Un par de días después de las elecciones del 7 de julio, ya confirmado el triunfo del priísta Paul Carrillo de Cásares en las elecciones a presidente municipal de Benito Juárez, sobre la carretera federal, en la entrada del predio “El Tucán”, apareció de nuevo un espectacular del Dragon Mart Cancún.
En el anuncio puede leerse: “Aquí se generarán 8 mil 500 empleos. Que no te cuenten cuentos chinos. Infórmate”.
Sin embargo, de acuerdo con la periodista Isela Serrano, al acudir el sitio web (www.dragonmartcancun.com), la empresa nuevamente distorsiona los datos.
“En Dragon Mart se tiene previsto la generación en forma permanente de 8 mil 550 empleos directos y 3 mil empleos indirectos a mexicanos”, según el portal de Internet.
La suma de ambas cifras da un total de 11 mil 550 fuentes de trabajo de mostrador y vendedores, 200 estibadores, 200 puestos administrativos, mil 500 profesionistas, mil técnicos y mil puestos de mantenimiento, lo que suma 8 mil 900 puestos laborales.
Real Estate Dragon Mart Cancún ha acusado insistentemente que “intereses oscuros” generan confusión y desinformación entre la población, pero en su propia página de internet, en el que la empresa pide establecer un diálogo ciudadano, asegura que “ya en operación los 600 inversionistas expositores darán empleo a 7 mil 500 mexicanos”.
De acuerdo con Luces del Siglo, el proyecto Dragon Mart Cancún ha sufrido múltiples modificaciones: pasó de ser una inversión 100% china a ser un centro de exhibición, con capital 90% de origen mexicano, donde se promoverían productos provenientes de Brasil, Canadá, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Corea, Japón y Vietnam, pero más tarde, de ser un proyecto de comercio internacional, se convirtió en inmobiliario turístico.
PROBLEMAS DE FONDO
Al referirse al tema del espectacular que apareció en la carretera, Alejandra Serrano, coordinadora del sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), asegura que se trata de una estrategia de mercadotecnia por parte de la empresa, pero aclara que el proyecto continúa sin resolver los problemas de fondo y sigue sin tener la licencia de construcción, la cual le fue negada por el Ayuntamiento de Benito Juárez el pasado 24 de abril.
“El proyecto sigue siendo inviable desde la perspectiva de legislación ambiental. Seguimos en litigio en cuanto a la autorización que dio el gobierno del estado en materia de impacto ambiental y tenemos una denuncia que no ha resuelto la Profepa en cuanto a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental federal, que debe tener el proyecto”, dijo.
El Cemda, explicó, al no ser un partido político, ni estar abocado a cuestiones partidistas, sino de la aplicación de la ley, espera que las autoridades local, estatal y federal se aboquen a resolver el tema conforme a la ley. Interrogada respecto a si no teme Cemda que pueda comenzar a construirse el Dragon Mart sin contar con la licencia de construcción como ha ocurrido en otras ocasiones con la edificación de hoteles, centros comerciales y otros proyectos en Benito Juárez y la Riviera Maya, la abogada ambientalista respondió: “Es un proyecto que ha tenido mucho seguimiento.
No creo que los promoventes, a pesar de las omisiones legales que han tenido, lleguen a incurrir en una ilegalidad de este tamaño. Sería la cereza del pastel”. Reconoció que aunque en México es difícil la aplicación de la ley ambiental, sería sumamente delicado que ésta se manejara basada en un cambio de administración, cuando la ley sigue siendo la misma y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) no ha cambiado.
QUE PRESENTEN ACUERDO COMERCIAL CON CHINA
En entrevista por separado, Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dijo que los argumentos técnicos y legales contra el proyecto mantienen su vigencia, y los problemas que ha presentado consistentemente siguen siendo exactamente los mismos, a pesar de que cambie de partido la presidencia municipal.
El economista advirtió que si las preocupaciones en materia política comercial, industrial, migración y medio ambiente que se han denunciado siguen sin subsanarse, no existen argumentos para que un gobierno emprenda un proyecto, cuando se han demostrado las objeciones y resultados que provocaría. “El gobierno está para servir al pueblo, no está para estorbar el desarrollo de la sociedad. Si un proyecto va a afectar el bienestar de la población y el paisaje –tal como lo plantean los empresarios y grupos preocupados– no se debe ir en contra de los intereses de la población”, insistió.
En torno al proyecto, que consiste en 3 mil 40 locales, 722 viviendas, restaurantes, bodegas y una explanada, construidas en un terreno de 561 hectáreas en Puerto Morelos, Foncerrada Pascal manifestó que la administración del presidente municipal electo, Paul Carrillo de Cásares “tiene la enorme responsabilidad de volver a escuchar la opinión de la población”.
Durante su campaña, el candidato de la coalición “Para que tú ganes más”, integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, aseguró que el momento respetaría la decisión del juez, porque “mi partido es el de la legalidad”, dijo. Foncerrada Pascal hizo un llamado a empresarios y autoridades a presentar el acuerdo comercial con China y ofrecer una solución a los problemas que se han señalado. “Invitamos a que participen y opinen y si arbitraria o unilateralmente quieren llevar a cabo el proyecto, que sea bien señalado quién el responsable”, advirtió.
En tanto, el presidente de la agrupación Ombligo Verde, Tulio Arroyo, expuso que el ayuntamiento de Benito Juárez puede otorgar la licencia de construcción al proyecto, siempre que no haya violaciones de otras índoles, como las que señalaron expertos durante la instalación del comité de análisis del proyecto, realizado el 26 de febrero y convocado por el edil Julián Ricalde.
RAZONES DE LA NEGATIVA
Por la incompatibilidad con las disposiciones legales vigentes en el predio “El Tucán”, estar sobredensificado y presentar un proyecto diferente al autorizado por el gobierno de Quintana Roo, en el mes de abril el ayuntamiento de Benito Juárez negó la licencia de obra nueva a Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas.
La empresa acusó al municipio de haber politizado el tema con fines electorales y optó por demandar a la autoridad municipal, argumentando el incumplimiento del plazo en la entrega de la resolución. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, órgano que otorgó la ampliación de la demanda administrativa, por considerar que la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano demoró en la entrega de la resolución. Francisco Villarreal Escobedo, encargado de la Dirección del Jurídico municipal, informó en su oportunidad que el caso está en manos del magistrado doctor Manuel Ávila Fernández, y alertó que si hubiera una sentencia “a modo”, el fallo sería definitivo.
“Es la única instancia (…) como se trata de materia administrativa, la cual está en juicio un acto de autoridad, no existe legitimación para interponer el juicio de amparo”, señaló sobre lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia. El ayuntamiento impuso una multa de más de 2 millones de pesos a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún por haber removido 87 hectáreas de selva media en Puerto Morelos. Ante el silencio que mantienen las autoridades federales y ante la posible afectación que pudiera provocar el proyecto a la planta productiva nacional, la resolución del juez está pendiente y con ella el futuro de la economía del país.
Fuente: Sin Embargo | La Redacción
