Un grupo creciente de activistas busca evitar que el Senado dé luz verde la reforma al Articulo 27 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados, para permitir a extranjeros la compra de terrenos para vivienda en fronteras y playas mexicanas, y mientras, los fraccionadores ya preparan viviendas para este segmento con precios que van de los 800 mil a los 3 millones de dólares.
México prohíbe actualmente que extranjeros posean tierras a menos de 50 kilómetros de la costa o 100 kilómetros de una frontera internacional. Los límites fueron incorporados a la Constitución de 1917 ante el temor de que Estados Unidos buscara extender su territorio.
El 28 de abril, los diputados eliminaron este histórico candado constitucional, ante lo cual un grupo de activistas, bajo el nombre de “Las playas no se venden”, comenzaron a recolectar firmas a través del sitio Change.org. Pretenden evitar la reforma constitucional. Actualmente llevan 45 mil 150 firmas y su objetivo es llegar a las 50 mil.
Entre los temores expresados por los activistas está el que extranjeros se apropien de terrenos de playa que actualmente sirven para que los mexicanos de bajos recursos puedan tener unos días de esparcimiento, así como la edificación de desarrollos exclusivos para nativos de otros países en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas.
“México tiene aproximadamente 11 mil kilómetros de litoral; 10 millones de hogares en Estados Unidos tienen más de 1 millón de dólares. Si tan solo 1 de cada 20 millonarios estadounidenses compra una casa con 22 metros de frente a la playa, ningún mexicano podrá volver a ver el mar”, expresan en su petición.
LO QUE SE APROBÓ
El Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abel Salgado Peña, explicó que la intención es que esta reforma se convierta en uno de los factores que contribuyan al desarrollo económico de México.
Agregó que la reforma aprobada por los legisladores está limitada a predios particulares, “no se está generando para que se puedan construir desarrollos inmobiliarios”. También explicó que los extranjeros sólo podrán ser compradores y no socios de las empresas que edifiquen este tipo de viviendas.
Recordó que entre los objetivos de esta reforma están fomentar el desarrollo regional, evitar el intermediarismo y dar certeza jurídica a los compradores de terrenos de playa.
Salgado Peña dio sus cifras a SinEmbargo: citó al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), según el cual, en México viven 960 mil personas que nacieron en otro país.
Entre 2000 y 2012 se otorgaron 48 mil 500 fideicomisos para adquirir terrenos en zonas restringidas y en ese mismo lapso también se solicitaron un millón de permisos de sociedades por cláusula de inclusión de asociación de extranjeros.
“Esto quiere decir que sí hay gente interesada en este tipo de propiedades”, señaló, y explicó que la reforma está limitada a predios particulares, no está generada para la edificación de desarrollos inmobiliarios.
En San Lázaro, los partidos de izquierda reaccionaron inmediatamente ante la controvertida enmienda constitucional, propuesta por el Diputado Miguel Ángel García Granados y firmada por Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en la Cámara. Argumentaron que se trata de una estrategia para privatizar las playas mexicanas.
Para evitar “especulaciones”, el PRI avaló una serie de candados que condicionan la adquisición de terrenos por parte de los extranjeros en cuatro aspectos:
Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente.
Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso distinto a la vivienda casa-habitación.
El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.
En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.
La reforma todavía debe ser discutida por el Senado.
LOS FRACCIONADORES SE PREPARAN
El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó la semana pasada un reportaje en el que recoge opiniones de distintos sectores sobre el tema.
Miguel Ángel Lemus, presidente de la empresa de desarrollo y marketing Lemmus Inver Mexico Real Estate, dijo al diario que ya era hora de que se aprobara la reforma constitucional. “No es tiempo de preocuparse por una invasión desde las costas (…) es tiempo de ganar dinero con las costas. Vamos a ver un auge con esto”, dijo Lemus.
“Para promotores inmobiliarios como Lemus hay mucho en juego. La empresa y sus socios están acabando dos grandes resorts en la playa: el complejo Be Tower de 225 apartamentos en Puerto Cancún, en el Mar Caribe, valorados entre US$180.000 y US$1 millón cada uno; y el resort Peninsula, en Nuevo Vallarta en el Pacífico, que incluirá 240 unidades de entre US$225.000 y US$3 millones cada una”, cita la publicación.
Salvador Romero Domínguez, director comercial de Fonatur, informó al diario que permitir la propiedad directa a los extranjeros es parte de una mayor campaña del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para desarrollar el sector turístico, además, la recuperación del precio del dólar ante el peso suma atractivo al país para los extranjeros, ya sea para ir de vacaciones o comprar una segunda vivienda, afirmó Romero en una entrevista.
Por su parte, Andrés Rossetto, director gerente del resort Punta Mita en Nayarit, anticipó que pronto se verá un auge de compradores extranjeros quienes buscarán propiedades de entre 250 mil a 300 mil dólares.
Fuente: Sin Embargo | La Redacción
