Elementos de la Policía Federal cerca de la prisión del Altiplano.
Foto: AP/ Marco Ugarte
En un informe publicado hoy sobre las condiciones que sufren los migrantes irregulares durante su viaje rumbo a Estados Unidos, la Red –conformada por 14 casas y albergues para migrantes y una organización– concluye que “el Estado mexicano, a pesar de su discurso oficial, incumple con sus obligaciones internacionales y constitucionales de respeto y garantía de los derechos humanos”.
De acuerdo con el documento, el principal delito que cometieron las autoridades mexicanas contra los migrantes en tránsito fue el robo, seguido de la extorsión y en menor medida la privación ilegal de la libertad y lesiones.
Con base en testimonios de migrantes, la Redodem precisa que la Policía Federal fue la institución que más robó y extorsionó a los centroamericanos, por encima de los delitos perpetrados por policías municipales y estatales e integrantes del Ejército.
La mayoría de las agresiones registradas contra los migrantes, apunta, se cometieron en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
De acuerdo con las encuestas realizadas a aproximadamente 32 mil migrantes en 2014, las 14 casas y albergues para migrantes observaron que la mayoría eran varones (90%) de entre 18 y 40 años (80%), solteros (50%) y con bajos niveles de educación.
Más de la mitad de los migrantes registrados en los albergues –18 mil 550– provenían de Honduras, una cifra mucho mayor a la de las personas originarias de El Salvador (5 mil 182) o Guatemala (3 mil 938).
Según el estudio, gran parte de los migrantes decidió emprender el viaje rumbo a Estados Unidos debido a las necesidades económicas, pero también para huir de problemas ambientales o del contexto de violencia generalizada. Entre los entrevistados, 43% confesó que tenía temor a regresar a su país.
Endurecimiento
Las políticas migratorias que adoptó México desde finales de los años 90, tanto a través de las leyes federales de migración –la más reciente fue aprobada en 2011– como mediante la instrumementación de planes –Plan Sur’en 2001 o el Programa Integral Frontera Sur en 2014–, incrementaron la criminalización de la población migrante en tránsito por el país, ya que la estrategia se enfocó en “asegurar y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes”.
“Prueba de ello fue el nombramiento del nuevo comisionado del INM (Instituto Nacional de Migración), Ardelio Vargas Fosado, un actor con un perfil eminentemente policiaco, quien había fungido como subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y también había sido jefe del Estado Mayor en la Policía Federal Preventiva”, destaca el texto.
A su vez, la criminalización de los indocumentados fomentó la migración irregular a pie y en el lomo del tren de carga que cruza México de sur a norte, conocido como ‘La Bestia’.
También profundizó la penetración del crimen organizado en las rutas migratorias, que aprovechó la vulnerabilidad de los migrantes y la omisión del Estado mexicano –alimentada por la corrupción– para apoderarse de los medios de traslado hacia el norte.
El informe resalta que desde 2010 se dispararon las agresiones contra los migrantes, que a veces desembocaron en masacres, y fueron descubiertos meses después, a raíz de la exhumación de fosas clandestinas llenas de restos humanos.
Bajo la presión del gobierno de Barack Obama, que enfrentaba una crisis mediática a raíz de que se disparó el número de menores de edad centroamericanos que ingresaron a territorio estadunidense, Enrique Peña Nieto anunció en julio de 2014 la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), y lo presentó un mes después en Chiapas, durante una visita de Estado que realizaba el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina.
Según el informe de la Redodem, en un primer tiempo se incrementó la inversión en la infraestructura ferroviaria, blindando las vías para evitar que los migrantes subieran arriba de los vagones, lo que incrementó el número de accidentes.
“En este nuevo escenario las redadas contra las y los migrantes se justificaron bajo un discurso ambiguo de defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes”, apunta.
De igual manera, detalla que las autoridades llevaron a cabo 758 inspecciones de inmigración en el país en 2014, así como 153 operativos en el tren, que provocaron el aumento de las deportaciones “inmediatas” en 47%.
Además, las autoridades detuvieron a 21 mil 547 niños de entre 0 y 11 años de edad (cifra superior en 178% a la del año anterior), de los cuales mil 748 no iban acompañados (en este caso el incremento fue de 1,148%).
Inicialmente, las redadas constantes en las vías del ferrocarril y el incremento de las medidas que impidieron a los migrantes subir a los trenes redujeron de manera drástica el uso de ‘La Bestia’ como medio de transporte.
Esto, precisa el reporte, “no significa que los migrantes estuvieran dejando de internarse en el país, sino que comenzaron a buscar nuevas alternativas, la mayoría de ellas más riesgosas”.
A partir de la instrumentación del PIFS, que alejó a muchos de las vías del tren, los migrantes improvisaron nuevas estrategias “caminando por días y semanas en espacios geográficos inhabitados, con climas extremos” y a merced del crimen organizado.
También los alejó de los albergues –ubicados en las cercanías de las vías de ferrocarril– dónde se les brinda asistencia, auxilios y bienes de primera necesidad. Entre el primero y segundo semestre de 2014, el número de personas atendidas en los albergues disminuyó a la mitad.
Huir de Honduras
Si bien el informe destaca la responsabilidad del Estado mexicano en el endurecimiento de las políticas migratorias, no omite exhibir las políticas que agudizan la pobreza y disparan la violencia, emprendidas por los gobiernos de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.
En el caso de Honduras, el mayor emisor de migrantes en 2014, el informe subraya que el origen de la migración forzada se originó desde los años 90, cuando se implementaron ajustes estructurales como la devaluación de la moneda, la eliminación de la reforma agraria, la apertura a las inversiones extranjeras y la reducción de los gastos sociales.
Aunado a lo anterior, la devastación que provocó el huracán ‘Mitch’ en 1998, la firma de tratados de libre comercio, el golpe de Estado de 2009 y su posición en la ruta de trasiego de drogas, terminaron de desestabilizar la sociedad y la economía, ya plagadas por la corrupción desde las más altas esferas del Estado, y convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo.
Con 70.5% de su población en condición de pobreza, Honduras es el segundo país más pobre del continente. Aun así, 215 hondureños poseen una fortuna conjunta de 30 mil millones de dólares, según el informe, y deduce que “no se trata de pobreza o de crisis económica”, sino de desigualdad.
De igual manera, denuncia que “el gobierno actual de Juan Orlando Hernández ha querido combatir la situación de desigualdad y violencia con una política de mayor represión, lo cual ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y resalta que, paralelo al despliegue del ejército en las calles, se ha acelerado el proceso de privatización de la seguridad pública “a través de la proliferación de empresas privadas de seguridad, cuyos dueños son, por lo general, militares y policías en activo o retirados”.
El año pasado las autoridades migratorias mexicanas y estadunidenses deportaron a 81 mil hondureños, lo que representa prácticamente 1% de su población.
Fuente: Proceso| MATHIEU TOURLIERE
