Cinco de seis legisladores perredistas por Tabasco obedecieron al Gobernador Arturo Núñez Jiménez y votaron a favor de las reservas propuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados políticos, para modificar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de beneficiar con más recursos a los estados productores.
Los diputados son:
Tomás Brito Lara
Juan Manuel Fócil Pérez
Gerardo Gaudiano Rovirosa
Marcos Rosendo Medina Filigrana
Antonio Sansores Sastré
La única perredista que votó en contra fue la Diputada Claudia Bojórquez Javier.
Este jueves, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, exhortó a los seis diputados federales y a los tres senadores que representan a la entidad, a votar a favor de los dictámenes en materia fiscal de la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto.
Con los cambios negociados para los estados productores de hidrocarburos, Tabasco tendrá alrededor de mil millones de pesos adicionales por año.
“Les hago este exhorto como Gobernador del estado, convencido de que por encima de las diferencias ideológicas y políticas que son legítimas y que dan sustento a la democracia, hay una unidad de todos en torno a Tabasco”, afirmó Arturo Núñez Jiménez, que llegó al cargo bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
LOS CAMBIOS
Con el acuerdo entre priistas, panistas y sus aliados políticos en la Reforma Energética, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por mayoría reformar las leyes anteriormente citadas, para aumentar la transferencia de recursos para garantizar los recursos suficientes que les permitan enfrentar sus gastos “Hoy en día, de los recursos que el Estado tiene en materia petrolera, hay que pagar la exploración, hay que pagar la explotación a compañías extranjeras como Schlumberger o como Halliburton que están hoy trabajando en el sector petrolero, sin derramar un solo peso a las arcas del Estado mexicano”, dijo Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Con la iniciativa que hoy se propone esto ya no será así, porque habrá recursos desde el momento de la explotación y desde el momento de la exploración por pagos de derechos que estarán en administración del gobierno mexicano para beneficiar a quienes más lo necesitan”, agregó. La reserva vino firmada por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), Luis Alberto Villarreal García (PAN), Arturo Escobar y Vega (PVEM) y María Sanjuana Cerda Franco (Panal), con la cual se reformó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos redujo a 65 por ciento (estaba en 68 por ciento) la tasa que los asignatarios pagarán anualmente del derecho por la utilidad compartida. Este simple cambio representaría alrededor de 120 mil millones de pesos adicionales para Pemex, los cuales serían repartidos, en parte, entre las entidades federativas. Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29 por ciento (anteriormente se estipulaba el 79.73 por ciento) de los ingresos petroleros del gobierno federal, así como de los ingresos excedentes.
“Por medio de esta adenda, el sistema de coordinación fiscal incrementa el porcentaje de recaudación federal participable de un 79.73 por ciento a un 80.29 por ciento de los ingresos petroleros, medida que repercutirá con el incremento de los ingresos de estados y municipios”, detalló la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
PREVÉN CAMBIOS EN PASIVOS COMO DEUDA PÚBLICA
Priistas y panistas en la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para cambiar el término pasivo laboral de Pemex por el de “pasivo de pensiones y jubilaciones”, en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este tema se discutirá esta noche, dentro del dictamen de reforma a la Ley Federal de Presupuesto.
Con la modificación se fija el monto a sanear en 1.7 billones de pesos: 1.1 billones de pesos para Pemex y 0.5 billones para CFE (la diferencia es porque no son cifras cerradas). “Nosotros decimos también y hemos propuesto que los pasivos en materia de pensiones y en materia de jubilaciones que vayan a rescatarse sean estrictamente las que están registradas en los balances de Pemex y de la Comisión Federal y no que estén basadas en proyecciones actuariales”, informó el líder de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal.
En el tercero transitorio de la Ley en cometo se describe que la Auditoría Superior de la Federación deberá auditar los fondos de pensiones y jubilaciones para determinar por qué se alcanzó esa cifra. Además, será la encargada de fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios que dejaron que el asunto se convirtiera en una “bola de nieve”, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de procedimientos de responsabilidad penal. “Dentro de 12 meses, la Auditoría Superior de la Federación está obligada a terminar un estudio que nos diga qué fue lo que pasó, qué hizo que se diluyeran los fondos que son garantía de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex”, afirmó el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones. Asimismo, se prevén cambios en el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos para eliminar el párrafo que establece que los trabajadores no podrán ser beneficiarios de las utilidades que se tengan de los contratistas y asignatarios en la explotación de los hidrocarburos.
PAN INSISTE EN ASUMIR PASIVOS CON DEUDA PÚBLICA
La bancada de Acción Nacional, por su parte, precisó que al asumir como deuda pública parte de los pasivos por pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE “los mexicanos no asumen más deuda, al final de cuentas es la misma que ya existe”.
Insistió en que la actual deuda de las dos antiguas paraestatales es deuda del Estado mexicano, y como tal, el estado debe responder por ellas.
Para el PAN, son irreductibles tres condiciones para que el Gobierno federal asuma una proporción del pago de pensiones y jubilaciones de Pemex:
· Alcanzar un acuerdo con sus trabajadores para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable.
· Modificar el reglamento de trabajo del personal de confianza
· Implementar un programa de austeridad del gasto.
“Pongo otro, cuando se vaya a negociar el Contrato Colectivo con el sindicato habrá de partirse de la base de homologar con otras normas federales en materia de pensiones y jubilación. Caso concreto, las normas que están establecidas en el ISSSTE, si alguien quiere jubilarse la edad mínima es de 65 años y por supuesto, la individualización de las cuentas tendrá que ser de manera voluntaria”, adelantó el líder del blanquiazul, Luis Alberto Villarreal.
Fuente: Sin Embargo| David Martínez Huerta
