El diputado por el Partido del Trabajo (PT) Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que, pese a la exoneración de militares acusados de vínculos con el narcotráfico, no hay una acción decidida del gobierno actual para investigar los excesos cometidos en el sexenio de Felipe Calderón.
Persiste el encubrimiento para el régimen anterior, señaló en entrevista. “Incluso vemos cómo acaban de nombrar cónsul en Milán (Italia) a una de las responsables (la ex procuradora general de la República), Marisela Morales… Sin duda, la impunidad está solapada por el Ejecutivo actual y el Poder Judicial”, señaló.
Por su parte, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, aseguró que la liberación de los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como la del teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, representa un verdadero ridículo para el sistema de justicia, con el consiguiente daño que ello hace a las instituciones de la República.
Eso que Calderón declaró, que encontró un Estado fallido (cuando llegó a la Presidencia), así se lo habrá dejado (su antecesor, Vicente) Fox, pero él lo dejó peor, sostuvo el perredista.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, lamentó que, pese a quedar de manifiesto la manera en que se ejerció la justicia durante el gobierno de Calderón, no se le pueda aplicar juicio político al ex presidente.
Hay una serie de juicios y denuncias interpuestas (al respecto), el problema es que necesitamos correlación de fuerzas para proceder contra Calderón y no hay voluntad de otros partidos para llevarlo a juicio político, afirmó.
Dijo que son muchos los casos por los cuales se podría proceder contra el ex presidente: además de las detenciones de generales y otros militares, citó las víctimas del michoacanazo (operativo policiaco militar que llevó a cabo el anterior gobierno federal para lograr la detención de presidentes municipales y altos funcionarios de Michoacán, acusados por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado) y las detenciones de policías en Acámbaro, bajo la misma acusación.
Fuente: La Jornada | Alma E. Muñoz
