-Brozo arremete contra Peña y su gobierno; El Chapo “los trató como peleles”, dice
-“Vergonzosa”, la convivencia de líderes del PAN con Peña: Corral
-Exigen indagar a “cadena de mando” militar en casos Calera y Ostula
-Encarceló injustamente a tres mujeres otomíes… ahora quiere ser fiscal electoral
-Son “verdaderas cárceles” las estaciones migratorias en México: ONG
-Descarta Gamboa Patrón privatización del IMSS y el ISSSTE
-México, entre los 5 países con mayor impunidad: IGI
-Alista Monreal denuncias por corrupción contra exdelegados en Cuauhtémoc
-Piden indagar presunto desvío de recursos a campañas del PRI en Edomex
-Reparto de permisos “en lo oscurito”, origen de la violencia entre taxistas de Guerrero
-¿En qué consiste la transformación del IEEPO?
-Nuevo auto de formal prisión para Mireles por portación de armas
-Mujer e hijo pierden la vida por negligencia médica en clínica de Coahuila, acusan familiares
-Descarta Gamboa Patrón privatización de IMSS e ISSSTE
-Dos menores de 14 y 17 años, detenidos por enfrentamiento con militares en Juárez
-Profepa niega declaración de su delegado; reportero exhibe la grabación
En su papel de Brozo y desde su programa matutino que se transmite por uno de los canales de Televisa, el comediante Víctor Trujillo, quien lleva tiempo llamando “Henry Monster” al presidente Enrique Peña Nieto, arremetió contra el mandatario por sus declaraciones sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.
Como parte de su monólogo, el conductor del programa El Mañanero se refirió al túnel por el que escapó el líder del Cártel de Sinaloa, como el “ícono de la inoperancia, impunidad y la corrupción” de la administración peñista y consideró que los únicos que se deben sentir agraviados con la fuga de El Chapo, son los gobernantes, al ser “burlados y tratados como unos peleles” por un criminal.
En su arenga transmitida por el canal 4 de la principal cadena de televisión, Brozo remató que cuando alguien no cumple su trabajo “y se te va el criminal más buscado de este país, lo que tienes que hacer es renunciar”.
Estos son algunos de los extractos de la intervención que este martes 21 tuvo Brozo en su programa El Mañanero y en los que cuestiona las palabras expresadas por Peña Nieto sobre la fuga de Guzmán Loera, al regreso de su gira por Francia.
“Mire presidente, no es ira lo que tenemos los mexicanos; no somos unos perros que agarraron a pedradas. Tampoco somos unas mujeres abandonadas. Las fallas de la autoridad, por desgracia, son el pan nuestro de cada día. Lo que sí hay, más que enojo e ira, es hartazgo, porque ya nos consta a todos que la impunidad y la corrupción han llegado muy lejos, y ya penetraron hondo en las instituciones del país. ¿De qué valdrían los pucheros cuando sabemos que el gobierno, del partido que sea, incumplen con la primera tarea que tiene es resguardar la integridad del ciudadano”, dijo Trujillo.
“¿Para qué nos estamos azotando? Si lo que necesitamos es estar alertas, para no ser víctimas de los delincuentes organizados, o no, que ponen en riesgo nuestra integridad, la de nuestras familias, la de nuestros bienes, con la complacencia o complicidad del gobierno federal, estatal o municipal. El enojo y la ira, presidente, nada más nos nublarían la existencia o el raciocinio, para andar ahí como zombis dándonos de golpes en la pared tratando de morder algo poroso”, expresó con vehemencia Brozo.
“Ahora que a todos nos queda más claro que un túnel es el ícono de la inoperancia, de la impunidad, de la corrupción, que tiene cobijo en casi todas las esferas del gobierno de este país. No, no presidente, no se enoje, no se trata de eso”, ironizó el comediante.
Después de una pausa, Trujillo, que insistió en llamar repetidas veces “Henry Monster” a Peña Nieto, continuó con su arenga televisada:
“Agraviados ustedes, que son burlados, minimizados, que son tratados como peleles por un criminal. Nosotros somos los que estamos enojados, porque no funciona lo que estamos pagando. O sea, aquí los patrones somos nosotros. ¿Entonces qué es lo que pasa? Cuando el patrón está pagando bien y el trabajo no sale, corres a la gente, porque debe haber mucha gente que puede hacerlo mejor. Porque eres el patrón. Y así es la cadena de todos. Porque además ustedes que están en su casa tienen patrones, nosotros también tenemos patrones, y esos patrones tienen patrones. Este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer, ¿te late? No, pues no me late, pues vámonos a otra cosa. O, ¿puedes hacer el trabajo?, sí, no es cierto, no lo estás haciendo, se te está yendo la gente, se te está yendo el criminal más buscado de este país, no puedes hacer el trabajo, ¡vete!”.
Y recordó entonces lo dicho por el presidente al periodista León Krauze.
“¿No le dijo el presidente a León Krauze (que) sería imperdonable (una segunda fuga de El Chapo)? Hablemos de lenguaje, bueno, que sea imperdonable. ¿A quién dijo que se lo había encargado? Al secretario de Gobernación. Que sea imperdonable”, remachó el humorista.
“No saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo, los que están perdidos son ellos, nosotros tenemos que ser los paganos. Ahora, si nosotros vamos a seguir pagando, entonces tenemos que empezar a exigir. Si no estás funcionando, vamos, hay mucha gente que lo puede hacer mejor. Entonces dice el todavía presidente de todos ustedes, que lo mejor que se puede hacer para revertir el agravio de la fuga de El Chapo es recapturarlo…”
Y a ese comentario le siguió un largo silencio rematado con la risa de Trujillo, de sus acompañantes a cuadro y de su equipo de producción.
Estos son algunos de los extractos de la intervención que este martes 21 tuvo Brozo en su programa El Mañanero y en los que cuestiona las palabras expresadas por Peña Nieto sobre la fuga de Guzmán Loera, al regreso de su gira por Francia.
“Mire presidente, no es ira lo que tenemos los mexicanos; no somos unos perros que agarraron a pedradas. Tampoco somos unas mujeres abandonadas. Las fallas de la autoridad, por desgracia, son el pan nuestro de cada día. Lo que sí hay, más que enojo e ira, es hartazgo, porque ya nos consta a todos que la impunidad y la corrupción han llegado muy lejos, y ya penetraron hondo en las instituciones del país. ¿De qué valdrían los pucheros cuando sabemos que el gobierno, del partido que sea, incumplen con la primera tarea que tiene es resguardar la integridad del ciudadano”, dijo Trujillo.
“¿Para qué nos estamos azotando? Si lo que necesitamos es estar alertas, para no ser víctimas de los delincuentes organizados, o no, que ponen en riesgo nuestra integridad, la de nuestras familias, la de nuestros bienes, con la complacencia o complicidad del gobierno federal, estatal o municipal. El enojo y la ira, presidente, nada más nos nublarían la existencia o el raciocinio, para andar ahí como zombis dándonos de golpes en la pared tratando de morder algo poroso”, expresó con vehemencia Brozo.
“Ahora que a todos nos queda más claro que un túnel es el ícono de la inoperancia, de la impunidad, de la corrupción, que tiene cobijo en casi todas las esferas del gobierno de este país. No, no presidente, no se enoje, no se trata de eso”, ironizó el comediante.
Después de una pausa, Trujillo, que insistió en llamar repetidas veces “Henry Monster” a Peña Nieto, continuó con su arenga televisada:
“Agraviados ustedes, que son burlados, minimizados, que son tratados como peleles por un criminal. Nosotros somos los que estamos enojados, porque no funciona lo que estamos pagando. O sea, aquí los patrones somos nosotros. ¿Entonces qué es lo que pasa? Cuando el patrón está pagando bien y el trabajo no sale, corres a la gente, porque debe haber mucha gente que puede hacerlo mejor. Porque eres el patrón. Y así es la cadena de todos. Porque además ustedes que están en su casa tienen patrones, nosotros también tenemos patrones, y esos patrones tienen patrones. Este es mi trabajo, esto es lo que sé hacer, ¿te late? No, pues no me late, pues vámonos a otra cosa. O, ¿puedes hacer el trabajo?, sí, no es cierto, no lo estás haciendo, se te está yendo la gente, se te está yendo el criminal más buscado de este país, no puedes hacer el trabajo, ¡vete!”.
Y recordó entonces lo dicho por el presidente al periodista León Krauze.
“¿No le dijo el presidente a León Krauze (que) sería imperdonable (una segunda fuga de El Chapo)? Hablemos de lenguaje, bueno, que sea imperdonable. ¿A quién dijo que se lo había encargado? Al secretario de Gobernación. Que sea imperdonable”, remachó el humorista.
“No saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo, los que están perdidos son ellos, nosotros tenemos que ser los paganos. Ahora, si nosotros vamos a seguir pagando, entonces tenemos que empezar a exigir. Si no estás funcionando, vamos, hay mucha gente que lo puede hacer mejor. Entonces dice el todavía presidente de todos ustedes, que lo mejor que se puede hacer para revertir el agravio de la fuga de El Chapo es recapturarlo…”
Y a ese comentario le siguió un largo silencio rematado con la risa de Trujillo, de sus acompañantes a cuadro y de su equipo de producción.
HERMOSILLO, Son.- El senador Javier Corral Jurado lamentó la complicidad del PAN con el gobierno de la República y pidió a sus correligionarios un trabajo conjunto para rescatar al partido del poder que sobre él ejerce el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante una gira proselitista que realiza por la entidad para promocionarse como aspirante a la dirigencia de esa fuerza política, Corral denunció que un sinnúmero de líderes albiazules “acuerpan” al presidente de la República y es evidente la “vergonzosa” convivencia que –dijo– tienen con la administración federal.
“No existe una auténtica oposición frente al gobierno del presidente Peña Nieto, pese a que él y buena parte de su gabinete están enlodados por escándalos de corrupción”, señaló.
De acuerdo con el legislador, Acción Nacional permaneció indiferente ante las ejecuciones en Tlatlaya (Estado de México), Apatzingán (Michoacán) y Ayotzinapa (Guerrero), así como frente a los escándalos de la “Casa Blanca” y de Malinalco.
“¿Qué hubiera hecho el PRI en la oposición si a Felipe Calderón le sacan una ‘Casa Blanca’? ¿O por las toallas que compró Marta Sahagún, que nos traían en un escándalo internacional? En esa ocasión sí hubiera caído el presidente, se hubiera incendiado el Congreso”, subrayó.
No obstante, en medio de los escándalos, agregó, el diputado con licencia (su contendiente) y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya y Gustavo Madero, respectivamente, flanquearon a Peña Nieto durante la promulgación de las reformas estructurales.
De visita en la entidad, Corral se reunió con la militancia panista de Cajeme y de esta capital, y destacó la importancia de recorrer Sonora después de los resultados negativos durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.
Ante sus correligionarios, el legislador propuso renovar al PAN mediante un plan de trabajo que incluye el fortalecimiento de la democracia en el partido, consolidación del voto electrónico, rendición de cuentas y transparencia de los gastos, combate a la corrupción, fortalecimiento de los comités municipales, y respeto a los estatutos y la capacitación de la militancia.
Ante los recientes hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano, urge que “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”, consideró el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez.
A unas semanas de que presentara el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez evaluó que las recientes acciones en las que militares presuntamente participaron en la desaparición y ejecución de siete personas en Zacatecas, así como en los disparos indiscriminados a población civil en Michoacán, es “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.
El defensor coincidió con la posición del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christof Heynes, quien en su reporte sobre la situación de México consideró que “un modelo de seguridad de corte militarizada genera una propensión y un riesgo constante a violaciones graves a derechos humanos”, lo cual, consideró Patrón, se incrementa “más aún si hay órdenes como ‘abatir’ que sean incentivos para que se cometan ejecuciones extrajudiciales”.
Luego agregó que después de los últimos casos de abusos a manos del Ejército Mexicano, “cobran mayor vigencia” las recomendaciones de crear comisiones independientes de expertos para investigar esos asuntos.
También sostuvo que casos como los de Tlatlaya, Calera y Ostula obligan a la implementación de investigaciones de fondo “con base en los paradigmas internacionales”.
Mario Patrón apuntó: “El gobierno tuvo la oportunidad en Tlatlaya, y después de un año podemos constatar que no ha asegurado investigaciones a fondo y la pregunta es ¿por qué sí lo va a hacer en Calera o en Ostula?”.
En una primera revisión de los casos recientes, Patrón Sánchez abundó que en el de Ostula no se sustenta la versión oficial de que los militares “dispararon al aire”, lo cual viola protocolos de uso de la fuerza “que prohíbe incluso los disparos al suelo”, en tanto que en el de Calera los soldados no sólo no pusieron a disposición del MP a personas presumiblemente vinculadas con el crimen organizado, “sino que aparecen sus cuerpos sin vida”.
Ante tales escenarios, el director del Centro Prodh insistió en que se comprueba una vez más que “el Ejército no está capacitado para hacer tareas de seguridad, sino para eliminar al enemigo, esa es su vocación y estos casos pueden dar cuenta de ello”.
Patrón Sánchez sostuvo que para evitar repetición es indispensable que haya definiciones claras del papel de las fuerzas armadas en el modelo de seguridad, ante “un contexto en el que no hay un Estado de excepción, de guerra o de conflicto armado interno, los delincuentes forman parte de la población civil, la pregunta es en su definición ¿quiénes son los delincuentes?”.
AGUASCALIENTES, Ags.- Gerardo Cruz Bedolla, exagente del MP federal que mandó a prisión a las indígenas Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara en 2006 luego de un operativo de agentes federales en Querétaro, apareció como uno de los tres finalistas de entre los cuales se designará al próximo fiscal electoral del estado.
Cruz Bedolla fue el agente del MP encargado de recabar pruebas para acusar de secuestro de agentes federales a las tres mujeres otomíes.
Según las pruebas de Cruz Bedolla, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara habrían privado de la libertad a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en un mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Por la investigación de quien hoy busca ser fiscal especial para delitos electorales en Aguascalientes, las indígenas fueron condenadas a 29 años de cárcel y 90 mil pesos de multa.
Sin embargo, debido a la intervención de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional (AI), las tres indígenas fueron liberadas: Jacinta dejó la prisión en el 2009, y Teresa y Alberta al año siguiente, luego de que la PGR se desistió de las acusaciones en contra de las mujeres otomíes.
En 2014, un tribunal federal ordenó a la Procuraduría General de la República indemnizar y disculparse públicamente con Jacinta, debido a que durante los tres años que estuvo injustamente presa no pudo trabajar y su reputación fue dañada.
Otro de los tres candidatos postulados para el cargo de fiscal electoral –que revisará los posibles delitos en la materia en el proceso que iniciará en octubre con miras a la elección de gobernador el año próximo– es Guillermo Escárcega Álvarez, quien fue eliminado para ser consejero del Instituto Estatal Electoral por la carencia de cédula profesional.
Escárcega Álvarez es hijo de un amigo personal del gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
Entre los requisitos para el cargo de fiscal electoral no se agrega la necesidad de contar con una cédula profesional, como sí lo es para el cargo de consejero electoral en Aguascalientes.
El otro aspirante es José Guadalupe López Ramírez, quien aparentemente cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria y de quien no se tienen mayores antecedentes.
El gobierno mexicano bien puede llamar a sus centros de detención migratorios como “estancias” o “estaciones”, en realidad son “cárceles” en las que se repiten las violaciones a los derechos de los indocumentados, como el derecho a tener un debido proceso, denunciaron hoy organizaciones civiles.
“El sistema migratorio está basado sobre la detención y la deportación”, subrayó hoy Diego Lorente, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova, en Tapachula, Chiapas, al recordar que la violencia endémica que sacude a Centroamérica provoca “una crisis de refugiados, más que una crisis de migrantes”.
“El Triángulo Norte se está desangrando y el gobierno mexicano reforzó su control sobre la frontera”, lamentó Lorente, al aseverar que desde hace unos meses su albergue “recibe familias enteras que huyen de la violencia”.
A raíz de años de trabajo de campo, durante los cuales el gobierno no les facilitó el acceso a los centros ni transparentó los documentos clave que plantean el endurecimiento de la política migratoria, seis organizaciones realizaron un informe en el que documentaron repetidas visitas a centros de detención migratorios diseminados en siete estados ubicados en los cuatro rincones de México.
Las organizaciones buscan demostrar que las violaciones a los derechos humanos y cívicos de los migrantes, a partir del momento de su detención, no son hechos aislados, sino consecuencia de una política de Estado.
El grupo de ONG, entre ellas Sin Fronteras, Casa del Migrante de Saltillo o la unidad de estudios migratorios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, publicó hoy sus hallazgos en un informe para marcar el arranque de su campaña “Derechos cautivos”.
En el reporte, las organizaciones critican de manera severa el “doble discurso” que emplea la administración mexicana en materia migratoria.
Así, denuncian que los funcionarios prefieren los eufemismos “presentación” y “alojamiento” en lugar de “detención” y “privación de libertad”; también que hablen de “operativos de rescate” en lugar de “arrestos masivos” y justifiquen el endurecimiento de las políticas medidas migratorias con el argumento de la “seguridad humana de quienes migran”.
La propia arquitectura de los centros de detención reproduce “el diseño de los espacios destinados al control y vigilancia, como son los hospitales psiquiátricos o las cárceles”, observaron las ONG, al denunciar la falta de infraestructura especial para los grupos más vulnerables, como las mujeres o los integrantes de grupos LGBTTTI.
La autora del documento e integrante de Sin Fronteras, Joselin Barja, afirmó por la mañana que el Programa Integral Frontera Sur desató “un incremento de las detenciones” las cuales, posteriormente, llevaron a “expulsiones en masa” sin modificar las condiciones de vida en Centroamérica.
Este programa, puesto en marcha hace un año, concretizó el endurecimiento de la política mexicana ante la “crisis migratoria” que vivía entonces el gobierno estadunidense, cuya frontera sur se vio desbordaba ante la llegada de decenas de miles de niños y adolescentes provenientes de Centroamérica.
Luego de ello se multiplicaron los retenes militares, policiacos y migratorios en las carreteras del sur del país y los operativos en las vías del tren de mercancía (“La Bestia”) sobre el cual suelen subirse los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. Estos operativos, además, se volvieron “más violentos”, según las organizaciones.
El resultado, subrayó Barja, fue que se disparó el número de detenciones con 47% entre 2013 y 2014, y 92% en los primeros cuatro meses de 2014 y el mismo periodo de este año.
Además, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del año las autoridades migratorias detuvieron y deportaron a un mayor número de migrantes centroamericanos que las estadunidenses.
“El bienestar y la dignidad como ejes de protección de los derechos humanos quedan en segundo plano cuando se habla de detención de migrantes”, se planteó en el informe, que también deplora la escasez de servicios psicológicos en los centros de detención: “El tratamiento prioritario que se da al tema de la migración es el de carácter jurídico”.
De los 59 centros de detención que maneja el INM en el país, 32 son estaciones migratorias y los demás son provisionales A y B, cuyo tiempo máximo de estancia es de 48 horas y siete días, respectivamente.
Por una parte, observaron las ONG, existen centros de detención más espaciosos y de mejor infraestructura física, como el de Tapachula o de Iztapalapa. En estos centros, el trato “en masa” (de los migrantes) resulta “inhumano”, según las organizaciones.
Por otra parte, las entidades más pequeñas reservan “un mejor trato hacia las personas detenidas”, pero sus infraestructuras son insuficientes.
No sólo eso, pues con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur se reforzó el protagonismo de la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, en materia migratoria, ya que además de ser uno de los puntos de entrada de los centroamericanos a México, se convirtió en la principal puerta de deportación de los migrantes irregulares detenidos en todo el país.
Según Diego Lorente, la situación actual en Tapachula resulta muy grave, ya que todos los días salen entre seis y siete camiones del centro de detención, con cientos de migrantes a bordo, rumbo a sus países de origen.
El Centro Fray Matías de Córdova recolectó testimonios de “tortura y maltratos en momentos de traslados forzosos durante el periodo de monitoreo”, así como casos de “maltrato y represión” durante amotinamientos.
En el reporte se insistió en que “en Tapachula hay una percepción más clara de maltrato por el tipo de relaciones que establecen los custodios hacia los migrantes y por los castigos que se implementan en casos de motines o riñas”.
Según los estudios, tanto en el centro de detención de Iztapalapa como en el de Tapachula existen áreas de castigo, mientras que el acceso a la medicina se limita a la entrega de pastillas –“universal” en Tapachula, “mágica” en Iztapalapa—, aparte de que la comida llega en malas condiciones.
Se supone que las autoridades migratorias pueden privar de su libertad a un migrante en situación irregular para evitar que éste se fugue durante el proceso de regularización.
Sin embargo, las convenciones y tratados internacionales que firmó México obligan al gobierno federal a utilizar esta medida como una figura de excepción.
Al generalizar las detenciones y deportaciones, la política migratoria implementa “un régimen de excepción donde se mezclan la exclusión y la criminalización de facto de los migrantes”, apuntó el informe.
La privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE es “un rumor totalmente infundado, pero con la clara intención de engañar a la gente”, afirmó el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, al opinar sobre cientos de mensajes que se han difundido en las redes sociales.
“Puedo asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera lo tiene en mente”, sentenció Gamboa Patrón durante una rueda de prensa, y afirmó también que tanto los legisladores del PRI como del Verde rechazarían “contundentemente” cualquier pretensión de esa naturaleza.
Exdirector él mismo del IMSS, Gamboa Patrón afirmó que la política de salud y de seguridad social es la más sensible del gobierno, y los servicios del IMSS e ISSSTE llegan a millones de mexicanos, “por lo que un rumor de privatizarlas debe rechazarse contundentemente”.
“Si lo que quieren es confundir con la economía informal que se viene ya registrando en el IMSS y que tiene que pagar sus cuotas, como cada uno de ustedes lo hace, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, eso no quiere decir que se va a privatizar”, abundó.
En la misma rueda de prensa, Gamboa Patrón opinó sobre la modernización del IEEPO de Oaxaca y afirmó que con esta medida el gobierno estatal “va a recobrar la rectoría de la educación”, y enseguida reconoció la decisión del mandatario Gabino Cué.
“Espero que los maestros entiendan que no es un juego, que es en serio lo que ha decidido el gobierno estatal en primera instancia, y con el pleno respeto del gobierno federal, que lo ha respaldado incondicionalmente”, advirtió el legislador de PRI.
Gamboa Patrón negó que con la acción se buscara “correr” a algún maestro.
Exceso de policías, falta de jueces, un sistema penitenciario deficiente donde 46% de los presos no tiene sentencia, con rangos muy altos de ejecuciones extrajudiciales sin castigo, así como corrupción, colocan a México entre los cinco países con más alto índice de impunidad, según el estudio que el Índice Global de Impunidad (IGI) dio a conocer a los integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente.
Presentado por Antonio Le Clerq Ortega, de la Universidad de las Américas, el IGI analizó 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los cuales sólo 59 fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Entre esos países, México se ubicó como el tercer país de más alto nivel de impunidad, por debajo de Rusia y Colombia, y seguido por Filipinas. A nivel latinoamericano, nuestro país, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador son los que registraron los peores niveles.
Le Clerq explicó ante los legisladores presentes que en México hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio internacional es de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. “Estamos lejos de un escenario ideal”, afirmó.
Los países con menos índices de impunidad cuentan con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Y México no necesita más policías, ya que estamos por arriba de la media internacional, que es de 332 por cada 100 mil habitantes. En el país hay 355 policías por cada 100 mil habitantes, pero necesitamos “elementos mejor capacitados y con mejores sueldos, además de eliminar los horarios de 24 horas por policía, pues esto los vuelve ineficientes”, afirmó el especialista.
En nuestro sistema penitenciario, 46% de los presos no tienen sentencia. En el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, Le Clerq afirmó que se debe tener en cuenta que hubo intimidación y amenazas para que se pudiera dar la cadena que abonó el escape.
En la medición de respeto a derechos humanos, México también apareció en los últimos lugares, según el Observatorio Internacional de Cingranelli y Richards (CIRI), que califica de cero a 100. En materia de tortura es el peor, en ejecuciones extrajudiciales se calificó con 50 (la media internacional es de 75), y en el caso de desaparecidos la calificación es cero, la peor.
El presidente de la Comisión, el senador Armando Ríos Pitter, del PRD, afirmó que la impunidad es uno de los más grandes retos a enfrentar por parte de México, y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, alabó el esfuerzo del estudio presentado.
El candidato electo a jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, presentará una denuncia penal contra sus antecesores Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria, entre otros, por “ejercicio ilegal del servicio público, robo, robo agravado, abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, coalición de servidores públicos y cohecho”, entre otros, debido a malos manejos detectados en la demarcación.
El lunes pasado, Apro y proceso.com.mx destacaron la denuncia de Monreal por el hallazgo de oficios destruidos que apuntan a una red de corrupción que operaba en la demarcación bajo las órdenes de estos exdelegados.
Por cierto, Muñoz Soria actualmente es diputado federal y contendió con Monreal por la demarcación.
Integrantes de Morena recuperaron las bolsas con 58 mil 654 fojas rotas y se dieron a la tarea de juntar unir cada trozo de papel. Así, rearmaron 78 oficios y descubrieron que los funcionarios señalados hacían negocio en rubros como siniestros, administración de servicios generales, protección civil, transporte, servicios urbanos, minutas de verificación y protección de mercancías, entre otros.
Incluso mostraron varias bolsas con los oficios hechos pedazos.
“Estamos presentando como pruebas los oficios públicos reconstruidos, y pues son cerca de 60 mil fragmentos de documentos públicos, pero fundamentalmente se destruyó el archivo histórico de la delegación, el archivo histórico de nóminas, de control de mercancía y vehículos, donde se detectó que más de 90% de las unidades tiene descompuesto el tacómetro”.
Igual situación, añadió, se detectó en el “archivo de reporte de novedades de Dirección Jurídica y de Gobierno, mercados públicos y padrón de vendedores ambulantes”, entre otros.
Monreal anunció que el miércoles 22 la comisión de transición pedirá una cita con el procurador Rodolfo Ríos Garza para presentar la denuncia y exigir que se investigue este caso, “pues algunos de los involucrados respondieron que no hay pruebas y aquí hay suficientes”, argumentó.
“Decían que nosotros exagerábamos al estar denunciando que se estaba ocultando oficios, quemando material público, posiblemente destruyendo… Ahora les demostramos que teníamos razón. Quiero aclarar que no es un asunto de acusación contra el PRD, ni siquiera contra sus militantes o incluso contra sus dirigentes. Es contra personal que estuvo en el servicio público o personas que están en el servicio público que han cometido desviaciones en el ejercicio o que han incurrido presuntamente en conductas ilícitas. No acusamos al PRD, acusamos a personas”, aclaró Monreal.
Luego destacó que están reordenando otros documentos que la población les ha hecho llegar por distintos medios. Agradeció a la ciudadanía que hizo la denuncia pública y aseguró que llegarán al fondo del asunto, pues la demarcación partirá del presupuesto cero “sin nada de historia ni de documentos relevantes”, acusó.
Además de Fernández y Muñoz Soria, otros denunciados son Eduardo Lima Gómez, exdelegado interino, y Fernando Mancera Ortega, actual director de Mercados y Vía Pública en Cuauhtémoc.
Ricardo Monreal agradeció las atenciones recibidas sobre este asunto por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Informó que más tarde tendrá una reunión con la recién nombrada secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quien recibe este asunto como su primer reto en el cargo.
TOLUCA, Edomex.- Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron al Congreso local investigar y sancionar el presunto desvío de recursos del ayuntamiento de Naucalpan a la campaña del priista David Sánchez, quien contendió por una diputación local en los comicios de junio pasado.
La legisladora panista Adriana Hinojosa planteó en tribuna que la Legislatura no puede tolerar la violación constante de las leyes ni el mal uso de los recursos públicos, después de salir a la luz pública una serie de llamadas de la alcaldesa Claudia Oyoque, en las que reconoce que el ayuntamiento cubrió nómina y gastos básicos del abanderado priista.
Los diputados locales están, dijo, obligados “a exigir una transparente y exhaustiva investigación de los hechos, y castigo a los implicados. En el Estado de México no podemos permitir que los servidores públicos pasen por encima de la ley y se sirvan del cargo para sacar provecho personal, dejando a un lado el deber que tienen con todos y cada uno de los ciudadanos”, sentenció.
A la promoción del punto de acuerdo se sumaron diputados del grupo parlamentario del PRD, entre ellos Octavio Martínez, quien lamentó que en la entidad resulte común que los alcaldes financien las campañas, “y que el gobierno del estado autorice la licencia de sus funcionarios para que se trasladen con recursos públicos a apoyar a los candidatos”.
Los perredistas exigieron al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, sujetar a proceso a todos los actores que participaron en el supuesto desvío de recursos públicos.
En nombre de sus colegas, Martínez pidió que los hechos sean investigados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y las autoridades electorales, y ampliados a todos los municipios en que el PRI gobierna, ante la posibilidad de que el fenómeno se haya replicado y configure además rebase de topes de campaña.
Las auditorías y procedimientos, dijo Martínez Vargas, deben ponerse en marcha a la brevedad, con el objetivo de que los resultados estén listos antes de que los tribunales electorales definan las impugnaciones entabladas por rebase de topes de campaña.
El rebase de topes de campaña, recordó, trae aparejada como sanción el retiro de la constancia de mayoría, en caso de gobernantes y representantes populares electos, por lo que se trata de un señalamiento relevante que deben tomar en cuenta las autoridades electorales.
Adicionalmente, consideró, la presidenta municipal de Naucalpan, Claudia Oyoque, está obligada a renunciar para que se le investigue sin la posibilidad de que interfiera con las auditorías e indagatorias.
En tres llamadas telefónicas realizadas entre el 09 y 12 de junio, la alcaldesa pide a Abraham Govea, operador político del PRI y excoordinador de asesores de David Sánchez, que le entregue la carpeta de los gastos de campaña.
Govea solicita a Claudia Oyoque pagar los abogados para impugnar, pero ella le advierte que los 700 mil pesos solicitados son una fuerte cantidad que no está en posibilidad de conseguir en lo inmediato.
En otra conversación con Alejandro Méndez, tesorero municipal, reconoce que su administración seguirá solventando lo necesario y el pago de nómina al equipo de campaña del abanderado.
En tanto, el tesorero admite que Sánchez Guevara además pidió dinero a las Direcciones de Recursos Humanos, Desarrollo Urbano y Fomento Económico.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Legislación y Administración Municipal, donde será analizado y dictaminado.
CHILPANCINGO, Gro.- El reparto discrecional de concesiones que realiza la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez ha provocado una abierta confrontación entre dos grupos de transportistas que ya ha provocado pérdidas humanas, heridos y la suspensión parcial del servicio en esta capital.
El encono entre ambas organizaciones ayer alcanzó su punto más ríspido cuando miembros de la Costeg que dirige Inocente Mojica Peña, un líder priista acusado por presuntos nexos con el narco, irrumpieron con palos y tubos en el zócalo capitalino y atacaron a integrantes de la Cetig que encabeza Juan Mendoza Tapia, dirigente transportista procedente del municipio de Coyuca de Benítez y adherido al movimiento popular que exige justicia por el caso Ayotzinapa.
El zafarrancho, que se prolongó durante más de media hora, dejó siete heridos, más de 40 unidades de transporte destrozadas –cuatro de ellas incendiadas–, así como terror y pánico entre la ciudadanía, pues no sólo hubo golpes, también disparos.
Al respecto, Ortega Martínez señaló que ambas organizaciones mantienen un conflicto que escapa a su administración, ya que se acusan mutuamente de “pirataje”.
Luego dio a conocer que el origen de la confrontación es la disputa de 330 concesiones.
También justificó la inacción de su administración al argumentar que “una parte de la policía estatal “se encuentra en paro de labores” y la otra fue desplazada a Tlapa para “reforzar” la seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien ayer celebró su cumpleaños 49 durante la inauguración de La Ciudad de las Mujeres.
En entrevista este día en la sede del Congreso local, Ortega dijo que a pesar de que ha negociado con ambas organizaciones, ninguno de los líderes acepta los acuerdos para evitar la confrontación.
Luego anunció que frente a la confrontación entre los dos grupos de transportistas, hecho que calificó como “evento”, se va a proceder conforme a derecho, sin especificar el deslinde de responsabilidades.
Desde hace tres meses Apro dio a conocer que el gobernador Ortega había beneficiado al grupo de Inocente Mojica para regularizar a más de cien unidades que venían circulando en la capital y eran calificadas como “narco-taxis”.
A principios de mayo, la administración de Ortega Martínez entregó en sigilo 178 concesiones a miembros de la Costeg.
De esta forma el gobierno estatal desactivó la protesta que mantenían los transportistas dirigidos por Inocente Mojica desde el 16 de abril frente a la sede del Ejecutivo en demanda de 250 concesiones para unidades tipo Urvan.
Durante una reunión privada realizada por la noche en un salón de las oficinas estatales, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el exdirector de Transportes en la entidad, Juan Larequi Radilla, entregaron 88 concesiones y se comprometieron en autorizar 90 más (178 permisos en total) para el grupo de transportistas liderados por Mojica Peña.
El empresario capitalino Pioquinto Damián Huato ha denunciado públicamente a Inocente Mojica por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Incluso lo responsabilizó del atentado en su contra registrado el año pasado al sur de esta capital, del que el empresario salió ileso, mas no así su nuera, quien murió, y su hijo, que resultó herido.
La administración de Rogelio Ortega intentó ocultar la entrega de concesiones a la organización del líder priista vinculado a la delincuencia; no obstante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad (Coddehum) difundió públicamente el hecho.
Posteriormente, Ortega Martínez se reunió en privado con dirigentes del grupo del magisterio disidente que encabeza Antonia Morales Vélez y el líder de la Cetig, Juan Mendoza, donde ofreció prebendas para desactivar el movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa.
Este hecho agudizó la confrontación entre los miembros de la Costeg y la Cetig que se disputan las 330 concesiones que pretende otorgar el gobierno de Ortega en medio de un contexto de opacidad y contubernio con los líderes de ambos grupos.
El conflicto entre los transportistas se hizo evidente desde marzo cuando un grupo armado irrumpió en la colonia Rosario Ibarra de esta capital y atacó a Manuel López Franco, miembro de la Cetig, quien fue herido de cinco disparos.
Los compañeros del taxista agredido quemaron una vivienda y detuvieron a dos de los presuntos agresores, quienes fueron acusados de ser sicarios al servicio de la Costeg, los entregaron a un grupo de autodefensa y hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.
Desde el fin de semana anterior miembros de la Costeg se organizaron para decomisar unidades de transporte de la Cetig que circulan presuntamente sin permiso oficial.
En respuesta, los integrantes de la Cetig hicieron lo propio ayer lunes, pues montaron un retén en calles del centro de esta capital donde detuvieron a choferes que conducían unidades de transporte público de la Costeg; incluso golpearon a los conductores que opusieron resistencia y destrozaron los vehículos a pesar de que en ellos viajaban decenas de pasajeros.
Por ello, un grupo de aproximadamente mil hombres aglutinados en la Costeg se congregaron al norte de la ciudad y marcharon hacia el zócalo de la capital, donde la Cetig tiene su base en el plantón que mantienen organizaciones sociales y una facción del magisterio disidente.
Enseguida, los seguidores de la Costeg arremetieron contra sus adversarios de la Cetig y todo aquel ciudadano que se encontraba en el lugar.
Por su lado, las autoridades municipales y estatales asumieron una actitud tolerante al no intervenir para frenar los hechos de violencia generados por ambos grupos de transportistas.
Con el respaldo del Gobierno de la República, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, oficializó la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que fuera creado en 1992.
Un instituto que está integrado en más del 90 por ciento por personal sindicalizado afín a los intereses de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) lo que ha impedido poner en marcha la reforma educativa.
Pero… ¿En qué consiste? Aquí una explicación en imágenes difundidas por Quadratín…
José Manuel Mireles Valverde, fundador de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, recibió este martes un nuevo auto de formal prisión por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, dijo a la cadena Milenio TV Salvador Molina Navarro, integrante del cuerpo legal que ha formado parte de su defensa.
Molina Navarro informó que el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con sede en Morelia, capital Michoacán, dictó la sentencia contra Mireles Valverde, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) desestimara los delitos contra la salud y delincuencia organizada que fincó en un principio al exlíder de autodefensas y a tres de sus escoltas, tras detenerlos el 27 de junio de 2014.
Actualmente, Mireles se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 en Hermosillo, Sonora.
Lee: José Manuel Mireles, a un año de su detención
Salvador Molina recordó que tanto él como Talía Vázquez renunciaron a la defensa jurídica de Mireles y los escoltas del exlíder de autodefensas, pero como este auto de formal prisión forma parte de una respuesta a un recurso de amparo presentado en octubre de 2014, aún representa intereses jurídicos de Mireles.
"Este nuevo auto de formal prisión sigue siendo violatorio de las garantías constitucionales y derechos humanos del doctor Mireles, hay que atacarlo para que haya justicia y recobre su libertad", dijo el abogado.
La decisión, "una burla"
"La PGR creía que esto podría pasar, debieron desistirse de esta instancia, esta decisión es una burla a la opinión pública", dijo en entrevista la litigante Talía Vázquez, que continúa en el proceso de Mireles en el tema del recurso de amparo por el auto de formal prisión que recibió este lunes.
Vázquez mencionó que no hay una fecha para la posible salida de la cárcel del exlíder de autodefensas y sus escoltas, ya que esto lo decidirá un juez y podría tomar meses.
José Manuel Mireles y tres de sus escoltas (Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas) fueron capturados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en junio de 2014.
Las autoridades señalaron que los hombres portaban armas de uso exclusivo del Ejército y droga.
Al ser delitos tipificados como "graves", ninguno de los implicados consiguió fianza y fueron trasladados al Cefereso 11 de Sonora. Desde entonces, el proceso de impartición de justicia ha sido lento y complicado.
Por el fallecimiento de María de la Luz de 26 años y su bebé de seis meses de gestación en la clínica 7, la familia Llanas prepara una denuncia por negligencia contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Acusan al médico responsable de retrasar la atención por estar hablando por celular.
Luis Llanas, dio a conocer que su sobrina María de la Luz de la Rosa Llanas llegó al área de urgencias de ginecología de la clínica 7 de Monclova, el domingo 12 de julio a las 8:30 horas, por presentar sangrado y dolor.
“Les dijo que se sentía muy mal y le pidió a la muchacha (personal del IMSS) que la pasaran con el médico, pero le respondieron que debía esperar su turno”, relató, “Cuando finalmente la iban a pasar, mi sobrina dijo ‘ya para qué’ porque se le vino una hemorragia ahí en la misma barra y dejó un charco de sangre”.
Pasaban las 10:30 horas cuando finalmente ingresó al cuarto de hospital en donde le practicaron la cesárea. Llanas señaló que el médico responsable no dejaba de hablar por celular, y fue hasta a las 15:30 horas cuando decidieron trasladarla a terapia intensiva por haber perdido mucha sangre.
“Los que estuvieron ayudando no sé si sean médicos o practicantes porque no supieron qué hacer ante la magnitud del problema y cuando nos avisaron que la iban a pasar a terapia intensiva nos dieron a entender que ya iba media muerta”.
El señor Llanas recuerda que en ese momento el doctor retrasó el traslado de su sobrina por estar atendiendo nuevamente una llamada en su teléfono celular; consideró que esos 15 minutos pudieron hacer la diferencia para salvar a su sobrina.
María de la Luz falleció ese domingo y su hijo varón dos días después. Fueron velados en la capilla de la sección 147 y sepultados en el panteón Jardines del Recuerdo de Estancias.
Los familiares se encuentran dolidos y molestos porque el personal de la clínica no actuó inmediatamente ante la urgencia médica, sobre todo porque el médico tratante (que fue identificado como Luis) prefirió atender su celular que a su paciente.
“Mi sobrina deja a una niña de cuatro años a cargo de su papá Oscar Rivera, y con él vamos a proceder legalmente porque los doctores deben atender rápido, ahí no es un rastro, es un centro de salud y no deben de andar hablando por celular con el novio o la novia, eso debe estar prohibido porque es un hospital, eso es muy delicado y una burla para el derechohabiente”, afirmó.
IMSS INVESTIGA
Personal del comité de prevención por muerte materna y el órgano de control por mala praxis médica de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegaron a la clínica 7 de Monclova para investigar la posible negligencia del personal médico que estuvo involucrado el caso.
La consultora del departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS, Laura Iris Flores Reyes, informó que los familiares de María de la Luz de la Rosa Llanas aún no se han acercado para interponer la queja correspondiente, sin embargo, el área médica y departamento jurídico del hospital solicitó la intervención de la delegación de Saltillo para abrir el expediente y determinar si hubo falta de atención, errores o fallas involuntarias.
Tras la muerte de María de la Luz de 26 años y su bebé de seis meses de gestación a consecuencia de una hemorragia el pasado 12 de julio, el comité de prevención por muerte materna de inmediato solicitó la información a la clínica 7, ya que el IMSS a nivel nacional maneja un sistema de control que se activa cuando fallece una mujer embarazada en cualquier unidad médica.
Asimismo, el órgano de control por mala práctica ya investiga a todo el personal que estuvo a cargo de la paciente y más adelante darán a conocer el resultado. En caso de comprobar negligencia las sanciones podrían ser desde una multa económica, hasta la suspensión temporal o definitiva de sus puestos.
Laura Flores invitó a los familiares de María de la Luz a interponer la queja en la clínica, pues el afectado directo, en este caso su esposo, podría solicitar una sanción en contra de los responsables ‘hasta llegar a las últimas consecuencias’, atención médica vitalicia para él y su hija de cuatro años, así como una indemnización.
“Estamos esperando que se acerquen con nosotros para iniciar el procedimiento, me gustaría hacer hincapié en que no necesitan ningún abogado, el mismo derechohabiente puede venir por orientación”, recomendó la consultora, puesto que en casos anteriores los afectados han tenido que entregar hasta el 50 por ciento del dinero que reciben por la indemnización para liquidar la asesoría legal, cuando los trámites del IMSS son gratuitos y fáciles para reparar el daño.
Mencionó que la delegación del instituto con sede en Saltillo conoce todas las quejas que se presentan en las unidades y por el momento investiga la muerte de María de la Luz, quien tenía “placenta previa” pero no se le detectó en las revisiones mensuales y ultrasonidos, hasta que se le practicó la cesárea momentos después de desangrarse en el área de Ginecología.
La consultora Laura Iris Flores Reyes dio a conocer que en lo que va del año recibieron 12 quejas de derechohabientes, de las cuales 2 son por negligencia médica y están por resolverse.
La privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE es “un rumor totalmente infundado, pero con la clara intención de engañar a la gente”, afirmó el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, al opinar sobre cientos de mensajes que se han difundido en las redes sociales.
“Puedo asegurar que el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera lo tiene en mente”, sentenció Gamboa Patrón durante una rueda de prensa, y afirmó también que tanto los legisladores del PRI como del Verde rechazarían “contundentemente” cualquier pretensión de esa naturaleza.
Exdirector él mismo del IMSS, Gamboa Patrón afirmó que la política de salud y de seguridad social es la más sensible del gobierno, y los servicios del IMSS e ISSSTE llegan a millones de mexicanos, “por lo que un rumor de privatizarlas debe rechazarse contundentemente”.
“Si lo que quieren es confundir con la economía informal que se viene ya registrando en el IMSS y que tiene que pagar sus cuotas, como cada uno de ustedes lo hace, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, eso no quiere decir que se va a privatizar”, abundó.
En la misma rueda de prensa, Gamboa Patrón opinó sobre la modernización del IEEPO de Oaxaca y afirmó que con esta medida el gobierno estatal “va a recobrar la rectoría de la educación”, y enseguida reconoció la decisión del mandatario Gabino Cué.
“Espero que los maestros entiendan que no es un juego, que es en serio lo que ha decidido el gobierno estatal en primera instancia, y con el pleno respeto del gobierno federal, que lo ha respaldado incondicionalmente”, advirtió el legislador de PRI.
Gamboa Patrón negó que con la acción se buscara “correr” a algún maestro.
CHIHUAHUA, Chih.- La Fiscalía General del Estado presentó a cinco sujetos, entre ellos dos adolescentes de 14 años y 17 años, como presuntos responsables del enfrentamiento con militares registrado la madrugada del pasado lunes en el Valle de Juárez.
Los cinco imputados pertenecen al grupo delictivo de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y fueron detenidos en el poblado Porfirio Parra o Caseta, del municipio de Guadalupe Distrito Bravos.
De acuerdo con la Fiscalía, todos tenían su residencia en Ciudad Juárez y se dedicaban a vigilar y controlar el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Arturo Sandoval Figón, portavoz de la dependencia, dijo que los detenidos son: Rosalinda F.V, de 14 años; José del Refugio M.C de 17; Lorenzo Antonio Rodríguez Jiménez, de 19; Alberto González Hernández, de 24, y Nicolás de La Paz Mares, de 51.
Al momento de la detención los indiciados portaban un arsenal del que no se dieron mayores detalles.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desmiente de manera categórica por falsas las declaraciones acreditadas por su distinguido medio de comunicación al delegado federal en el estado de Sonora, Jorge Carlos Flores Monge, respecto a que “estimó que la empresa Translíquidos de Hermosillo, responsable de derramar 20 mil litros de diesel sobre un arroyo afluente del río Sonora, será sancionada hasta con 3.5 millones de pesos”. (http://www.proceso.com.mx/?p=411093)
Lo anterior debido a que nuestro funcionario no ha tenido conversación alguna al respecto con el reportero Milton Martínez quien firma la nota; pero sobre todo porque de acuerdo a la Ley a partir del pasado 2 de marzo la instancia federal responsable de atender dicho incidente o bien imponer las sanciones correspondientes al presunto responsable del siniestro, es la Agencia Nacional de Seguridad Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Por su atención y a fin de considerar a la mayor brevedad dicha precisión, dada la relevancia y trascendencia nacional de su medio de comunicación, quedo de Usted:
Martín Román Ortiz Contreras
Director de Atención Ciudadana y Comunicación Social
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Respuesta del reportero:
La entrevista grabada con el delegado federal de la Profepa, Jorge Carlos Flores Monge, de la que tomé su declaración, tuvo una duración de 6 minutos con 33 segundos.
La estimación de la sanción impuesta a Translíquidos de Hermosillo, responsable de derramar 20 mil litros de diésel sobre una superficie de 180 metros en una afluente del río Sonora, se puede escuchar en el minuto 5 con 20 segundos en el audio que pongo a disposición de todo el interesado en el tema.
Lo anterior debido a que nuestro funcionario no ha tenido conversación alguna al respecto con el reportero Milton Martínez quien firma la nota; pero sobre todo porque de acuerdo a la Ley a partir del pasado 2 de marzo la instancia federal responsable de atender dicho incidente o bien imponer las sanciones correspondientes al presunto responsable del siniestro, es la Agencia Nacional de Seguridad Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Por su atención y a fin de considerar a la mayor brevedad dicha precisión, dada la relevancia y trascendencia nacional de su medio de comunicación, quedo de Usted:
Martín Román Ortiz Contreras
Director de Atención Ciudadana y Comunicación Social
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Respuesta del reportero:
La entrevista grabada con el delegado federal de la Profepa, Jorge Carlos Flores Monge, de la que tomé su declaración, tuvo una duración de 6 minutos con 33 segundos.
La estimación de la sanción impuesta a Translíquidos de Hermosillo, responsable de derramar 20 mil litros de diésel sobre una superficie de 180 metros en una afluente del río Sonora, se puede escuchar en el minuto 5 con 20 segundos en el audio que pongo a disposición de todo el interesado en el tema.
-Importaciones de alimentos de México superaron exportaciones
México, al igual que 17 países de Latinoamérica y el Caribe, es importador neto de alimentos aunque es una potencia agroalimentaria, expuso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y destacó que la región está en condiciones de autoabastecerse y acelerar la lucha por la erradicación del hambre mediante la cooperación y el comercio intrarregional.
En el estudio Desarrollo del comercio intrarregional de alimentos y fortalecimiento de la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe realizado por la FAO y la Organización Latinoamericana de Integración (ALADI) destacó que la importación de los alimentos “deja a muchos países –incluido México– en una situación de fragilidad frente al alza de los precios internacionales y caídas en el suministro alimentario. Esta situación podría cambiar si los gobiernos deciden potenciar su intercambio alimentario”.
Las importaciones anuales de alimentos de México, de acuerdo al estudio, superaron a sus exportaciones en tres mil 363 millones de dólares en promedio entre 2010 y 2012. Puntualizó que más de la mitad de las importaciones alimentarias de América Latina provienen desde fuera de ésta y casi un tercio de ellas son de origen estadunidense.
El documento asienta que los países de la región tienen “un enorme potencial para cubrir la demanda, pues en el periodo 2010 2012 exportaron 3.6 veces más alimentos de los que importaron, por lo que podrían haber abastecido la totalidad de la demanda regional e incluso haber quedado con un gran monto disponible para exportar”.
Los países del Cono Sur, detalló el análisis, son los principales abastecedores del comercio intrarregional de alimentos; Argentina, Brasil y Chile ocupan los primeros lugares. En el caso de Brasil es también uno de los principales importadores de alimentos de la región, con el 18 por ciento; le siguen Chile y Venezuela con 11 por ciento, respectivamente; Colombia con 10 por ciento, Perú con ocho por ciento y México con seis.
Puntualizó que México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Guatemala son importadores de trigo, el cual adquieren fuera de los países Latinoamericanos; mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay son exportadores del cereal, pero una parte significativa la exportan a mercados fuera de la región Latinoamericana.
En el caso del maíz, Argentina, Brasil y Paraguay tienen amplios excedentes exportables y podrían cubrir la demanda de México, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y República Dominicana.
Uruguay, Argentina, Guyana, Paraguay y Surinam tienen excedentes de arroz, el cual podrían adquirir México, Chile, Perú, Venezuela, Jamaica, Honduras, Nicaragua que importan el cereal de países fuera de la región.
La FAO destacó que la producción y comercio de alimentos han sido los pilares que han permitido a América Latina y el Caribe ser la primera región en alcanzar las dos metas internacionales del hambre –los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial de la Alimentación– reduciendo a menos de la mitad tanto su proporción como número total de personas subalimentadas desde 1990-1992. Por ello, “si logran mejorar su cooperación y fortalecer su comercio intrarregional agroalimentario podrán asegurar que millones de personas dejen de pasar hambre.
-Desalojan a normalistas que bloqueaban el centro histórico de Morelia
Morelia. Por segundo día consecutivo, elementos del Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, implementaron un operativo de desalojo en contra de estudiantes normalistas en Michoacán.
La Secretaría de Seguridad Pública, a través de su despacho de Comunicación Social, confirmó que en esta ocasión no hubo estudiantes detenidos ni personas lesionadas.
Los uniformados retiraron a los alumnos del centro histórico de Morelia, el cual mantenían bloqueado con al menos 10 vehículos comerciales y una unidad propiedad del ayuntamiento, que habían retenido previamente.
Durante el dispositivo, los agentes policiacos también recuperaron los camiones repartidores pertenecientes a empresas de galletas, papas y yoghurt, entre otras.
De esta forma, la avenida Madero, principal arteria de la capital de Michoacán volvió a quedar libre al trafico vehicular en ambos sentidos.
El pasado lunes, las fuerzas del orden también desalojaron a los estudiantes normalistas, pero de la salida a Salamanca, en donde obstruyeron los accesos de la capital michoacana, durante más de tres horas.
En ese operativo se detuvo a 22 jóvenes, mismos que tras pagar una multa fueron puestos en libertad.
-Once militares heridos por choque de pipa en Hidalgo
Tula de Allende, Hgo. Once militares lesionados, uno de ellos de gravedad, es el saldo del choque de una pipa que transportaba 40 mil litros de gasolina contra un convoy del Ejército Mexicano, la noche del lunes.
El accidente ocurrió pasadas las 23:00 horas del lunes sobre la carretera Tula-Jorobas en la localidad de El Llano, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Tula, donde el conductor de una pipa doble salchicha de 40 mil litros de gasolina perdió el control de la unidad y se impactó contra tres vehículos de transporte militar.
Minutos después de chocar, la pipa comenzó a incendiarse lo que ocasionó un estallido. La explosión causó daños a la red del fluido eléctrico de El Llano provocando un apagón. Los vecinos de las viviendas aledañas fueron evacuados por policías municipales de Tula.
Al lugar arribaron elementos policíacos de corporaciones policíacas y de rescate de Tlahuelilpan, Atitalaquía, Tezonteoec de Aldama y otros municipios.
-CNTE, en “alerta máxima” por desaparición del Ieepo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declaró en “alerta máxima” ante de la decisión del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), y crear un nuevo organismo rector.
Los dirigentes de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, reiteraron su “respaldo total” al magisterio oaxaqueño, y destacaron que “estamos listos para enfrentar el riesgo de un acto represivo, por parte de las fuerzas del Estado”.
Integrantes de la sección 22 de Oaxaca informaron que uno de los primeros acuerdos fue convocar a protestas en las plazas públicas del estado, y sumarse más tarde a la reunión plenaria y estatal que se tiene prevista para hoy en la capital oaxaqueña.
Por su parte, Ortega Madrigal, lanzó un llamado a la “congruencia” para resolver el conflicto magisterial, pues afirmó que el Estado “no nos ha querido escuchar a pesar de que nos hemos movilizado. Hemos dado muestras de voluntad, buscamos la menor afectación a terceros, tener una propuesta pedagógica, valorar si acudimos ante cortes internacionales, pero esto no ha sido suficiente para el gobierno federal. Tal parece que es la consigna de ir en contra de la CNTE”.
El dirigente del magisterio michoacano, afirmó que “estamos en condiciones de dar una respuesta inmediata ante estos hechos. Estamos en alerta y tenemos concentrado a 8 mil maestros que acuden al taller del Educador Popular, así que estaremos atentos de cualquier acción, pues han manifestado ya su apoyo a los compañeros de la sección 22 de Oaxaca”.
Al respecto, la sección 7 de Chiapas, que encabeza Adelfo Alejandro Gómez, emitió un comunicado en el que también se declaran en “alerta máxima” y reiteran su apoyo al magisterio oaxaqueño.
Integrantes de la dirigencia estatal de los maestros de Chiapas informaron que hay comunicación directa con el comité sección de Oaxaca, a fin de “coordinar cualquier acción que se requiera. Estaremos atentos de sus resolutivos de su asamblea estatal. Nosotros también estamos convocando a una reunión para estar listo en caso de una acción coordinada”.
-Pide AMLO a asambleístas electos de Morena actuar con rectitud y honestidad
Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados locales y asambleístas electos de Morena resistir todas las tentaciones y actuar con rectitud y honestidad, tras señalar que “el mecanismo más usual de cooptación o compra de diputados es el halago, las complicidades y el dinero”.
Los mafiosos de la política en México “logran el sometimiento de los legisladores mediante la corrupción. Las Cámaras, con toda la formalidad y el boato, están convertidas en antros de perversión. Son pocos los que por ahí han pasado y no se han echado a perder”.
Indicó que el mecanismo utilizado para la cooptación o compra de legisladores explica en mucho “el excesivo presupuesto que ejercen los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)”.
Los diputados “están colmados de atenciones y privilegios, reciben sueldos elevadísimos, se autorizan gastos de todo tipo y cuentan con asesores, ayudantes y mucho personal a su servicio”.
Por ejemplo, añadió, “la ALDF está integrada por 66 legisladores y ejerce un presupuesto anual de más de mil 900 millones de pesos. Es decir, en términos generales, cada legislador le cuesta a los ciudadanos alrededor de 29 millones, en promedio anual.
“Desde luego, todo este dispendio tiene como propósito facilitar la aprobación de leyes y del presupuesto, y mantener el régimen de impunidad para beneficio de negociantes privados, traficantes de influencia y políticos corruptos”, señaló al encabezar un taller con los legisladores electos de Morena.
Apuntó que en México, “por la falta de una auténtica democracia, el Poder Legislativo no funciona con normalidad. Todavía persiste la práctica porfirista de que el poder de los poderes es el Ejecutivo y los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, están subordinados a los gobernadores, al Jefe de Gobierno y al Presidente de la República”.
Baste decir, añadió, “que en la mayoría de los estados, los congresos locales y los tribunales superiores de justicia están controlados por los gobernadores”.
Eso impide, apuntó, “que los legisladores actúen como auténticos representantes populares y, en los hechos, estén convertidos en meros legitimadores de las decisiones que se toman afuera de los congresos locales, en las oficinas de los secretarios de gobierno y de los titulares del Poder Ejecutivo”.
-Acompaña el gobierno federal cambio en Oaxaca: Osorio
La transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para dar paso a un organismo descentralizado y autónomo, es un plan "acompañado y respaldado" por el gobierno federal, afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Dijo que la decisión se tomó "hace varios días".
Lo anterior, durante la firma del Convenio de Colaboración “Agenda por Michoacán”, al que asistieron los gobernadores constitucional y electo de esa entidad, Salvador Jara Guerrero, y Silvano Aureoles Conejo, respectivamente. Gobernación reportó que al encuentro - al que no tuvo acceso la prensa- asistieron representantes de 120 organizaciones.
El tema educativo, particularmente el de Oaxaca, es fundamental, señaló.
"Hoy se tomó una gran decisión a favor de los oaxaqueños y, por supuesto, de todos los mexicanos. Queremos toda la atención en las cosas que le importan, que necesita este país, y este tema es uno fundamental, que es la educación”, expresó ante representantes de organizaciones civiles que acudieron al Palacio de Covián.
El Presidente Peña Nieto "encontró un país desesperado, con enojo y con exigencia". Este gobierno, añadió Osorio, pudo haber continuado en la inercia, pasar seis años sin ninguna complicación, pero la responsabilidad lo llevó a emprender reformas estructurales que afectaron intereses pero traen beneficio para todos los mexicanos.
Del caso Michoacán, aseveró que el entorno de la entidad cambió, y llamó a aprovechar el momento para generar instituciones de seguridad y de justicia que sirvan a la sociedad y que trabajen de manera transparente y de cara a los ciudadanos.
Es necesario, dijo, evaluar las acciones que llevan a cabo los gobiernos, porque si no se evalúan y no se revisan, no les sirven a la sociedad. Por eso, resaltó, cada vez más organizaciones de la sociedad civil están en las políticas públicas del Gobierno de la República.
“Entre más se escucha, mejor se gobierna; entre más participa la sociedad, mejores resultados hay y existen, y eso mismo tendría que suceder en Michoacán”, apuntó.
El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, dijo que en esa entidad se ha avanzado gracias al trabajo conjunto con la sociedad civil, e indicó son necesarias instituciones fuertes, porque el gobierno “no puede fajarse, si no se percibe un gobierno fuerte”.
Aureoles Conejo indicó que gobierno y sociedad michoacanos lograrán solucionar los problemas de la entidad, con una visión democrática e incluyente. Pero advirtió que se tomarán medidas radicales: cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad; transparencia y rendición de cuentas, y aprovechar el potencial del estado para impulsar el desarrollo económico.
El presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, subrayó la necesidad de que los beneficios de la reforma educativa lleguen a Michoacán, Guerrero y Chiapas, porque solo con educación se puede aspirar a un futuro mejor.
El presidente de México SOS, Alejandro Martí, consideró que la sociedad organizada de Michoacán es corresponsable de que al estado le vaya bien. Comentó que las Mesas de Seguridad y Justicia instaladas en los municipios Morelia, Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y La Piedad son un modelo eficaz y probado, donde ciudadanos y autoridades de la entidad trabajan de manera corresponsable, creando una agenda común y dando un seguimiento puntual hasta lograr los objetivos.
-“Violación a derechos humanos, porque no hay transparencia”: Mario Patrón
La repetición de hechos como los ocurridos recientemente en Ostula, Michoacán, y en Calera, Zacatecas, donde elementos del Ejército están presumiblemente involucrados en agresiones y violaciones a derechos humanos contra población civil, es consecuencia de que no hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni investigaciones a fondo en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.
Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, insistió que todos estos casos deben ser investigados desde la responsabilidad institucional del Ejército y de las cadenas de mando.
Además, señaló que otro tema transversal es el paradigma del modelo de seguridad. En este sentido, y tras citar a Christof Heinz, relator de las Naciones Unidas en el tema de ejecuciones, dijo que el modelo de seguridad de corte militarizado, que es el que se aplica en el país desde hace tiempo “genera una propensión y un riesgo constante” a violaciones de derechos humanos, más aún si hay ordenes como el de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, como fueron las que se dieron en el caso de Tlatlaya.
Sobre la versión oficial dada en el caso de Ostula, de que los elementos militares dispararon al aire, aseguró que esta acción sencillamente “no se soporta” en los estándares del uso de la fuerza. Ese tipo de disparos al aire, pero también al suelo, están contraindicados, porque significa un uso de la fuerza letal o el uso de las armas de fuego.
“Aquí la pregunta es si en el caso de Ostula, el Ejército estaba frente a un grupo de personas hostiles, y qué tanto, en base a los procedimientos de razonabilidad y proporcionalidad, tenían que hacer uso de armas letales o de fuego. En base a testimonios que existen no se ve que exista una agresión real e inminente que el Ejército tenga que repeler”, dijo. En todo caso, agregó, serían las investigaciones las que determinaran estos hechos.
Por otra parte, se refirió al caso de Calera, Zacatecas, en el que destacó que no es cualquier cosa que la propia Secretaria de la Defensa Nacional, en un comunicado oficial, haya aceptado que “hay indicios” de que personal militar esté implicado en la desaparición de siete personas, cuyos cuerpos son vida fueron encontrados 11 días después. Estamos frente a delitos como desaparición forzada y probablemente de ejecución, señaló el director del Centro Pro de Derechos Humanos.
Por todas estas condiciones, subrayó tanto los casos de Ostula, Calera y Ayotzinapa tienen que ser investigados desde los paradigmas de los estándares internacionales. Es decir, desde la creación de comisiones independientes de expertos, tanto institucionales como independientes, que aseguren investigaciones a fondo.
“El gobierno tuvo la oportunidad en Tlatlaya, y después un año podemos constatar que no lo ha asegurado. La pregunta es, por qué sí lo haría en los casos de Calera y en Ostula”, dijo.
-Roban planos de penal de máxima seguridad del DF
Los planos de los recién construidos módulos de máxima seguridad del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, donde se recluyen los presos de mayor peligrosidad fueron robados el pasado primero de julio.
De acuerdo con la investigación que realiza la procuraduría capitalina, luego de la denuncia presentada por la Secretaria de Gobierno, 19 días después del hurto, una camioneta propiedad Cevaseg SAPI de CV, una de las empresas constructoras, fue robada en el municipio de Ecatepec, estado de México, donde se encontraban los proyectos.
Ante los hechos la dependencia local informó que los documentos contenían información del proyecto inicial el cual se modifico en un 80 por ciento, pese a ello, indicó se ordenó aplicar todas las medidas necesarias para la seguridad de los nuevos penales.
Apenas hace unas semanas fueron trasladados 44 internos.
-Oaxaca recupera rectoría educativa, dice Peña
El presidente Enrique Peña Nieto, respaldó la decisión del gobierno de Oaxaca de desaparecer el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) y realizar acciones diversas para instrumentar en esa entidad plenamente la reforma educativa y recuperar la rectoría en la materia.
En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre las secretarías de Salud, Defensa Nacional y Marina para fortalecer las medidas preventivas contra las adicciones, el mandatario aprovechó el foro para destacar el anuncio del gobernador Gabino Cué. En el gobierno de la República respaldamos la decisión, el deber legal y el compromiso ético para impulsar la reforma educativa y sus beneficios en todo el territorio nacional.
Insistió en que el combate a la pobreza no se da solamente con el fortalecimiento de las políticas sociales sino que implica además garantizar el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad. Dijo que su gobierno está comprometido con la instrumentación de la reforma educativa.
Una reforma que, dijo, sustentada en tres ejes, asegurar la calidad de la educación, garantizar la rectoría del estado en la materia y profesionalice al cuerpo docente en todo el país.
Recordó que la víspera fue cuestionado en Guerrero sobre posibles impactos negativos a los maestros por la evaluación educativa y aseguró que hay una tergiversación informativa sobre sus alcances. Dijo que no hay riesgo laboral pues la evaluación permite la profesionalización y sólo en el caso en el que los maestros con antigüedad, que no hayan pasado estos exámenes, se les retirará de grupo para trasladarlos a un área administrativa, para respetar sus derechos laborales.
Finalmente, ratificó que la decisión del gobierno de Oaxaca asegura el avance en esta reforma educativa para darle vigencia en todo el territorio nacional y lograr una educación de calidad en la entidad.
-Ejerce PGR acción penal contra Cemeí Verdía
La Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó acción penal en contra de Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán, y lo acusó de ser presunto responsable de la comisión del delito de portación de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El líder autodefensa fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número cuatro, del municipio de Tepic, Nayarit.
“De acuerdo con la averiguación previa, el indiciado fue detenido por elementos de una dependencia estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Con base al Programa de Prevención de Delito, al efectuar un recorrido en inmediaciones de la comunidad de La Placita de Morelos, perteneciente al municipio de Aquila, las autoridades lograron la detención de la citada persona, portando un fusil AR-15, calibre .223 milímetros, con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles.
“Además, un fusil AK-47, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles”, informó la PGR.
La dependencia que dirige Arely Gómez González indicó que las armas, cargadores, cartuchos y el detenido, quedaron a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Michoacán, quien inició la indagatoria mencionada, la cual consignó ante el Juez Tercero de Distrito por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tras la detención de Verdía Zepeda, pobladores de diversas poblaciones realizaron movilizaciones y bloqueos, y en la comunidad de Santa María Ostula, los pobladores fueron atacados con disparos por parte de militares que habían acudido a retirar el bloqueo de un puente vehicular.
Los pobladores rechazaron la versión oficial que señala que los militares realizaron disparos al aire y que un grupo ajeno a la manifestación abrió fuego.
-Defensa y Marina, en plan contra las adicciones
Al encabezar la firma de las bases de colaboración entre las fuerzas armadas y la Secretaría de Salud para reforzar los programas contra las adicciones en el país, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que se trata de hacer un frente común en contra de una de las enfermedades que flagelan a la sociedad, desintegran a las familias y destruyen el tejido social.
En las instalaciones de la Secretaría de Marina, el presidente subrayó la importancia de este esquema de colaboración mediante los cuales las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina estrecharán su coordinación con la de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones para enfrentar este fenómeno que afecta a la sociedad.
En este marco, Peña Nieto aludió a la información que la víspera dio a conocer el Inegi en el que reveló la reducción del número de homicidios en el país, lo que refleja, dijo, los efectos de las políticas instrumentadas por su gobierno para alcanzar un mejor país.
Según los datos del Inegi, dijo el presidente, el índice de homicidios fue de 16.1 por cada cien mil habitantes, cuando al inicio del sexenio, en 2012, fue de 22, lo que significa una reducción del 26 por ciento.
El mandatario señaló que a partir de este acuerdo, las fuerzas armadas no solamente mantendrán su participación en el combate al crimen organizado, sino también colaborarán en las políticas gubernamentales para inhibir el consumo de drogas. Señaló que se trata de una visión integral en donde sí bien se busca combatir el tráfico de drogas, se hace énfasis en las labores preventivas para votar el efecto social entre los jóvenes y sus familias.
Por su parte, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, sostuvo que de acuerdo a la más reciente encuesta sobre adicciones, el 17.2 por ciento de los jóvenes ha consumido en algún momento alguna droga, en tanto que a nivel mundial, se estima que el año pasado 246 millones de personas consumieron alguna, de ahí la necesidad de reforzar los programas preventivos en esta materia.
Destacó que con la participación de las fuerzas armadas, los programas gubernamentales para combatir la adicción a drogas se verá fortalecido en los próximos años. Mencionó que entre otras medidas, se han decomisado más de 58 millones de cajetillas de cigarros ilegales y más de un millón de litros de alcohol adulterado, como parte para combatir su consumo. En ambos casos, dijo se trata de decomisos que representan el máximo histórico.
Peña Nieto aseguró que el problema del consumo y tráfico de drogas es a nivel mundial, de ahí que las Naciones Unidas impulsen para el 2016 un debate mundial sobre las prácticas internacionales que deben aplicarse para enfrentar este fenómeno. Dijo que México asume una postura de un debate abierto e incluyente sobre el rumbo que debe tomar la política mundial frente a las drogas.
Por su parte, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, afirmó durante la puesta en marcha del programa que los miembros de las fuerzas armadas combatirán a quienes atenten contra los niños y jóvenes mexicanos, y para ello el trabajo de las fuerzas armadas y de las instituciones civiles contribuirá a las mejores causas de los mexicanos.
Refirió que marinos y soldados se sumarán acciones concretas a favor de la juventud y de la niñez, a través de “una estrategia integral que nos permita establecer un programa central contra las adicciones”.
Durante el acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Marina resaltó que hoy se firman “las bases de colaboración para enfrentar el desafío que representan las adicciones en el país”, y que las acciones que se pongan en marcha serán respaldadas por los integrantes de las fuerzas fuerzas armadas.
Marinos y soldados participarán en el fortalecimiento, tratamiento y prevención de las adicciones, “estas acciones son las que nos permiten tener vínculos de hermandad con nuestros conciudadanos”, dijo Soberón Sanz.
En tanto, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) señaló que este programa contra las adicciones se ha desarrollado desde hace cuatro meses y se emprendió “la colaboración tendiente a promover la vida saludable, la prevención y atención terapéutica de las adicciones.
“Nosotros desearíamos que no hubiera adictos, que no hubiera personas enfermas, que no llegaran a los jóvenes las drogas que degradan, destruyen y hacen del porvenir de muchos la negación del futuro, pero ante la imposibilidad del hecho, volcamos imaginación, esfuerzo y tecnología para su acotamiento y solución”.
Mondragón y Kalb señaló que que las políticas impulsadas por el presidente Peña Nieto harán un país mejor para los mexicanos, “bajo las directrices de su administración, establecimos una clara política de su gobierno en materia de prevención de adicciones para abordar en términos eficientes, y sin pausa alguna, el logro de resultados; tareas y esfuerzos que incorporan a los tres niveles de gobierno y a la sociedad”.
-Caída general de la industria, alerta la Concamin
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que la actividad industrial atraviesa por un “debilitamiento generalizado”.
“No se aprecian signos de mejoría en el comportamiento del sector industrial. En el quinto mes del año se intensificó la tendencia descendente de su principal indicador y sus cuatro componentes se desaceleraron”, afirmó el organismo empresarial.
Consideró indispensable revertir la desaceleración del sector y fortalecer la creación de fuentes de trabajo formal, debido a que la industria generó 7 de cada 10 empleos registrados en el Seguro Social.
Ante la situación, la Concamin emitió siete propuestas para la reactivación industrial, de aplicación inmediata, y diseñadas para “frenar el descenso de la producción industrial e inducir su reanimación ordenada, sin comprometer la estabilidad macroeconómica, ni el control de las finanzas públicas”.
La Concamin planteó adelantar las compras gubernamentales programadas para el último trimestre 2015, lo que dará un impulso a la actividad de los proveedores directos e indirectos del gobierno federal y de los gobiernos locales.
Propuso ejercer parcialmente las partidas presupuestales destinadas a la compra de bienes, servicios y obras públicas en lo que resta del año; definir la Agenda de Obras de Infraestructura para la segunda mitad de 2015 y el primer semestre de 2016; evitar recortes al gasto de inversión física del sector público; impulsar la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018; dar prioridad a los proveedores de bienes y prestadores de servicios locales o nacionales en las compras públicas, y finalmente sugirió incluir incentivos fiscales a la inversión productiva en la presentación del paquete económico 2016.
