-Acepta CFE que en Huauchinango siguen contratos con LyFC
Huauchinango, Pue.- El superintendente general de la Zona Tulancingo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Antonio Palomec Pérez, dio a conocer que para los usuarios de Huauchinango, Juan Galindo y Ahuazotepec que eran atendidos por Luz y Fuerza del Centro “el contrato sigue vigente, con todas las características” y los invitó a pagar sus adeudos por el servicio.
El funcionario hizo una visita a algunos medios de comunicación de Huauchinango, como parte de una agresiva campaña con la que pretende que los usuarios de los servicios de energía eléctrica que eran atendidos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) paguen a la CFE un adeudo de poco más de seis años.
El principal argumento legal que exponen los usuarios de los servicios de energía eléctrica en los tres municipios serranos es que el contrato se hizo con Luz y Fuerza del Centro y la CFE se ha negado a otorgarles uno nuevo.
Pese a que José Antonio Palomec admitió que “el contrato (con Luz y Fuerza) sigue vigente, con todas las características”, dijo estar consciente de los problemas por los que han pasado los usuarios durante los seis años que duró el conflicto laboral y político entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal. Indicó que la intención es que los clientes se regularicen en sus pagos.
Expresó que con quienes se están firmando contratos por el servicio, es con aquellos usuarios que necesitan el suministro en inmuebles que no cuentan o contaban con medidor, pero las personas que tienen adeudo, pueden pagar en distintas modalidades, pero con el mismo convenio.
E insistió en varias ocasiones, que la atención es de manera virtual en un módulo instalado en el interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal.
-Productores de carbón protestan contra la CFE por costosa licitación
-Exhiben a policías sometiendo con violencia a un automovilista en Guanajuato
-Ordenan a la SCT informar sobre reuniones de Ruiz Esparza con OHL
-Jubilados irrumpen en Instituto de Pensiones de Veracruz; exigen pagos atrasados
-Ve la ONU insuficiente combate a la corrupción en México
-Congreso de Colima exhorta al gobernador interino a denunciar a Anguiano
-“Brazo represor” de Moreno Valle es nombrado fiscal general por siete años
-Kirchner se despide: “Me dolió, no nos merecíamos algo así”
-Calla el titular de la Fepade tras ser negada la orden de aprehensión contra Escobar
-AMLO reitera apoyo al magisterio; “ojalá recapacite EPN”, dice
-Autoriza Pemex 300 mdd para delimitar nuevos yacimientos
-Lluvias afectan 71 mil 541 hectáreas de pastizales y cultivos en Tabasco
-Pide PGJE orden de aprehensión contra el líder de la CNTE en Michoacán
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-Difieren GDF y Conasami en aumento al salario mínimo
-Normalistas y CNTE liberan bloqueos y llaman a ampliar protestas en Morelia
-Aprueba el Senado ley reglamentaria para decretar la suspensión de garantías
-Falsa alarma de bomba en UAM Xochimilco; la cuarta en el año
Las actividades en la UAM Xochimilco se reanudarán luego de una falsa alarma por una amenaza de bomba.
Un equipo especializado en artefactos explosivos de la policía capitalina revisó las instalaciones y opinó que los alumnos, académicos y trabajadores pueden regresar a sus labores, que fueron interrumpidas por la amenaza recibida por teléfono está mañana.
Por cuarta ocasión en este año, la comunidad de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tuvo que ser desalojada de las instalaciones por una amenaza de este tipo.
A las nueve y cinco de la mañana, informaron fuentes universitarias, fue recibida una llamada anónima en la UAM Xochimilco en la que se hablaba de la colocación de explosivos en los edificios de la universidad, ubicada en Calzada del Hueso, al sur de la capital del país.
Las autoridades universitarias ordenaron la evacuación de las instalaciones y solicitaron auxilio de la policía. Un equipo antibombas de la policía capitalina ingresó a la Unidad para revisarlas.
Una vez que concluya la inspección y se compruebe si hay condiciones de seguridad en los edificios, las actividades académicas se retomarán en esta unidad que tiene una población de 15 mil académicos, estudiantes y trabajadores.
En marzo, Julio y noviembre pasado, la Unidad Xochimilco tuvo amenazas de bomba. En noviembre de 2014 también se recibió una amenaza similar. En todos los casos fueron falsas alarmas.
-Consulta UNAM a universitarios sobre seguridad en campus
Para conocer la percepción de la comunidad en torno a la seguridad dentro de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector de la casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, instruyó a realizar una encuesta entre los universitarios sobre este tema.
Así lo dio a conocer durante la discusión de asuntos generales en la sesión del Consejo Universitario de la institución realizada este miércoles en la Antigua Escuela de Medicina. Los resultados de este estudio, que ya comenzó a aplicarse con estudiantes de manera presencial, se darán a conocer en enero.
El rector dijo que solicitó al secretario de Servicios a la Comunidad, César Astudillo Reyes, implementar ésta y otras medidas para mejorar la seguridad dentro de los espacios universitarios.
También se dio la palabra al secretario –a cuya dependencia corresponde entre otras cosas la atención de la seguridad—, quien aseveró que se necesitan acciones de prevención, entre las que por ejemplo está el uso de cámaras de video vigilancia en ciertas zonas de los campus.
“Entiendo que toda video vigilancia implica una injerencia en la privacidad, pero también que esa injerencia es justificada porque con ella se protege un fin mayor que también es un fin muy superior, que es proteger la integridad de las personas, de la comunidad y la institución”.
Lo anterior en respuesta a los consejeros estudiantes por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes criticaron el uso de cámaras y se pronunciaron por un modelo preventivo.
Con ello, se dijo, la UNAM ya implementa diversas acciones para garantizar la seguridad en los campus.
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Huauchinango, Pue.- El superintendente general de la Zona Tulancingo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Antonio Palomec Pérez, dio a conocer que para los usuarios de Huauchinango, Juan Galindo y Ahuazotepec que eran atendidos por Luz y Fuerza del Centro “el contrato sigue vigente, con todas las características” y los invitó a pagar sus adeudos por el servicio.
El funcionario hizo una visita a algunos medios de comunicación de Huauchinango, como parte de una agresiva campaña con la que pretende que los usuarios de los servicios de energía eléctrica que eran atendidos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) paguen a la CFE un adeudo de poco más de seis años.
El principal argumento legal que exponen los usuarios de los servicios de energía eléctrica en los tres municipios serranos es que el contrato se hizo con Luz y Fuerza del Centro y la CFE se ha negado a otorgarles uno nuevo.
Pese a que José Antonio Palomec admitió que “el contrato (con Luz y Fuerza) sigue vigente, con todas las características”, dijo estar consciente de los problemas por los que han pasado los usuarios durante los seis años que duró el conflicto laboral y político entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal. Indicó que la intención es que los clientes se regularicen en sus pagos.
Expresó que con quienes se están firmando contratos por el servicio, es con aquellos usuarios que necesitan el suministro en inmuebles que no cuentan o contaban con medidor, pero las personas que tienen adeudo, pueden pagar en distintas modalidades, pero con el mismo convenio.
E insistió en varias ocasiones, que la atención es de manera virtual en un módulo instalado en el interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal.
-Productores de carbón protestan contra la CFE por costosa licitación
SALTILLO.- Pequeños y medianos productores de carbón, así como trabajadores y transportistas de este rubro se manifestaron en el municipio de Nava contra la Comisión Federal de Electricidad por el alto costo de la licitación para obtener contratos como proveedores del mineral.
La manifestación se desarrolló en la carretera 57 a la altura del ejido “Encino” y aunque lo hicieron de manera pacífica, no se garantizó que de seguir siendo afectados se realicen futuras protestas, pues son cerca de 20 mil familias las afectadas con las medidas de la paraestatal.
Carlos Marín Monreal, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C en la región Carbonífera de Coahuila dijo que la manifestación derivaba de varias inconformidades; la primera que la CFE anunció para el próximo viernes la primer licitación de compra de carbón, y la segunda que el costo para concursar es de 500 mil pesos, cifra que ni los medianos, ni los pequeños productores de carbón tienen.
La presión ejercida este día fue para exigir a la CFE que otorgue contratos a este sector productivo de forma directa, sin requerirles la cantidad, pues además de que pagarla no es garantía de obtener un contrato, merma económicamente sus finanzas y los imposibilita para posteriores licitaciones.
Los manifestantes dieron a conocer su temor porque la licitación saque del mercado a productores y trabajadores que dependen de la industria local, por lo que mediante escrito dirigido y entregado a la CFE, donde la emplaza al mismo viernes que se programó la licitación, a no realizarla.
GUANAJUATO, Gto.- Agentes de Tránsito del municipio de León sometieron a un joven con uso excesivo de fuerza, según muestra el video subido a YouTube titulado “Abuso de poder tránsito municipal León Gto.”
Una cámara de seguridad captó el incidente ocurrido el pasado 29 de noviembre en la colonia El Granjero y el video fue difundido por el usuario Iván Velázquez, con una duración de 10 minutos y 35 segundos.
A un costado de una patrulla de Tránsito, dos jóvenes dialogan con uno de los agentes cuando en la escena se ve de pronto a un tercer joven que cae al piso y al levantarse es sometido por otro agente quien lo sujeta de los brazos y el torso y lo lanza al piso.
Otro elemento de la corporación municipal aparece y cuando el muchacho está en el piso le lanza un puntapié.
Varias mujeres se acercan y hacen reclamos a los tres uniformados e instantes después otro civil corre y avienta un objeto –aparentemente una piedra- a uno de ellos.
Transcurren varios minutos y los patrulleros permanecen en el lugar, mientras otras personas se van reuniendo en la calle.
La gresca continúa hasta que llegan refuerzos policíacos al lugar. Otras dos patrullas aparecen y en la confusión el joven inicialmente golpeado sale caminando todavía con las manos esposadas a la espalda, pero es retenido. Finalmente, las tres patrullas se retiran.
En una conferencia de prensa, el director de Tránsito leonés, Salvador Terán de Santiago, informó que el hombre detenido conducía un automóvil que chocó con otro auto y “se puso agresivo”.
Sin embargo, el funcionario ofreció efectuar una investigación de los hechos y aclarar la actuación de los agentes.
Otro elemento de la corporación municipal aparece y cuando el muchacho está en el piso le lanza un puntapié.
Varias mujeres se acercan y hacen reclamos a los tres uniformados e instantes después otro civil corre y avienta un objeto –aparentemente una piedra- a uno de ellos.
Transcurren varios minutos y los patrulleros permanecen en el lugar, mientras otras personas se van reuniendo en la calle.
La gresca continúa hasta que llegan refuerzos policíacos al lugar. Otras dos patrullas aparecen y en la confusión el joven inicialmente golpeado sale caminando todavía con las manos esposadas a la espalda, pero es retenido. Finalmente, las tres patrullas se retiran.
En una conferencia de prensa, el director de Tránsito leonés, Salvador Terán de Santiago, informó que el hombre detenido conducía un automóvil que chocó con otro auto y “se puso agresivo”.
Sin embargo, el funcionario ofreció efectuar una investigación de los hechos y aclarar la actuación de los agentes.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá revelar las fechas en que su titular Gerardo Ruiz Esparza se reunió con representantes de la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL) y sus filiales durante el sexenio actual, así como el nombre de los asistentes y las actas o reseñas de las reuniones.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión de un particular a quien la SCT le respondió que le entregaría la información en las oficinas de su unidad de enlace. El solicitante se inconformó debido a que había requerido le fuera entregada vía Internet.
La SCT modificó su respuesta. Señaló que no cuenta con una expresión documental y que de conformidad con la Ley Federal de Archivos sólo conserva registros de las actividades del secretario de los últimos seis meses, periodo en el que no celebró reuniones con representantes de OHL.
El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Ximena Puente de la Mora, quien en su análisis advirtió que la SCT no hizo una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, como las direcciones de Comunicación Social y de Información así como en las oficinas de la secretaria del titular en la sede alterna, del secretario particular y de la secretaria privada.
Y en caso de no contar con la información como lo afirma la dependencia, su comité de información debería declarar la inexistencia y entregar al particular la resolución correspondiente, acompañada del acta de la baja documental, lo cual no sucedió.
Después de una búsqueda de información, la comisionada verificó que la SCT publica cada día la agenda del secretario y por ende debe contar en sus archivos con los datos requeridos.
Puente de la Mora destacó en su resolución ante el pleno la necesidad de contar con una Ley General de Archivos que establezca criterios claros para el manejo de información operativa y contribuya a la preservación de documentos clave para el monitoreo de políticas encaminadas a la garantía de derecho de acceso a la información.
Así, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SCT y le instruyó hacer una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre ellas las señaladas, a fin de entregar al particular la información de su interés.
En caso de que no la localice deberá declarar formalmente su inexistencia y entregar la resolución correspondiente y copia del Acta de Baja Documental.
Además el pleno determinó dar vista al Órgano Interno de Control de la SCT debido a que en un inicio puso a disposición del particular la información y luego la declaró inexistente.
OHL México ha estado en medio del escándalo después de la difusión de diversas grabaciones telefónicas entre directivos de la empresa y funcionarios públicos. En las conversaciones se infiere un presunto fraude al gobierno del Estado de México por la construcción y peaje del Viaducto Bicentenario, adjudicada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador mexiquense.
Después de la difusión de las conversaciones, las acciones de OHL fueron decayendo, al grado que OHL-España señaló que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, pero que ya se había iniciado la investigación por las supuestas prácticas de corrupción en el Proyecto Bicentenario.
En las grabaciones de las conversaciones telefónicas se detalla cómo se infló el costo de dicha obra hasta en casi 200%, cómo se inflaron los flujos vehiculares que utilizarían esa obra vial y se arreglan vacaciones para un alto cargo del gobierno del Estado de México y su familia en Mayakoba, el resort de lujo que OHL tiene en la Riviera Maya.
XALAPA, Ver.- Un centenar de integrantes de sindicatos magisteriales y jubilados independientes ingresaron a la fuerza a las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para exigir al director Armando Adriano Fabre que libere los 77 millones de pesos que restan para cubrir los pagos de 4 mil 700 pensionados de la burocracia estatal y de trabajadores de la educación.
En un pliego petitorio que después convirtieron en desplegado, los inconformes exigieron certeza para la liberación de 975 millones de pesos correspondientes al aguinaldo de 10 organizaciones sindicales y de pensionados de Veracruz que agrupan a poco más de 28 mil trabajadores en la entidad.
Al no obtener una respuesta favorable, los manifestantes entraron por la fuerza, llegaron hasta la oficina de Adriano Fabre, encendieron el clima y decidieron tomar asiento en espera del arribo del funcionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Ante la intempestiva protesta, el titular del IPE tuvo que ser sacado por subordinados de un restaurante de la zona sur donde se encontraba desayunando plácidamente.
“Nos hace falta dinero… tenemos problemas (de recursos)”, admitió Fabre ante los inconformes, quienes advirtieron al gobierno que si no libera las pensiones y nóminas retroactivas pendientes, encabezarán movimientos en diversas dependencias del gobierno estatal.
Simón Hernández del Ángel, de la Organización de Trabajadores Independientes al Servicio de la Educación Veracruzana (OTISEV) –uno de los 10 representantes sindicales que hoy protestaron en el IPE– dijo que ya fijaron como fecha límite el 14 de diciembre para pagar el aguinaldo, los pendientes de pensiones de noviembre, así como el retroactivo salarial del 4%, el cual se les adeuda desde enero de este año.
Hernández del Ángel consideró una injusticia que a los pensionados que durante 30 y 40 años brindaron su servicio al Estado y a la función pública hoy se les regateen sus recursos: “No tendríamos por qué andar de limosneros cerrando calles y protestando en edificios públicos”, recriminaron.
Adriano Fabre sostuvo que durante la mañana se reunió con autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y que esperan que en los próximos días pueda fluir el recurso. Incluso, el titular del IPE pidió una prórroga de cuatro días para efectuar el depósito de dichas prestaciones.
Los quejosos indicaron que hay contradicciones por parte del secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín y del propio Adriano Fabre, pues ambos se han “echado la bolita” en la responsabilidad de cumplir con el pago.
El presidente de la Asociación de Profesionistas Pensionados y Jubilados de Veracruz, Edmundo Leyva, amagó con llevar su queja hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la vejación que comete el gobierno de Duarte en contra de los extrabajadores del estado.
El tema de la deuda pública en Veracruz en el último año de gobierno de Javier Duarte no ha visto la salida.
Por ejemplo, tras una reestructuración de pasivos públicos, el Proyecto de Presupuesto Estatal 2016 –el cual se encuentra en análisis y discusión en el Congreso local– plantea destinar 5 mil 199 millones 500 mil pesos para pago de deuda.
Esta cifra representa casi un 20% más de lo que se destina al total de los organismos autónomos del estado –como la Fiscalía General, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Pensiones y los institutos de derechos humanos y de transparencia–, pues a estas dependencias se les asigna una bolsa global de 4 mil 643 millones 100 mil pesos.
De los más de 5 mil millones de pesos sugeridos para pagar la deuda, el gobierno de Duarte pretende otorgar mil 831 millones 782 mil 37 pesos a “amortización de capital”, mientras que para el “pago de intereses” se busca etiquetar 3 mil 318 millones 259 mil 136 pesos.
En el caso de la llamada “deuda pública interna”, la Sefiplan pretende cubrir 49 millones 458 mil 827 pesos, pasivos adquiridos con bancas públicas y privadas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) dio a conocer una evaluación multilateral sobre los avances de México en el combate a la corrupción, tras suscribir la llamada Convención Mérida, y precisó que si bien el país ha registrado avances en la materia, éstos no son concluyentes.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Antonio Mazzitelli, jefe de la ONUDC en el país, presentó el mencionado informe con 34 recomendaciones al Estado mexicano, para que adecue su marco jurídico y diferentes procedimientos preventivos y sancionatorios por corrupción.
La evaluación fue dada a conocer en un evento realizado en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo titular, Virgilio Andrade Martínez, aseguró que la mayoría de las recomendaciones quedaron subsanadas por las reformas en materia anticorrupción y la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia, por lo que los puntos pendientes quedaban al arbitrio del Poder Legislativo.
En eso coincidió la directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Graciela Pizano, pero admitió que en lo tocante a extradiciones aún deben hacerse ajustes.
A pesar de los escándalos de corrupción –entre ellos la “Casa Blanca” de la pareja presidencial y otras residencias de colaboradores del presidente Enrique Peña Nieto, vendidas y financiadas por contratistas gubernamentales– que abollaron la imagen del gobierno federal, Mazzitelli aplaudió la gestión del mexiquense y consideró el 2015 como “un gran año” para México en materia anticorrupción.
Sin embargo, al presentar el informe de la evaluación, las recomendaciones emitidas por la ONUDC sirvieron para que su representante en México admitiera que los avances no son concluyentes.
Entre sus diferentes aspectos, dicha evaluación detalló que el marco legislativo debe analizar las definiciones de servidor público, tráfico de influencias, soborno, blanqueo de dinero y peculado.
En su informe, Mazzitelli también destacó la necesidad de ampliar los alcances y castigos a terceros implicados en prácticas corruptas, así como a inmuebles.
Pero no dejó pasar los reconocimientos al Estado mexicano por su Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Ley y Sistema de Víctimas, las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como la reciente instalación de los comités de ética en las dependencias y entidades gubernamentales.
Las recomendaciones al Estado mexicano, evaluadas con representantes de Perú y Azerbaiyán, tuvieron como base un tratado internacional redactado en 2003 en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida como la Convención de Mérida).
COLIMA, Col.- El Congreso local exhortó al gobernador interino Ramón Pérez Díaz a que presente una denuncia penal en contra de su antecesor Mario Anguiano Moreno por el manejo indebido de recursos públicos durante su administración.
Actualmente el exmandatario enfrenta un juicio político en el órgano legislativo por el presunto desvío de alrededor de 600 millones de pesos, entre otras cosas, pero desde hace varias semanas no ha sido localizado por la Comisión de Responsabilidades para notificarle el proceso en su contra.
La propuesta de exhorto aprobada en la sesión de este día fue presentada por la diputada panista Julia Jiménez Angulo, presidenta de la comisión encargada de la investigación a Anguiano Moreno.
La legisladora planteó en la tribuna que si bien Pérez Díaz ha reconocido públicamente el mal desempeño del exgobernador, no ha ido más allá, pese a lo “reprochable” del desvío de una gran cantidad de recursos públicos de unos programas a otros.
Indicó que no se puede tolerar que la impunidad siga imponiéndose en casos como éste, donde lo menos a lo que están obligados todos los funcionarios es a denunciar y exigir la investigación de los hechos presuntamente irregulares, hasta su total esclarecimiento.
Según Jiménez Angulo, es importante que el gobernador interino presente la denuncia penal en contra del exmandatario, porque se estaría mandando un mensaje a la sociedad colimense en el sentido de que en el estado ninguna autoridad es cómplice o comparsa de las presuntas irregularidades cometidas por Anguiano Moreno.
Abundó que con la demanda no se estaría prejuzgando sobre la responsabilidad o no del exgobernador, pero “estamos conscientes de la necesidad y exigencia ciudadana de que se interponga la querella y se investigue a fondo, y qué mejor que sea el propio gobernador interino quien lo haga”.
La diputada del blanquiazul destacó la trascendencia de los hechos señalados, y precisó que debe prevalecer el interés público ante una ciudadanía cada vez más informada como la de Colima, que demanda y exige, más allá de cualquier interés de grupo o partido, privilegiar la investigación a fondo ante las instancias legales correspondientes, para llegar al conocimiento de la verdad.
PUEBLA, Pue.- Pese a protestas y críticas los diputados poblanos aprobaron hoy la designación de Víctor Carrancá Bourget como fiscal general del estado por un periodo de siete años que trasciende al gobierno de Rafael Moreno Valle el cual concluye en 2017.
Organizaciones sociales, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, a quien acusan de ser el “brazo represor” del gobierno de Moreno Valle.
Las fracciones del PRI y PVEM así como los diputados Socorro Quezada del PRD y Julián Peña, de Movimiento Ciudadano, mostraron su desacuerdo con el nombramiento del actual procurador pero al final la reforma constitucional fue aprobada por 40 votos a favor y uno en contra.
La sesión fue suspendida por más de media hora para discutir los desacuerdos que hicieron públicos los legisladores del PRI durante la sesión, aunque en comisiones aprobaron sin reservas la reforma que en automático da el nombramiento a Carrancá, integrante del gabinete de Rafael Moreno Valle desde el arranque del sexenio.
El diputado priista Pablo Fernández del Campo pidió que se votara en lo particular el artículo segundo transitorio del dictamen en el que se establecía que el nombramiento de fiscal general del estado recaería en quien ocupara la Procuraduría de Justicia del estado al momento de que la reforma entre en vigor.
Al someterse su propuesta a votación, la mayoría morenovallista conformada por los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, PT, Compromiso por Puebla, MC y Pacto Social de Integración impusieron su mayoría para desecharla.
Sólo los diputados del PRI, los del PVEM, Quezada del PRD y Peña del MC votaron por reservar el artículo transitorio y abrir la designación a una votación entre una terna. Sin embargo, cuando la reforma se votó en lo general sólo Peña mantuvo su oposición y el resto aprobó la iniciativa.
De esta forma, Carrancá Bourget podrá estar en el cargo hasta 2022 mientras que el sexenio panista concluye en febrero de 2017.
Desde que se dio a conocer la iniciativa organizaciones, partidos, activistas y diputados han criticado el nombramiento transexenal de Carrancá, el “brazo represor” del sexenio de Moreno Valle, pues ha llevado a prisión a más de 200 personas que se han manifestado en contra de obras o programas impuestos por su gobierno.
Una de las actuaciones más criticadas de Carrancá fue cuando pretendió inculpar a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, y para ello defendió la hipótesis de que el menor fue víctima de la “onda expansiva de un cohetón” que lanzaron los lugareños.
Agrupaciones como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) aseguran que en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes, Carrancá se ha dedicado a incriminar a integrantes de organizaciones sociales, a activistas, estudiantes, maestros, transportistas, mototaxistas, vendedores ambulantes y todo aquel que resulte “incómodo” para el gobierno estatal.
Además, el exdiputado priista Enrique Doger Guerrero aseguró que con la permanencia transexenal de Carrancá el gobernador Moreno Valle busca blindarse de posibles investigaciones que se promuevan en su contra, una vez que concluya su sexenio.
Cristina Fernández de Kirchner se despidió hoy de la presidencia de Argentina ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo con un discurso en el que criticó el fallo judicial que la obligó a dejar el poder la medianoche de este miércoles.
“La verdad que he visto muchas medidas cautelares, contra la ley de medios, contra decretos del poder ejecutivo pero en mi vida pensé que iba a ver un presidente cautelar durante 12 horas en mi país”, declaró ante la multitud que se reunió para despedirla, informó el diario argentino El Clarín.
Fernández censuró las “persecuciones y hostigamientos permanentes” del que llamó “partido judicial” y afirmó que con el gobierno entrante todos los argentinos estarán “un poco en libertad condicional”.
“Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12:00 me convierto en calabaza”, bromeó ante decenas de seguidores que coreaban: “Oh, Macri sos cagón” y “procesado”, en referencia a la causa que afrontó el exjefe de gobierno porteño por escuchas ilegales.
Cristina confesó que le habría gustado poder entregar los atributos del mando ante la Asamblea Legislativa donde, recordó, fue legisladora nacional desde 1995. “Me dolió, no nos merecíamos algo así”, dijo ya casi con la voz entrecortada.
Luego envió un mensaje al gobierno que llega:
“A quienes asumen por imperio de la voluntad popular quiero decirles que yo espero y le pido a Dios que dentro de cuatro años quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria pueda decir frente a una plaza como ésta que también puede mirarlos a los ojos”.
Cristina destacó que lo más grande que le ha dado al pueblo argentino es el empoderamiento popular, de las libertades y de los derechos.
“Gracias por tanta felicidad, por tanto amor, siempre voy a estar junto a ustedes”, concluyó entre miles de pedacitos de papel lanzados con máquinas sobre la plaza y mientras su nuera Rocío García, su nieto y su hijo Máximo se acercaban para abrazarla.
Fernández de Kirchner deja un país con entre 12 y 14 millones de personas en la pobreza, una economía estancada desde hace cuatro años y casi sin reservas en el Banco Central, aunque según destacó en su discurso la desocupación está en su punto más bajo, el 5.4%.
Mauricio Macri llega a la presidencia argentina impulsado por la alianza Cambiemos, una formación política que reúne a su partido, Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y otros partidos menores. Su triunfo en la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre, frente al candidato oficialista Daniel Scioli, pone fin a 12 años de kirchnerismo.
Macri no contará con mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Deberá lidiar con gobiernos opositores en la gran mayoría de las provincias.
Después de que trascendiera que un juzgado de distrito en materia penal negó la orden de detención solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en contra de Arturo Escobar, exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quien acusó de delitos electorales, el titular de la dependencia Santiago Nieto Castillo optó por guardar silencio.
Por la mañana de este miércoles, circularon algunas versiones acerca de que el juzgado 11 de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México negó además de la orden de detención en contra de Escobar, las solicitadas en contra de dos empresarios relacionados con la entrega de tarjetas Platino.
Momentos después, Nieto Castillo decidió cancelar la conferencia de prensa programada en segundo citatorio para las 14:00 horas, ya que el primero fue inicialmente para las 12:00 horas. El vocero de la fiscalía, Antonio Licea, informó que la posición del organismo se daría a conocer horas después a través de un comunicado de prensa, sin embargo, la dependencia nunca emitió el documento.
Más tarde, en entrevista para el periódico Milenio, la procuradora general de la República Arely Gómez declaró que la dependencia a su cargo analizará si apela o no la decisión de la juez que negó la orden de detención en contra de Arturo Escobar.
La funcionaria explicó que aún no conocen bien la resolución de la juez 11 de Distrito de Procesos Penales Federales, porque el agente del Ministerio Público Federal no ha sido notificado oficialmente, por lo que una vez que tengan el resolutivo, se analizará si se cuentan con los elementos para impugnar el fallo.
La juez negó la orden de detención por considerar que la Fepade no aportó elementos que demuestren el delito en que presuntamente incurrió Escobar.
El pasado 25 de noviembre, Arturo Escobar renunció a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), horas después de que el titular de la Fepade, Santiago Nieto, dio a conocer la consignación del expediente.
Escobar justificó en una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, a las 22:30 horas de ese miércoles: “Lo anterior, con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia”.
La Fepade sostuvo que la consignación se realizó en términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que el juez tenía 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
Señaló a Escobar y Vega como presunto responsable de cometer delitos electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Además de la denuncia contra el dirigente este partido político, la denuncia fue en contra de empresarios –de quienes la Procuraduría omitió los nombres– por las aportaciones en dinero y en especie a pesar de que existe una prohibición legal para ello.
En esa ocasión, la Fepade argumentó que los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).
Desde Santiago Tapextla, Oaxaca, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó a favor de la lucha magisterial “aunque les moleste a los integrantes de la mafia del poder”.
Precisó además que está en contra de la reforma educativa porque no es para mejorar la educación, sino para perjudicar al magisterio.
El tabasqueño lamentó ayer la muerte del maestro de Chiapas, sin citar su nombre. En su cuenta de Twitter, López Obrador publicó: “Ojalá y recapacite EPN. La reforma educativa no debe imponerse. Diálogo y acuerdo, no violencia”.
En San José Estancia Grande, Oaxaca, cuestionó sobre mejorar la calidad de la enseñanza con la reforma educativa sin los maestros, y aunque recordó que acompañó a Gabino Cué cuando fue candidato a la gubernatura del estado, criticó que “lo sometieron los de la mafia del poder e hicieron que se lanzara en contra de los maestros de Oaxaca”.
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó la asignación de 300 millones de dólares para un programa de delimitación que se realizará el próximo año, con el fin de agilizar el desarrollo de los nuevos campos petroleros.
El descubrimiento de dos yacimientos en aguas someras fue dado a conocer ayer por el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien informó que éstos se suman a otros cuatro descubiertos en el primer semestre del año.
A través de un comunicado, la petrolera expuso que la exploración realizada durante 2015 implicó un gasto de 35 mil millones de pesos, cuyo resultado permitirá revertir la tendencia a la baja en la tasa de restitución de reservas probadas, probables y posibles (3P).
De acuerdo con la petrolera, la exploración de 30 pozos, con un éxito de 45% en viabilidad comercial, permitió incorporar alrededor de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente a las reservas 3P.
De lo anterior, 57% corresponde a crudo ligero y gas condensado, 20% a crudo pesado y 23 % a gas no asociado, con un costo de descubrimiento de 2 dólares por barril.
Pemex insistió hoy en que el descubrimiento de los pozos Teocalli-1001 y Jaatsul-1 en aguas someras podría generar una producción de 40 millones de barriles y 30 millones de pies cúbicos de gas diarios. Junto a los cuatro descubrimientos anunciados en el primer semestre de este año, la producción adicional en aguas someras aumentará a 140 mil millones y 120 millones de pies cúbicos de gas diarios al iniciar 2018.
Finalmente, el comunicado menciona que en áreas terrestres se descubrieron en Veracruz dos campos cercanos a infraestructura actual (Licanto 1 y Licayote 1) que incorporarán una producción aproximada de 4 mil barriles de petróleo y 90 millones de pies cúbicos de gas diarios a fines de 2016.
VILLAHERMOSA, Tab.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (Sagarpa) reportó 71 mil 541 hectáreas de pastizales y cultivos afectados por las lluvias en la entidad.
El delegado de la Sagarpa Carlos Hernández Reyes informó que los daños son principalmente en pastizales inundados que afectan a más de 43 mil reses que han sido movilizadas a zonas altas.
Así como dos mil 511 hectáreas de plátano, mil 845 hectáreas de coco, mil 663 de cacao, 162 de maíz y 45 de frijol, principalmente.
Dijo que las mayores afectaciones se han registrado en los municipios de Centla, Paraíso, Jonuta, Comalcalco, Tacotalpa, Jalapa, Teapa y Nacajuca.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) Samuel Mena Stadelmann se quejó de que las lluvias causan pérdidas al sector con bajas ventas, ausentismo y retraso de trabajadores.
“Hay empleados que se van al agua y no pueden llegar a trabajar, sus horarios cambian, la clientela deja de llegar a los negocios por la lluvia, por la complicación del transporte”, manifestó.
Por su lado la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió este miércoles la declaratoria de emergencia para los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, los más afectados por las intensas lluvias provocadas por el frente frío 17 entre el 3 y 6 de diciembre.
Con esta declaratoria solicitada por el gobernador Arturo Núñez desde el domingo, se activan los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada estimadas en más de 25 mil, apoyadas hasta ahora con recursos del gobierno del estado a través del Fondo de Contingencias de Tabasco (Focotab).
Este será el Fonden número 14 que recibirá Tabasco del gobierno federal desde la histórica inundación de 2007.
Desde entonces los gobiernos federal y estatal han invertido alrededor de 22 mil millones de pesos en obras hidráulicas para controlar inundaciones y rehabilitación de infraestructuras dañadas por las lluvias.
MORELIA, Mich.- La Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión contra el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, Juan José Ortega Madrigal.
Como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía estatal por diversos delitos, la petición incluye órdenes contra otros integrantes del gremio que meses atrás participaron en bloqueo de carreteras y daños en propiedad ajena.
En una entrevista realizada la semana pasada, Ortega Madrigal dijo tener miedo de pisar la cárcel, toda vez que él y otros 27 líderes sindicales están entre “las personas más buscadas” por la Procuraduría General de la República (PGR).
Y es que, en días pasados, autoridades federales y estatales anunciaron que existen órdenes de aprehensión contra los líderes magisteriales.
Ortega Madrigal aclaró que no está amparado ante esta situación, debido a que está “limpio”. No obstante, dijo que en la Coordinadora ya se encontraba preparando la defensa para cualquier situación que se presente.
“Hay temor como persona, todo mundo le tiene miedo a la cárcel. Posiblemente (esté) en la lista de los más buscados, porque sí somos 28 los líderes que estamos y somos los de la dirección”, reveló. Sin embargo, reiteró que no ha cometido ningún tipo de delito.
Tras instalarse el Sistema Nacional Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), cuya dirigencia trabajará con sus legisladores sobre el tema, Luis Felipe Bravo Mena, coordinador de la Comisión Anticorrupción, informó que llamará a comparecer al exgobernador Guillermo Padrés.
“La Comisión Anticorrupción del partido lo llamará a platicar para que diga lo que tenga que decir. Nosotros no estamos prejuzgando ni estamos acusando de antemano ni solapando igualmente de antemano”, informó Bravo Mena sobre el exgobernador de Sonora ligado a escándalos de corrupción.
Igual como lo ha dicho el presidente del PAN, Ricardo Anaya, en el caso de Padrés –“ni juicios anticipados ni encubrimiento”–, Bravo Mena subrayó que se le escuchará y una vez que la autoridad concluya la investigación, el PAN actuará.
“De manera que escucharemos lo que tenga que decir y a partir de lo que escuchemos y de que se conozca la conclusión de la investigación de la autoridad, el partido como institución actuará en consecuencia”, insistió.
Bravo Mena participó en la instalación del Sistema Anticorrupción del PAN, justamente en el Día Mundial Anticorrupción, en la que participarán senadores, diputados, gobernadores y congresistas locales, para elaborar las cinco iniciativas pendientes en el tema.
Al respecto, el senador Juan Carlos Romero Hicks dijo que la bancada del PAN ya presentó cinco legislaciones pendientes y trabaja en la elaboración de la que falta.
“A partir de hoy, en el Día Mundial Anticorrupción, queremos ser congruentes y se ha instalado el sistema por parte del partido, donde participan legisladores, la dirigencia nacional, gobiernos estatales, municipales y los congresos locales”, expuso.
A partir de enero, añadió, el PAN trabajará mediante foros para colaborar con organización de la sociedad civil, especialistas internacionales y afinar sus propuestas en lo que es el tema más importante para su partido en el próximo periodo de sesiones.
Como “dura” y “agria” calificó el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco) Salomón Chertorivski, la reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) Basilio González y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al presentar la propuesta del gobierno capitalino sobre el incremento del salario mínimo a 86.33 pesos diarios en 2016.
“Hubo discusiones donde encontramos una dificultad en la comunicación y puedo entender que después de 23 años de mandato de Don Basilio, que nunca se ha podido incrementar el salario mínimo, puedo entender las preocupaciones de ello cuando tu única responsabilidad es velar en favor de los trabajadores que menos tienen.
“Puedo entender que se vuelva una reunión dura cuando hay una nueva propuesta”, dijo en rueda de prensa en la sede del Gobierno del Distrito Federal (GDF), posterior al encuentro.
De acuerdo con Chertorivski, la Conasami argumentó que fijar el salario mínimo a 86.33 pesos diarios podría provocar inflación además que un incremento salarial debe ir acompañado de más productividad de los trabajadores y en el ámbito macroeconómico debe haber crecimiento.
“Mostraron preocupación de que esos 16.23 centavos de aumento se puedan convertir en una exigencia de 22% de otros grupos (sindicatos). Nosotros creemos que eso no va a suceder. No vemos un efecto faro”, afirmó el titular de la Sedeco.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) Amalia García, quien también asistió a la reunión, comentó que de acuerdo con las intervenciones de algunos integrantes les preocupa mucho que sea el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera quien encabece la propuesta.
“Eso es lo que pude leer, pero el jefe de Gobierno lo que hizo fue encabezar una causa que finalmente logró consenso de todos los actores políticos y sociales”, comentó la exgobernadora de Zacatecas.
Chertorivski Woldenberg explicó que la propuesta del jefe de Gobierno es para alcanzar la línea de bienestar mínima.
Indicó que el gobierno está en posibilidad “prácticamente inmediata” de emitir el decreto que ordena la liberación del salario mínimo y que posibilita a la Conasami discutir el aumento del salario mínimo sin la preocupación de provocar aumentos mayores en centenares de tarifas, multas y otros precios que habían sido atados artificialmente a esta “mini percepción”.
Chertorivski subrayó que el salario mínimo en México es “extremadamente bajo” y necesita de un ascenso sustancial para recuperar su papel, asignado por la Constitución, como sueldo de garantía para los trabajadores de más baja calificación.
El funcionario presentó a la Conasami una sucesión de argumentos “demostrables y sustentados”, dijo, con cifras oficiales que exhiben la posibilidad de un aumento de 16.20 pesos diarios al salario mínimo en 2016.
“El salario mínimo es la expresión del país que quieres ser: incrementar el salario mínimo aumenta la productividad, la igualdad y el consumo, con lo que se reactiva la economía”, afirmó.
MORELIA, Mich.- Estudiantes normalistas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron este miércoles las sedes de gobierno, carreteras y presidencias municipales que mantenían tomadas, salvo algunas excepciones como la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro.
Durante varias horas, los manifestantes realizaron protestas en los municipios de Apatzingán, Maravatío, Angamacutiro, Paracho, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tiquicheo, Yurécuaro, Tingambato, Penjamillo, Hidalgo, Uruapan y Zamora, entre otros. Los docentes bloquearon carreteras y tomaron edificios de gobierno y municipales.
Sin embargo, cerca de las 19 horas de este miércoles, se retiraron de los lugares.
Los estudiantes normalistas y los profesores permanecieron en Morelia para continuar las manifestaciones ante las sedes de las procuradurías General del Estado (PGJE) y General de la República (PGR). También se quedaron en la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura de la desviación a Pichátaro.
Hasta este punto llegaron normalistas a bordo de siete autobuses y con agresividad quitaron mercancía a camiones repartidores de refresco y alimentos que encontraron a su paso.
Tras las movilizaciones, los integrantes de la CNTE y los normalistas convocaron para este jueves a ampliar las movilizaciones en el centro de Morelia, oficinas de la PGR, el Congreso estatal, la Secretaría de Finanzas, el resto de las 113 presidencias municipales y la vía férrea Morelia-Lázaro Cárdenas.
Durante la jornada, padres de familia de los 52 estudiantes detenidos y encarcelados el lunes pasado, así como comuneros de Arantepacua realizaron plantones en el Palacio de Gobierno y las sedes de la PGR y la PGJE, donde exigieron con pancartas en mano, la liberación de los estudiantes e indígenas capturados durante las manifestaciones pasadas.
El Senado aprobó con 88 votos a favor y 7 en contra la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que establece las condiciones en las que el Estado puede decretar la suspensión o restricción de garantías.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
De acuerdo con el dictamen, para suspender o restringir garantías, en todo el país o en una región determinada, se debe justificar la existencia de una “amenaza excepcional a la paz pública”.
De ser el caso, el presidente realizará la petición al Congreso y, de ser aprobada, procederá a declarar la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías.
El dictamen deberá fundamentarse, establecer la delimitación geográfica del territorio, los derechos y garantías que serán restringidos y los que quedarán suspendidos, así como la proporcionalidad entre las medidas y la gravedad de los hechos.
En todos los casos, la solicitud de desaparición de garantías se calificará como asunto de “urgente y obvia resolución” y el Congreso deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.
Después, deberá remitirse al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, además de medios impresos y electrónicos.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se notificará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la responsable de analizar la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo.
En caso de que resulte inconstitucional, la Corte ordenará el restablecimiento inmediato de las garantías e informará al Congreso y al presidente.
La Ley prevé que las acciones del Ejecutivo, durante la suspensión, podrán impugnarse a través del juicio de
amparo.
La nueva legislación faculta al Congreso a dar por terminada la situación de excepción y el Ejecutivo no podrá observar la decisión.
Las actividades en la UAM Xochimilco se reanudarán luego de una falsa alarma por una amenaza de bomba.
Un equipo especializado en artefactos explosivos de la policía capitalina revisó las instalaciones y opinó que los alumnos, académicos y trabajadores pueden regresar a sus labores, que fueron interrumpidas por la amenaza recibida por teléfono está mañana.
Por cuarta ocasión en este año, la comunidad de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tuvo que ser desalojada de las instalaciones por una amenaza de este tipo.
A las nueve y cinco de la mañana, informaron fuentes universitarias, fue recibida una llamada anónima en la UAM Xochimilco en la que se hablaba de la colocación de explosivos en los edificios de la universidad, ubicada en Calzada del Hueso, al sur de la capital del país.
Las autoridades universitarias ordenaron la evacuación de las instalaciones y solicitaron auxilio de la policía. Un equipo antibombas de la policía capitalina ingresó a la Unidad para revisarlas.
Una vez que concluya la inspección y se compruebe si hay condiciones de seguridad en los edificios, las actividades académicas se retomarán en esta unidad que tiene una población de 15 mil académicos, estudiantes y trabajadores.
En marzo, Julio y noviembre pasado, la Unidad Xochimilco tuvo amenazas de bomba. En noviembre de 2014 también se recibió una amenaza similar. En todos los casos fueron falsas alarmas.
-Consulta UNAM a universitarios sobre seguridad en campus
Para conocer la percepción de la comunidad en torno a la seguridad dentro de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector de la casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, instruyó a realizar una encuesta entre los universitarios sobre este tema.
Así lo dio a conocer durante la discusión de asuntos generales en la sesión del Consejo Universitario de la institución realizada este miércoles en la Antigua Escuela de Medicina. Los resultados de este estudio, que ya comenzó a aplicarse con estudiantes de manera presencial, se darán a conocer en enero.
El rector dijo que solicitó al secretario de Servicios a la Comunidad, César Astudillo Reyes, implementar ésta y otras medidas para mejorar la seguridad dentro de los espacios universitarios.
También se dio la palabra al secretario –a cuya dependencia corresponde entre otras cosas la atención de la seguridad—, quien aseveró que se necesitan acciones de prevención, entre las que por ejemplo está el uso de cámaras de video vigilancia en ciertas zonas de los campus.
“Entiendo que toda video vigilancia implica una injerencia en la privacidad, pero también que esa injerencia es justificada porque con ella se protege un fin mayor que también es un fin muy superior, que es proteger la integridad de las personas, de la comunidad y la institución”.
Lo anterior en respuesta a los consejeros estudiantes por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes criticaron el uso de cámaras y se pronunciaron por un modelo preventivo.
Con ello, se dijo, la UNAM ya implementa diversas acciones para garantizar la seguridad en los campus.
-Anuncia Upoeg proceso de transformación
Chilpancingo, Gro. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, aseguró que esta institución comunitaria entrará en un proceso de transformación, “ahora nos abocaremos también a combatir la pobreza en nuestras comunidades”.
En conferencia de prensa dijo que a tres años de su creación la Upoeg va a definir una nueva ruta, para consolidar este proyecto comunitario “que es la lucha del ejercicio de los derechos colectivos, que representa el cuarto orden de gobierno, que constituyen los pueblos”.
En ese sentido, anunció que el 4 y 5 de enero próximo se llevará a cabo el congreso de la Upoeg, eventos por el tercer aniversario en el municipio de San Marcos “vamos a depurar mediante asamblea y actas a nuestro sistema de justicia comunitaria”.
En el congreso de la Upoeg se va a debatir “de que si ya tenemos seguridad, vamos a debatir la pobreza, porque no podemos seguir viviendo de pura arma, y de pura policía, tenemos que recomponer el tejido social, y ver por el camino del desarrollo de los pueblos, será el nuevo caminar de la Upoeg”.
Reconoció que la Upoeg está en una etapa crítica “es el tercer año, y hoy se hace necesario dar un giro, clarificar ante la opinión pública que no solo es policía con movimiento, sino todo es la colectividad. Los enemigos de la Upoeg son la delincuencia y la pobreza”.
Plácido Valerio recalcó que “la Upoeg no es un peligro para el Estado, sino que representa la estabilidad para los municipios y para el país. Se nos ha satanizado, y hasta colgado mantas vinculándonos con la delincuencia, por eso vamos a replantear el proyecto comunitario con la visión social, humanitaria y con la visión de reconstruir el tejido social”.
“A partir del próximo año, empieza el debate permanente de la erradicación de la pobreza porque si ya tenemos seguridad, vamos ahora por la construcción del desarrollo territorial, cultural y económico, porque los pueblos no pueden seguir así como están”, concluyó.
Finalizados los cómputos en el distrito 1 de Aguascalientes, el PT confirmó sus resultados atípicos: 14 mil 046 votos, equivalentes a 12.8 por ciento de la votación total cuando en la elección anterior obtuvo apenas 3 mil 520 votos, o sea, 3.03 por ciento.
El representante del PT ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Pedro Vázquez, se declaró “tranquilo” con estas cifras, ya que la sentencia del Tribunal Electoral estableció que para conservar el registro requerían obtener unos 5 mil 100 votos, o sea la misma votación del 7 de junio más mil 580.
En comparación con las votaciones anuladas de junio, el PT creció de manera exorbitante mientras el PAN subió en menor medida: de 31 mil 732 votos a 35 mil 798, aunque logró el triunfo y sumó una curul en San Lázaro al sumar 11 mil 842 votos de Nueva Alianza y otros mil 197 en alianza con el mismo partido.
Mientras el PRI creció poco: de 32 mil 168 a 35 mil 733 votos y en la alianza con el PVEM tuvo otros mil 060.
La votación del PVEM cayó más: de 7 mil 071 a 2 mil 948. Enseguida se ubicó Morena, que pasó de 3 mil 261 a mil 484 votos y Encuentro Social, que en los pasados comicios consiguió 2 mil 278 votos y en éstos apenas 969.
Vázquez consideró que si no hay impugnaciones antes de que concluya el año, el INE podrá realizar el cómputo definitivo y ratificar la conservación de su registro como fuerza política nacional.
En total fueron computadas las 445 actas registradas y se emitieron en total 107 mil 066 votos.
En representación del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, asistirá mañana a la toma de posesión de Mauricio Macri como presidente de Argentina.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo anterior en un comunicado, y destacó que durante su estancia en Buenos Aires, Ruiz Massieu se reunirá con la nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto de esa nación, Susana Malcorra, con quien tratará los principales temas de la relación bilateral.
Al concluir su visita a Argentina, la funcionaria se trasladará a Cartagena de Indias, Colombia, para participar en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, que revisará el trabajo realizado durante el presente año, en seguimiento a los mandatos derivados de la XXIV Cumbre Iberoamericana que se efectuó en Veracruz los días 8 y 9 de diciembre de 2014.
En ese lugar, Ruiz Massieu sostendrá un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín, para revisar los avances en los compromisos derivados de la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a México, en mayo pasado.
Ésta será la primera visita de trabajo a Argentina y Colombia que realiza la canciller Ruiz Massieu, desde que asumió su cargo el 27 de agosto pasado.
La reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa -desaparecidos en septiembre de 2014- fue pospuesta para la semana entrante.
Aunque la cita estaba programada para llevarse a cabo este jueves en Acapulco, Guerrero, se decidió ampliar el margen debido a que mañana es la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos y, además, para ampliar los informes que se darán a los familiares de los jóvenes.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación dijeron que el encuentro sería el miércoles entrante; ese día será el inicio de una ronda de conversaciones entre altos funcionarios federales y los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Posteriormente, la procuradora general de la República, Arely Gómez, encabezará este tipo de reuniones, también en Acapulco, en cuatro sesiones programadas para el 14 de enero, 18 de febrero, 17 de marzo y 17 de abril, mes en el que concluye la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Más de 4 millones 200 mil personas han sido colocadas en un trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en lo que va de la presente administración, según señaló el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario señaló lo anterior durante la 37a reunión anual del SNE y añadió que este servicio ha organizado mil 632 ferias de empleo, a las cuales acudieron 1.2 millones de personas en busca de ocupación. Además, 800 mil personas recibieron cursos de capacitación con una inversión de casi 2 mil 700 millones de pesos, en beneficio especialmente de mujeres y jóvenes.
En tanto, otras 41 mil personas fueron capacitadas para llevar a cabo proyectos productivos a través del subprograma de fomento al autoempleo, con cerca de 500 millones de pesos.
Navarrete expuso que México acaba de asumir la presidencia de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos y dijo que el SNE ya es un referente de los servicios públicos de empleo de América Latina y el Caribe, pues más de 15 países del continente han recibido asesoría y cooperación de dicho servicio.
Según indicó, cada peso que se gasta en el Servicio Nacional de Empleo “es bien utilizado, termina ayudándole a alguien con nombre y apellido en lo más digno, en lo más importante que puede tener un ser humano para su historia de vida personal que es tener un trabajo digno, que le permita superarse en la vida, aspirar a ser feliz, y aspirar a tener una familia en desarrollo”.
Por su parte, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Patricia Martínez Cranss, informó que los estados que lograron un mayor desempeño en la colocación de buscadores de empleo este año, en orden descendente, son Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Querétaro, Morelos y Tabasco.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que la negativa de una juez de librar orden de aprehensión contra Arturo Escobar confirma la mala intención del fiscal Santiago Nieto Castillo, mientras que organizaciones civiles afirmaron que la decisión “pone en duda que gobierne el imperio de la ley y, por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad”.
En pronunciamientos por separado en el Senado, luego de que por la mañana trascendió que la juez Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión solicitada por Nieto Castillo, el senador del PVEM Pablo Escudero ratificó la exigencia de su partido para que renuncie este funcionario porque actuó con “mala intención” contra Escobar, acusado de delitos electorales.
Escudero, yerno del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, informó también que ratificará la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el fiscal electoral para que sea removido del cargo y procesado.
Por su parte, en un pronunciamiento conjunto, decenas de organizaciones de la sociedad civil condenaron la “campaña de desprestigio” del PVEM, “con apoyo de algunos actores políticos de alto nivel y medios de comunicación masiva”, contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuesto conflicto de interés, omisiones curriculares y violaciones al debido proceso.
“Ha buscado desviar la atención de la ciudadanía e influir en el curso del proceso penal que se le sigue al PVEM y, en particular, a Arturo Escobar, exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, por su probable responsabilidad en la comisión de varios delitos electorales, entre los que destaca la compra y distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino utilizadas como medio de coacción del voto en las pasadas elecciones”.
El pronunciamiento, firmado por la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, establece que esta campaña de descalificación contra el fiscal electoral es una práctica recurrente de un sector de la clase política que se beneficia de las violaciones a las leyes, así como de controlar y manipular a las instituciones encargadas de velar por la aplicación de las mismas.
Sigue: “Como Coalición rechazamos la práctica de denostar a quienes desde algún cargo público realizan su función y hacen un ejercicio cabal de sus atribuciones, interponiendo la máxima constitucional de igualdad ante la ley. El trabajo que la Fepade ha venido haciendo en relación con el reciente proceso electoral es un logro histórico para quienes confiamos en la importancia que tienen los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder”.
Las organizaciones de la sociedad civil, añade el pronunciamiento, subrayaron que la campaña de desprestigio contra el fiscal electoral busca influir en el proceso penal que se sigue al PVEM que más ha violado la ley en la historia de México y que suma sanciones administrativas por casi 600 millones de pesos.
Sobre la negativa de la juez de distrito de negar la orden de aprensión contra Escobar, afirma la coalición, “pone en duda que gobierne el imperio de la ley y, por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad. Vaya paradoja: El día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción”.
Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que no se permitirá la reinstalación de Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana ni en cualquier otro cargo público que se pague con los impuestos de los mexicanos. “¡Basta ya de violar las leyes y de utilizar a las instituciones públicas como herramientas político-electorales!”.
En privado y sólo con la presidenta de la comisión de Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía, el exprocurador de la República Jesús Murillo Karam se reunió para ratificarle que los estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, según pruebas y declaraciones que tuvo a su alcance durante su periodo como ministerio público federal.
La presidenta de la comisión legislativa informó lo anterior al resto de los diputados durante la sesión ordinaria de este miércoles, quienes molestos, reclamaron a Murguía no avisar del encuentro, no invitarlos, salir sin información y sin una fecha para el encuentro formal con el organismo camaral.
Cristina Gaytán, del PRD; Araceli Damián, de Morena; Marbella Toledo, de MC; y hasta el diputado de PVEM y secretario de la comisión, Víctor Manuel Silva; enfrentaron a la panista mostrándole su malestar por el encuentro.
La panista Guadalupe Murguía les detalló cómo se dio el encuentro: el 26 de noviembre llegó a su oficina la diputada federal de representación proporcional por el PVEM Sharon María Teresa Cuenca Ayala, acompañada de un “representante” del exprocurador, planteándole una reunión para el 1 de diciembre.
Nos vimos en las oficinas donde supongo que él trabaja, dijo la presidenta de la comisión. Ahí, Murillo Karam aseguró que él tenía toda la disposición de reunirse con la comisión en pleno, sin embargo, la condicionó diciendo que sólo en caso de que los diputados tuvieran dudas de lo expuesto a Murguía.
De lo dicho por el exprocurador a la presidenta de la comisión no hay un solo dato nuevo. Reiteró que cuatro detenidos fueron quienes declararon la forma en que fueron incinerados los jóvenes en el río de Cocula, que días después elementos de la Procuraduría acudieron al lugar encontrando cenizas y restos óseos, lo cual fue asegurado. Incluso, sostuvo que de tales restos humanos se tomaron las muestras más completas para enviarlas al laboratorio de Insbruks, Alemania.
De ahí, reiteró Murillo a la diputada presidente, se identificaron como los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Es decir, insistió en que los 43 estudiantes fueron incinerados y arrojados sus restos al río Cocula.
Para sostener su versión y convencer a la legisladora, el exprocurador le entregó una serie de copias con todas las declaraciones y versiones estenográficas de las conferencias que ofreció durante el tiempo en que se desempeñó como procurador. Documentos todos que son públicos y se pueden encontrar en la página web de PGR.
Murillo Karam le dijo a la diputada del PAN: “sostengo todas y cada una de las declaraciones que di”.
El pretexto para que la panista asistiera al encuentro privado con Murillo Karam fue que de ahí saldría la fecha del encuentro oficial, sin embargo, ello no sucedió y Murguía salió sin documentos nuevos, reveladores y sin fecha de próxima reunión.
Las diputadas que reclamaron a la presidenta de la comisión le advirtieron que el encuentro “fue de carácter personal” y que de ninguna manera el exprocurador considere que ya rindió un informe a los legisladores de la comisión especial.
Molesta, Cristina Gaytán, de PRD, le reclamó que estuviera actuando como “vocera” de Murillo Karam, calificando de “incorrecto” el encuentro, pero lo peor le dijo, fue que no informara a la comisión en pleno de lo que ocurriría.
Araceli Damián dijo, “me preocupa que haya acudido a esa reunión sin informar al resto de los miembros de la comisión, pero hay otro asunto, ni siquiera salió con una fecha de próximo encuentro oficial”.
Visiblemente incómoda por los reclamos, la diputada Murguía les recordó que otros miembros de la comisión han gestionado encuentros con los involucrados en el tema y nadie les ha reclamado.
Gaytán, quien ha tenido reuniones con familiares de Julio César Mondragón, el joven desollado, y con los miembros del grupo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, le reviró: “sí es cierto, pero la diferencia es que cuando logramos contactarlos le avisamos al resto para que asistiera quien lo desee y se lo informamos todo a usted”.
La diputada de MC, Marbella Toledo dijo, “quiero creer que fue sin dolo ese encuentro, pero le pido que le diga al procurador que sí hay dudas, tan hay dudas que se creó esta comisión especial. También le pido que le informe que ahora él venga a la Cámara de Diputados y se reúna con nosotros”.
Los reclamos hacia la presidenta de la comisión llegaron de todos lados, hasta de los aliados del PRI. El diputado de PVEM y secretario de la comisión especial, Víctor Manuel Silva, dijo que daba la razón a las legisladoras que reclamaron “y más en un encuentro como este con el exprocurador que es tan importante”.
Araceli Damián volvió a tomar la palabra y se quejó: “es importante que se dé una fecha de encuentro. Usted se reunió con él y salió sin fecha, entonces ¿a qué fue?
Guadalupe Murguía les comunicó que seguirá insistiendo en que se realice la reunión con la comisión en pleno, pero también les recordó que envió diversos oficios a la Secretaria de Gobernación, la PGR y el Instituto Nacional Electoral, para que le proporcionen el domicilio de Murillo Karam y poder ubicarlo”.
-Maestros entregan a los 5 policías retenidos en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregaron a las autoridades a cinco policías retenidos hoy, luego de que el gobierno liberó a los tres maestros, dos estudiantes normalistas y un padre de familia capturados el martes durante un enfrentamiento en el contexto de la aplicación de la evaluación docente, informaron fuentes gubernamentales.
Dijeron que el intercambio ocurrió poco después de las 18 horas, luego de una reunión entre la dirigencia magisterial y funcionarios federales y estatales.
Los maestros retuvieron este medio día a un policía federal durante un enfrentamiento ocurrido en la capital del estado y más tarde hicieron lo propio con otros cuatro agentes, entre ellos por lo menos dos mujeres, para presionar a las autoridades con la finalidad de que liberaran a las seis personas detenidas el martes.
-Acota Senado facultad del Presidente en estados de excepción
El Senado de la República aprobó por mayoría la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional, que norma la facultad del Presidente de la República de decretar estados de excepción o emergencia, en los que se suspenden derechos, para casos de invasión por parte de ejércitos extranjeros, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
La reforma, que tardó tres años en ser dictaminada, se aprobó con 88 votos a favor y siete en contra, de senadores del PT y PRD quienes sostuvieron que se violentan derechos humanos.
Sin embargo, las presidentas de las comisiones de Gobernación, Cristina Díaz y de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, sostuvieron que se incluyeron cambios de última hora, acordados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, que ampliaron el catálogo de derechos que no podrán restringirse en estados de excepción.
Se trata de la prohibición de detenciones arbitrarias, de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual, del desplazamiento o expulsión forzados y el derecho de las personas encarceladas a ser tratadas humanamente.
Asimismo, en caso de estado de excepción o emergencia, no se podrán suspender las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción, ni suspensión, conforme al debido proceso.
La senadora Díaz resaltó que en ningún momento se tratará de una declaración unilateral del presidente de la república, ya que la legislación da también al Congreso la facultad de participar en el proceso, en el que intervendrá también la Suprema Corte y del que se notificará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos.
“En todo momento el Congreso conocerá sobre la solicitud del presidente de la República y tomará razonadamente las determinaciones a que haya lugar. Sólo si está de acuerdo, procederá a declarar la suspensión o restricción de garantías”, recalcó la senadora Díaz.
Destacó que el Congreso podrá dar por terminadas la restricción de garantías, cuando lo considere pertinente.
Igualmente, el senador del PRI, Humberto Mayans, resaltó que “la suspensión solo podrá decretarse cuando los derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación de excepción”.
Sin embargo, la senadora del PRD, Dolores Padierna, insistió en que debían precisarse varios puntos, entre ellos dejar claro que “en ningún momento se autorizará al titular del Ejecutivo a disponer de las fuerzas armadas en contra de la población civil, ni permitirá que militares puedan realizar funciones no exclusivas al personal castrense”.
-Faltan pruebas para descartar incendio en Cocula: Betanzos
Las fotos satelitales disponibles son insuficientes para descartar, como lo hizo un grupo de expertos, la hipótesis de que hubo una quema de cuerpos hace un año en el basurero de Colula para hacer desaparecer a los 43 estudiantes normalistas, dijo hoy un alto funcionario a cargo de las investigaciones.
"No es este solo elemento el que está puesto a la valoración del Ministerio Público y de ahí planteamos la necesidad de que se haga un análisis integral de todos los aspectos que están relacionados con este hecho", dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía general, Eber Betanzos.
El lunes, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en las investigaciones, afirmó que, según las fotos, no hubo un incendio en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con el testimonios de varios detenidos, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en ese sitio por el grupo criminal Guerreros unidos, en alianza con policías municipales, por causas que siguen sin estar claras.
La quema de los cuerpos fue sostenida durante un año por la Procuraduría General de la República como la "verdad histórica" de lo ocurrido, a partir de sus peritajes y los testimonios.
Sin embargo, según los expertos las fotos y registros satelitales que forman parte del expediente permiten establecer que no hubo un incendio en el basurero, además de que esa noche llovió.
Betanzos afirmó que es muy pronto para llegar a conclusiones. La fiscalía ha pedido el apoyo de la NASA para contar con otras imágenes, además de que se hará un nuevo "estudio de fuego" en el basurero.
"Esta investigación está abierta en todas sus líneas, una es la del basurero", señaló, y es necesario "agotar una serie de elementos de carácter pericial para poder arribar a una conclusión".
Los 43 jóvenes estudiaban en la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de la localidad de Ayotzinapa, Guerrero.
La noche de su desaparición habían estado secuestrando autobuses de transporte público para movilizarse a una manifestación y se enfrentaron con policías en la ciudad de Iguala, una localidad vecina a Cocula y situada 200 kilómetros al sur de la capital.
Hubo seis muertos, entre ellos tres estudiantes, y los policías supuestamente entregaron 43 jóvenes a los Guerreros unidos.
El martes próximo habrá una reunión entre el secretario de Gobernación y padres de los estudiantes, junto con el grupo de expertos, para dar seguimiento a las investigaciones.
-Barril de petróleo continúa a la baja; cierra en 29.37 dólares
El precio de la mezcla mexicana de exportación continúa a la baja y por debajo de 30 dólares. Este miércoles descendió 28 centavos y cerró en 29.37 dólares por barril.
En un año, el valor del crudo mexicano perdió 45.7 por ciento de su valor, toda vez que el 9 de diciembre de 2014 el barril valía 54.14 dólares. Con la cotización actual el precio del hidrocarburo ligó cuatro jornadas consecutivas a la baja y se acerca cada vez más al piso mínimo desde diciembre de 2008, que fue de 28.73 dólares.
La baja se dio en medio de una caída generalizada en los precios, luego que los operadores e inversores ignoraron una inesperada baja de los inventarios en Estados Unidos.
En el mercado de Nueva York el referencial estadunidense para América Latina, el West Texas Intermediate (WTI) perdió 35 centavos al cerrar en 37.16 dólares, su nivel más bajo desde febrero de 2009, mientras en Londres el referente global, el Brent, cayó 15 centavos, a 40.11 dólares.
Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 3.6 millones de barriles en la semana al 4 de diciembre, a 485.9 millones de barriles, frente a expectativas de analistas de un alza de 252 mil barriles, mostraron datos de la Administración de Información de Energía (EIA). Los precios del crudo subieron un dólar tras el dato, pero regresó a la tendencia negativa cuando el mercado prestó atención al dato de los destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, los cuales subieron en 5 millones de barriles, el doble de lo esperado por analistas.
Los precios, ya a la baja desde hace más de un año, se hundieron aún más desde el lunes, día en que el precio de la mezcla mexicana rompió la barrera de 30 dólares, luego de la decisión el fin de semana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de no reducir producción pese al exceso de oferta en todo el mundo.
