidios dolosos de mujeres en el Estado de México, de acuerdo con cifras oficiales de la PGJEM. Y muchos de estos delitos podrían bien ser catalogados como feminicidios, apuntaron las organizaciones.
El artículo 21 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia define por violencia feminicida a la violencia extrema de género contra las mujeres que les arrebata la vida.
“Producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”, reza el artículo.
María de la Luz Estrada apuntó que desde el Observatorio realizan trabajos para que las autoridades de Procuración de Justicia tengan cada vez menos margen de tipificar un feminicidio como homicidio doloso (u intencional).
“Las herramientas que mejoren la investigación tienen que ir de la mano con sanciones a servidores públicos. Tenemos casos como el de Mariana Lima un supuesto suicidio, que en realidad era feminicidio; así como supuestos homicidios que cualquier forense se da cuenta que son feminicidios”, explicó.
Lima fue asesinada en Chimalhuacán, en el 2010, por su pareja sentimental. El sujeto se le dicto auto de formal prisión en junio de este año.
Tan sólo en los 11 municipios donde se declaró la Alerta hubo 109 registros de homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año, según la PGJEM.
David Figueroa Mancera, representante de la organización Solidaridad por las Familias, apuntó que ha sido una estrategia de las autoridades el manipular los datos.
“Se han dado a la tarea de maquillar las cifras, con el objetivo de decir que la Alerta de Violencia de Género ha funcionado. Por eso las organizaciones nos hemos dado a la tarea de juntar información de cada uno de los asesinatos de las mujeres [para desmentir errores de tipificación de delitos]”, dijo Mancera.
CRIMEN ORGANIZADO
Aún hace falta apoyo de la autoridad federal en los casos donde el feminicidio está relacionado con el crimen organizado, expuso Nancy López, directora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la organización que junto al Observatorio solicitó la AVG en la entidad.
“La falta de claridad sobre el origen de los delitos hace que algunas medidas que se toman y no pasa nada. Es decir, se tiene que tener clara la dimensión de cada delito y en ese sentido establecer las alianzas a nivel federal y acciones en los municipios”, dijo.
En el Estado de México operan al menos dos células delictivas: Guerreros Unidos (o La Nueva Empresa) y la Empresa; ambas pertenecientes al Cártel de la Familia Michoacana, de acuerdo con una solicitud de transparencia contestada por la Procuraduría General de la República el 31 de octubre a este medio.
Una vez al mes las organizaciones civiles que solicitaron la alerta se juntan con una serie de instituciones encargadas de implementarla.
López dio cuenta de la falta de voluntad que existe por parte de algunos funcionarios.
“Los asistentes por parte del Gobierno, muchas veces no pueden tomar decisiones [por su cargo], y además se denota la ausencia de los representantes de los municipios en los cuales se declaró la alerta de Género. Se quiere hacer ver que se está haciendo todo lo que se podría y es claro que no es así”, expuso.
Fuente: Sin Embargo| Juan Luis García Hernández
“Puede ser una línea de trabajo, no una única línea. La prevención tendría que estar en el trabajo de inteligencia, recoger información, analizar y no como ahora se hace de ir caso por caso, como si no tuvieran nada que ver los unos con los otros”, explicó.
A las tareas de seguridad deberían de integrarse mecanismos de participación ciudadana, consideró Cortez. Una manera de prevención en la que los vecinos informan a las autoridades sobre lo que sucede en su localidad. Un propósito que se antoja cuesta arriba en aquellos lugares donde no hay confianza en las autoridades.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
El 13 de noviembre el Gobierno federal apuntó que apoyaría las medidas de la Alerta con 55 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año.
María de la Luz Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, mostró su preocupación por la manera en que se usen estos recursos, e insistió en la necesidad de no sólo etiquetarlos sino de implementar un mecanismo que vele por su correcta implementación.
“Si sólo ponemos recursos y no se fiscaliza debidamente cómo están siendo distribuidos es un riesgo. La verdad que hay municipios que no tienen forma de obtener otros recursos, más que estos”, dijo Estrada.
HOMICIDIOS O FEMINICIDIOS
Entre enero y septiembre hubo 191 homicidios dolosos de mujeres en el Estado de México, de acuerdo con cifras oficiales de la PGJEM. Y muchos de estos delitos podrían bien ser catalogados como feminicidios, apuntaron las organizaciones.
El artículo 21 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia define por violencia feminicida a la violencia extrema de género contra las mujeres que les arrebata la vida.
“Producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”, reza el artículo.
María de la Luz Estrada apuntó que desde el Observatorio realizan trabajos para que las autoridades de Procuración de Justicia tengan cada vez menos margen de tipificar un feminicidio como homicidio doloso (u intencional).
“Las herramientas que mejoren la investigación tienen que ir de la mano con sanciones a servidores públicos. Tenemos casos como el de Mariana Lima un supuesto suicidio, que en realidad era feminicidio; así como supuestos homicidios que cualquier forense se da cuenta que son feminicidios”, explicó.
Lima fue asesinada en Chimalhuacán, en el 2010, por su pareja sentimental. El sujeto se le dicto auto de formal prisión en junio de este año.
Tan sólo en los 11 municipios donde se declaró la Alerta hubo 109 registros de homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año, según la PGJEM.
David Figueroa Mancera, representante de la organización Solidaridad por las Familias, apuntó que ha sido una estrategia de las autoridades el manipular los datos.
“Se han dado a la tarea de maquillar las cifras, con el objetivo de decir que la Alerta de Violencia de Género ha funcionado. Por eso las organizaciones nos hemos dado a la tarea de juntar información de cada uno de los asesinatos de las mujeres [para desmentir errores de tipificación de delitos]”, dijo Mancera.
CRIMEN ORGANIZADO
Aún hace falta apoyo de la autoridad federal en los casos donde el feminicidio está relacionado con el crimen organizado, expuso Nancy López, directora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la organización que junto al Observatorio solicitó la AVG en la entidad.
“La falta de claridad sobre el origen de los delitos hace que algunas medidas que se toman y no pasa nada. Es decir, se tiene que tener clara la dimensión de cada delito y en ese sentido establecer las alianzas a nivel federal y acciones en los municipios”, dijo.
En el Estado de México operan al menos dos células delictivas: Guerreros Unidos (o La Nueva Empresa) y la Empresa; ambas pertenecientes al Cártel de la Familia Michoacana, de acuerdo con una solicitud de transparencia contestada por la Procuraduría General de la República el 31 de octubre a este medio.
Una vez al mes las organizaciones civiles que solicitaron la alerta se juntan con una serie de instituciones encargadas de implementarla.
López dio cuenta de la falta de voluntad que existe por parte de algunos funcionarios.
“Los asistentes por parte del Gobierno, muchas veces no pueden tomar decisiones [por su cargo], y además se denota la ausencia de los representantes de los municipios en los cuales se declaró la alerta de Género. Se quiere hacer ver que se está haciendo todo lo que se podría y es claro que no es así”, expuso.
Fuente: Sin Embargo| Juan Luis García Hernández
