La institución californiana.
Foto: http://pppre.s3.amazonaws.com/
En su deseo de blanquear grandes cantidades de dinero, lavadores que trabajaban para narcotraficantes mexicanos, presumiblemente del Cártel de Sinaloa, intentaron adquirir un banco en California.
Este plan fue revelado en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La denuncia, consultada por Proceso, está consignada en tres querellas –vinculadas entre sí– contra 16 personas.
El expediente CR-15-00662, de 109 páginas de extensión y presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores se aproximaron al entonces director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos y viceversa.
En la averiguación, iniciada el martes 1 y revelada por el tribunal el jueves 10, se acusa al exdirector de dicho banco Tu Chau Li (alias William Lu, Bill Lu y Tío Bill), Tsung Wen Hung Peter; Edward Kim Eddie; John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos como conspiración para violar la ley Rico, conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dichos instrumentos, complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.
Entre 2011 y 2015, Lu, Hernández y Herrera convinieron en lavar dinero desde y hacia México.
En el verano de 2011 Lu le propuso a un informante encubierto –identificado en el pliego como “CS1”– asociarse con gestores mexicanos, quienes lavaban mensualmente 30 millones de dólares en bancos de EU, incluyendo dos millones en el SNB.
Supuestamente Lu discutió el esquema con Kim y Edmundson y le preguntó a CS1 si aceptaba fondos de México, lavarlos y transferirlos a Hong Kong o de regreso a México.
Ya desde el otoño de 2010 y hasta la primavera del año siguiente, Lu, Hung y Kim aconsejaron que los socios de CS1 adquiriesen una porción del SNB para facilitar el lavado. Por ello, Lu y Hung le explicaron al informante cómo obtener esos valores sin el aval regulatorio de las autoridades y le sugirieron firmar un acuerdo de consultoría con esa entidad bancaria, a cambio de una cuota.
El 19 de julio de 2011, Lu llamó a CS1 para decirle que había “mucho dinero” llegando de México y le preguntó si podía facilitar el movimiento financiero desde el país hacia la cuenta de Edmundson en Hong Kong.
El 11 de agosto y en el restaurante Red del hotel Pacific Palms, Lu le pidió al infiltrado que recibiera efectivo de gente de México para transferirlo a ese país y a Hong Kong. Aseveró que la cantidad a lavar sería “enorme”, pues había revisado un estado de cuenta del banco Wells Fargo que mostraba transacciones mensuales de 30 millones.
El acusado le avisó a CS1 que prefería no negociar con la gente mexicana y que lo hiciesen CS1, Kim y Edmundson.
Esa vez, Lu le adelantó que le presentaría a Herrera, un abogado, y a Hernández, su amigo e intermediario, para discutir una operación. El acusado le explicó que eran dos negocios relacionados con Hernández y que, si el primero era exitoso, procederían a efectuar el restante.
Lu también le contó que la gente de México tenía problemas para depositar dinero, pues altos directivos del Saigon National Bank le habían instruido congelar su cuenta, por lo cual no podían depositar diariamente 1 millón de dólares.
Finalmente, en agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y CS1 para proponerles mover dinero de clientes mexicanos, con el fin de que este último los “lavase” mediante la entrega de una cuota.
Hernández le dijo al informante encubierto que sus clientes necesitaban movilizar diariamente entre 3 millones y 5 millones de dólares, que había depositado efectivo en el Saigon National Bank y que necesitaba otro banco.
Herrera le ofreció a CS1 lavar 1 millón diario en Estados Unidos.
En noviembre de 2011, Hernández le planteó a CS1 un esquema de intercambio de efectivo por cheques para lavar recursos.
El 22 de agosto, los cuatro se juntaron en el restaurante Seafood World, en Westminster, donde Hernández le dijo a CS1 que los clientes de Herrera estaban dispuestos a depositar entre 3 millones y 10 millones de dólares diarios, a cambio de que éste los transfiriese a México mediante el cobro de una comisión.
Ante los temores de depositar cantidades cuantiosas en bancos estadunidenses, Hernández les confirmó que poseía la corporación Credes, en Chula Vista, y que podían usarla para las operaciones.
El 4 de octubre de 2011, Kim le advirtió a CS1 en un café Starbucks en la ciudad de Alhambra –cerca de Los Ángeles– que “el grupo mexicano” estaba en una lista de vigilancia de Estados Unidos por meter 35 millones de dólares mensuales en “fondos sucios”.
El 6 de octubre, el acusado le dijo a CS1 que Hernández había lavado 2 millones de dólares vía SNB y que estaba preocupado por una próxima auditoría gubernamental al banco.
Ante esas dudas, Hernández le dijo el 28 de octubre a CS1, en el café Corner Bakery en Santa Ana, que la gente mexicana sólo efectuaría transferencias electrónicas o cheques, en vez de efectivo.
El 4 de octubre de 2011, Kim le dijo a CS1 y a un agente clandestino llamado “UC2” que el grupo de México había intentado comprar el SNB.
Dos días después, Lu le dijo al agente encubierto que un socio de Hernández había adquirido 1 millón de dólares en acciones de esa institución financiera.
El 28 de octubre, el mismo Hernández le confirmó esa versión al infiltrado en el café Corner Bakery y le comentó que la banda estaba esperando para comprar el banco.
El 23 de agosto de 2012, Lu, Hernández y Herrera se reunieron con CS1 en el restaurante Renato’s en Westminster y Hernández ratificó que luego de que el Saigon National Bank les cancelara una cuenta que utilizaban para limpiar fondos, sus compinches habían tratado de comprarlo.
En ese encuentro, Herrera le preguntó a Lu cuánto quería por la mayoría de títulos del banco y comentó que conocía gente en Estados Unidos que poseía 5 millones de dólares en efectivo, sobre lo cual Hernández le preguntó a Lu si Herrera podía emplear esos recursos para convertirse en accionista del banco. Herrera afirmó que estaba interesado en comprar parte del ente para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.
El 12 de enero de 2012, Hernández le dijo vía telefónica al CS1 que “su gente” tenía listos 300 mil dólares en efectivo para movilizar desde Guadalajara y le preguntó si podía manejar la operación.
El día 20, Lu le dijo al informante en el restaurante California Fish Grill que Hernández tenía varios clientes en México especializados en “envíos al extranjero”, una referencia al lavado de dinero, y que Herrera los conocía.
El 28 de marzo, Hernández indicó en el café Corner Bakery que el monto a transferir mensualmente no rebasaría los 3 millones de dólares.
Luego de acordar los términos de la operación a finales de marzo, Hernández le avisó telefónicamente el 24 de abril a CS1 que sus clientes tenían un problema y que habían pospuesto el movimiento.
Pero el 30 de mayo, el aún prófugo le indicó que otro grupo quería mandar 600 mil dólares desde Ciudad de México para trasladarlos a Hong Kong y que moverían esa cifra cada tres semanas.
El 10 de junio, Hernández llamó a CS1 para contarle que “sus amigos” estaban esperando para empezar con “600” desde Guadalajara a Hong Kong.
El 23 de agosto, Lu, Hernández y Herrera se reunieron con el informante en el restaurante Renato’s para preguntarle si podía recibir 500 mil dólares diarios y trasladarlos el mismo día a Tijuana. A su vez, Herrera les contó que se trataba de una suma mensual de 10 millones.
El prófugo les relató que ya lavaba dinero mediante sus cuentas bancarias personales, pero que Chase Bank y Wells Fargo se las cerraban.
Hernández les contó que ya habían tratado de lavar dinero por SNB, pero que éste les había cancelado la cuenta.
En marzo de 2012, Hernández se reunió con CS1 para proponerle transacciones en las cuales este último recibiría 3 millones de dólares mensuales para transferirlos de vuelta a México, por una comisión a repartir entre ambos y Herrera.
En febrero de 2014, Hernández le ofreció desplazar dinero originado en Canadá y enviarlo a México.
En septiembre de 2014, el mismo implicado propuso lavar 30 millones de dólares de gente de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de una comisión.
Del expediente se deduce que las operaciones citadas nunca se materializaron. Además, no aclara el rol de las autoridades mexicanas y si hubo intentos por frenar el flujo de efectivo desde el sur del río Bravo.
Las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares pasaron a través de Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.
“Sus objetivos eran enriquecer a sus miembros y asociados mediante el lavado de dinero y otras actividades criminales con operaciones financieras, estrechar la relación entre miembros y asociados de modo que el lavado se repitiera y aumentara con el tiempo, expandir el alcance de la operación a nuevos integrantes, extender la diversidad de rutas a través para mover, ocultar y lavar dinero”, cita la acusación.
Policías de Orizaba entregaban a detenidos a Los Zetas
XALAPA, Ver.- A un año y un mes de la desaparición de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, la detención de un octavo policía municipal de Orizaba, Veracruz, puso al descubierto una red de oficiales quienes hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la organización delincuencial de Los Zetas.
Apenas el 24 de diciembre pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.
Desde octubre del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se omiten, por la propia secrecía de la investigación.
La averiguación previa 728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth Club.
Así lo demuestran las cámaras de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.
De estás inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.
En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.
“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros… este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.
De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de una camioneta negra.
Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.
“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.
Ángel Zito fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.
Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia.
En agosto pasado, en la madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas, José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en el interior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo Romero, uno de ellos, mesero del lugar.
Esta quíntuple ejecución sacó a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos –ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron “reclamados” en las instalaciones de la comandancia policíaca por miembros de la delincuencia organizada.
“Tras la balacera en el bar La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.
Una semana previa al ataque de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas, policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.
En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.
Apenas el 24 de diciembre pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.
Desde octubre del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se omiten, por la propia secrecía de la investigación.
La averiguación previa 728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth Club.
Así lo demuestran las cámaras de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.
De estás inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.
En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.
“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros… este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.
De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de una camioneta negra.
Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.
“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.
Ángel Zito fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.
Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia.
En agosto pasado, en la madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas, José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en el interior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo Romero, uno de ellos, mesero del lugar.
Esta quíntuple ejecución sacó a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos –ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron “reclamados” en las instalaciones de la comandancia policíaca por miembros de la delincuencia organizada.
“Tras la balacera en el bar La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.
Una semana previa al ataque de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas, policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.
En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.
Fuente: Proceso| EMILIO GODOY| NOÉ ZAVALETA
