Me parece mentira que la administración de la industria petrolera pueda ser puesta en manos de empresas privadas. Me temo que con ello se violaría de manera flagrante el mandato constitucional que atribuye a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, lo que incluye, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...
Estoy convencido de que en esa industria dependemos en gran medida del exterior, particularmente por lo que se refiere al suministro de materiales tecnológicos que sirvan para el montaje de los pozos petroleros y las refinerías que tienen a su cargo la transformación del petróleo en productos de consumo público.
Es cierto que México no cuenta con una industria capaz de fabricar los implementos necesarios para el establecimiento de los puntos de explotación y las refinerías, por lo que cabe presumir que en todo caso depende de la provisión externa. Sin embargo, eso no afecta al estricto cumplimiento del artículo 27 constitucional y en todo caso es un tema que se podrá resolver administrativamente sin renunciar al dominio que constitucionalmente se establece.
Es un hecho conocido que uno de los problemas mayores de nuestra industria petrolera deriva de la evidente intervención del sindicato en el manejo de la empresa, lo que ha provocado el encarecimiento del costo de explotación, pero lamentablemente sin beneficios notables en favor de los trabajadores.
En los hoy remotos tiempos en que Joaquín Hernández Galicia La Quina era el responsable principal del sindicato, las cosas no eran iguales y se manifestaban en el hecho de que la empresa mantenía una relación difícil con el sindicato, lo que no impidió que algunos funcionarios de segundo nivel del propio sindicato ejercieran actos de corrupción que fueron notables en sus tiempos.
Se afirma, sin embargo, que en gran medida la responsabilidad por el estado lamentable de la economía de Pemex es atribuible a la organización sindical, o por lo menos a su representante conocido, como es Carlos Romero Deschamps, lo que hace pensar en que la administración de Pemex ha mostrado notables debilidades con la representación sindical.
Si ese es el problema, como lo supongo, la solución no sería la cesión a empresas privadas, nacionales o extranjeras, de la explotación del petróleo, sino el cuidado extremo que impida las alianzas entre la organización sindical y la administración de Pemex.
Es claro que el gobierno habría de cambiar su vinculación con el sindicato colocando en lugar preferente la adecuada administración de Pemex, pero evidentemente que eso no podría hacerlo violando el principio fundamental de la autonomía sindical. Por supuesto que ese no es un obstáculo, ya que la administración pública ha hecho notable por mucho tiempo su rechazo a las organizaciones sindicales democráticas y su apoyo a las que se inclinan por favorecer los intereses empresariales, en lugar de defender a los trabajadores. Tenemos ejemplos de sobra, pero podríamos citar en primer lugar la situación del gremio minero y del Sindicato Mexicano de Electricistas, respecto de los cuales la actitud gubernamental ha sido sistemáticamente violatoria del principio de libertad sindical, anteponiendo supuestos intereses superiores a los de los trabajadores, y poniendo en juego la fuerza pública para destruir el derecho de huelga. Es claro que ello implica la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos previstos en el artículo 123 constitucional y hoy en condición deplorable a partir de la reforma panista y priísta a la Ley Federal del Trabajo.
Tal vez el ejemplo más doloroso lo constituye Pasta de Conchos, donde las autoridades laborales dejaron a un lado su responsabilidad principal de garantizar la vida y la seguridad de los trabajadores, apoyándose para ello en el total desprecio a las obligaciones que la ley impone a la inspección del trabajo y utilizando la fuerza pública para reprimir a aquellos trabajadores que ejercieron su derecho a protestar.
La pretensión del gobierno de poner en manos privadas el manejo de Pemex constituye la notable violación a una responsabilidad histórica que nació con la expropiación petrolera debida al general Lázaro Cárdenas.
El gobierno priísta de Enrique Peña Nieto no puede darse el lujo de olvidarse de la historia. Mejor sería que aplicara con energía los remedios para resolver los problemas de inseguridad que en este momento están afectando prácticamente a todo el país. Sería preferible que sus esfuerzos se aplicaran a organizar debidamente la condición de los cuerpos de policía en donde la corrupción tiene su mejor asiento, sin tratar de sustituirlos por el Ejército, que no nació para esas actividades.
Fuente: La Jornada
