Rogelio Ortega, gobernador de Guerrero.
Foto: Germán Canseco
De esta manera, Ortega Martínez pretende pagar a los legisladores el voto durante la sesión del 27 de abril, cuando lo ratificaron en el cargo para que concluya el periodo de seis meses que resta a la gestión del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, indica un audio obtenido por Apro.
No obstante, los diputados están presionando al gobierno de Ortega y exigen la entrega de 10 millones en obra pública que presuntamente gestionaron en el presupuesto de egresos de este año.
La actitud de los legisladores tiene en vilo a los secretarios de Finanzas (Sefina) y Obras Públicas (SDUOP), Eliseo Moyao Morales y Jesús Hernández Torres, respectivamente, pues éstos admiten que pueden “tener problemas” con instancias federales encargadas de fiscalizar los del Ramo 33.
A través de una conversación telefónica registrada la noche del miércoles 22, ambos funcionarios critican la ambición de los legisladores, a quienes califican como “radicales y cabrones sin llenadera”.
También se quejan de que los diputados del PRD, encabezados Bernardo Ortega y sus aliados del PRI, están “chantajeando” con iniciar una auditoría a la administración de Rogelio Ortega en caso de que no cumplan con el acuerdo pactado previo a su ratificación, que se concretó por mayoría la noche del lunes 27 de abril.
Al respecto, el tesorero estatal Eliseo Moyao revela que en la aprobación del presupuesto estatal, mediante “las pinches prácticas de usos y costumbres”, se etiquetaron 4 millones en obra para cada uno de los 41 diputados de la saliente 60 Legislatura, bajo el rubro de “gestión social”.
La ejecución de estas obras depende también de maniobras ilegales calificadas como “usos y costumbres”, que siguen ejerciendo los titulares en turno de la SDUOP, destacó Moyao Morales, exjefe delegacional en Tlalpan en 2004 durante la gestión de Carlos Imaz, quien se separó del cargo tras la exhibición los video-escándalos relacionados con el caso Ahumada.
No obstante, los diputados locales, donde el PRD es mayoría y preside la Comisión de Gobierno, están exigiendo 10 millones de pesos y, ante la presión, el secretario de Finanzas se compromete a “fondear recursos del FAFEF”, para incrementar a 6 millones la bolsa destinada a los legisladores.
Incluso, Moyao Morales ordena a Jesús Hernández que el director general técnico de la SDUOP, Absalón Adame Pérez, sea quien opere la ejecución de la obra pública adjudicada de manera directa al menos a cuatro diputados del PRD y un número indeterminado del PRI.
Entre los beneficiados con la bolsa millonaria se encuentra Bernardo Ortega, Amador Campos Aburto, Óscar Díaz Bello y Nicanor Adame, todos del PRD, refieren los colaboradores de Rogelio Ortega.
Según la conversación entre los titulares de Sefina y SDUOP, el ofrecimiento de la administración de Ortega sería de 6 millones para cada uno de los cuatro diputados del PRD y un número indeterminado de priistas.
El desvío de recursos federales etiquetados para pagar el favor a los diputados alcanzaría al menos 30 millones de pesos, y el acuerdo habría quedado sellado entre el lunes 29 y martes 30 de junio.
En otra conversación registrada el jueves 25 de junio, el secretario de Finanzas pidió ayuda al subcoordinador de la bancada perredista, Amador Campos Aburto, para dejar fuera a algunos compañeros de su partido, así como a legisladores de PAN, PT y Movimiento Ciudadano; de lo contrario, los recursos “no van a alcanzar para todos”, advirtió.
En respuesta, Campos Aburto expresó:
“Sí, yo te voy a decir, ‘bueno, quítale a este cabrón’. Van a protestar pero bueno pues nosotros ya nos hacemos los desentendidos”.
En la charla, el secretario de Finanzas dio a conocer que los cuatro perredistas determinaron dejar fuera a su correligionario Germán Farías, con el argumento de que “no se coordina” y tampoco ha gestionado nada.
El lunes 20 de abril, Apro dio a conocer que el gobernador Rogelio Ortega habría pactado con diputados locales su ratificación en el cargo a cambio de la entrega de dinero a los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
“La línea hasta este lunes es ratificar a (Rogelio) Ortega porque ya negoció su permanencia con los líderes de la corriente de Los Chuchos y cedió a la petición de dinero que hizo el coordinador del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez”, confirmó a Apro una fuente del Legislativo que pidió el anonimato.
Antes, había trascendido que los diputados estaban pidiendo al menos 10 millones para ratificar a Ortega, y el senador perredista Sofío Ramírez reprochó en ese entonces el hecho de que el gobernador estaba promoviendo su permanencia en el cargo mediante operadores políticos y pagando desplegados donde se asumía como “el pacificador de la entidad” ante la crisis generada por el caso Ayotzinapa.
En ese tiempo, Ortega Martínez admitió que, tras la abrupta separación del cargo de Aguirre, fue impuesto por las élites de los partidos políticos, y ellos mismos iban a definir si seguía en el cargo o designaban a otra persona a través del Congreso local.
Por ello, se enfocó en buscar la aprobación de los líderes de Los Chuchos, y por eso decidió trasladarse en helicóptero a Michoacán para participar en el polémico arranque de campaña del candidato a gobernador de la vecina entidad, Silvano Aureoles.
Luego decidió amarrar acuerdos en el Congreso local ante los reproches de los coordinadores de las fracciones de PRD, PRI y MC, Bernardo Ortega, Héctor Apreza y Oliver Quiroz, respectivamente.
Los líderes parlamentarios se quejaron de la falta de “atención y descortesía” del gobernador interino frente al Congreso, y el equipo de Rogelio Ortega filtró la versión de que los diputados le estaban pidiendo dinero a cambio de su ratificación.
Una semana después, el pleno del Congreso designó por mayoría a Rogelio Ortega como gobernador sustituto en la entidad.
Este hecho contrasta con la actitud asumida en los últimos días por la administración de Ortega Martínez, que está pidiendo ayuda el gobierno federal para hacer frente al “boquete financiero” que arrastra la entidad, de 13 mil millones de pesos y generado por el desvío de recursos federales desde 2001.
El jueves 23, Ortega compareció ante legisladores federales de la Segunda Comisión Permanente, reunidos en el Senado, para hablar sobre el conflicto educativo, pero advirtió que los problemas de narcotráfico, los bloqueos de estudiantes y maestros, las movilizaciones, el “boquete financiero” en el área de salud y la falta de fondos para el magisterio en conjunto tienen a Guerrero al borde de la quiebra.
Ante ese escenario, el mandatario expresó:
“Adelanten la toma de posesión del nuevo gobernador o intercedan ante la Secretaría de Hacienda para que nos entregue recursos para afrontar el boquete financiero que tenemos y que puede provocar una crisis en la entidad”.
Posteriormente, el sábado 25, el titular de Sefina, Eliseo Moyao Morales, informó que el déficit que arrastra la entidad fue generado por destinar recursos “de donde no corresponden” para financiar gasto de operación y transferir dinero a organizaciones sociales.
También resaltó que el origen de este millonario pasivo viene desde 2001, cuando se otorgaron 12 mil 326 plazas del magisterio sin techo presupuestal, así como el aumento de la nómina en el sector salud y porque de esta forma se han desactivado conflictos políticos.
El funcionario explicó que de los 13 mil 50 millones del déficit calificado como “histórico”, el pasivo correspondiente a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) asciende a 8 mil millones; 3 mil 500 al Sector Salud; mil 500 millones, a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), y 500 millones de diferentes paraestatales.
Los exgobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre encabezaron la administración estatal durante ese periodo, no obstante, los tres gozan de impunidad y siguen influyendo en temas políticos de la entidad.
Moyao justificó las prácticas ilegales en la aplicación de los recursos públicos al argumentar que el presupuesto anual es muy restringido para la operación, pues depende en 80% de recursos federales:
“Las distintas administraciones se ven enfrentadas a una carencia de recursos que, por las presiones sociales, en muchas ocasiones se ven obligadas a recurrir a fondos que no están destinados para ciertos fines, que no están destinados para la operación o cumplimiento de proyectos y programas, o para la creación de algunas transferencias de recursos a grupos sociales y grupos organizados”, afirmó.
Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
