CHIHUAHUA, Chih.- Habitantes de la comunidad de Mogótavo, municipio de Urique, denunciaron que exfuncionarios y exlegisladores presionan para que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) suspenda una obra que llevará agua potable al poblado.
Destacaron que a través de la empresa Inmobiliaria Mesa de la Barraca SA de CV, los exservidores públicos que exigen la suspensión de la obra son: Omar Bazán, expresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local del PRI; los empresarios Agustín Lopez Daumas y Ricardo Valles Alvelais, este último hermano de Héctor Valles Alvelais, exsecretario de Turismo, y Alberto Cano Vélez, exdiputado federal priista por Sonora.
En conferencia de prensa en esta ciudad, representantes de Mogótavo informaron que desde 2013 solicitaron a las autoridades estatales el acceso al agua potable para uso común, luego de que durante varios años los hoteles turísticos de la zona han afectado el medio ambiente y contaminado el líquido.
De acuerdo con Juan Ríos Vega, hasta ahora no han podido superar los daños que dejó la última sequía y no tienen manera de captar agua de lluvia, lo que complica más la vida de las comunidades que viven de la agricultura.
Explicó que Odille Sandoval, hermana de la dueña del hotel Divisadero de las Barrancas, vendió a los socios de la inmobiliaria 155 hectáreas de Mogótavo en 2008, sin enterar a los compradores de la situación irregular de los terrenos. La inversión fue de 2.25 millones de dólares, precisó.
Los pobladores denunciaron que tanto los empresarios como las autoridades han intentado despojarlos de sus tierras desde el momento en que iniciaron los proyectos de desarrollo turístico y empresarial, pero ellos han resistido porque se trata de su hogar en un territorio ancestral.
La mesa de Mogótavo, añadieron, es el centro ceremonial más importante de la comunidad rarámuri, y lo único que están exigiendo es un derecho constitucional que les garantiza el acceso al agua para la comunidad, donde se encuentra una escuela que atiende a 80 alumnos.
Fuente: Proceso| PATRICIA MAYORGA
