El teniente Juan Carlos Mendoza. Acusación directa.
Foto: Especial
Sucedió el mediodía del 6 de marzo. El lugar: un retén del Ejército en el Circuito Exterior Mexiquense, en los límites con la Ciudad de México.
El contratista de la construcción había retirado minutos antes 428 mil pesos de la sucursal de Banamex en el aeropuerto capitalino, que ese mismo día le habían depositado, y se dirigía a una obra en Ecatepec, Estado de México, cerca de Plaza las Américas, donde tenía previsto pagar a proveedores y empleados.
No pudo hacerlo: los militares lo secuestraron, amenazaron y robaron a campo abierto y a la luz del día.
Y a casi cinco meses de los hechos, luego de vencer el miedo a que se cumplieran las amenazas de desaparecerlo y de matar a su familia si denunciaba, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República (PGR) nada han hecho para devolverle su dinero ni para castigar a los militares criminales, pese a que están plenamente identificados.
Más aún: el teniente Mendoza Ortiz y tres de sus presuntos cómplices –Juan José Durán Cárdenas, Enrique Gutiérrez Martínez y Jonathán Martínez Fuentes– están presos en el Campo Militar Número Uno, acusados del secuestro de otro empresario. Pero el Ministerio Público castrense y la PGR ya ni siquiera atienden a la víctima.
La pesadilla para el empresario, cuya identidad consta en las averiguaciones y que aquí se omite por razones de seguridad, inició aproximadamente a las 12 horas del pasado 6 de marzo cuando circulaba, a bordo de su camioneta Dodge Durango blanca, por el Circuito Exterior Mexiquense.
Al aproximarse a la caseta de cobro, a la altura de la avenida Carlos Hank González, vio un retén militar y de policías del Estado de México, quienes le hicieron la indicación de orillarse.
Un soldado le pidió identificarse y le preguntó hacia dónde se dirigía y a qué se dedicaba. Cuando respondía a las preguntas, otro militar, encapuchado y con lentes oscuros, le pidió bajarse del vehículo para revisarlo; al hacerlo, ubicó una bolsa negra de plástico.
De inmediato, el soldado encapuchado le arrebató al empresario las llaves de la camioneta y le ordenó que subiera en el asiento del copiloto, mientras que él ocupó el lugar del conductor, siempre bajo la custodia de otro militar armado.
El encapuchado le preguntó al empresario qué traía la bolsa; éste respondió que era dinero en efectivo, 428 mil pesos, para pagos de nómina y proveedores, pues es contratista en el ramo de la construcción. Le mostró su teléfono, donde constaba que esa mañana le habían hecho el depósito y la hora en la que él hizo el retiro.
“En ese momento me arrebata de mis manos mi teléfono para quedar incomunicado, lo empieza a revisar y al mismo tiempo me empieza a decir que era un delito federal transportar esas cantidades de efectivo y que para él eran de procedencia ilícita”, declaró el empresario, primero ante la justicia militar y luego ante la PGR.
Consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/171/2015, iniciada por el agente del Ministerio Público Federal Gustavo García Contreras, y en el expediente SC/83/2015-VII, levantado por el mayor René Catana Méndez, agente investigador militar, cómo el soldado encapuchado amenazó al empresario con llevarlo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO):
“(El militar le dijo) que él era la autoridad en ese momento e indicándome que su papá era general y que también tenían empresas y sabían todo acerca de movimientos bancarios. Yo insistiéndole que el dinero era de procedencia lícita. Él no me hacía caso y refería que me iban a poner a disposición. Este sujeto me empieza a amedrentar diciéndome que me iba llevar la chingada y que gracias a mí se iba a colgar una medallita a su favor.”
El militar hizo una pausa para hacer una llamada, con el teléfono del empresario, a alguien que llamó “jefe” y, al colgar, le pidió entregarle su cartera, reloj y una cadena de oro, mientras le decía que le daría la oportunidad de acreditar el origen del dinero, pero de lo contrario, dijo, “iba a cargarme la chingada”.
Sólo para eso le devolvieron al empresario su teléfono: Llamó a su cliente y, cuando comenzaba a hablar con él, el militar le arrebató el aparato para hablar con aquél y ordenarle que llegara en 10 minutos.
En ese momento otro militar sin capucha, al que identifica sin dudar como el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz, subió a la camioneta en el asiento trasero. “Me apunta con su arma y me dice que ya había valido madres y que no me pusiera pendejo”.
El despojo
En la espera, según el testimonio del empresario, el otro militar le decía que con él se iba a colgar “una estrellita”, porque “estaban agarrando puro ‘pendejo inocente’. Después de eso intenté bajarme de mi camioneta por temor a cada una de las cosas y amenazas que decía. Acto seguido, me grita diciéndome que no me bajara, que él era la autoridad y que me iba a esposar y a meterme un ‘pinche plomazo’”.
Cuando el cliente del empresario llegó, acompañado de un abogado, los militares les dijeron que sólo querían hablar con uno de ellos. Tras varios minutos de diálogo con el litigante, éste le comunicó al empresario retenido que, para no consignarlo ante la SEIDO, debía entregar 80% de los 428 mil pesos.
“Se nos hizo muy descabellada esa oferta, ya que no era dinero ilícito”, expuso la víctima, a quien los militares decían que ellos tenían todo controlado y que “literalmente estábamos en sus manos, refiriendo que si no hacíamos caso nos iban a desaparecer a todos”.
En su declaración, asentó: “Sin tener otra opción, decidimos otorgarles ese dinero que solicitaban, ya que después de amedrentarnos y de sus amenazas temíamos por nuestra integridad. Inmediatamente me piden que vayamos a mi vehículo, al cual se suben los dos militares y yo. Adentro del mismo toman la bolsa de dinero y sólo me dejaron aproximadamente 35 mil pesos en la bolsa”.
Antes de dejarlo libre, los militares se negaron a devolverle sus pertenencias y lo amenazaron: “Diciéndome que si hacía algo en contra de ellos, ya tenían registrados todos mis movimientos e iba a ir a mi casa a matar a todos y a cada uno de mi familia”.
Pero, a pesar de los consejos de amigos y familiares para que se olvidara del asunto, y aun contra su propio temor de que podría haber represalias contra él y su familia, el empresario presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, el 12 de marzo, y luego lo hizo ante la PGR.
Además, el mismo día en que presentó la denuncia, envió al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, un escrito en que detalla cómo ocurrió lo que él define como robo, secuestro y amenazas a manos de los militares.
La respuesta llegó una semana después, el 20 de marzo, firmada por el general brigadier Juan Roberto Sánchez Fragoso, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y es escueta: “Esta Secretaría tomó nota de sus señalamientos y se realizan las acciones a fin de proceder conforme a derecho”.
Pero han pasado los días, las semanas y los meses, y ni la justicia militar ni la civil han resuelto nada.
Fuente: Proceso| ÁLVARO DELGADO
