Involuntariamente, el solemne procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam, le puso números a una forma razonada de acercarse al entendimiento de fondo del fenómeno social del narcotráfico y la delincuencia programada. Al dar los primeros resultados de la indagación insólitamente rápida de un par de los cientos de asesinatos similares que suceden al mes a lo largo del país, en este caso el del vicealmirante y uno de sus acompañantes en Michoacán, el ex gobernador de Hidalgo mencionó que los atacantes del alto mando marino recibían cada 30 días unos 7 mil 500 pesos como una suerte de salario.
Baja monta, si se compara con lo que la élite mexicana puede gastar en una noche de fiesta o algún producto de moda, pero una apreciable cantidad en las manos de los millones de mexicanos que sobreviven no sólo en condiciones de miseria sino, sobre todo, sin esperanza alguna de mejoría o desarrollo. Los olvidados de México (aprovechando la efemérides relacionada con Luis Buñuel) que se hacen presentes en la crisis nacional como sicarios, ya no solamente para allegarse los recursos económicos que la realidad institucional les ha negado de por vida sino, además, para ejercer salvajes formas de revancha social, de venganza contra el clasismo, la discriminación y la exclusión.
Los indicadores económicos de la contratación laboral por las empresas trasnacionales de exportación, manejadas por mafiosos mexicanos (se habla de los miembros de los cárteles oficiales de delincuencia organizada, no de los políticos en el poder), muestran el papel vital de esa actividad jurídicamente cuasi perseguida pero social y económicamente mucho más que tolerada (la economía nacional sufriría graves quebrantos si se interrumpiera el flujo de recursos y las operaciones empresariales apenas disimuladamente relacionadas con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada).
Ayer, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que en el país hay 53.3 millones de mexicanos en condición de pobreza, los que representan 44.5 por ciento de la población, un porcentaje menor al que había en 2010, cuando ascendía a 46.1 En pobreza extrema hay 11.5 millones de personas (nota de Angélica Enciso en La Jornada). ¿Cuántos de esos pobres o pobres extremos estarían dispuestos a rechazar un pago mensual de 7 mil 500 pesos por hacer lo que sus sanguinarios jefes les indiquen?
Mientras tanto, avanza una especie de restauración sesgada del espíritu calderonista de guerra contra el narcotráfico e identificación plena (confundible con la entrega) con las fuerzas armadas. En una ceremonia privada en instalaciones de la secretaría de Marina se realizaron los funerales del vicealmirante y el segundo maestre que fueron asesinados el lunes en un confuso episodio que tuvo como ingredientes una protesta de transportistas en una caseta de peaje, lo que habría obligado al jefe de la zona naval con sede en Puerto Vallarta, y a sus acompañantes y esposa, a tomar un desaconsejable camino secundario en el que fueron asesinados dos de esos viajeros por atacantes que, contra la costumbre en este tipo de incidentes, fueron detenidos con extrema rapidez y eficacia, pues de inmediato dieron pie a la versión oficial (¿cuántas versiones oficiales se dieron durante el calderonismo de hechos relevantes que luego acabaron en construcciones facciosas, en fabulación acorde con los intereses de las cúpulas?) de que eran miembros del cártel de Los caballeros templarios que junto con Los Zetas son los entes que han quedado fuera del rediseño sexenal del gran negocio estupefaciente.
El asesinato del vicealmirante Miguel Salazar Ramonet y del segundo maestre Francisco Ricardo Hernández (por cierto, el pésame oficial expedido por Peña Nieto en Twitter sólo mencionaba los apellidos y el grado del primer oficial: Mi sentido pésame a las familias del Vicealmirante Salazar Ramonet y del elemento de la Marina, como si los datos del segundo fueran menos necesarios que los del primero) tendrá como consecuencia, así sean indeseadas y no buscadas, la instalación de las condiciones de presunta justificación de una mano dura contra los Templarios que están fuera del proyecto que beneficia a federados del Pacífico y contra los manifestantes y opositores, todo a cinco semanas de que comiencen las protestas en forma contra los proyectos peñistas de expropiación de la renta petrolera y de la extensión impositiva a medicinas y alimentos.
Astillas
Sólo el estado de Veracruz es bello: la subsecretaria de educación básica de esa entidad, Xóchitl Adela Osorio, se congratula de que los libros de texto que imprimió la SEP para ser usados en el próximo ciclo lectivo contengan tantos errores como los que llevaron al secretario federal Chuayffet a poner el grito en el cielo, considerando que las 117 pifias detectadas son imperdonables (desde luego, adjudicadas a la administración anterior, la del calderonismo). A la práctica funcionaria veracruzana le parece, por el contrario, que tales equívocos son una inmejorable oportunidad para detectarlos: Cuando nos suceden esas cosas lo que hacemos es una limonada; si tenemos un limón, hacemos una limonada. Luego, siempre propositiva, añadió, como responsable del departamento de jugos y licuados pedagógicos, que eso es parte de una estrategia didáctica que los maestros utilizamos cuando sabemos que hay un error en el libro (...) los errores ortográficos en los libros de texto no son una novedad y los niños se sienten incluidos al detectarlos… Oportunismos gubernamentales y manipulaciones sentimentales desbordadas a propósito del niño maltratado en Tabasco por un funcionario municipal que en escena sublevante fue grabado mientras obligaba al pequeño a tirar al suelo los dulces (y cigarros al menudeo, según eso) que en una canasta expendía por las calles. En un México poblado por millones de infantes y adolescentes en situación de desgracia, autoridades se esmeran en atender el caso de uno de ellos, debido a su especial visibilidad mediática… ¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
