-ASESINAN A MAGISTRADA Y A SU HIJO EN AGUASCALIENTES
Un familiar encontró los cuerpos en la finca conocida como “El Cordero”; ambos presentaban impactos de bala en la cabeza.
-Pemex y Puebla impulsarán la producción de metanol como oxigenante
-Hombre roba, huye y muere atropellado por microbús
-PRI DF inaugura la Escuela de Cuadros de la ciudad de México
-Levantan a 9 personas en la Sierra Tarahumara; hallan muertas a 3
-Gobernador de Campeche niega participación en cónclave con “El Chapo”
-“Combate a la pobreza ha sido fallido por décadas”: CCE
-Piden al Papa Francisco ser vocero de los pueblos afectados por la minería
-Renuncia funcionario electoral de Puebla por falsificar título profesional
-Afectados por derrame en Sonora llaman a protesta contra Grupo México
-Comando ejecuta a exautodefensa; sicarios balean 4 casas en Michoacán
-Urgen ONG a Peña a dejar de combatir pobreza con “reparto de cosas”
-Caso Padrés es indefendible: Comisión Anticorrupción del Senado
-Mancera va otra vez contra “toreros” en el Centro Histórico
-Dan 697 años de cárcel a los 5 culpables de asesinar a 11 mujeres en Juárez
-Piden alerta de género para los 125 municipios del Edomex
-Demanda Encinas sancionar a autoridades ‘cómplices’ en la fuga de ‘El Chapo’
-Inversión en telecomunicaciones cerrará 2015 con crecimiento de 22%: IDET
-Intolerable, que militares atenten contra las personas: Cienfuegos
-“Realmente alarmante”, tema de desapariciones forzadas en México: AI
-Se reúne Wayne con Peña en Los Pinos
-Estalla artefacto explosivo en cajero de Banamex del DF
-Mancera va otra vez contra “toreros” en el Centro Histórico
Los cuerpos sin vida de Ana María Mujica Reyes, de 66 años y el de su hijo, Manuel Sánchez Mujica, de 27 años, fueron encontrados dentro de una finca ubicada en el poblado de Valladolid, Jesús María, en Aguascalientes.
Su familiar identificado como Emilio Moisés Sánchez Mujica fue quien encontró los cadáveres de quien laboraba como magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y su hijo quien era abogado y ejercía actualmente la Psicología, dentro de la finca conocida como “El Cordero”.
Ana María Mujica Reye, se encontraba recostada sobre una cama, con el rostro cubierto con una almohada; aparentemente, presentaba dos impactos de bala en la cabeza.
En otra de las recámaras, también acostado sobre una cama, con el rostro cubierto con una chamarra, fue localizado el cadáver de Manuel Sánchez Mujica, quien también presentaba un impacto de bala en el cráneo.
De acuerdo con el Heraldo de Aguascalientes, agentes del Grupo Homicidios de la PME, personal de Servicios Periciales y el agente del MP de Hospitales, arribaron a la escena de esta tragedia para iniciar las investigaciones correspondientes.
El gobernador Rafael Moreno Valle y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, atestiguaron la firma del memorándum de entendimiento para impulsar la producción de metanol como oxigenante para las gasolinas, en el Complejo Petroquímico Independencia.
En el acto, Lozoya subrayó que aprovechando las herramientas que proporciona la Reforma Energética, Pemex está permanentemente en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio que permitan cumplir cabalmente con el mandato de maximizar el valor del petróleo para los mexicanos.
En este sentido, precisó que se están explorando las posibilidades de impulsar la producción de metanol como oxigenante de las gasolinas para sustituir el MTBE, lo que generará ahorros importantes toda vez que su precio es considerablemente inferior, además que contribuirá a reducir las emisiones de azufre y de óxidos de nitrógeno de los combustibles que se producen.
Con esta iniciativa, agregó, Puebla se convertiría en el primer estado del país en utilizar gasolina oxigenada con metanol. Explicó que de acuerdo con las perspectivas de disponibilidad de gas natural, se estará en condiciones de aumentar masivamente la producción de metanol para extender su uso a otras regiones del territorio nacional.
Por su parte, Moreno Valle aseveró que gracias a la reforma energética, al trabajo coordinado entre Pemex y el gobierno del estado, esta acción permitirá reducir las importaciones e incentivar la economía de la región.
A su vez, el director de Pemex Refinación, Miguel Tame, quien junto con Sergio Berinstáin, director de la empresa Proman México, firmaron el memorándum de entendimiento para impulsar en la entidad la producción de metanol como oxigenante para las gasolinas, reconoció el apoyo decidido del gobernador Rafael Moreno Valle para realizar esta acción que calificó como un parteaguas en el crecimiento de la petroquímica nacional, al ser una oportunidad para cristalizar un negocio en beneficio del Complejo Petroquímico Independencia y de Pemex.
Familiares del occiso llegaron al lugar y trataron de golpear al chofer, por lo que los policías tuvieron que intervenir
Un hombre que presuntamente había cometido un robo a una tienda trató de cruzar una avenida de la colonia Jacarandas para huir, en Iztapalapa, pero murió arrollado por un microbús.
De acuerdo con la versión de testigos, Víctor Manuel García Solís sustrajo dos canastas de plástico de una jarciería y trató de escapar por la calle Samuel Gompers, casi esquina con Vito Alessio.
Al tratar de cruzar corriendo por la avenida, el hombre no se fijó del paso de un microbús y fue embestido y arrastrado varios metros.
"Le quiso ganar a la dueña de la tienda robándole los dos cestos, se echó a correr, pero al tratar de cruzar la calle el micro se lo llevó y lo mató", relató un testigo.
El chofer de la unidad de la Ruta 1, con placas 0012521 y quien cubría el ramal de Santa Cruz-Taxqueña, detuvo su paso y esperó el arribo de las autoridades.
Edgar Mereles Ortiz, presidente del Instituto de Capacitación Política (Icadep) del PRI, informó que a fin de edificar liderazgos con identidad, acelerar la renovación del partido y lograr una mayor comunicación con la sociedad, dicho instituto convocó a la militancia priísta en el DF a ingresar a la primera generación de la Escuela de Cuadros de la ciudad de México.
En conferencia de prensa señaló que el mandato de la primera asamblea anual del instituto, con base en los resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 7 de junio, es el de tener una mejor preparación y una mayor interacción a través del diálogo ciudadano, lo cual se logrará mediante la impartición de los Círculos de Construcción Ciudadana que se darán en esa escuela.
“El PRI aspira reforzar su integración a la nueva realidad política, de pluralidad y construcción de acuerdos, que busca resolver los problemas de la capital, trabajando de la mano con los militantes y la sociedad”; agregó.
Por su parte Jorge Hidalgo, director de la Escuela de Cuadros del Icadep, informó que la convocatoria ya está en la página web del PRI-DF y el 7 de septiembre arrancará el programa académico que comprende cuatro módulos: Historia de México, Sistemas Políticos; Elementos Generales de la Administración Pública, Elementos Generales del poder Legislativo en México; Gerencia Política y Gobernabilidad; y Operación Política-Electoral”.
Los cursos para la Primera Generación de la Escuela de Cuadros de la ciudad de México, que tendrá un semestre de duración con sesiones todos los sábados, serán impartidos por personajes de renombrada trayectoria partidista, así como por profesores de la UNAM y UAM.
CHIHUAHUA, Chih.- Nueve personas, entre ellas unos adolescentes, fueron “levantadas” ayer en la comunidad de Casa Quemada, en el municipio de Guadalupe y Calvo, localizado en el Triángulo Dorado de la Sierra Tarahumara. Tres de ellas ya fueron halladas sin vida.
El plagio ocurrió cuando el grupo cuidaba un plantío de amapola. Sujetos armados llegaron al lugar y los subieron por la fuerza a varios vehículos.
Así lo narraron sus familiares, según el testimonio de un hombre que logró escapar de los captores.
De acuerdo con la información de los familiares, las personas secuestradas son: Marcial Martínez Salas, Gabriel Martínez Salas, Manuel Gutiérrez Martínez, Jesús Martínez Vega, Macario Chaparro Chaparro, Lorenzo Chaparro Chaparro, Otoniel Martínez Vega, Marco Antonio y otros cuyos nombres no fueron proporcionados. Sus edades varían de los 13 a los 43 años y la mayoría son familiares.
Los familiares de los afectados interpusieron el reporte en la 42 Zona Militar y difundieron el hecho ante los medios de comunicación.
Tras las primeras investigaciones, esta tarde fueron localizados los cuerpos de tres de las víctimas en el poblado de Cerro Alto del mismo municipio. Dos eran de los hermanos Marcial y Gabriel. El tercer cadáver aún no ha sido identificado.
Los elementos castrenses implementaron un operativo para buscar a los otros desaparecidos.
CAMPECHE, Camp.- El gobernador Fernando Ortega Bernés negó “categórico” haber asistido al presunto cónclave que, según el periodista estadunidense Wayne Madsen, sostuvo un grupo de mandatarios estatales con Joaquín El Chapo Guzmán en un lujoso hotel de Mazatlán, Sinaloa, en 2011.
En la investigación, que fue difundida en el sitio Infowars.com y reproducida por varios medios nacionales y locales, Madsen revela que la presunta reunión de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el poderoso narcotraficante tuvo lugar en el hotel Pueblo Bonio Emerald Bay, a finales de junio de 2011.
Según el reportaje, a la encerrona asistieron Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa; Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes; Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Baja California Sur; Fernando Ortega Bernés, de Campeche; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Mario Anguiano Moreno, de Colima; Jorge Herrera Caldera, de Durango, y Ángel Aguirre Rivero, exmandatario de Guerrero.
También José Francisco Olvera Ruiz, de Hidalgo; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Gabino Cué, de Oaxaca; Rafael Moreno Valle, de Puebla; José Eduardo Calzada Rovirosa, de Querétaro; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Fernando Toranzo Fernández, de San Luis Potosí.
Además, Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, Mariano González Zarur, de Tlaxcala; Javier Duarte, de Veracruz, y Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas.
Aunque el viernes pasado se acogió a su “derecho a no declarar” para eludir los cuestionamientos, hoy, presionado por los partidos Morena y Movimiento Ciudadano (MC) que le exigieron una explicación a esas acusaciones, “que no son cosa menor”, Ortega Bernés negó la veracidad de la versión, la cual, aseguró, carece de fundamentos.
“Se habla efectivamente en esa nota, que ha sido reproducida por varios medios locales y nacionales, de una reunión que desde luego nunca existió, categóricamente lo afirmo, y seguramente no descarto que la Conago en su momento haga algún pronunciamiento al respecto”, dijo.
“Me parece, lo reitero, que la Conago seguramente en su momento habrá de hacer y de fijar un posicionamiento al respecto, porque me consta que todos los gobernadores en forma unánime estamos preocupados por este tipo de señalamientos que con gran facilidad alguien puede formular”, recalcó.
“Y enfáticamente lo señalo: que no solamente es en mi caso, sino que estoy absolutamente convencido de que nunca hay que aprovechar circunstancias difíciles como las que hay para construir historias sin fundamento”, atajó Ortega Bernés.
Contrario a la percepción del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, la cúpula empresarial aseguró que “es inevitable reconocer que por décadas, el combate a la pobreza ha sido fallido”, pese a que el gasto público canalizado al desarrollo social se triplicó en los últimos 25 años.
Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que dos millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) soltó:
“Se reconfirma la incapacidad que hemos tenido, como nación, para construir una economía más dinámica e incluyente, por una parte, y una política pública de desarrollo social eficaz para abatir la marginación”.
Para el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani “es intolerable” que más de 11 millones de mexicanos permanezcan en condición de pobreza extrema. Agregó que si continúa la reducción de este indicador a un ritmo de 0.8% o de 50 mil personas menos por año, como en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, “tardaríamos más de 200 años en erradicar este flagelo”.
Además, precisó, la población en pobreza a escala nacional se incrementó 0.7% en el mismo lapso, con dos millones más de personas en esa situación, para sumar un total de 55.3 millones.
“Claramente, en este reto reside una de las principales respuestas a por qué durante décadas no hemos logrado que nuestra economía sostenga tasas de crecimiento promedio anual de más de 2.5%. El desarrollo del mercado interno está limitado estructuralmente porque casi la mitad de los mexicanos, por su situación de pobreza e informalidad, está en gran medida impedido de incorporarse a dicho mercado”, recalcó el sector empresarial.
Los números “alegres” de Videgaray
La visión del CCE sobre los resultados del Coneval contrastan con los del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien la semana pasada, luego de sostener una reunión de trabajo con la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que los datos del Coneval “muestran cómo han disminuido carencias muy relevantes para la calidad de vida de la población, como el acceso a la seguridad social, pues es una carencia que tenía en la anterior medición el 61% de la población y bajó al 58% de la población”.
De hecho, aseguró que la vida de las familias mexicanas ahora es más barata, gracias a las reformas impulsadas por la actual administración.
Pese a los dos millones de personas que se sumaron a la pobreza y a que el ingreso de los hogares se desplomó 3.5% en el primer bienio de la actual administración federal, Videgaray planteó:
“Las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, junto con el Congreso de la Unión, están haciendo que la vida de las familias mexicanas sea más barata, a través de menores costos, en el acceso a la telefonía, telecomunicaciones, a la electricidad, a que el precio de la gasolina, del gas LP ya no están subiendo, y eso se está reflejando en el bolsillo de las familias mexicanas”.
Para la cúpula empresarial, no hay otra vía para superar la pobreza al ritmo que lograr un mayor crecimiento, de 5% anual o más, con un gasto público cada vez más eficaz, que ayude a reducir las brechas entre la población y entre las distintas regiones del país; que incida en una movilidad social más rápida y significativa.
La mala noticia es que la economía mexicana en los dos años de gobierno de Enrique Peña no ha logrado superar el 2.1%. Peor aún, para este año el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá por mucho 2.6%, de acuerdo con analistas.
En otras, palabras, la disminución de la pobreza tendrá que esperar.
COLIMA, Col.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pidió al Papa Francisco instruir a los jerarcas de la Iglesia católica mexicana a que dejen de presionar a los sacerdotes que apoyan a los pueblos y comunidades perjudicados por esa actividad y, por el contrario, los respeten, protejan y animen en su labor pastoral.
Asimismo, la organización solicitó que el Pontificio Consejo Justicia y Paz y el mismo Papa se conviertan en voceros de las luchas y resistencias de los pueblos que ya sufren o sufrirán las consecuencias del modelo extractivo minero y que se sumen a la creciente demanda y establecimiento de territorios libres de minería.
A través de una carta entregada en el marco de la reciente “Reunión de Representantes de Comunidades Afectadas por la Industria Minera”, celebrada en el Vaticano con el Pontificio Consejo Justicia y Paz, la Rema planteó que todo el potencial de la Iglesia Católica se despliegue a favor de las luchas, resistencias y pueblos afectados por la minería.
En representación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería acudieron a la reunión Yazmín Celso Peña, del Ejido Carrizalillo, Guerrero, y Carmen Guzmán Zamora, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima.
En sus intervenciones durante el encuentro, las activistas mexicanas presentaron un panorama sobre los impactos ocasionados a las comunidades del país por parte de las empresas mineras, y entregaron al Papa Francisco la carta de Rema.
El documento advirtió al pontífice que en México la amenaza del actual modelo extractivo minero sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es “inminente e inconmensurable”.
Los daños asociados a ella son notables, advirtió la Rema: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad física y emocional así como criminalización de defensores y luchadores sociales.
Además, “la terrible e irreversible contaminación de la tierra, del agua y del aire, la devastación de la vegetación que acelera la erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, empleos precarios, pérdida identitaria, cultural y espiritual, así como altísimas contribuciones al cambio climático, lo que en conjunto repercute terriblemente en afectaciones a la salud”, advirtió la organización.
La Rema consideró que “debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país”.
En su misiva al Papa Francisco, la organización señaló que para los luchadores sociales la minería no empieza con alguna fase de trabajo de las empresas extractivas, sino con la “entrega desmesurada” de concesiones mineras en todo el territorio nacional por parte del gobierno mexicano.
Reportó que en el país han sido entregadas cerca de 32 mil concesiones, lo que supone la ocupación de entre el 17 y el 19% de la superficie de México.
Cada una de esas concesiones, añadió, fue entregada sin que los pueblos siquiera estén enterados y debidamente informados sobre ello, en el marco de una ley que permite pasar por encima de la decisión de los pueblos, con la posibilidad de que las empresas mineras paguen por derechos de cada concesión entre medio euro y hasta tres euros por hectárea.
Así también, empresas como la Goldcorp realizan acciones para la “compra fraudulenta de tierras y actúan con dolo una y otra vez sin que sean llamadas a la rendición de cuentas”, al tiempo que sus acciones van encaminadas a la creación de conflictos y divisiones comunitarias.
Bajo esta lógica, expuso Rema, “nos preguntamos qué tan factible es el diálogo y la participación de las comunidades con las empresas mineras; qué tan viable es iniciar un diálogo en un proceso en donde los grandes capitales actúan en complicidad con los gobiernos para hacer leyes y reglamentos a modo para que sean las empresas quienes puedan utilizar nuestros bienes naturales para su propio enriquecimiento, al tiempo que destruyen la vida; nos preguntamos si es factible el diálogo con un modelo extractivo hegemónico y por ende dominante, que pasa por encima de los derechos de los pueblos”.
La organización mexicana informó al Papa que frente a esa “dura realidad” ha trabajado en acciones colectivas orientadas a impedir la instalación de obras o proyectos contrarios a los intereses de los pueblos y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de las necesidades vitales de las comunidades, ratificando día a día su compromiso con la defensa de los derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, en definitiva, con la defensa de la dignidad humana.
Además, la Rema dio cuenta al Papa de que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ha participado en encuentros regionales y nacionales sobre esta problemática y “se ha destacado como voz crítica contra la minería”.
Finalmente, la Rema reconoció el compromiso que ha mostrado el Papa con su causa a través de la publicación de la encíclica ecológica Laudato Sii.
“De todo corazón esperamos que este histórico documento genere cambios profundos en el pensamiento y la práctica social, cambios en las ideas morales y los valores humanos que consideramos necesarios para que los gobiernos, que continúan siendo poco sensibles a las necesidades de quienes mayoritaria y desproporcionadamente son receptores de los riesgos y daños generados por la industria minera, asuman suficientemente el hecho de que la desigualdad y los desequilibrios de poder en cualquier sociedad son la causa fundamental de la destrucción, del territorio, la sobreexplotación de los bienes comunes naturales y las violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
PUEBLA, Pue.- Armando Guerrero Ramírez renunció este lunes a su cargo de consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), luego de que una investigación periodística reveló que el exfuncionario falsificó su título de abogado y cédula profesional.
La renuncia se da a sólo tres meses de que Guerrero Ramírez, quien incurrió en el delito de usurpación de profesión y falsificación de documentos, concluyera su período al frente del IEE.
En su columna “La Corte de los Milagros”, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal ‘e-consulta’, dio a conocer ayer oficios expedidos por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que no existen antecedentes del título de abogado y la cédula profesional de Armando Guerrero.
Antes de dar una explicación, el exfuncionario electoral renunció a su cargo, alegando motivos de “índole personal”.
“Por este medio quiero hacer del conocimiento de la opinión pública que, por razones de índole personal, he decidido presentar mi renuncia al cargo de consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado”, precisó en un comunicado.
Según la legislación electoral de Puebla, para fungir como consejero presidente del IEE se debe contar con el título de abogado.
Electo en octubre de 2012 por la anterior legislatura, Guerrero Ramírez se desempeñó como presidente del IEE en las elecciones locales de 2013, cuando se eligió a alcaldes y diputados locales que permanecerán en sus cargos por cuatro años y ocho meses.
Desde su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el gobernador Rafael Moreno Valle, ya que antes de ser electo fungía como director del Instituto Poblano de Productividad Competitiva.
En su desempeño al frente del IEE se suscitó una polémica después de que el órgano electoral determinó que las violaciones cometidas por Moreno Valle, al promover su imagen de manera extraterritorial y fuera de los tiempos que marca la Constitución, no merecían sanción alguna.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Carlos Martínez Amador, dijo que de confirmarse que Guerrero Ramírez falsificó documentos y usurpó la profesión, tendrá que haber una sanción en su contra, porque esas faltas constituyen un delito.
Detalló que el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales establece que la falsificación de documentos es un delito grave, y en el caso de Guerrero, por ser funcionario público, podría alcanzar una sentencia de hasta 12 años de cárcel.
Además indicó que deberá abrirse una investigación para fincar responsabilidades a los funcionarios del Congreso local que tuvieron a su cargo la revisión de la documentación en el proceso de selección de los integrantes del IEE.
De acuerdo con exdiputados locales, esa labor estuvo a cargo de José Norberto Medina y Rafael Guzmán Hernández, quienes ostentaban los cargos de secretario general y director jurídico en la anterior legislatura.
HERMOSILLO, Son.- Integrantes del Frente Todos Unidos contra Grupo México, integrado por damnificados del río Sonora y mineros de la sección 65, convocaron a una manifestación para el próximo jueves 30 de julio en Cananea, Sonora.
El comisionado de Difusión del Sindicato Minero Nacional sección 65, Antonio Navarrete, adelantó que la protesta dará inicio a las 10:00 horas en la sede cananense de esta asociación sindical.
“En esta manifestación enumeraremos los incumplimientos en los que ha caído Grupo México tras el derrame de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, además de que tomaremos acuerdos entre la base minera y los afectados del río Sonora para definir las próximas movilizaciones y acciones”, detalló.
Esta nueva acción por parte del Frente Todos Unidos contra Grupo México es organizada para contrarrestar el desalojo instrumentado el viernes pasado por parte de granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP), a fin de recobrar para Grupo México el centro de rebombeo Los Patos, que había sido tomado desde el 16 de marzo anterior.
Los damnificados exigen la remediación ambiental de los ríos Sonora y Bacanuchi, así como el pago puntual de indemnizaciones a un año del ecocidio responsabilidad de la mina Buenavista del Cobre y los mineros demandan el respeto a sus derechos laborales violentados durante el despido injustificado de 800 elementos en 2010.
Por separado, el vocero de los pobladores ribereños, Antonio García, informó que en esta reunión estarán presentes habitantes de los siete municipios afectados para exponer los problemas ocasionados por la contaminación minera.
“También escucharemos a la investigadora Reina Castro Longoria, quien explicará cómo afectan a la salud los metales pesados vertidos por Grupo México a los ríos sonorenses”, concluyó.
Un comando ejecutó a un exintegrante del grupo de autodefensa de Arteaga, Michoacán, y de quien se pensaba era elemento de la Fuerza Rural.
Luego de cometer el crimen, los agresores dejaron un mensaje en el que se advertía: “Esto le va a pasar a todos los comunitarios. Venimos por todos ustedes”.
Varios sujetos armados de rifles de alto poder sacaron de su domicilio al exguardia comunitario Antonio Sánchez Morales, de 65 años.
Luego, en plena vía pública, lo masacraron y dejaron una cartulina en el que lanzan amenazas a los autodefensas.
Por su lado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal destacó en un comunicado que Antonio Sánchez Morales “nunca formó parte de la SSP, ya que al iniciar los procedimientos de reclutamiento, esta persona no acreditó los exámenes respectivos de control y confianza. Es decir, no logró en ningún momento su ingreso a las filas” de la dependencia.
En otro hecho de violencia, destacó la PGJE, un grupo armado baleó cuatro domicilios localizados en dos poblaciones de Parácuaro.
Pistoleros arribaron la noche del domingo a la cabecera municipal de Parácuaro donde balearon tres domicilios. Más tarde, se dirigieron a la tenencia de Antúnez, donde rafaguearon otro, para luego emprender la huida rumbo a Apatzingán.
La agravación de la pobreza en el país, que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el jueves 23, evidencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto carece “de una política integral para reducir la pobreza y la igualdad”, y que “no hay razones para confiar en las promesas de futuros beneficios porque haya crecimiento de la economía”, planteó hoy el colectivo de organizaciones reunido bajo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Al aseverar que “entregar despensas, uniformes, tenis, pisos de cemento, cheques o pantallas de TV no constituye una política social”, las 60 ONG llamaron al Estado a abandonar sus “programas sociales para ‘repartir cosas’” y en cambio a adoptar una “política social con enfoque a derechos”.
El colectivo deploró, en un pronunciamiento, que la economía mexicana se encuentre plagada por las políticas de salario mínimo, la corrupción y el clientelismo, las exenciones “millonarias” de impuestos, el magro efecto redistributivo del gasto público o el mal manejo de los programas de apoyo económico, cuya suma genera la agravación de las brechas de la pobreza.
De acuerdo con el estudio del Coneval sobre la medición de la pobreza en 2014, a finales del año pasado había 63.8 millones de mexicanos cuyos ingresos resultaron insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, 3.2 millones de personas más que cuando que la administración de Peña Nieto tomó las riendas del país.
Entre ellos, el ingreso de 24.6 millones de mexicanos –uno de cada cinco– no era suficiente para comer y se encontraba en una situación de pobreza extrema de ingresos.
Y, en un mensaje directo a distintos integrantes del gabinete –entre ellos la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el titular de Hacienda, Luis Videgaray–, el colectivo advirtió: “A quienes festejan reducciones en décimas de punto hay que avisarles: en esta condición extrema hay un millón 100 mil mexicanos más que en 2012”.
Desde que se dieron a conocer los resultados del Coneval el pasado jueves, tanto Robles como Videgaray manifestaron su satisfacción ante la reducción de la pobreza extrema en el país, resultado –según ellos– de la buena focalización de las políticas sociales hacia “los más pobres de los más pobres”.
Salarios de hambre
Los mexicanos están, en promedio, 3.26% más pobres que en 2004, lo que resulta grave, ya que el factor central en el incremento de la pobreza es la reducción de los ingresos, según las ONG.
“En México la pobreza afecta a quienes trabajan”, recordó el colectivo, al insistir en que “muchas personas trabajan mucho y viven en pobreza”.
También denunció que, al fijar el salario mínimo en 65.58 pesos diarios –por debajo de la línea de bienestar del Coneval–, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos actúan “en abierta violación de la Constitución” y tienen “una grave responsabilidad en el crecimiento de la desigualdad”.
Luego reiteró que un trabajador que gana un salario mínimo se encuentra en pobreza, mientras que si tiene un hogar que mantener, cae en pobreza extrema.
Por lo anterior, urgió al incremento del salario mínimo para el año 2016, así como reforzar los controles laborales para evitar los contratos de protección y la presencia de trabajadores informalizados en empresas formales.
La población que formó parte del decil más pobre del país, el año pasado recibía en promedio 456 pesos mensuales por persona, o 15 pesos por día. Si bien representa un incremento de 9.12% en comparación con 2012 –lo que, en cifras reales, equivale a un aumento de 38 pesos mensuales–, sigue siendo inferior en 14.58% al ingreso de los más pobres de 2004.
En cambio, el 1% de los mexicanos más ricos concentra 21% de los ingresos del país y 43% de la riqueza total, la cual es la suma de los ingresos con los demás activos de la economía.
Carencias
El año pasado, todavía 70 millones de mexicanos carecían de acceso a un seguro social, 22 millones a servicios de salud y 28 millones no tenían acceso adecuado a la alimentación. Alrededor de 600 mil más que en 2012.
Y el colectivo subrayó que no todos los “afiliados” a estos distintos servicios tenían un acceso efectivo a ellos.
Por ejemplo, las ONG resaltaron que si bien el rezago en el acceso a la seguridad social se redujo, “eso no quiere decir que las personas sin carencia cuentan con una protección de seguro social completo”. Evocaron, por ejemplo, a los beneficiarios del programa de pensiones “65 y más”, quienes reciben la magra cantidad de 525 pesos mensuales sin cobertura de salud.
A pesar de contar con financiamiento federal, el Seguro Popular depende por su parte de los sistemas estatales de salud, en los cuales “se presentan múltiples problemas de opacidad, dispendio y graves errores de planeación y gestión en detrimento de la calidad de la atención”.
El colectivo también consideró que el gobierno federal comete un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, su programa estrella implementado desde los primeros tiempos del sexenio priista.
“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7 millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas y comités”, planteó.
Además, recordó que de acuerdo con el Coneval, el rezago en el acceso a la alimentación se agravó desde el arranque del programa, ya que de 27.4 millones de mexicanos en estas condiciones en 2012, pasó a 28 millones de personas a finales de 2014, unos 600 mil más.
Mala articulación
En términos generales, las organizaciones subrayaron que “hay programas pero no hay políticas consistentes y efectivas”, al deplorar que “las políticas económicas y las sociales no están articuladas”.
Dotados de más de 120 mil millones de pesos, los 48 programas de apoyo económico del actual gobierno no generan resultados sobre la reducción de la pobreza, ya que muy pocos tienen efectividad “en el desarrollo productivo o directamente en la mejora del ingreso”, sentenció el colectivo.
Es más: los subsidios al campo que maneja la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) tienden a aumentar la desigualdad y son “regresivos” –incluso “improductivos”–, ya que se concentran “en los terratenientes con mayores ingresos y muy pocos llegan a los pequeños productores, campesinos e indígenas”.
“La discrecionalidad, la dispersión y la opacidad de los programas favorece el clientelismo y explica su poca efectividad. No hay un padrón único, transparente y accesible que permita a personas con carencias y bajos ingresos recibir apoyos públicos garantizados por ley, asignados con criterios racionales, y a su vez priorizar la atención de los más pobres”, observaron.
Las organizaciones integrantes del colectivo informaron que constituirán el próximo año un observatorio para monitorear el paquete económico 2016 y exigirán al gobierno que implemente mayores mecanismos de control ciudadano, que incremente el salario mínimo y que garantice el “acceso efectivo a la salud”.
A partir de ahí, destacaron, conformarán un “foro plural” en el que discutirán cómo cambiar el modelo económico hacia uno más incluyente, sustituir a las políticas paternalistas por “un piso de derechos sociales”, e incrementar el nivel de participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas.
Por último, llamaron a todas las organizaciones de la sociedad civil a sumarse a las iniciativas y a los debates que llevarán a cabo como colectivo.
HERMOSILLO, Son. (apro).- El gobernador Guillermo Padrés informó que en cuanto sea notificado formalmente de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), responderá a las acusaciones en su contra por presunto lavado de 3.3 millones de dólares provenientes de sobornos realizados por el empresario Mario Aguirre.
Luego de señalar que conoce del caso por la información que se ha publicado en los medios, el mandatario estatal añadió: “Estoy en la mejor disposición de aclarar esta situación ante cualquier instancia (nacional o extranjera), ya sea sobre la condición patrimonial mía o de mi familia”.
Por separado, el dirigente sonorense del PRI, Alfonso Elías Serrano, exhortó a las autoridades a no dejar impunes los supuestos actos de corrupción cometidos por el gobernador.
“Se refuerza de manera importante la indagatoria del Departamento de Justicia estadunidense al señalar que los hermanos Padrés (Guillermo y Miguel) recibieron la cantidad de 3 millones 312 mil 175 dólares como un soborno o ‘moche’ por parte de un empresario sonorense ligado a empresas que han ganado las licitaciones del gobierno panista”, subrayó.
Además, urgió a Guillermo Padrés a deshacerse del fuero constitucional para enfrentar como ciudadano las investigaciones en su contra. De esa manera, agregó, se le reconocería el valor ético y moral a su defensa.
A su vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República, Pablo Escudero, consideró indefendible el caso de Padrés, porque existen claras evidencias de que incurrió en lavado de dinero.
Y calificó de grave y delicado que el mandatario estatal sea investigado por autoridades de México, Estados Unidos y Europa.
“Ya pasaron las elecciones y la investigación deberá seguir su camino, hay demasiadas evidencias y es momento de ir a fondo en este tema”, resaltó el legislador del PVEM.
Por su parte, el secretario general del PAN, José Isabel Trejo, solicitó a su correligionario enfrentar las investigaciones de la PGR porque el lavado de dinero, apuntó, es un delito grave.
“Es una información muy delicada que creo debe de enfrentar y aclarar muy puntualmente Padrés. Sé que durante la elección salieron muchas cosas que se han ido aclarando, y espero que esta información se aclarare de manera muy contundente”, manifestó.
De acuerdo con información difundida este lunes por el diario ‘Reforma’, a la investigación contra el mandatario panista se sumaron Estados Unidos y Holanda, después de detectarse diversas transacciones bancarias en ambas naciones.
También se encontró que la familia Padrés utilizó las empresas Dolphins CVS y Tenerife CVS para borrar el rastro del dinero supuestamente obtenido de manera ilegal en transferencias mexicano-americanas.
El pasado 15 de mayo, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos de Amparo de la PGR solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda información y documentación de ambas empresas.
Por enésima vez, el Gobierno del Distrito Federal anunció el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico de esta capital, con la liberación de calles y la construcción de nueve plazas comerciales, pese a que este tipo de respuestas no han solucionado el problema.
Por ejemplo, de las 45 plazas construidas en el sexenio de Marcelo Ebrard no todas operan al 100% de su capacidad. Los ambulantes prefieren la calle.
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, informó en conferencia de prensa que mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública local iniciaron un operativo para inhibir la actividad de alrededor de 800 “toreros” que trabajan en una docena de calles del Perímetro A del Centro Histórico.
La funcionaria detalló que esta acción se suma al retiro de 286 comerciantes ambulantes de la avenida Izazaga –en el tramo de Pino Suárez a Eje Central–, y el del cruce de las calles Jalapa y Puebla, en la colonia Roma Norte.
A los “toreros”, explicó la secretaria de Gobierno, se les dará la posibilidad de incorporarse a alguna de las 45 plazas comerciales que existen en esa zona, mismas que serán reactivadas. Incluso, les ofreció “las paredes” exteriores de estos lugares.
La actividad de estos vendedores informales se caracteriza por el tendido que hacen sobre mantas en el piso, donde ofrecen sus mercancías entre los clientes que acuden a los comercios establecidos de la zona. Como parte de su organización, existen sujetos que con radiocomunicadores en mano, se ubican en ciertos puntos –encima de jardineras, bardas, en las esquinas y en la entrada de negocios– y a base de silbidos u otras señales avisan a sus compañeros de la presencia de las camionetas de la policía capitalina. Es en ese momento cuando los “toreros” toman las cuatro esquinas de su manta, se la echan a cuestas y corren para burlar el operativo.
A sabiendas de que cada plaza es controlada por líderes, Mercado Castro aseguró:
“Vamos a entrar también a dialogar con las organizaciones representativas, los dirigentes representativos de esas organizaciones para ver en estas 45 plazas qué más tenemos que hacer, qué tenemos que invertir para que sean plazas donde puedan desarrollar legalmente su trabajo de venta de artículos”.
Se trata de lugares que desde 2007, en la administración de Marcelo Ebrard, se entregaron a líderes de ambulantes para que sus agremiados dejaran las calles y ofrecieran ahí sus productos. No obstante, debido a su mala ubicación, la falta de clientes o de servicios, pronto esas plazas se convirtieron en bodegas para guardar la mercancía, la mayor parte “pirata”. Y los ambulantes salieron de nuevo a las calles.
La nueva secretaria de Gobierno reconoció que estos 45 inmuebles requieren de una inversión de por lo menos 100 millones de pesos para su mantenimiento y rehabilitación, así como de una campaña de difusión para que los compradores las conozcan.
Además, anunció que la administración capitalina tiene proyectada la construcción de nueve plazas más distribuidas en el perímetro A del Centro Histórico.
En algunos casos, adelantó, el gobierno tendrá que realizar expropiaciones de predios e invertir entre 50 y 70 millones de pesos. Su construcción, adelantó, iniciaría en el 2016.
El reto, concluyó, es “compaginar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como el de libre tránsito, con el derecho al trabajo”.
Los líderes
El comercio ambulante en el Centro Histórico de la ciudad está en manos de distintos líderes que, a través de cuotas, espacios y a veces hasta violencia, controlan la venta en las calles de la ciudad. El PRI, el PAN y el PRD controlan a la mayoría de los grupos.
Una de las más poderosas es Alejandra Barrios Richard, dirigente de la Asociación Legítima Cívica Comercial y actual diputada electa del PRI, que agrupa a miles de ambulantes en el centro de la ciudad.
Con el programa de reordenamiento del 2007, la lideresa estrechó relaciones con el exsecretario de Gobierno, Héctor Serrano, y gracias también a ese poder y relaciones obtuvo una curul en la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Su acérrima enemiga es María Rosete, presidenta del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (Fremop) –con más de 30 organizaciones de ambulantes en el DF–, aunque su territorio de dominio es el barrio de Tepito, pegado al perímetro A del Centro Histórico.
Teresa López es dirigente de la Unión Nacional de Comerciantes Fijos y Semifijos Teresa López Salas, aunque actualmente existen algunos conflictos con sus hijas por el dominio de plazas como la ubicada en la calle República de Uruguay número 26.
Otros líderes de ambulantes que desde ataño han tenido el control del ambulantaje en el Centro Histórico de la capital son Silvia Sánchez Rico y Julio Sánchez Rico, –hija y nieto, respectivamente, de Guillermina Sánchez Rico ya fallecida– de la Unión Cívica Comercial de la Antigua Merced; Rosalía Hernández de la Asociación Independiente de la calle Jesús Carranza y Magdalena Acuña de la Unión Cívica de Comerciantes Ambulantes del Centro Histórico y Chapultepec.
Más: David Arévalo Martínez, del Frente Nacional del Comercio Informal; Miguel Ángel Huerta, de la Asociación Comercial Deportiva y Cultural para Débiles Visuales; Benita Chavarría, de la Asociación de Comerciantes en Pequeño, Semifijos, no Asalariados Benito Juárez; Raymundo Pérez y Miguel Galán, de la Unión de Comerciantes en Objetos Varios de Tepito, y Guadalupe Duarte, de la Organización Frente Unificador del Comercio en la República Mexicana, entre otros muchas otras.
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Tribunal de Juicio Oral impuso una condena de 697 años de prisión y el pago de 839 mil 274 pesos como resarcimiento del daño a cada uno de los cinco sujetos acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial y homicidio de 11 mujeres en el Valle de Juárez entre 2009 y 2011.
Se trata de César Félix Romero Esparza, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas, Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Hernández Martínez.
Las madres de las víctimas recibieron la noticia con una mezcla de sentimientos, aunque anunciaron que su lucha continuará porque faltan más personas por detener.
El juicio oral duró tres meses. La madrugada del domingo antepasado se dio a conocer que cinco de los seis sujetos pertenecían a una red de trata de personas que operaba en el centro de Ciudad Juárez.
En la audiencia celebrada en la sala 2 de la Ciudad Judicial se dio a conocer que por lo menos uno de los inculpados, Manuel Vital Anguiano, está relacionado con la desaparición de más mujeres, una de ellas desde 1995, Olga Leticia Carrillo.
César Félix Romero se declaró inocente e incluso dijo que pediría ayuda a sus amigos para demostrarlo, pero el tiempo fue su peor enemigo. El único implicado absuelto fue José Gerardo Puentes Alva.
Las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda consideraron que los sentenciados “aprovecharon la situación de violencia que vivía Juárez desde 2008, para utilizar la necesidad de las personas vulnerables, reclutarlas por la fuerza, segregarlas de su familia con fines de prostitución forzada, beneficiándose económicamente”.
Además de esas evidencias, la sentencia se basó en testimonios de las familias que coincidieron con las pruebas aportadas por peritos y antropólogos que analizaron el caso, así con los reportes policiacos de las investigaciones y cateos.
“Al Tribunal no le quedó duda que las 11 víctimas estaban en condición de vulnerabilidad porque eran muy jóvenes, en condición económica precaria, eran víctimas potenciales del delito de trata. Físicamente eran agraciadas, por sus familiares conocimos que desaparecieron de la zona centro y fueron encontradas sin vida en el Valle de Juárez”, detallaron las juezas en el juicio 274/2014.
Las víctimas de los sentenciados son Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Jesica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor.
En el “juicio histórico” salieron a relucir nombres y casos de por lo menos 20 mujeres más que habrían sido reclutadas y asesinadas. El tribunal asentó que los acusados reclutaron, engañaron, trasladaron a las víctimas y las segregaron de su familia mediante la coacción física y moral, las mantuvieron incomunicadas de familiares para posteriormente privarlas de la vida.
Fue clave el testimonio del testigo “estrella, un adolescente que fue aprehendido en 2013 por dos feminicidios más y que por la aportación de información que dio, lo indultaron y se presentó en calidad de testigo protegido.
“Se hizo creíble el testimonio del ‘testigo estrella’, quien señaló la participación de cada uno de los acusados. Es creíble para el Tribunal que trabajó para la empresa criminal entre otros fines, para tratarlas, prostituirlas y a la que pertenecían los acusados”.
En los tres meses del juicio desfilaron por el tribunal 184 testigos. Entre ellos se encuentran exempleados y vecinos del hotel Verde, donde se comprobó que las prostituían y donde varias de ellas permanecieron recluidas contra su voluntad. También testificaron agricultores que localizaron restos óseos en el Valle de Juárez en dos momentos de 2011 y 2012, lo que dio origen a dos rastros importantes en aquella zona.
Las madres de familia detallaron la búsqueda. Aportaron las primeras evidencias de que sus hijas desaparecieron del centro, que el hotel Verde era uno de los puntos de prostitución, dieron nombres de los implicados y a partir de ahí, la Fiscalía y coadyuvancia –organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas–, trabajaron para imputar los delitos a los acusados.
Los restos fueron localizados en lugares inaccesibles o de difícil acceso, a donde sólo llegan campesinos a caballo o a pie, por lo que se determinó, con base en los peritajes, que las jóvenes fueron llevadas a fuerzas, atadas y sólo en algunas se pudo determinar que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.
En el caso de las causas de muerte que pudieron establecer, los peritos concluyeron que las lesiones fueron provocadas por un objeto de dimensiones muy similares y tenían entre 6 y 8 meses de muertas algunas y otras entre 8 y 12 meses. En el homicidio, tomaron en cuenta la reclasificación que pidieron los coadyuvantes, para juzgarlo como delito emergente, es decir, que de un delito (de trata) se derivó el otro (de homicidio).
El tribunal determinó que el homicidio fue una consecuencia porque así les convenía a los delincuentes, ya que podrían delatarlos, como lo dijo además otro testigo protegido, quien aseguró que los integrantes del grupo criminal se dedicaban a reclutar mujeres para obligarlas a vender droga, para prostituirlas y para matarlas.
“No se acreditó cuál fue la lesión que sufrieron, pero más allá de la dura razonable, se probó que la muerte fue por lesiones porque las víctimas no tenían una patología que les causara la muerte por causas naturales”.
Toda la banda delictiva trabajaba para Los Aztecas, grupo del Cártel de Juárez y el tribunal detalló porqué se comprobó que cada uno participó en la cadena delictiva, para reclutar, prostituir y asesinar a las jóvenes.
Las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas, advirtieron que este caso no acabó con ese juicio, porque aún quedan los jefes de los sentenciados y las autoridades que los protegieron e incluso, se aliaron con ellas. El reto ahora es procesar y juzgar a jefes policiacos y funcionarios que protegieron a la red.
Familiares de víctimas de feminicidio, así como de desaparición de mujeres en el Estado de México, exigieron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitir la alerta de violencia de género (AVG) para los 125 municipios de la entidad y no sólo en los 11 propuestos el martes por el gobernador Eruviel Ávila.
En rueda de prensa, integrantes de la Alianza de los Derechos de las Mujeres en el Estado de México recordaron que desde hace más de cinco años han demandado la AVG durante las gestiones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, e incluso han interpuesto un amparo contra una decisión inicial de negar la declaratoria tras considerar la exigencia como una estrategia política contra el actual presidente de la República.
Los integrantes de la Alianza, un colectivo de familiares que exigen justicia, fijaron su posición en víspera de que el Sistema Nacional determine la pertinencia de la declaratoria de AVG, una vez que Eruviel Ávila consideró que la violencia contra las mujeres se concentra en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyot, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Yuritzi Hernández de la Rosa, integrante de la Alianza, resaltó que es indispensable que se considere la alerta en los 125 municipios de la entidad, toda vez que de 2011 a 2013 se han registrado 840 feminicidios, de los que la Procuraduría mexiquense sólo reconoce 145; en tanto que de 2011 a 2012 la dependencia reportó mil 258 desapariciones de mujeres, quienes en cerca de 53% está en el rango de los 10 a 17 años de edad.
Los familiares de cuatro víctimas de violencia contra las mujeres en esa entidad, integrantes de la Alianza, exigieron que la declaratoria de AVG considere la creación de un “observatorio ciudadano” para verificar que los recursos de la Federación se destinen efectivamente a la localización de las desaparecidas y a respaldar a las víctimas de feminicidio.
Irinea Buendía –madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en diciembre de 2010 y por quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó reabrir el expediente de investigación que se clasificó como “suicidio”, así como castigar a las autoridades responsables– agregó que la violencia contra las mujeres en la entidad gobernada por Ávila Villegas va en incremento, y recordó que a partir de 2013 no se les ha proporcionado información sobre el número de víctimas.
Buendía, quien se ha convertido en defensora de otros casos, insistió en la necesidad de que la sociedad civil “vigile las acciones de las dependencias que serán las encargadas de dar cauce a la AVG, porque el gobierno está acostumbrado a negar información.
Muestra de ello, abundó, es que mientras de 2006 a 2011 se tenía un registro de 7 mil 749 feminicidios, “en 2011 la Fiscalía de Feminicidios me informó que sólo tenían registrados 922 casos, peor aún, en lo que va del año las autoridades dicen que sólo hay 30 mujeres desaparecidas y nosotros hemos detectado más de cien casos sólo en la revisión de los periódicos”.
La madre de Mariana Lima –joven asesinada por su pareja en 2010, caso que también fue clasificado como suicidio– consideró sospechoso que Eruviel Ávila haya solicitado la alerta de género cuando “no nos ha recibido como familiares de víctimas y se ha negado de manera continua a aceptar la declaratoria de AVG”.
También consideraron que la solicitud del gobernador bien podría ser una estrategia política para obtener recursos públicos para la compra de votos, pues la declaratoria implicaría la asignación especial de recursos para la entidad, presuntamente destinados a capacitación de personal de la PGJEM.
“Hasta ahora –contó Irinea– no nos han buscado del gobierno del estado para conocer nuestras propuestas, por eso tenemos miedo que se utilice el dinero para repartir despensas y televisiones de pantalla plana, y no para lo que se requiere”.
En la conferencia estuvieron María Antonieta Márquez y Viviana Muciño, madre y hermana de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; José Diego Suárez Padilla, padre de Rosa Diana Suárez Torres, cuya muerte ocurrió en diciembre de 2010, y Marisol Méndez Rizo, hija de María Dolores Rizo Juárez, desaparecida en 2011.
Como doña Irinea, todos ellos recordaron que sus casos se encuentran en la impunidad y manifestaron sus reservas de que los recursos que se destinarían a la entidad, en caso de declararse la AVG, no se apliquen en su totalidad, lo que en los hechos sería una simulación.
Por ello, insistieron en la urgencia de crear un observatorio ciudadano, independiente de las decisiones gubernamentales.
Los activistas adelantaron que este martes 28 realizarán un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), a partir de las 10 de la mañana, en espera de que se declare la AVG en todo el Estado de México.
TOLUCA, Edomex. (apro).- Si alguna autoridad “fue omisa o cómplice” de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, debe ser sancionada penal y administrativamente, pues no basta con su renuncia, advirtió el senador por esta entidad, Alejandro Encinas.
“Hay que deslindar responsabilidades, es muy fácil pedir la renuncia, mejor que rindan cuentas, y si alguna autoridad fue omisa o cómplice, que se apliquen las sanciones penales y administrativas que correspondan”, apeló.
Para el legislador, es necesario que las líneas de investigación incluyan a autoridades locales, desde el presidente municipal Vicente Estrada Iniestra, quien debió detectar y verificar la construcción del inmueble en que desembocó el túnel, hasta la cuerpos de seguridad estatales ante la posibilidad de corrupción.
Las líneas de responsabilidad, dijo, no van sólo al personal del centro penitenciario, también tienen que ver con la empresa que construyó los penales de esa generación, por incumplimiento de las especificaciones de construcción.
La norma establece la necesidad de que muros y pisos tengan al menos un metro de espesor y sean de concreto armado, pero el piso del baño de la celda de El Chapo tenía un grosor de seis centímetros y está construido en cemento con alambrón, mientras el piso de la crujía, que es el segundo nivel, donde se encuentra todo el sistema sanitario, medía entre seis y siete centímetros de espesor.
“Desde allí vienen los problemas de corrupción, omisión, colusión de autoridades de todos los órganos de gobierno, particularmente del sistema penitenciario, de la Secretaría de Gobernación y de los centros de inteligencia y seguridad nacional”, acusó Encinas.
Todos los equipos, incluidos cámaras de videovigilancia y sensores del penal, destacó, son obsoletos, de tal manera que no se justifica la inversión por nueve mil millones de pesos registrada en la Cuenta Pública 2014.
Si se sabía que el Cártel de Sinaloa es especialista en la construcción de túneles para el trasiego de droga o casas de seguridad, abundó, era necesario asignar a Guzmán Loera una celda del segundo nivel y no a ras de suelo.
Encinas Rodríguez afirmó que en las indagatorias todavía quedan muchas dudas por esclarecer: “deben darse a conocer todos los videos del interior de la celda y de la zona perimetral (…) sólo se ha presentado el momento en que se introduce dentro del tiro del túnel, pero es importante conocer el resto de los vídeos, por lo menos las siguientes dos horas”, dijo.
Sólo de esta manera, consideró, será posible saber si las autoridades penitenciarias respondieron con prontitud, o si emitieron la alerta roja tarde de manera deliberada.
“Hay que conocer con todo detalle el momento en que el personal de custodia llegó a la celda, cuando ingresa al túnel. Entre el momento en que desparece (El Chapo) y se introducen en el túnel transcurren 46 minutos”, apuntó.
“Según información de la que disponemos, (el prófugo) usó la motocicleta que los transportó a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora y recorrió el túnel en nueve minutos, suficiente para cambiarse de ropa y salir por cualquier medio de transporte y cualquier ruta”, expuso.
El senador indicó que también es necesario conocer desde cuándo no funcionan los sistemas de detección de movimiento: “han querido filtrar que se suspendieron por las obras del Cutzamala, pero a mi juicio es falso, se señala que con anterioridad ya no operaba este sistema por falta de mantenimiento o deliberadamente”.
La excavación de los ductos del Cutzamala, dijo, se realiza a cielo abierto y por tanto no afectan la operación de los sensores, por lo que consideró necesario extender las indagatorias a las obras.
Encinas Rodríguez reconoció que los legisladores que visitaron el lugar de los hechos no recorrieron todo el túnel por falta de oxígeno y ventilación, pero indicó que propuso un peritaje del Instituto de Geología de la UNAM o de los cuerpos de rescate Topos para dar credibilidad al dictamen interno.
Finalmente, comentó que ya se requirió toda esta información a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) previó que la inversión en el sector telecomunicaciones cerrará el 2015 con un crecimiento del 22 por ciento ante los anuncios de 9 mil millones
de dólares hechos por AT&T y América Móvil, pero insistió en que se requieren más inversiones para llevar mayor beneficio social.
Sugirió que las inversiones se promuevan a través de la vía del mercado mediante la promoción de la competencia efectiva; o mediante el “no-mercado”, lo que representaría que el gobierno despliegue infraestructura, fomente la inversión privada y alianzas público privadas.
Detalló que durante los últimos cinco años el ritmo de crecimiento de la inversión en el sector telecomunicaciones fue 18 por ciento.
Hace unas semanas AT&T anunció que en los próximos tres años invertirá en México alrededor de 3 mil millones de dólares; mientras que América Móvil informo que invertirá 6 mil millones de dólares en México en un lapso de tres años que se suman a las inversiones de 10 mil millones de dólares realizadas por esta empresa en los últimos cinco años.
Por lo que la inversión en el sector telecomunicación para este año sólo por parte de estas dos empresas sería de 3 mil millones de dólares.
“Es claro que esta estrategia de inversión deriva del establecimiento de las condiciones regulatorias propicias para que en esta ocasión, sea el ofrecimiento de más y mejores servicios a través de redes de la más alta tecnología, la vía para fundar un entorno de competencia efectiva en el sector. Lejos de los episodios previos de captura regulatoria y de reiterada parálisis jurídica del sector, que resultaba en un nivel de inversión inferior al mínimo requerido para el mantenimiento y fortalecimiento de las redes existentes”, consideró el IDET.
Destacó que la experiencia internacional señala que los mayores beneficios en términos de competencia, crecimiento y adopción digital se dan a través de más y mejor infraestructura, lo cual sólo puede lograrse mediante el aumento efectivo del flujo de capital que se inyecta al sector, “por ello, es bienvenido todo recurso de capital encaminado a una actualización tecnológica de las redes que permita la transmisión de servicios de manera más eficiente y veloz en beneficio de todos los usuarios”.
El IDET consideró positivos los recientes anuncios de inversión en infraestructura, acotó que “su efectivo ejercicio no sólo abonará a cubrir el déficit que caracteriza a nuestro país, sino que habilitará mejores servicios, aumentará su calidad y cobertura”.
El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseveró que “no debemos consentir a quienes por intereses mezquinos, personales o de grupo amenazan la paz y seguridad interior, promueven la degradación y descomposición del tejido social, a quienes agreden a las instituciones, a quienes violentan el estado de derecho”.
Al recibir la Gran Orden de la Reforma, otorgada por la Academia Nacional, Cienfuegos agregó que los mexicanos, sociedad, gobiernos y fuerzas armadas deben estar unidos para que el país avance con firmeza y en ese sentido continuar “en el rumbo que ha trazado nuestro presidente (Enrique Peña Nieto)”.
En el marco de las recientes denuncias por violación a los derechos humanos y la presunta desaparición de 7 jóvenes en el estado de Zacatecas a manos de militares, el general secretario subrayó: “no toleraremos que en nuestras filas a quienes por acción u omisión atentan en contra de la vida de las personas”.
Tras subrayar que los soldados apegan su actuar al marco legal y al respecto irrestricto de los derechos humanos, Cienfuegos aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional velará por que los militares que sean acusados de violar la ley reciban un trato y un juicio justo y que sean las autoridades correspondientes las que deslinden responsabilidades.
La condecoración al general secretario se la impuso el presidente de la Academia Nacional y ex diputado del PRI, José Elías Romero Apis.
El descubrimiento de múltiples fosas comunes durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero pone de manifiesto la magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en el país, declaró Amnistía Internacional (AI).
“Esta espeluznante revelación confirma lo que ya habíamos descubierto: la enorme crisis de desapariciones forzadas en Guerrero y el resto de México es realmente alarmante,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de ese organismo internacional.
Además, reconoció la determinación y persistencia de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, así como de las personas defensoras y periodistas en exigir a las autoridades mexicanas una respuesta integral a la desaparición forzada de estos jóvenes, pues sin esa exigencia muy probablemente el mundo no se habría dado cuenta acerca de las fosas comunes y las dimensiones de esta crisis.
“Falta mucho por hacer para descubrir y hacer pública la verdad sobre el destino y paradero de los 43 estudiantes que fueron sujetos de desaparición forzada en septiembre del año pasado, y de todas las desapariciones sin resolver en todo México. Estas acciones deben incluir la creación de una base de datos de ADN de personas desaparecidas, así como un registro oficial de las desapariciones”, dijo la funcionaria de AI.
En un comunicado, Amnistía Internacional se refiere a la información que ha tenido que dar la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que se han encontrado 60 fosas comunes desde octubre pasado, donde se han localizado al menos 129 personas. Ninguno de los cuerpos, que incluyen 20 mujeres y 109 hombres, pertenecía a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala durante el mes de septiembre.
No obstante, los 43 estudiantes son un caso emblemático de una larga lista de personas que han desaparecido. De acuerdo con cifras oficiales, más de 25,7000 personas han desparecido en México en los últimos años y, casi la mitad de dichas desapariciones han ocurrido durante la actual administración del Presidente Peña Nieto.
Amnistía Internacional ha hecho campaña para exigir al gobierno mexicano toda la verdad sobre lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa, para que se establezca su paradero y se lleve ante la justicia a los responsables.
Cuando solo faltan 3 días para concluir su gestión en México, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Anthony Wayne se reunió esta tarde con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de los Pinos en el que seguramente será su último encuentro como diplomático en nuestro país.
Apenas en la mañana, el Diario Oficial de la Federación publicó que México le otorgaría la orden mexicana del Águila Azteca en grado de banda por su desempeño al frente de la representación diplomática de su país y por sus acciones para estrechar los vínculos bilaterales.
Un explosivo de fabricación casera estalló este lunes al interior de un cajero automático de Banamex ubicado en la esquina de avenida Revolución y calle Merced Gómez, en la delegación Benito Juárez.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la madrugada sin que se registraran personas lesionadas. El estallido sólo dañó una puerta de cristal en la sucursal de Banamex, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hallaron seis hojas con la leyenda “Protesta”.
Según personal del área jurídica del banco, en las siguientes horas presentarán la denuncia correspondiente por los daños ocasionados a la sucursal.
El pasado 6 de marzo, un artefacto de fabricación casera fue detonado en otra sucursal de Banamex, pero en el Estado de México.
El estallido en aquella ocasión también ocurrió a las 4 de la madrugada en el banco localizado en la colonia Santa María Tultepec, en Ecatepec. No se reportaron personas lesionadas, sólo daños en las instalaciones, y tampoco hay detenidos.
Por enésima vez, el Gobierno del Distrito Federal anunció el reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico de esta capital, con la liberación de calles y la construcción de nueve plazas comerciales, pese a que este tipo de respuestas no han solucionado el problema.
Por ejemplo, de las 45 plazas construidas en el sexenio de Marcelo Ebrard no todas operan al 100% de su capacidad. Los ambulantes prefieren la calle.
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, informó en conferencia de prensa que mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública local iniciaron un operativo para inhibir la actividad de alrededor de 800 “toreros” que trabajan en una docena de calles del Perímetro A del Centro Histórico.
La funcionaria detalló que esta acción se suma al retiro de 286 comerciantes ambulantes de la avenida Izazaga –en el tramo de Pino Suárez a Eje Central–, y el del cruce de las calles Jalapa y Puebla, en la colonia Roma Norte.
A los “toreros”, explicó la secretaria de Gobierno, se les dará la posibilidad de incorporarse a alguna de las 45 plazas comerciales que existen en esa zona, mismas que serán reactivadas. Incluso, les ofreció “las paredes” exteriores de estos lugares.
La actividad de estos vendedores informales se caracteriza por el tendido que hacen sobre mantas en el piso, donde ofrecen sus mercancías entre los clientes que acuden a los comercios establecidos de la zona. Como parte de su organización, existen sujetos que con radiocomunicadores en mano, se ubican en ciertos puntos –encima de jardineras, bardas, en las esquinas y en la entrada de negocios– y a base de silbidos u otras señales avisan a sus compañeros de la presencia de las camionetas de la policía capitalina. Es en ese momento cuando los “toreros” toman las cuatro esquinas de su manta, se la echan a cuestas y corren para burlar el operativo.
A sabiendas de que cada plaza es controlada por líderes, Mercado Castro aseguró:
“Vamos a entrar también a dialogar con las organizaciones representativas, los dirigentes representativos de esas organizaciones para ver en estas 45 plazas qué más tenemos que hacer, qué tenemos que invertir para que sean plazas donde puedan desarrollar legalmente su trabajo de venta de artículos”.
Se trata de lugares que desde 2007, en la administración de Marcelo Ebrard, se entregaron a líderes de ambulantes para que sus agremiados dejaran las calles y ofrecieran ahí sus productos. No obstante, debido a su mala ubicación, la falta de clientes o de servicios, pronto esas plazas se convirtieron en bodegas para guardar la mercancía, la mayor parte “pirata”. Y los ambulantes salieron de nuevo a las calles.
La nueva secretaria de Gobierno reconoció que estos 45 inmuebles requieren de una inversión de por lo menos 100 millones de pesos para su mantenimiento y rehabilitación, así como de una campaña de difusión para que los compradores las conozcan.
Además, anunció que la administración capitalina tiene proyectada la construcción de nueve plazas más distribuidas en el perímetro A del Centro Histórico.
En algunos casos, adelantó, el gobierno tendrá que realizar expropiaciones de predios e invertir entre 50 y 70 millones de pesos. Su construcción, adelantó, iniciaría en el 2016.
El reto, concluyó, es “compaginar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como el de libre tránsito, con el derecho al trabajo”.
Los líderes
El comercio ambulante en el Centro Histórico de la ciudad está en manos de distintos líderes que, a través de cuotas, espacios y a veces hasta violencia, controlan la venta en las calles de la ciudad. El PRI, el PAN y el PRD controlan a la mayoría de los grupos.
Una de las más poderosas es Alejandra Barrios Richard, dirigente de la Asociación Legítima Cívica Comercial y actual diputada electa del PRI, que agrupa a miles de ambulantes en el centro de la ciudad.
Con el programa de reordenamiento del 2007, la lideresa estrechó relaciones con el exsecretario de Gobierno, Héctor Serrano, y gracias también a ese poder y relaciones obtuvo una curul en la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Su acérrima enemiga es María Rosete, presidenta del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (Fremop) –con más de 30 organizaciones de ambulantes en el DF–, aunque su territorio de dominio es el barrio de Tepito, pegado al perímetro A del Centro Histórico.
Teresa López es dirigente de la Unión Nacional de Comerciantes Fijos y Semifijos Teresa López Salas, aunque actualmente existen algunos conflictos con sus hijas por el dominio de plazas como la ubicada en la calle República de Uruguay número 26.
Otros líderes de ambulantes que desde ataño han tenido el control del ambulantaje en el Centro Histórico de la capital son Silvia Sánchez Rico y Julio Sánchez Rico, –hija y nieto, respectivamente, de Guillermina Sánchez Rico ya fallecida– de la Unión Cívica Comercial de la Antigua Merced; Rosalía Hernández de la Asociación Independiente de la calle Jesús Carranza y Magdalena Acuña de la Unión Cívica de Comerciantes Ambulantes del Centro Histórico y Chapultepec.
Más: David Arévalo Martínez, del Frente Nacional del Comercio Informal; Miguel Ángel Huerta, de la Asociación Comercial Deportiva y Cultural para Débiles Visuales; Benita Chavarría, de la Asociación de Comerciantes en Pequeño, Semifijos, no Asalariados Benito Juárez; Raymundo Pérez y Miguel Galán, de la Unión de Comerciantes en Objetos Varios de Tepito, y Guadalupe Duarte, de la Organización Frente Unificador del Comercio en la República Mexicana, entre otros muchas otras.
-Reconoce Peña política social insuficiente contra la pobreza
El presidente Enrique Peña Nieto se refirió por primera vez al informe dado a conocer por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) y reconoció que la política social "no ha sido suficiente; sí para contener el incremento de pobreza; sí para evitar que ésta creciera. Ahora tenemos que focalizar mayores esfuerzos para reducir los niveles de pobreza".
Peña Nieto subrayó que no bastan sólo esas acciones, sino que es necesario enfocarse en algo fundamental para mejorar la calidad de vida que es lograr un mayor dinamismo en la economía. Ello dependerá de la instrumentación de cada una de las 12 reformas estructurales que se han aprobado en esta administración.
Con la ausencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el Presidente hizo entrega simbólica de diez unidades habitacionales recientemente remodeladas por el gobierno federal para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Fue en este contexto que se refirió al informe del Coneval, para aludir explícitamente al indicador relacionado con la vivienda: entre 2012 y 2014 un millón 100 mil personas superaron sus carencias de vivienda.
Esta cifra, dijo, no es menor pues supera a la población, por ejemplo, de Nayarit y Tlaxcala, lo que dimensiona los alcances de los efectos de política de vivienda. Señaló que más allá de lo que ha dicho o postulado sobre la política de vivienda, ésta refleja el cambio en la orientación que se le ha dado para hacerla más sustentable, construirla en espacios más cercanos a los centros de trabajo.
Además del dato referencial sobre el número de personas que han obtenido vivienda según el Coneval, el Presidente también se refirió al hecho de que un millón 740 mil personas han logrado los beneficios de la política social en este periodo para obtener con ello derecho a la jubilación o a la atención médica.
Salvo la referencia genérica a la insuficiencia de la política social, Peña no se refirió al aumento de dos millones de pobres que se reportó en el informe del Coneval.
Finalmente, en referencia a la remodelación de la vivienda en diez unidades habitacionales dijo que en la Ciudad de México una de cada cuatro personas vive en unidades habitacionales.
-No hay represión, cumplimos con la ley: Osorio
Al reunirse con dirigentes de la Confederación Patronal de la Repúiblica Mexicana para firmar un convenio para concertar acciones vinculadas a las reformas al Sistema Judicial Penal, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong demandó a los diversos sectores sociales relacionados con la educación “cumplir su responsabilidad".
El funcionaró se refirió explícitamente a la situación en Oaxaca y llamó a que en en esa entidad, nadie trastorne la vida de sus habitantes porque, en el caso del gobierno, “no estamos en una acción represiva como muchos apostaban que podía suceder, estamos cumpliendo la ley”. Ante la cúpula empresarial, Osorio señaló que para reencauzar el sistema educativo en esa entidad cada quien debe cumplir sus responsabilidades, desde los menores asistiendo a clases, los padres de familia respaldando a sus hijos y los maestros preparándose todos los días .
En el salón Juárez de la dependencia, Osorio Chong anunció: “Vamos a seguir adelante en un estricto marco del Estado de derecho en el que estamos y queremos que sigan estando los mexicanos”. Señaló que el compromiuso del gobierno federal es “garantizar la tranqiulidad y las condiciones para que los que viven en esa entidad recuperen su estado, sus espacios y puedan lograr el desarrollo que requieren y necesitan”.
Por su parte, el dirigente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, manifestó que el fortalecimiento de las instituciones, en general, y de la justicia, en particular, son cruciales para el crecimiento de las naciones y para brindar certeza de que las reglas que nos hemos dado como sociedad serán cumplidas por todos, porque, señaló, quien las violente tendrá consecuencias.
