En el arranque de los foros: La protesta social y las marchas en la ciudad de México, organizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM reclamaron a los diputados locales que pretendan hacer “una simulación de debate” cuando ya aprobaron las modificaciones al Código Penal que eleva las sanciones de delitos como lesiones, robo y daño en propiedad ajena cometidos durante protestas públicas.
De entrada, un grupo de alumnos colocó en el acceso al auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM -donde se realizó el primer foro- un manifiesto en el que comparan la iniciativa promovida en el Senado de la República por el PAN para regular las manifestaciones públicas con el “Decreto Supremo 1086” del dictador chileno Agusto Pinochet.
En dicho escrito los estudiantes reclaman por los jóvenes que han sido detenidos en el desarrollo de movilizaciones, “casi 300 privaciones ilegales de la libertad”, y advierten que “como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal federal que contenía el tipo penal de disolución social”.
Luego de inaugurar el foro, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, reiteró en entrevista que la Asamblea carece de facultades para legislar sobre el ejercicio del derecho a la libre manifestación, y comentó, sin embargo, que el ámbito de su competencia se limita a disposiciones locales como la Ley de Transporte y Vialidad o la Ley que regula el uso de la fuerza pública. “Lo que nos convoca es buscar un equilibrio en el respeto a las garantías constitucionales y derechos concurrentes”.
En este primer foro participó el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, para fijar la postura del Partido del Trabajo, quien lamentó la ausencia del legislador federal panista Javier Lozano, quien estaba programado a su vez para presentar la postura de su partido, ya que en su exposición reclamó el “cinismo” de dicho instituto político de pretender restringir el derecho a la libre manifestación cuando el exacerbamiento de la población, que solamente tiene esa vía para pronunciarse, es resultado de los 12 años en que estuvieron gobernando este país.
Por parte de Acción Nacional, así como del PVEM, fijó un posicionamiento el académico de la misma Facultad de Derecho de la UNAM, Manuel Martínez Billé-Goyri, quien se pronunció a favor de una eventual regulación de las marchas, al igual que lo hizo Ismael González Martínez, quien leyó un escrito del diputado del PRI Fernando Espino y también el diputado Jorge Gaviño de Nueva Alianza.
El foro contó con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de Ricardo Ortega Soriano, titular del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, quien anunció que el organismo trabaja en la elaboración de un diagnóstico para construir “alternativas integrales donde las restricciones a derechos no sean las herramientas más importante de la política pública”.
Se trata, dijo, de tener una visión integral para evitar caer en un espacio en el que se piense que hay soluciones absolutas y el derecho de la libre manifestación tenga que restringirse para proteger otros derechos, apuntó.
Fuente: La Jornada| Angel Bolaños
