El pago de pensiones representa una bomba de tiempo para el gobierno federal y de los estados debido a que desde hace 18 años disminuyó el número de trabajadores en activo que pagarían las pensiones de los jubilados. De acuerdo con HR Ratings, es “cada vez más recurrente que los estados estén obligados a destinar recursos extraordinarios al pago de pensiones no fondeadas”.
La presión que empezó a ejercer el pago de las pensiones y jubilaciones provocó que en 1997 se emprendiera una serie de acciones para cambiar el sistema de seguridad social. Foto: Cuartoscuro.
A dos décadas de que en México inició la transformación al régimen de pensiones y jubilaciones para restarle presión a las finanzas federales y de los estados, el pago de esta obligación todavía representa una bomba de tiempo para el Gobierno federal y de los estados debido a que desde hace 18 años disminuyó el número de trabajadores en activo que pagarían las pensiones de los jubilados respecto al número de personas que por edad tramitaron su retiro laboral.
Entre 1990 y 1995, el número de pensionados creció a una tasa promedio anual de 8.5 por ciento, en cambio la tasa de trabajadores creció 3.1 por ciento. Así, el número de trabajadores activos por pensionado disminuyó de 24 en 1985 a unos 17 en 1990. El número fue todavía menor para 1994 cuando hubo 13 trabajadores en activo, de acuerdo con estimaciones de la firma HR Ratings en el análisis “Sistema de Pensiones Subnacionales”.
De acuerdo con las estimaciones de la firma, los estados continuarán “con presiones dentro de sus finanzas derivado de las obligaciones por concepto de pensiones” que hace siete años llegaron a representar el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de modo que el pasivo contingente se ubicó en 4 mil 958 millones de pesos. HR Ratings México, con base en cálculos actuariales, estimó que a partir de 2015 al menos 11 estados de la República Mexicana tendrían problemas para pagar las pensiones.
La calificadora advirtió en su estudio que estos sistemas “podrían no pagar la nómina de pensiones en curso y agotarían el capital de la reserva actual”.
LOS ESTADOS PRESIONADOS POR LAS PENSIONES
De los 17 estados analizados por la calificadora, en tres se ha agotado la capacidad de reserva del sistema para para hacer frente a las pensiones, lo cual no implica que dichas administraciones vayan dejar de pagar. Chiapas figura en la lista de estas tres entidades.
El estado del sureste es una de las regiones con el mayor nivel de pobreza en el país. La situación de sus finanzas públicas frente a las pensiones ha encendido las luces de color ámbar.
Desde 2014 se agotó la reserva del sistema pensionario y desde 2012 el Servicio Médico padece insuficiencia de pagos. De este modo el gobierno federal ha tenido que realizar aportaciones extraordinarias al erario del estado sureño para que cumpla con sus obligaciones. Bajo estas condiciones, la entidad es “una carga financiera considerable para las finanzas públicas”.
En el otro extremo de la República Mexicana, es decir en el norte, el sistema de pensiones de Chihuahua enfrenta una situación de “insuficiencia agotada”. Ante esta circunstancia el gobierno federal a partir de este año ha tenido que hacer “aportaciones extraordinarias” por mil 620 millones de pesos.
Sin embargo la administración estatal prevé que en breve se empiece a reducir la carga derivado de las reforma realizada en 2013. A pesar de las presiones las finanzas están estables.
El estado del norte gobernado por César Duarte es un buen ejemplo respecto a la disminución del número de trabajadores frente al de jubilados. Al corte del primer semestre del año, la nómina del Estado era de 41 mil 482 empleados en activos y de 13 mil 839 jubilados.
El total de jubilados representa el 33.3 por ciento de la plantilla de trabajadores en activo. Con la poca información disponible de Nuevo León, su sistema de jubilaciones está en una etapa de descapitalización.
En el estado existen 45 mil 072 trabajadores en activo y otros 14 mil 078 están jubilados. Este último número representa 31.2 por ciento respecto al total de la población que desempeña una actividad laboral formal.
La presión que empezó a ejercer el pago de las pensiones y jubilaciones provocó que en 1997 se emprendiera una serie de acciones para cambiar el sistema de seguridad social.
Los primeros cambios recayeron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la reforma a la Ley de Seguridad Social de 1997. Ese año se migro de un esquema de Beneficios Definidos al de cuentas individuales con el objetivo de mejorar la sustentabilidad financiera del IMSS.
Las modificaciones de aquel año no abarcaron a los sistemas estatales de pensiones, los cuales en su mayoría tienen una estructura de beneficios definidos que provocaron desequilibrios entre las aportaciones y los beneficios.
De acuerdo con información de HR Ratings es “cada vez más recurrente que los estados estén obligados a destinar recursos extraordinarios al pago de pensiones no fondeadas”.
Los estados que a la fecha han realizado algún tipo de reforma a sus sistemas de pensiones son Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nuevo León y Chihuahua. Aun así la complejidad financiera de las pensiones y la socio-demográfica de cada entidad continuará ofreciendo retos importantes a las finanzas de los estados “y en algunos de ellos podría verse reflejado en reducciones en la calidad crediticia”.
Fuente: Sin Embargo| Por Mayra Martínez Medina
