Quien intente convertirla en mercancía enfrentará una lucha social y legal: Cocyp
Ceder el manejo del líquido demuestra la incapacidad del gobierno, asegura José Jacobo Femat
Impediremos la privatización del agua; es un recurso natural, no una mercancía, sostuvieron Valentín González Bautista, integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).
González Bautista comentó que la postura del gobierno de privatizar el agua demuestra la incapacidad de la autoridad para enfrentar el grave problema del líquido, su saneamiento y equitativa distribución para garantizar que los mexicanos tengan acceso al recurso, en pureza y en cantidad, que le garantice el derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución.
El también dirigente de la Unión General de Organizaciones Campesinas de México insistió en que la concesión o intervención en el manejo del agua por la iniciativa privada no resuelve el problema de escasez, potabilización, desperdicio, pérdida en las redes, ni garantiza renovación de plantas y actualización tecnológica. Quien tenga en mente privatizar el agua se va a enfrentar a un reclamo social y a una lucha legal, subrayó.
José Jacobo Femat, presidente de la Cocyp, también rechazó la postura del gobierno de transformar los organismos operadores en una figura empresarial administrada por prácticas corporativas (La Jornada, 28 de junio). Destacó que otorgar concesiones hasta por 30 años a empresas privadas atenta contra el futuro de la vida humana y pone en riesgo la producción de alimentos.
Advirtió que también llevará a la quiebra a millones de pequeños y medianos agricultores, afectaría la producción de alimentos y provocará graves problemas de confrontación social. Las actividades productivas agrícolas, pecuarias y acuícolas demandan grandes volúmenes de agua; lo que se requiere es mejorar, modernizar y ampliar de inmediato la infraestructura de riego, optimizar el uso del agua e inversiones en tecnología para elevar los rendimientos por hectárea.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) asentó que el reto de México y los países centroamericanos es abastecer de agua potable a sus respectivas poblaciones. En México, 15 millones de personas, la mayoría habitantes de zonas rurales, no tienen agua potable en sus domicilios.
El recurso, un asunto estratégico
La Coalición Agua para Todos, Agua para la Vida e investigadores demandaron en una carta a los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales rechazar la propuesta de reforma al artículo 28 constitucional, en la cual se plantea considerar a las aguas nacionales como actividad prioritaria en vez de asunto estratégico del país.
En un comunicado se informó que representantes de la coalición entregaron el lunes una carta al cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados en la que manifiestan su preocupación por la iniciativa, la cual está previsto que se discuta en la junta directiva del citado órgano.
En el texto de la misiva se menciona que el agua es un bien público y común, proveniente de la naturaleza. La propuesta arriba mencionada es incompatible con la reciente reforma del artículo cuarto constitucional que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento. La reforma de 2012 exige la aprobación de una Ley General de Aguas que establecerá la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico.
De acuerdo con el texto, el actual sistema de concesiones ha llevado al acaparamiento del agua para algunos y la marginalización hídrica para muchos, por lo que las organizaciones se han alineado para exigir la aprobación de la Ley General de Aguas.
Demandaron a los legisladores dictaminar en sentido negativo y rechazar la minuta de la iniciativa que fue presentada en 2006, ya que dejaría la gestión del agua en manos privadas y en función de los mecanismos del mercado en contradicción con el derecho humano al agua y saneamiento que obliga al Estado a garantizar esa facultad.
Fuente: La Jornada | Matilde Pérez U.
