El 18 de marzo pasado, aniversario de la nacionalización del petróleo, se llevaron a cabo en el Distrito Federal alrededor de 10 movilizaciones independientes entre sí. Tal vez la que más aglutinó participantes fue la de organizaciones sindicales independientes, o similares. De todos modos, hubo una gran diferencia con movilizaciones que se dieron en 2008, contra las iniciativas de ley al respecto sobre el petróleo y temas conexos. Especialmente en la fase final, las movilizaciones actuaron llegando incluso desde diferentes lugares y confluyendo.
La gran movilización, y la confluencia de fuerzas políticas, contribuyeron a que la iniciativa del gobierno del PAN tuviera varios reveses. Un ejemplo fue que se dejó fuera la intención del gobierno federal de que nuevas refinerías fueran construidas por empresas trasnacionales. Y el acuerdo de que una de ellas fuera construida por Pemex se tomó formalmente, aunque el gobierno saboteara su construcción. Ni una ni otra.
Ahora hay una división, formalmente no entre 10 como el 18 de marzo, sino porque un sector, visiblemente por la dirección del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumó al Pacto por México en su compromiso 57, que dice que se debe iniciar competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Esto implica que no sólo Pemex participará, sino que competirán con él empresas privadas. En los hechos, las refinerías y buena parte de las otras áreas mencionadas sólo se pueden construir ahora por empresas transnacionales.
Aquí hay sólo una división entre dos, no entre 10 como en el 18 de marzo. Lo menos que debería buscarse es la unión de quienes defienden plenamente a Pemex y en torno a quienes lo busquen. Estamos tomando lo de la refinación como ejemplo, pero necesitamos una defensa de Pemex más amplia.
Debería haber, por ejemplo, una plena unidad de la izquierda contra el hecho de que haya regiones petroleras con una plenitud de empresas extranjeras, que fueron traídas con el pretexto de que traían nueva tecnología que Pemex no tenía. Por ejemplo, Burgos se dividió en siete territorios enormes y se entregó cada uno a una empresa extranjera. Pues bien, en su conjunto, su producción de gas natural, que es lo que hacían, se cayó desde mil 515 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) hasta mil 269 mmpcd en 2012. La pérdida fue de 16 por ciento en estos tres años.
En Veracruz, entregada a contrato a trasnacionales, cayó la producción, en gas natural como en Burgos, de 922 mmpcd en 2007, a 538 en 2013, una baja de 42 por ciento.
Finalmente, se ha presumido de Chicontepec, paraíso de las trasnacionales pagadas carísimo, y se ha dicho que su producción aumenta. En lo que va del año, la previsión para éste era de 79 mil barriles diarios en enero, en junio ya iba a subir a 91 mil diarios, y en diciembre, a 105 mil. Pero la cruda realidad nos dice que el dato real más reciente, junio, fue de 67 mil barriles diarios, que equivalen a 74 por ciento de la previsión oficial para ese mes.
Ahora están por hacer otro concurso en Chicontepec, todavía más ventajoso para las trasnacionales que ganen (o sea, las más generosas con los funcionarios).
Estos ejemplos muestran que hay aspectos de Pemex que deberían unir en su contra a toda la izquierda.
La perforación de aguas profundas, gran dios de los gobiernos derechistas, y que con un dineral gastado no han dado ni un barril de petróleo, debería ser, también, combatida unificadamente por toda la izquierda.
Se ha estado concursando áreas de las llamadas maduras, de difícil extracción y desarrollo. Se han entregado a los ganadores áreas durante 20 y luego hasta 30 años. Toda la izquierda debería oponerse a éstas, y otras zonas que Pemex entrega, como en otros momentos lo hizo con otro tipo de superficies.
También se debería apoyar el desarrollo con equipos de Pemex, ingenieros de Pemex, equipos de perforación de Pemex y sobe la base de exploración de Pemex.
Reforma energética: ¿cambio constitucional?
Hay buenos documentos oficiales que permiten complementar bien el diagnóstico. Necesario –sin duda– para una buena reforma energética en la que –adivinemos– se ofrecerán elementos tanto para modificar la Constitución como para no hacerlo. Orientar la discusión sobre la reforma energética al dilema sobre cambiar o no cambiar la Constitución va a llevar a un callejón sin salida. Muchos quieren el cambio constitucional. Muchos no lo queremos. Argumentos en favor del cambio saltarán –una vez más– al debate. De inicio con esa burda caricatura de que sólo México y Corea del Norte no han cambiado su constitución. Para seguir con el dogma de que sólo la libre competencia garantiza la eficiencia, el cambio técnico y el desarrollo de las facultades productivas del trabajo. Y concluir con los ejemplos de Arabia Saudita y Noruega. Incluso con el que algunos llaman nuevo paradigma petrolero, es decir, Brasil. Sería muy interesante –lo digo muy en serio– saber qué piensa hoy Juan José Suárez Coppel de la conveniencia o aun la necesidad de un cambio constitucional en este proceso de reforma energética que estamos a punto de iniciar. De la posibilidad de hacer de Pemex –¡vaya que el mismísimo Bernardo Minkow lo señala!– una empresa de Estado, que opera en un monopolio, pero que es capaz de ser rentable y eficaz por sí misma, no por la renta petrolera, me permito completar. Igualmente interesante sería conocer la opinión de Jesús Reyes-Heroles González-Garza. Similarmente lo que a este respecto piensa hoy Luis Ramírez Corso. Incluso la opinión –también lo digo muy en serio– de Raúl Muñoz Leos. Y, al menos una más y de suma importancia, la de Adrián Lajous. También sería interesante escuchar a Carlos Ruiz Sacristán y a Francisco Rojas. ¿Por qué el Senado no se las solicita, como acaso lo hizo con algunas personas significativas de lo que podríamos llamar mundo del petróleo en ocasión de la reforma de 2008? ¿No sería útil conocer la opinión de algunos de los que han sido directivos de Petrobras o del ministerio de Energía en Brasil? ¿Saber qué piensan personeros de gran respeto de la empresa Statoil de Noruega y, sin duda, del ministerio de Energía de ese admirado país? ¿Y los correspondientes de la mágica Arabia Saudita? ¿Y el caso –tan interesante por lo demás– de Francia, especialmente en el caso eléctrico? Y así podríamos hacer una larga lista donde, sin duda, donde no debieran faltar algunos académicos mexicanos como Fabio Barbosa, Ángel de la Vega y Juan Carlos Boué –el estudioso exhaustivo de la renta petrolera– y que han dedicado su vida –sí, su vida– a estudiar nuestra industria energética. O extranjeros como Robert Mabro o, incluso, Bernard Mommer –el respetado investigador de las siete nacionalidades. ¡Y qué decir de la necesidad de una seria y cuidadosa consulta a la ciudadanía en nuestro país!
He leído con el mayor cuidado posible el expediente de cinco ensayos preparados por Nexos. Hay que leerlos. Incluso una y otra vez. Me refiero –por orden de exposición a los de Adrián Lajous, Juan Carlos Boué, John Scott, Bernardo Minkow y Manuel Rodríguez Woog. A más del ensayo de presentación. Asimismo, la propuesta cuidadosa que ha hecho en estos días el ingeniero Cárdenas, siempre tan atento e interesado –de casta le viene al galgo– en entender y proponer una salida a nuestra vida petrolera que no renuncie a los principios constitucionales de la propiedad y el manejo integral de nuestros hidrocarburos. Y concluyo que el debate apenas empieza. Y que hay mucha, pero mucha… mucha… mucha… ideología por ahí. Es legítimo –¡quién lo niega, por favor!– que haya no sólo opiniones divergentes y concepciones divergentes, sino –todavía más– intereses personales y de grupo divergentes. E, implícitamente, concepciones teóricas no sólo divergentes, sino enfrentadas. Pero no se vale presumir la falsa objetividad. Por mi parte desde hace varios años he tratado de presentar en este espacio de La Jornada mi concepción sobre los excedentes petroleros y sus diversos componentes: renta diferencia, renta absoluta, renta de monopolio, sobreprecios circunstanciales. Y ligar esta concepción a la tesis sobre la necesidad de sostener los principios constitucionales de propiedad y control nacionales de los recursos naturales –hidrocarburos, sin duda– y manejo integral de la industria, a través de organismos de Estado.
He defendido –a pesar de vicios y corrupciones– la necesidad de mantener ese poder social que representa la propiedad y el control nacionales de los recursos naturales. Esto me condujo a observar la necesidad urgente –debo confesar que lo planteé públicamente, al menos, desde 1986, es decir, hace casi 27 años– de una reforma fiscal de fondo que liberara excedentes petroleros para el fortalecimiento productivo de mediano y largo plazo no sólo de Pemex, sino de nuestra industria energética en pleno. ¡Por eso admiré y suscribí el Programa de Energía de 1980! E insistí desde entonces en evitar el manejo discrecional, dispendioso, absurdo y, finalmente, vergonzoso –como de hecho sucedió– de la mayor parte de esos excedentes petroleros. De 1978 a la fecha suman –no me lo va a creer usted– prácticamente el valor monetario actual del PIB anual de nuestro país. Ah, y por cierto, los gobiernos del PAN –de triste comportamiento– recibieron 63 por ciento de estos excedentes, solamente en 12 años. Y los del PRI –que tampoco admiro, por cierto– el 47 por ciento restante, en 24 años. ¿Cómo la ve usted? No se vale. ¿Verdad? De veras.
Fuente: La Jornada | Antonio Gershenson | José Antonio Rojas Nieto
