El pasado 21 de octubre, José Guadalupe Vidal García, de 17 años de edad, perdió la vida al recibir un impacto de bala en forma accidental, según la versión oficial.
El adolescente vivía en la comunidad de El Armadillo, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El día del “accidente” se encontraba en la localidad de Magdalena de Araceo, a tres o cuatro kilómetros de su casa. Eran aproximadamente las 13:00 horas.
La versión oficial proporcionada por dos elementos de la policía municipal que tripulaban una patrulla y se encontraban en el lugar de los hechos, es que el joven se cayó y al hacerlo se accionó un arma que acabó con su vida.
El certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno de Guanajuato consigna que la causa del deceso fue por “herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante a tórax”.
De extracción humilde, José Roberto Vidal Corona, padre de José Guadalupe y de otros nueve, se presentó la tarde del trágico día en la Agencia del Ministerio Público de Valle de Santiago, donde fue atendido por Luis Chávez Aguilar, agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Número 1.
Después de hacerle reiteradas preguntas, el agente preguntó al padre: “¿Quieres levantar una denuncia?”. Al no estar familiarizado con ese tipo de trámites, Vidal Corona respondió: “Por lo pronto no, porque yo no sé nada”.
Antes de abandonar la oficina, el Ministerio Público le dijo: “Voy a parar todo, busque usted pruebas para después continuar”.
Según la fracción primera del artículo 2 del Código de Procedimientos Penales, la función del Ministerio Público durante la averiguación previa es ejercer su facultad de investigar, realizar diligencias y recabar pruebas con la finalidad de resolver si ejercita o no la acción penal contra el o los responsables, sobre todo si se trata de una muerte por disparo de arma de fuego.
Pero no paró ahí, Chávez Aguilar entregó al padre de la víctima un documento dirigido al Semefo de la ciudad de Irapuato, ordenando la entrega del cuerpo de su hijo, lo que sucedió alrededor de las 11 de la noche.
Al recibir el cadáver de su hijo, el padre se dio cuenta de que además del impacto de bala, presentaba severos golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo, que le hicieron presumir que su hijo fue arrollado por el vehículo policial.
El viernes 25 de octubre y después de enterrar su hijo, padre y madre, se presentaron en el Ministerio Público de Valle de Santiago con la finalidad de presentar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable.
Sin embargo, dos policías ministeriales que se encontraban en el lugar les respondieron que en ese momento no había Ministerio Público de guardia.
Decidieron entonces comunicarse vía telefónica con el Ministerio Público que el día anterior ordenó la entrega del cuerpo de José Guadalupe.
Después de esa llamada, los policías ministeriales les informaron a los padres de José Guadalupe que hasta el lunes siguiente por la mañana, podrían ser atendidos para levantar el acta que, por ley, todo Ministerio Público está obligado a iniciar ante un deceso violento.
Ante esa respuesta, con el apoyo de familiares y amigos los padres de Vidal García intentaron comunicarse a la Comisión de Derechos Humanos de Guanajuato correspondiente a Valle de Santiago, pero tampoco obtuvieron respuesta.
Los padres de la víctima exigen justicia ante el abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos de que han sido víctimas.
Afirman que en el municipio, gobernado por el panista Leopoldo Torres Guevara, originario también de Valle de Santiago, existen antecedentes de agresiones por parte de la policía municipal en contra de la ciudadanía, lo que evidencia, entre otras cosas, la criminalización de la pobreza.
Fuente: Proceso| MARÍA LUISA VIVAS
