La protesta en la Sedesol de Ecatepec. Foto: J. Raúl Pérez
Este año, la administración de Enrique Peña Nieto gastó 72 mil 187 millones de pesos en 39 programas sociales federales que operan en “absoluta opacidad” y no resuelven el problema que los originó, según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2016 (INDEP).
Dado a conocer por la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el reporte agrega que el próximo año el gobierno mexicano erogará 65 mil millones en ellos y, por otra parte, amputará 91 mil 380 millones a programas y acciones de desarrollo social que benefician a la población más vulnerable del país, entre ellos el Seguro Popular o Prospera.
De acuerdo con el documento, el gobierno no le da importancia a las evidencias sobre el desempeño y la transparencia de los programas sociales, pues recortará de manera idéntica los presupuestos destinados a programas con desempeño destacado y los de escaso.
El estudio fue presentado esta mañana ante un grupo de diputados, a quienes dijeron que 11 de cada 100 pesos gastados este año por el gobierno federal en los 157 programas y acciones sociales más importantes terminaron en la “caja negra del gasto social federal”, es decir, en el conjunto de programas imposibles de evaluar debido a su opacidad.
La organización urgió al gobierno a implementar “una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión”, pues ocho de cada 10 programas sociales federales “no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, lo que limita fuertemente la capacidad del gobierno para incidir de manera positiva en la reducción de brechas sociales de pobreza”.
La organización pidió a los legisladores “endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas” y “no incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño”.
Apenas uno de cada cinco programas analizados tuvo un desempeño “mejorable”, con “alto potencial” u “óptimo”, con lo que “han contribuido de forma consistente a la resolución del problema público que les dio origen”, según Gesoc, que recomendó destinar mayores recursos a los programas de alto potencial de desempeño.
La organización observó con preocupación que el recorte presupuestario que aplicará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2017 afectará mucho las acciones y programas de desarrollo social, pues amputará 91 mil 380 millones de pesos a este rubro, equivalente a 38% del recorte federal.
“El ajuste presupuestario pone en riesgo la protección a los sectores más vulnerables”, advirtió la organización, al añadir que “poco menos de la mitad del gasto social se destina a programas de protección social y redes de seguridad social” como el Seguro Popular o Prospera.
Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Procuraduría General de la República (PGR) fueron las dependencias que, según el Índice, operan en la mayor opacidad este año: más de 93% del presupuesto de la Segob y 100% de los fondos erogados por las demás dependencias cayeron en la “caja negra” .
Los programas que pretenden resolver asuntos del orden público y seguridad interior, de justicia, de comunicaciones, pero también de agua potable y alcantarillado tienen las mayores tasas de discrecionalidad, según la organización, mientras que el presupuesto gastado en salud y en asistencia social fue mejor gastado.
Mediante el INDEP, que se empezó a publicar en 2012, Gesoc mide el desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social en una escala numérica de uno a 100, que varía según la calidad y el diseño de los programas, su capacidad en cumplir con sus metas y su cobertura.
La canciller debe salir
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
