El líder cubano Fidel Castro ha muerto a los 90 años de edad, confirma su hermano Raúl
El líder histórico de la Revolución cubana falleció en la noche del viernes, 25 de noviembre, a las 22.29 horas, y sus restos serán cremados ‘atendiendo su voluntad expresa’, explicó Raúl Castro, visiblemente emocionado.
El mandatario agregó que en las próximas horas se anunciará cómo se realizarán las exequias de Fidel Castro, a quien se vio por última vez el pasado 15 de noviembre, cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang.
Ser compadre de Peña, único mérito de Miranda para estar en Sedesol: AMLO
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el titular de la Sedesol, Luis Miranda, detenta ese cargo por ser amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
De gira en el municipio jalisciense de Cihuatlán, López Obrador dijo de Miranda Nava: “Es compadre de Peña el secretario de Desarrollo Social, y por eso está en ese cargo; si no, no llegaría ni a jefe de departamento”.
El político tabasqueño subrayó que esa amistad con Peña es el único mérito de Miranda para ser titular de Desarrollo Social.
Luego López Obrador sentenció que, por su falta de capacidad, Miranda ofendió a Araceli Damián, diputada de Morena, a quien le dijo que no era psiquiatra para poder entenderla cuando la legisladora pidió al funcionario estudiar el tema de la pobreza en el país.
El líder de Morena dijo que será muy difícil que separen del cargo a Miranda Nava, y agregó que el funcionario federal no debería ser el único destituido, sino también Peña Nieto, según publicó el portal de Reforma.
Acerca de si prosperarán las peticiones de renuncia, Obrador respondió que “desgraciadamente” las personas que ocupan las dependencias gubernamentales no son las adecuadas.
“Las personas al frente de las instituciones gubernamentales no tienen experiencia ni conocimientos en sus áreas, y desde hace tiempo son utilizadas para pagar favores políticos”, reveló.
Luego recordó el caso de José Antonio Meade, quien pasó de titular de la Cancillería a la Sedesol, algo totalmente distinto, y quien ahora fue nombrado titular de la Secretaría de Hacienda. Agregó que Miranda era subsecretario de Gobernación.
“Sólo está ahí porque es compadre de Peña Nieto”, insistió el tabasqueño.
López Obrador también desestimó como efectiva la estrategia de denunciar los comentarios ofensivos de Miranda contra Damián ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
“Todas esas instituciones son parapeto, escenografía, como es el caso del Instituto Anticorrupción, que es un aparato burocrático que no sirve para nada”, aseveró.
En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, López Obrador dijo que las violaciones a derechos de las mujeres están ligadas a la corrupción en los gobiernos.
“La corrupción es el principal problema de México, lo que origina que no haya trabajo, haya desintegración familiar, inseguridad y violencia que afecta a todos, sobre todo a mujeres”, aclaró.
Acusan a minera de Autlán de agresión a radio indígena opuesta a hidroeléctrica
PUEBLA, Pue.- El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) denunció que hombres armados irrumpieron la noche del jueves en las instalaciones de la radiodifusora indígena Radio Tlayole en la comunidad la Cumbre, municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, y dispararon contra el locutor Gerardo Rivera Juárez.
La organización atribuyó esta agresión a directivos de la Minera Autlán para intimidar a la población de esa comunidad que se ha manifestado con un plantón contra el proyecto de esa empresa para construir una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla.
“La radio comenzó operaciones hace apenas 15 días con programas enfocados a la protección del ambiente, por lo que dio cabida a las voces disidentes contra el proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa – Atzalan, que se pretende construir en esta zona de la Sierra Negra”, explicó en un comunicado el MAIZ.
“Mientras trasmitían los compañeros de la organización, Rigoberto Nieto González y Leonor Rivera Juárez, ingresaron con lujo de violencia dos sujetos que agresivamente comenzaron a golpear con saña a los dos locutores que en ese momento trasmitían”, agregó.
Además, expuso que los agresores comenzaron a destruir los equipos de la radio, cuando la transmisión estaba en vivo por lo que los radioescuchas pudieron oír la agresión.
Al darse cuenta del hecho, Gerardo Rivera Juárez acudió a la radiodifusora, pues su hermana estaba como locutora. “Al ingresar para defender a los compañeros fue agredido y herido de bala en el pecho”, refirió.
El MAIZ acusó a directivos de la Minera Autlán de ser los autores intelectuales del intento de asesinato del también locutor indígena Rivera Juárez.
Las comunidades de la región de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, se integraron desde 2013 en un Consejo llamado Maseual, para declararse en resistencia contra las concesiones entregadas en su territorio para distintos proyectos extractivos y de explotación de sus ríos.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mil 527 hectáreas de esa región fueron concesionadas a diferentes empresas, sin consulta previa a las comunidades afectadas.
En un cabildo abierto, los pobladores declararon al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte” e interpusieron un amparo. El juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.
Una simulación, las políticas públicas para frenar la violencia contra mujeres, reviran
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Tras cuatro días reunidas en el marco del Primer Congreso Feminista de Chiapas, decenas de mujeres de diversos estados y de otros países exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto frenar la violencia feminicida, fenómeno que se agudiza cada vez más en nuestro país, donde las políticas públicas para contrarrestarlo sólo son, hasta ahora, simulación.
Mujeres indígenas y mestizas provenientes del sureste del país y de Guatemala, Perú y Argentina se reunieron en San Cristóbal de las Casas para analizar las problemáticas que enfrentan, como el incremento de feminicidios, el alcoholismo en sus comunidades, el despojo de sus territorios y la falta de inclusión en las políticas públicas.
Al término del encuentro al que llamaron Primer Congreso Feminista de Chiapas, realizaron una marcha por la ciudad y un mitin en el que plantearon las causas que consideran son origen de la violencia y exclusión que padecen.
En un documento leído en la plaza central de esta ciudad, las activistas fustigaron el sistema machista y la pobreza derivada de la política económica neoliberal que afecta a sus pueblos y comunidades.
“Responsabilizamos al Estado mexicano y al sistema capitalista neoliberal por la situación de pobreza y violencia que vivimos en todo el mundo, y específicamente en el estado de Chiapas, donde casi 90% de la población vive marginada del desarrollo y la justicia”, sostuvieron.
Luego denunciaron la exclusión de que son objeto al momento de tomar decisiones en sus comunidades, en las asambleas, y en las políticas públicas. También repudiaron la violencia física que se ha incrementado en años recientes, y que motivó que apenas el lunes 21 el gobierno federal tuviera que emitir una alerta de género para siete municipios, hecho que fue impugnado por las mujeres, al considerar que la violencia se vive en los 122 municipios que conforman la entidad.
“Nuestra identidad cultural y de género se construye desde nuestros territorios, somos parte de nuestros bosques, ríos y montañas, agua, viento, fuego y tierra, donde cumplimos roles históricamente asignados y restringidos a ser reproductoras y cuidadoras. Las mujeres seguimos estando al margen de las políticas de gestión territorial en todos los niveles de gobierno”, señalaron.
“Proponemos crear una escuela para dar seguimiento a todo lo que hemos hablado en el Congreso Feminista, fortalecer nuestros liderazgos e intercambiar saberes, así como crear estrategias para fortalecer nuestras luchas”, explicaron en su pronunciamiento final.
Se duplica en Colima la cifra de asesinatos de mujeres; van 55 en este año
COLIMA, Col.- En menos de un año creció a más del doble la cifra de asesinatos de mujeres en la entidad, al pasar de 25 casos en 2015 a los 55 que se registraron desde enero pasado hasta principios del actual mes, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María del Carmen García García, denunció que a pesar de que la entidad cuenta con un marco legal que sentó precedente en el país, las investigaciones sobre este delito no se están llevando a cabo con la debida diligencia, ya que en el presente año la PGJE sólo ha catalogado ocho muertes de mujeres como feminicidio, como lo informó el pasado 7 de noviembre el exprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez ante el Congreso del Estado.
La activista señaló que a los 55 casos mencionados por el exprocurador debe sumarse uno más que ocurrió posteriormente, así como 32 casos de tentativa de homicidio que se ignora en cuántos de ellos murió la víctima, según un seguimiento hemerográfico realizado por la organización.
A través de un documento difundido este día, el Inegi dio a conocer que del año 2000 al 2015 ocurrió en el estado de Colima un total de 174 asesinatos de mujeres, por lo que la cifra correspondiente a lo que va de este año representa casi la tercera parte de la cantidad de crímenes contra mujeres de los últimos 16 años.
Carmen García indicó que en el último año ha sido notorio el crecimiento de la violencia exacerbada contra las mujeres del estado, con la exposición de los cuerpos en la vía pública, la saña, la tortura, así como actos crueles y degradantes que afectan no sólo a las víctimas directas, sino a sus familiares y a toda la sociedad.
La defensora de las mujeres, quien también es representante estatal del Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México (CLADEM), recordó que hace cinco años se tipificó en Colima como delito el feminicidio y en 2013 se publicó el protocolo y se nombró el Comité de Evaluación y Seguimiento para este delito.
En su momento, añadió, las organizaciones plantearon que la construcción de la normatividad y su aplicación permitiría evitar tener otro Ciudad Juárez o Estado de México en Colima, pero la normatividad “se guardó junto con la debida diligencia y las buenas prácticas de quienes operan la justicia, por lo que hoy tenemos el primer lugar nacional en homicidios en general y la cantidad de mujeres asesinadas ya es alarmante; exigimos que se cumpla el protocolo”.
Mientras tanto, a casi dos años de que organizaciones sociales solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Colima, esta petición no ha sido atendida. Desde junio pasado, el grupo Mujeres en Alerta denunció que el asunto se encuentra “trabado” en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En un posicionamiento difundido este viernes, Mujeres en Alerta recordó que la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (Endireh) dice que el 50% de las mujeres de Colima de más de 15 años, han vivido violencia en algún momento de sus vidas y que es alto el índice de violencia sexual, y de violencia emocional y física.
“Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que otorguen la importancia que requiere la magnitud del problema mediante la política pública que permita que los funcionarios y servidores públicos relacionados con el tema, tengan formación especializada permanente para estar en condiciones de brindar un servicio profesional basado en la perspectiva de género”, señaló la organización.
Como política pública, agregó, Colima necesita que los profesionales responsables de aplicar la ley sean capaces de interpretarla y aplicarla con justicia y verdad, pues “de otra forma, se revictimiza a las mujeres, se desperdician los recursos invertidos, tiempo y, lo más grave, se convierten en sistemas reproductores de la violencia que pretenden erradicar”.
Manifestó que en Colima, la violencia de género es un fenómeno naturalizado que tiene permisividad social, sin embargo, lejos de que el sistema educativo contribuya a transformar este fenómeno, muestra un retraso significativo en la implementación de la perspectiva de género en sus programas y se observan prácticas misóginas, así como la reproducción de formatos sociales que evidencian sexismo y propician la violencia contra las mujeres.
“Esperamos que los responsables de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, consideren que es prioritario y urgente, implementar políticas públicas con perspectiva de género, involucrar y coordinar todos sus ámbitos de acción – educación, salud, justicia y asistencia social – evaluar la eficacia de sus programas y proyectos, garantizar la cobertura de atención a las mujeres con calidad, oportunidad y calidez”, puntualizó el grupo Mujeres en Alerta.
“Signos de muerte” en territorios indígenas de Chiapas
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- Luego de 12 días de caminata por 11 municipios indígenas de la zona Norte, Selva y Altos de Chiapas, miles de peregrinos llegaron a esta ciudad colonial, donde denunciaron las amenazas y la inseguridad en los pueblos de donde son originarios.
Los viajeros, miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), se quejaron de los megaproyectos, autopistas, mineras y represas, y hasta de los partidos políticos que los han dividido y confrontado.
Aunado a ello, manifestaron que se unirán a la consulta convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para impulsar a una candidata indígena independiente para la Presidencia de la República.
Los integrantes del Modevite, conformado por el Pueblo Creyente de 11 parroquias adscritas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas (Candelaria, Huixtán, Tumbalá, Cancúc, Tenejapa, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón-Sitalá, Yajalón y Salto de Agua), arribaron con cantos y consignas, además de cartulinas y pancartas donde expresaron su rechazo a la violencia institucional vía los cuerpos policiacos y militares que patrullan los pueblos en resistencia civil.
“Hemos reconocido los diferentes rostros indígenas de nuestra gente; hemos celebrado la vida según los ritos de cada comunidad; hemos rezado y danzado para agradecer las maravillas de nuestra cultura, la belleza de la creación y de nuestra Madre Tierra”, señalaron los hombres y mujeres tzotziles, tzeltales y ch’oles que hicieron el recorrido.
“Pero también hemos andado para escuchar los problemas de nuestras comunidades y los riesgos que amenazan a nuestra cultura y a nuestra Madre Tierra con megaproyectos y supercarreteras”, dijo una joven mujer indígena que leyó el pronunciamiento del Modevite.
Añadió: “Caminamos para unirnos en una sola voz, para dar voz a la tierra que clama respeto y protección, que exige de todos una actitud de cuidado y agradecimiento. Esta peregrinación ha sido un momento de gracia para nosotros, porque hemos podido conversar, reflexionar y soñar como un solo pueblo”.
En los distintos foros que se realizaron en esta localidad, los pueblos dialogaron sobre los problemas que les atañen, pero en el fondo “el problema con el gobierno no es sólo que no entiende nuestras culturas, sino que quiere dividirnos, por eso nos enfrenta y atenta contra nuestra vida comunitaria”, puntualizaron.
Y reconocieron que la mega-peregrinación fortaleció sus vínculos, su raíz, su pertenencia a la tierra que les exige que caminen juntos. “Ya no es posible acabar con el mal gobierno desde cada municipio ni luchar contra el gran capital desde cada trinchera, vemos que es necesario que cada pueblo sienta suyo el problema de otra comunidad. La organización comunitaria es nuestra arma contra la división, la cura para el miedo y para alimentar la esperanza entre nuestros pueblos”.
Subrayaron que como pueblos originarios sienten que su pertenencia comunitaria a la Madre Tierra “es nuestra espiritualidad, por eso creemos que no sólo tenemos que denunciar la destrucción de nuestro territorio por la ambición de los extractivistas, sino que debemos cuidarla. Por eso, el fortalecimiento de nuestras raíces comunitarias es el camino para cuidar nuestra casa común”.
Asimismo, se dijeron obligados a denunciar los signos de muerte que aparecen en sus territorios y anunciar el espíritu de vida comunitaria que surge de esas culturas vivas y ancestrales. “Somos pueblo creyente en Movimiento”, resaltaron.
La vocera reseñó las palabras del obispo Enrique Díaz en la misa celebrada en Tenejapa el 22 de noviembre pasado: “Examinen y disciernan si las promesas de los partidos políticos están basadas en el servicio, la justicia, el respeto a las personas, y si no, no les crean. Porque hoy hay quien dice que seremos felices con lo de nosotros, pero la estructura económica son piedras que están podridas, que no están fundadas en la fraternidad, ni en el amor, ni en el compartir”.
Luego de ese llamado a la reflexión, señaló que “el sistema de partidos parte a la comunidad”, y es por eso que ellos buscan otras alternativas, “como el gobierno comunitario”.
De igual manera, recordó que el Modevite no es de reciente creación, pues desde hace cuatro años comenzaron a caminar para demandar el cierre de cantinas y denunciar el alcoholismo inducido en los 11 municipios señalados.
“Descubrimos que era un problema que compartíamos y por eso nos unimos. Después fue la amenaza de la súper carretera San Cristóbal-Palenque lo que unió esfuerzos. Hoy vemos que nuestra lucha es más grande. Tenemos la tarea de defender la vida, nuestra cultura y los bienes comunes que hay en nuestro territorio”, expresó.
En su pronunciamiento público el Modevite dijo rechazar toda violencia y discriminación contra las mujeres. “Hoy, por ser el día internacional en contra de la violencia a las mujeres, recordamos que las mujeres seguimos siendo víctimas del machismo, del alcoholismo y del asistencialismo de los programas de gobierno. Las mujeres del Modevite reclamamos el derecho a ejercer nuestra libre determinación como mujeres indígenas para cuidar la Madre Tierra y la vida de nuestras comunidades”.
Denunciaron los riesgos de proyectos hídricos y eco-turísticos alrededor del río Chacté en San Juan Cancuc, del Jataté en Ocosingo y del Tulija en Salto de Agua, así como de la laguna Suyul en Ejido Candelaria de esta ciudad.
Respaldaron la lucha del pueblo ch’ol de Salto de Agua contra la pretensión de construir una represa en el “Paso del Naranjo”; la lucha del pueblo tseltal de Chilón contra la privatización del agua y secuestros; la amenaza de la represa del Nance en Altamirano, “y nos sumamos a los tzotziles de Huixtan contra la represa del río Florido”.
Denunciaron la corrupción política en sus municipios, y especialmente recordaron a Yajalón, Chilón, Ocosingo y Oxchuc, donde los recursos municipales se han vuelto el botín codiciado de los partidos políticos y de intereses particulares.
“No queremos soldados en nuestras comunidades. Ellos son una presencia que amenaza y trata de intimidar nuestra vida, no son necesarios en nuestras comunidades, exigimos que se retiren a donde verdaderamente los criminales se encuentran”.
Los peregrinos confirmaron su oposición al proyecto de las supercarreteras que –aseguraron– sólo favorece el saqueo de los bienes comunes de sus territorios para enriquecer a las trasnacionales, y destruyen la vida y la cultura de sus comunidades.
Señalaron que tampoco están de acuerdo con los monocultivos que dañan la Madre Tierra, y rechazaron el maíz transgénico que atenta contra la herencia cultural de los pueblos originarios.
“Como pueblos originarios exigimos el respeto de nuestro derecho a la autonomía y a la libre determinación. Queremos que nos dejen ejercer nuestra capacidad instituyente y que se reconozcan nuestras formas comunitarias de ejercer el gobierno y la autoridad”.
Y se unieron al clamor general por refundar una nueva Constitución Política, pero que responda a las aspiraciones de justicia social y buena convivencia de todos los pueblos indígenas.
Desde la plaza principal de San Cristóbal se solidarizaron con otros movimientos que defienden la vida y el territorio de los pueblos hermanos. “Con los de Chicomuselo contra la extracción minera, con los pueblos del istmo de Tehuantepec contra las empresas eólicas, con Xochicuauhtla, los hermanos de Acteal, los compañeros purépechas de Cherán, los hermanos de Ayotzinapa, los integrantes del magisterio en lucha y el pueblo creyente de Simojovel”.
Se dijeron informados de lo que sucede con los pueblos indígenas amenazados por la minería extractiva. Y denunciaron que en los últimos tres sexenios se han entregado a particulares –entre ellos a prestanombres de los empresarios Carlos Slim y Salinas Pliego– 99 concesiones mineras que abarcan 1.5 millones de hectáreas. Los dueños de estas tierras serían desplazados de sus territorios, y quienes habiten en zonas colindantes serían afectados por la contaminación que esta industria genera, apuntaron.
Precisaron que en términos de hidroeléctricas, la Comisión Federal de Electricidad tiene identificada a Chiapas con una entidad con gran potencial hidrológico y mantiene vigentes 90 proyectos para la construcción de hidroeléctricas de diferentes capacidades.
“Es indignante que actualmente se produzca en este estado el 48% de la energía eléctrica del país sin que ello traiga beneficio alguno para las personas de la región”, puntualizaron.
Sostuvieron que en el tema de pozos de hidrocarburos, saben que para 2017 se tiene proyectada la perforación de 12 pozos para extraer gas y aceite en la zona indígena zoque, obra que, añadieron, afectará 845 kilómetros cuadrados ubicados en los municipios de Tecpatán, Francisco León, Ixtacomitán y Pichacalco.
“Ante todo esto, decimos No al saqueo de nuestra tierra y no al engaño del gobierno. Estaremos vigilando y velando por el cuidado de nuestros pueblos y su territorio. No es posible tanta amenaza”, expresaron.
Tras 18 años, Sansores no quita el dedo del renglón en juicio por centro de espionaje en Campeche
CAMPECHE, Camp.- Aunque transcurrieron ya 18 años desde que exhibió el centro de espionaje político que el gobierno estatal, con el auspicio del federal, operaba ilegalmente desde 1994 en pleno centro de la ciudad, la senadora Layda Sansores no quita el dedo del renglón en su afán de llevar a juicio a los responsables.
Por ello, la legisladora se reunió hoy aquí con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Ignacio Navarro Rábago, para conocer el avance de las pesquisas, pues en noviembre de 2006 el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mérida ordenó reabrir el expediente.
Este es el caso de espionaje gubernamental mejor documentado: Más de siete mil evidencias, entre ellas, pedidos de los equipos, facturas, permisos de importación, máquinas de intervención telefónica, así como cuentos de audios y transcripciones de conversaciones de opositores al régimen priista, instructivos, manuales, nóminas…
“Después de 18 años, en este juicio ¡nos quieren mandar a la reserva!”, tronó Sansores, entrevista a las puertas de la delegación de la PGR, antes de encontrarse con el delegado.
“Vamos a alegar que hay todos los elementos para el ejercicio de la acción penal… ganamos el amparo en la Suprema Corte”, dijo y advirtió que si la PGR insiste en cubrir este espionaje recurrirá a organismos internacionales.
“Hemos insistido con mucha paciencia, amparo tras amparo, y los hemos ganado todos…”, añadió.
Al salir de la reunión, narró que el funcionario federal le informó que el caso “pasó a reserva porque no habido una gran actividad, pero hace mes y medio un juzgado (del gobierno) de Israel señaló que ya tiene el caso para citar al señor Samuel Weinberg, él no tiene culpa, era su negocio y siempre lo aceptó”.
Weiberg es el empresario israelí que vendió los equipos al gobierno.
“Él estaba dispuesto a declarar, nunca se negó, pero eso esperaron (el gobierno mexicano) a que se fuera a Israel para mandar a buscarlo, como a (Javier) Duarte”, ironizó.
No obstante, Sansores aseguró que ella y sus abogados encargados de darle seguimiento al caso, “intentaremos presionar por la vía diplomática en Relaciones Exteriores”.
Y añadió: “estamos esperando las declaraciones de Weinberg porque sin ellas no podemos saber hasta dónde estaba implicado Salomón, por eso es importante lo que él diga”.
Según dijo, “le hicimos ver que ese es un tema que no sólo nos lastimó a nosotros, sino a la sociedad campechana; nunca habíamos visto agresiones tan fuertes…”.
El centro de espionaje
De acuerdo con la documentación ahí hallada, el sitio fue equipado y comenzó a operar en 1994, durante el sexenio de Jorge Salomón Azar García –quien, por cierto, el pasado 22 de noviembre fue designado delegado del CEN del PRI en Tabasco–, pero fue sostenido por su sucesor González Curi.
El centro de espionaje estaba ubicado en un predio de la calle 65, en pleno centro de la ciudad, a dos calles del Palacio de Gobierno.
Sansores, quien en 1997 disputó la gubernatura como candidata externa del PRD en un histórico proceso en el que hasta ahora se asegura que el priista González Curi le arrebató el triunfo por la vía del fraude, encabezó un movimiento de resistencia civil que se prolongó ocho meses.
Como colofón de esa protesta, Sansores y decenas de sus seguidores irrumpieron una noche de marzo de 1998, la víspera de una visita presidencial de Ernesto Zedillo, en ese centro de espionaje en el que sorprendieron en flagrancia a tres de los espías, los encargados de su operación.
Ellos fueron identificados como Valente Quintana González, José Antonio Ayala del Río y Dante Omaña Díaz. Según documentos recogidos en el lugar, los tres fueron adiestrados por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo manual de espionaje también fue encontrado ahí.
Los tres fueron entregados a la autoridad, pero al cabo de varios días de arraigo domiciliario, se les dejó en libertad.
A pesar de que Layda Sansores entregó más de siete mil pruebas, entre éstas, los documentos de compra e importación de los equipos a una empresa israelí, las nóminas del personal, cheques emitidos por la Secretaría de Finanzas, así como grabaciones de conversaciones telefónicas con sus respectivas transcripciones, un juez determinó el no ejercicio de la acción penal.
También fueron ignoradas las demandas de juicio político contra Azar García y González Curi en el Congreso de la Unión.
No obstante, el 22 de noviembre de 2006, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Mérida, que presidía el magistrado Pablo Jesús Hernández Moreno, ordenó a la PGR reabrir el caso y desahogar todas las pruebas pendientes.
Inmujeres pide multas y arrestos estilo Alcoholímetro para combatir abuso sexual
Los procedimientos que implican el nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México para denunciar el abuso sexual obstaculizan el acceso expedito a la justicia para las agredidas, asegura Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino.
Por ello, sugiere que en este tipo de agresiones –que no llegan a considerarse como violación— los agresores deberían ser sometidos a multas económicas y a arrestos en un esquema similar al que opera el programa conocido como “Alcoholímetro”.
En entrevista con apro, explica que en el Código Penal que rige en la Ciudad de México, el delito de abuso sexual está definido como “todo acto con fines sexuales que, sin llegar a la cópula, implique daño o sufrimiento a la víctima”.
Sin embargo, afirma que de acuerdo con los nuevos procedimientos periciales, ese “daño y sufrimiento” se tiene que acreditar. “Entonces la víctima se vuelve objeto de un escrutamiento brutal porque tiene que pasar al escrutamiento médico, el jurídico, el psicológico. Es un problema del diseño del tipo penal y hay que revisarlo”, enfatiza.
Feminista de larga trayectoria, Incháustegui comenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer de la misma manera, es decir, todo acto que provoca a la mujer daño o sufrimiento.
Entonces, añade, para hacer el tipo penal los legisladores “tomaron la definición y así la trasladaron al Código Penal obviando las necesidades que implica un tipo penal que sea operativo, porque el daño y sufrimiento dependen mucho de la persona”.
Por ejemplo, explica que quienes son resilientes –es decir, que tienen capacidad para sobreponerse rápido a periodos de dolor emocional y situaciones adversas— un acto así puede causarle indignación, pero no daño o sufrimiento y si es así, no se acredita el delito.
“Esa formulación de tipo penal es completamente negativa para un acceso expedito a la justicia” en el caso de mujeres víctimas de abuso sexual e inhibe la denuncia, según la directiva.
De acuerdo con datos del Inmujeres capitalino, entre enero y julio de 2016, en el Ministerio Público se abrieron 188 carpetas de Investigación por abuso sexual y violación en el transporte público de la capital.
Además, 178 personas fueron detenidas por casos de abuso y acoso sexual en operativos implementados por el gobierno capitalino en los alrededores de los sistemas de transporte público de la ciudad, como parte del programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”.
Habrá recuento electoral en Wisconsin, estado clave en derrota de Clinton
A 18 días de haberse realizado la elección presidencial en Estados Unidos, autoridades de Wisconsin, uno de los tres estados clave que perdió la excandidata demócrata Hillary Clinton, confirmaron que realizarán el recuento electoral ante sospechas de una posible manipulación de los resultados.
El administrador de la Comisión Estatal Electoral, Mike Haas, informó que Jill Stein, excandidata presidencial del Partido Verde, presentó la solicitud alrededor del mediodía de este viernes, una hora y media antes de que se venciera el plazo para presentarla, según información difundida por CNN.
De acuerdo con Stein –quien recauda fondos para cubrir los costos del recuento en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania–, quiere asegurarse de que los ciberpiratas no alteraron los resultados en esos estados.
La excandidata aseguró ayer que actuaba debido a “evidencia irresistible de anomalías en la votación” y que el análisis de datos habría indicado “discrepancias significativas en los totales de votos”.
Además de Stein, un grupo de informáticos y abogados, entre ellos el reconocido activista por los derechos civiles, John Bonifaz, y el director del Centro para la computación, seguridad y sociedad de la Universidad de Michigan, Alex Halderman, afirmó que encontraron varios indicios de que los resultados podrían haber sido manipulados en esas entidades clave que Clinton perdió contra todo pronóstico.
En Wisconsin, la controversia se centra en aparentes victorias desproporcionadas para el republicano Donald Trump en condados donde se utilizó el voto electrónico, comparados con aquellos que usaron boletas de papel.
Esto luego de que durante la etapa de campañas, la Dirección de Inteligencia Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional informaran que algunos estados habían sufrido ciberataques en sus sistemas electorales, provenientes de un servidor ruso.
Hacia la tarde de este viernes, la campaña de Stein para recaudar fondos llevaba ya 5.2 millones de dólares.
Fiscal de Guerrero afirma que Astudillo ordenó ejecutar a líder criminal “El Tequilero”
CHILPANCINGO, Gro.- El gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la ejecución de Raybel Jacobo Almonte El Tequilero, líder de un grupo delictivo que opera en el municipio de San Miguel Totolapan, al que se le atribuyen una estela de secuestros masivos en la convulsionada región de la Tierra Caliente.
Lo anterior fue revelado por el fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, quien ayer visitó la comunidad de San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del progreso, escoltado por un centenar de policías ministeriales.
La semana pasada un comando secuestró a 10 habitantes de este lugar y hasta el momento han sido liberadas tres víctimas.
Frente a los pobladores, Olea Peláez dijo textual: “La orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al Tequilero, sino acabarlo, darle pa’bajo”, expresó el funcionario estatal haciendo uso del argot delincuencial cuando una persona es sentenciada a muerte o ejecutada.
Insistió en decir que la intención del gobierno de Astudillo no es detener al presunto delincuente afincado en la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan y compadre del exalcalde y actual diputado local priista, Saul Beltrán Orozco.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate (de las siete personas plagiadas), y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”, indicó Olea Pelaez, quien en las imágenes difundidas por el gobierno estatal aparece con una pistola tipo escuadra fajada al cinto que contrasta con su atuendo normal de mocasines y camisas de lino.
Sobre esta visita que realizaron el fiscal y policías ministeriales a San Jerónimo, el gobierno estatal informó que se trata de un operativo apoyado por agentes del estado de Michoacán para confrontar a la gavilla de El Tequilero.
El despliegue policiaco en la zona se enfoca en San Miguel Totolapan donde tiene su bastión el presunto delincuente que asumió el control de esta zona durante la administración del exalcalde de este municipio, Saúl Beltrán Orozco, un reconocido priista y financiador de la campaña del actual gobernador Héctor Astudillo Flores.
Durante más de cuatro años, la banda de El Tequilero ha sembrado el terror en esta franja de la Tierra Caliente donde mantiene una confrontación abierta con el grupo delictivo de La Familia Michoacana, afincada en Arcelia.
El año pasado en la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan surgió un grupo de autodefensa ante los embates de El Tequilero y esta semana, los pobladores de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del progreso decidieron tomar las armas tras el secuestro de 10 vecinos de este lugar.
Este hecho alcanzó proyección mediática nacional y es ahora que el gobierno de Astudillo anuncia que está enfocado en eliminar a El Tequilero, un personaje que fincó su imperio de terror al amparo del poder político en la Tierra Caliente de la entidad donde el narco lo controla todo.
Economía cayó en “bache” de desaceleración y no se sabe cuando saldrá, alerta Banxico
Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México (Banxico), advirtió que la economía mexicana está en una etapa de plena desaceleración, de la cual es complicado saber cuándo saldrá por la incertidumbre que hay en el entorno global.
Guzmán Calafell sostuvo, en una reunión en el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Universidad Anáhuac, que se espera que este año el crecimiento económico sea menor al de 2015.
Luego sentenció: “La actividad económica en México registra tasas de crecimiento por debajo de su potencial y se encuentra en una fase de desaceleración”.
También explicó que “durante los primeros nueve meses de este año, el PIB mostró un crecimiento anual de 2%, que se compara con una cifra de 2.7% en 2015. En este contexto se espera que nuestra economía muestre un crecimiento moderado en 2016, aunque inferior al del año previo”.
No sólo eso, alertó, pues saber cuándo saldrá la economía mexicana del “bache” en el que se encuentra será complicado, ya que tras el resultado electoral en Estados Unidos priva la incertidumbre.
“Es muy difícil en este momento hacer una estimación de la trayectoria de la economía mexicana en 2017 y en años posteriores, en virtud de que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y sus posibles implicaciones han generado un entorno de incertidumbre particularmente marcado para la evolución futura de la economía mexicana”.
Cabe recordar, subrayó el funcionario de Banxico, “que la nueva administración estadunidense ha contemplado la introducción de medidas que podrían afectar los flujos de comercio y de remesas entre nuestros dos países”.
En el caso de la inflación, explicó que, con la liberalización de los precios de las gasolinas el próximo año, se espera que en 2017 el aumento de precios sea más elevado al registrado este año, aunque todavía dentro del rango de 3% previsto como meta de Banxico.
Constituyentes aplazan de nuevo entrega de dictámenes
El pleno de la Asamblea Constituyente aprobó prorrogar la entrega de dictámenes a los artículos del proyecto de Constitución Local del 30 de noviembre al 10 de diciembre, a partir del acuerdo adoptado por la mesa de consulta el pasado martes, a fin de dar oportunidad a algunas comisiones que tienen una mayor carga de trabajo, el desahogo de las audiencias, análisis y dictaminación de sus iniciativas.
Durante la sesión de este viernes, el diputado de Morena Javier Quijano y Baz informó que presentó un amparo en contra de la conformación del constituyente con 14 diputados designados por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado de la República, pertenecientes a los mismos órganos legislativos federales.
El legislador explicó que el recurso no fue admitido por el juzgado quinto de distrito en materia administrativa. Contra el acuerdo correspondiente de inadmisión presentó una queja que se turnó al quinto tribunal colegiado y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su atracción, y el pasado miércoles el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea resolvió atraer el caso.
“Esto hace que la naturaleza jurídica y la calidad jurídica de las personas que están aquí ejerciendo su cargo está totalmente sub judice” y anunció que en esa situación: “Nosotros vamos a llevar nuestra propia lista y nuestro propio conteo de votos, porque en nuestra opinión este amparo prosperará, de manera tal que 28 senadores y diputados no pueden votar y así tendremos que ver cómo se acuerdan las cosas de hoy en adelante”, señaló.
El presidente de la mesa directiva Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que la Asamblea Constituyente se apegará a lo que resuelva la Corte.
A partir de un pronunciamiento de la misma mesa con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, legisladoras constituyentes aprovecharon censurar la actitud del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, quien durante su comparecencia en la Cámara de Diputados respondió a una diputada que “desgraciadamente no estudié siquiatría para entenderla a usted”, y exigieron su destitución.
Trabajadores estatales acusan a Gabino Cué de desvío de 170 mdp
Oaxaca, Oax. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (Stpeidceo) tomaron las instalaciones de Ciudad Administrativa y Judicial, complejos gubernamentales en el que operan las diversas secretarías estatales para exigir una explicación con respecto al presunto desvío de más de 170 millones de pesos.
Los empleados acusaron directamente al gobernador, Gabino Cué Monteagudo del desvío del recurso que se obtiene de las cuotas de los más de 7 mil trabajadores estatales, y demandaron se explique el destino del dinero.
Acusaron también a su dirigente, Felipe Cruz Pinacho de haber permitido este presunto desvío, ya que él debe aprobar en dado caso la utilización de estos recursos.
Gobierno de Oaxaca adeuda 5 mdp a municipio
Tlalixtac de Cabrera, Oax. Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Sindicato Libertad bloquearon el crucero de Tlalixtac y protestaron en Ciudad Administrativa -complejo gubernamental- para demandar el pago de 5 millones de pesos por unas obras de pavimentación.
El presidente municipal de Tlalixtac, Javier Santiago Vásquez, señaló que su administración inició la pavimentación de un camino que lleva al centro de salud de la comunidad, cuyo costo estaba proyectado en 7 millones de pesos, sin embargo, el gobierno de Gabino Cué solamente les entregó dos millones y se ha negado a dar el resto.
Esto ha derivado en que el ayuntamiento adeude una serie de pagos a ambas organizaciones, motivo por el cual tanto CTM como el Sindicato Libertad decidieron apoyar a las autoridades municipales y exigir al gobierno de Tlalixtac.
Concluye peregrinaje de indígenas en San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Después de peregrinar a pié y en vehículo durante 12 días por once municipios para expresar su oposición a los proyectos extractivos, pedir por la paz y por la defensa de la madre tierra y la vida digna de los pueblos originarios, más de mil indígenas arribaron a esta ciudad y dieron por concluida la movilización con un mitin y un pronunciamiento en el que informaron su decisión de sumarse a la propuesta del Congreso Nacional Indígena de consultar en nuestras comunidades sobre la decisión de participar en las próximas elecciones presidenciales con una candidata indígena independiente.
“Compartimos el mismo objetivo y creemos que es necesario fortalecer la voz de nuestros pueblos indígenas en la agenda política; por eso queremos llevar esta iniciativa a nuestras comunidades y municipios”, dijeron.
Agrupados en el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), los peregrinos comenzaron el recorrido el 14 de este mes en el municipio de Salto de Agua, ubicado en el norte de Chiapas.
Luego de visitar 11 municipios en los cuales se les fueron sumando otros pobladores, los peregrinos encabezados entre otros por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco del municipio de Simojovel y vicario pastoral de social diocesana, entraron a esta ciudad a las 12 horas, luego de caminar más de 12 kilómetros desde la comunidad de Rancho Nuevo.
A la entrada de esta ciudad se les sumaron cientos de integrantes de otras organizaciones, entre ellas de mujeres, maestros, estudiantes e integrantes de la diócesis de San Cristóbal, por lo que el contingente superó las dos mil personas.
Durante un mitin efectuado a un costado de la catedral, los peregrinos afirmaron que “el problema con el gobierno no es sólo que no entiende nuestras culturas, sino que quiere dividirnos, nos enfrenta y atenta contra nuestra vida comunitaria”.
En un pronunciamiento, agregaron que “ya no es posible acabar con el mal gobierno desde cada municipio ni luchar contra el gran capital desde cada trinchera, sino que es necesario que cada pueblo sienta suyo el problema de otra comunidad”.
Manifestaron que “la organización comunitaria es nuestra arma contra la división, la cura para el miedo y para alimentar la esperanza entre nuestros pueblos. Como pueblos originarios sentimos que nuestra pertenencia comunitaria a la Madre Tierra es nuestra espiritualidad, por lo que creemos que no sólo tenemos que denunciar la destrucción de nuestro territorio por la ambición de los proyectos extractivistas, sino cuidarla, través del fortalecimiento de nuestras raíces comunitarias”.
Abundaron: “Nos sentimos llamados a denunciar los signos de muerte que aparecen en nuestro territorio y anunciar el espíritu de vida comunitaria que surge de nuestra cultura. Somos pueblo creyente en movimiento”.
Expresaron que han reflexionado “sobre el sistema de partidos que parten a la comunidad y por eso buscamos otras alternativas, como el gobierno comunitario. No sólo buscamos la autonomía, sino que queremos una autonomía comunitaria, que rescate la herencia cultural que nos dejaron nuestros abuelos”.
El sacerdote Marcelo Pérez, de origen tzotzil, explicó que el grupo de base de entre mil y mil 500 personas peregrinó los 12 días, aparte los que se sumaron en el camino sólo por tramos.
La movilización finalizó a las 14 horas con una misa en la que participaron varios sacerdotes y religiosas de la diócesis de San Cristóbal.
Liberan a 81 víctimas explotadas en rancho de Coahuila
Gracias a una denuncia ciudadana personal de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y efectivos del Ejército mexicano, rescataron a 81 personas que estaban en condiciones de esclavitud en un rancho productor de tomate, en el estado de Coahuila. En la propiedad existía una tienda de raya para los trabajadores agrícolas.
El Ministerio Público Federal informó que la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa), cumplimentó una orden de cateo obsequiada por el juez segundo de distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, y al dar seguimiento a una denuncia ciudadana se corroboró que decenas de personas eran tratadas en condiciones de esclavitud en el rancho ‘Nidia Edith’, que se localiza en la carretera antigua a San Pedro de las Colinas.
De acuerdo con el contenido de la carpeta de investigación, en el rancho “se encontraban personas en condiciones laborales irregulares e infrahumanas en el cultivo de jitomate, incluso contando con tienda de raya”.
Las autoridades rescataron a 68 hombres y 13 mujeres originarias de diversos estados de la República, quienes quedaron bajo resguardo del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en tanto que el Ministerio Público Federal aseguró el inmueble y detuvo a siete personas, entre ellas el responsable del rancho.
El agente del Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, en contra de quien o quienes resulten responsables.
Otro juez niega amparo a Javier Duarte
El juzgado 11 de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, le negó la suspensión provisional solicitada por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, para no ser detenido.
A través del Consejo de la Judicatura Federal se dio a conocer la decisión del juzgador, el cual determinó que Duarte de Ochoa no goza de fuero constitucional.
El juez consideró negar la protección de la justicia federal, porque el delito que se le imputa al mandatario con licencia es delincuencia organizada y por lo tanto, ese ilícito amerita prisión preventiva.
De esta manera, en la resolución judicial se menciona que “al gozar de licencia en su encargo público, el quejoso no cuenta con fuero constitucional. En tal virtud, las autoridades podrían cumplimentar la orden de aprehensión”.
De acuerdo con este juicio de amparo, la orden de aprehensión que existe en contra de Javier Duarte fue emitida por el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la Ciudad de México.
Con la tramitación de este amparo, Duarte de Ochoa buscaba la protección de la justicia federal y buscaba no ser aprehendido, señalando que tiene fuero constitucional, pero ahora judicialmente ya se estableció que no goza de esa protección.
Decir "basta" a las agresiones, pide EPN a las mujeres
Irapuato, Gto. Con un llamado a las mujeres a decir "basta" a las agresiones en su contra, así como a los hombres a deponer el machismo y detener su actuar violento, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que su gobierno está determinado a erradicar ese extendido problema.
Al mismo tiempo, el mandatario llamó a no politizar las alertas de violencia de género contra las mujeres en los estados del país y hacer un trabajo coordinado y efectivo contra esa practica.
Cuando en estos días se da una intenso reclamo por parte de diputadas federales por las expresiones hacia una de ellas por parte del secretario de Desarrollo Social (Sedesol) Luis Miranda, y a las cuales se ha definido como machistas y misóginas, el presidente Peña insistió en la necesidad de promover el respeto reiterado y permanente entre mujeres y hombres.
Al conmemorar aquí el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario dijo que ese objetivo convoca a tres tareas centrales eliminar el machismo en todas sus expresiones; apoyar a las mujeres a ser independientes económicamente y así ayudarles a vencer el temor de dejar el espacio de violencia por no sentirse seguras y capaces de tener una vida productiva; y, fomentar la sana convivencia entre las personas, especialmente en el hogar.
Admitió que en México todavía existen millones de mujeres víctimas de violencia y que también las agresiones son parte de una cultura "que queremos erradicar " porque no se trata de algo genético, indicó Peña Nieto.
Resaltó que esta administración dio por primera vez un enfoque trasversal de género a todas sus políticas publicas.
Y de forma reiterada llamó a los hombres a no aprovecharse de que muchas veces tienen mayor fuerza física para incurrir en maltrato que, por lo demás, señaló también, la mayoría de las veces ocurre dentro del seno familiar.
Además, pidió a quienes han atestiguado casos de violencia contra la mujer, tener el valor de denunciar porque de lo contrario, dijo, se convierten en cómplices.
Respecto a las alertas de género en las entidades, indicó que antes de 2015 aquéllas no se habían decretado por una suerte de juego "burocrático y político " que parecía, al decretarla, estigmatizar a los Estados en tal condición.
Pero ahora, dijo, se han emprendido desde la administración federal, acciones coordinadas con las autoridades locales donde hay denuncias, para investigar, y de ese modo, los gobiernos locales dejen de temer a ese proceso.
Actualmente existen 20 procedimientos de Alerta de Género en 19 estados del país.
Cambio jurídico a militares, riesgo a los derechos humanos: especialistas
Otorgar mayores facultades al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública, “representa un riesgo, y el futuro no sería nada halagüeño porque restaría legitimidad a las fuerzas armadas, fenómeno que podría seguirse socavando en los próximos años”, coincidieron especialistas de la UNAM, del CIDE y de organizaciones civiles que acudieron a la Cámara de Diputados.
Durante el foro ‘Alternativas para una seguridad no militarizada en México’ se advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas armadas implicaría un riesgo en materia de derechos humanos: con la expansión de las tareas del Ejército se está perdiendo la multifuncionalidad del fenómeno de la seguridad púbica; la prevención y otras dimensiones de un fenómeno tan complejo quedan ocultos con la presencia de la coerción militar para solucionar esos problemas.
Carlos Silva especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que es necesario “ahondar los diagnósticos de los que hoy en día carecemos, para saber en qué punto se puede limitar la participación militar, y aumentar la participación civil (en actividades de seguridad pública), pero esto no es el camino que se está transitando, es el camino inverso que nos hace pensar que el futuro no sería nada halagüeño en ese sentido, comprometiendo la participación de las fuerzas armadas, porque una fuerza sin control es una fuerzas que genera costos para la población. Eso sería una consecuencia grave para la propia legitimidad del Ejército, que se podría seguir socavando en los próximos años.
Vidal Llerenas diputado por Morena, refirió que entre la sociedad se ha impuesto una narrativa, desde el poder, de “que tenemos un grave problema de seguridad pública, que no hemos podido construir policías locales confiables, y la única opción es el Ejército, que cuando llega el Ejército las cosas mejoran”.
También Catalina Pérez Correa González reprochó la intención de garantizar la suspensión de garantías a las actividades del Ejército en seguridad pública. “Lo que ahí se establece es que sea lo más fácil posible suspender las garantías constitucionales, cuando tendría que ser lo más extraordinario y lo más difícil de hacer”.
SG y Acnur analizan incremento del flujo migratorio
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Humberto Roque Villanueva, se reunió hoy con el Alto Comisionado Adjunto de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), George Okoth-Obbo.
Analizaron el incremento del flujo migratorio en México.
Igualmente el reciente incremento del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; las medidas para favorecer alternativas de alojamiento ofrecidas a solicitantes de la condición de refugiado, especialmente las relacionadas a la salud.
Estuvieron también el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; la directora de la Oficina para las Américas, Renata Dubini; el oficial de Protección (legal) con sede del Acnur en Ginebra, José Francisco Sieber, y la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Sandra Velasco Ludlow.
Los funcionarios se comprometieron a seguir trabajando en conjunto, informó la Secretaría de Gobernación.
INE ordena a diversos medios no promocionar a Moreno Valle
La revista TV Notas deberá suspender la difusión de propaganda con el nombre e imagen del gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, porque podría constituir promoción personalizada del servidor público.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó lo anterior a la empresa que edita esa revista y al propio gobernador tras considerar que diversas inserciones aparecidas en dicha publicación violan la ley electoral.
En una se promociona la entrega de la medalla al mérito de la Fundación UNAM al padre del gobernador, Rafael Moreno Suárez. Esta fue ordenada por una empresa privada, ya que la Fundación UNAM negó haber pagado por dicha inserción.
Además en TV Notas aparecieron otras inserciones relacionadas con inversión en infraestructura y salud, que promocionan la imagen del servidor público con el mismo eslogan: “el gobernador que transformó Puebla”.
Por el voto de dos consejeros, la comisión también instruyó a Sky, Cablevisión y Megacable que no difundan en el futuro promocionales con el nombre e imagen de dicho gobernador, luego de que un ciudadano denunciara la transmisión de uno donde se invita a los televidentes a ver una entrevista con ese funcionario.
Aunque el área ejecutiva del INE proponía declarar improcedente la medida cautelar, porque no contaban con las pruebas de la difusión de ese promocional, las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela votaron porque se declarara una tutela preventiva dada la sistematicidad con la que aparece propaganda de dicho gobernador.
Galindo planteó que parece haber una intención de “darle vuelta a la ley” en este y en otros casos resueltos por el instituto relacionados con el político panista.
