De cara a 14 comicios estatales, el PRI-gobierno se está regalando un gran pastel de primer aniversario de su retorno al poder federal. Tal como (casi) todos sabían, pero temían confirmar, el catálogo de malas artes que sirvió para imponer a un candidato a la Presidencia de la República es ahora una suerte de manual de operación institucional: los gobernadores priístas y sus tesorerías a cargo del financiamiento y la protección de los equipos de defraudación política, y el gobierno federal y sus arcas, sobre todo la del área de Desarrollo Social, al servicio de las planillas de tres colores.
Pero esa reimplantación de los más burdos métodos priístas de adquisición de cargos públicos o de representación popular no sería tan exitosa si no fuese acompañada de una modificación profunda del ánimo político y social de buena parte de los mexicanos que, a un año de las elecciones presidenciales, han visto decaer, en algunos momentos con visos de extinción, las de por sí poco confiables alternativas partidistas opositoras al mencionado PRI-gobierno. En un año, el PAN y el PRD han confirmado sus peores prendas, entre escándalos por dinero y posiciones políticas en el flanco derechista y una indecorosa entrega del perredismo cupular a los intereses del peñismo.
En tal foro desaseado, el dirigente formal del PAN, Gustavo Madero, pretende dar voces de alerta que aun correspondiendo a la realidad no reciben la atención adecuada porque suenan más a chantaje por Baja California que a un genuino esfuerzo corrector. Cierto es que en la mayoría de los estados donde habrá elecciones el próximo domingo existe una apabullante presencia de especialistas en la defraudación electoral a favor del PRI, y que Los Pinos y Gobernación solamente han montado un espectáculo de aparente condena y corrección de esas tendencias detectadas, pero también es cierto que Madero, como el perredista Zambrano, se han prestado al show original, el del Pacto por México, que ha sido la clave para la instalación y el desarrollo del plan priísta de larga estancia en el poder a partir de la compra aplastante de las elecciones del año pasado.
La institucionalización de la mapachería electoral y del pactismo cupular significan el abatimiento de la competencia en comicios y pretenden instalar un largo ciclo de control político al costo que sea. Las reformas correspondientes al segundo periodo salinista necesitan de una ‘‘estabilidad’’ en el poder para dar garantías a socios e inversionistas extranjeros. Frente a los negocios por venir, la tesis del ‘‘fraude patriótico’’ vuelve a revolotear sobre las urnas, hoy en los procesos electorales en casi la mitad del país y en 2015 en la renovación de la Cámara de Diputados. Con más razón en 2018, cuando el PRI considerará su obligación el seguir en Los Pinos mediante los artificios que sean necesarios, ya no solamente con los mecanismos Monex o Soriana, por citar algunos ejemplos de la modernizada doctrina de la adquisición mercantil del poder político.
A los ingredientes tradicionales de la adulteración electoral han de añadirse ahora los peligros derivados de la actividad sin control (o, en algunos casos, con gran control) de la delincuencia organizada. En varias partes del país se han producido en días recientes atentados y amenazas contra candidatos y dirigentes partidistas, en una confirmación inequívoca del papel determinante que ese poder oscuro tiene en la actualidad. Los cárteles no gubernamentales (aunque algunos de ellos con interacción permanente con grupos políticos) mantienen influencia mediante el apoyo económico a los candidatos de su preferencia, pero ahora han pasado a la fase del veto mediante amenazas a los indeseados y, en ocasiones, agresiones directas a ellos o sus familiares.
El uso de la violencia delincuencial para definir escenarios electorales sería la última tuerca a apretar en el nuevo carro completo del priísmo (un carro calculadamente engañoso, pues puede permitir el ‘‘triunfo’’ de opciones ‘‘opositoras’’ previamente negociadas a cambio del asentimiento de PAN y PRD en otros terrenos de interés especial de Los Pinos: ese nuevo carro completo no significa que en todos los comicios la victoria oficial sea para el PRI, sino para el proyecto de control priísta, que concede posiciones a sus aliados que practican una oposición solidaria.
El asomo de candidaturas realmente comprometidas con los ciudadanos está virtualmente cancelado mediante el monopolio de las postulaciones que ejercen los partidos políticos (en algunas entidades juegan a las ‘‘candidaturas ciudadanas’’ mediante procedimientos enredados y difíciles de alcanzar, que en los hechos son solamente una burla más, como sucede en SLP). Además, las elecciones se deciden hoy mediante el uso intensivo de recursos económicos que no provienen de las fuentes oficiales, que son insuficientes ante el flujo desbordado de dinero obtenido mediante compromisos de los candidatos con grupos de presión, entre ellos los relacionados con el crimen organizado. Y, ahora, cualquier postulación que sea mal vista por los poderes delincuenciales deberá ser retirada de la competencia por amenazas que se cumplen, como ya se está viendo en diversas entidades. ¿Democracia? ¿Elecciones libres? ¿Participación ciudadana? Nada de eso: los trazos de un año atrás se vuelven hoy regla política. El PRI ha encendido su primera velita en el pastelazo del retorno al poder, y su deseo de cumpleaños es seguir en el poder, en los planos federal y estatales, muchas décadas más.
Y, mientras el senador panista Fernando Yunes Márquez, hijo del enriquecido ex director del Issste Miguel Ángel Yunes Linares, ofrece 50 mil pesos a cada persona que dé pruebas de mapachería priísta en Veracruz (¡Vaya fortuna que se necesita para sostener una propuesta así!, aunque él dice que gastará su sueldo, sus ahorros y, de ser necesario, se endeudará), ¡hasta mañana, con Gobernación afinando el plan de ‘‘monitoreo’’ de la actividad de los ‘‘influenciadores’’ en redes sociales, según adelanto dado a conocer por Gustavo Castillo en La Jornada de este lunes!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
