Voceros de la privatización
A medida que se acerca la fecha de la discusión de los planes de la reforma energética, se multiplican las voces que pugnan, desde la iniciativa privada, por una apertura mayor a la planteada por el proyecto presidencial –de suyo privatizador– y por un traslado de potestades públicas a particulares. En la más reciente edición semanal de El Indicador, los especialistas financieros de banco Santander señalan que la nueva versión de la reforma permitiría al gobierno decidir el tipo de contrato que sería ofrecido para cada proyecto. Estos podrían ser contratos de servicio, contratos de utilidad o producción compartida o licencias. El documento añade que un modelo de producción compartida o un modelo de licencias garantizarían un control operativo más amplio de los proyectos que el modelo inicial propuesto por el gobierno y afirma que un movimiento en dicha dirección ciertamente sería tomado muy positivamente por los inversionistas.
Debe señalarse que todos los escenarios esbozados por la institución financiera resultan, por principio, indeseables. La eventual reforma al artículo 27 constitucional, incluso una como la que pretende la iniciativa de ley presentada por Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, entregaría el control de parte de la renta petrolera a particulares, nacionales o extranjeros, por medio de los contratos de utilidad compartida. Por añadidura, la incorporación de figuras como los contratos de producción compartida y las concesiones sobre campos petrolíferos posibilitaría, además, el ingreso y el control de los recursos naturales a petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol a los campos petrolíferos del país.
Por lo demás, la adición que propone Santander se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, instalar en la opinión pública nacional la necesidad de transferir el control de la industria petrolera a manos privadas.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de esa industria no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, a una incapacidad del Estado para administrarla y para cumplir con sus responsabilidades en la materia, sino a que es utilizada, por falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica que enfrenta el sector energético en el país –y particularmente el petrolero– no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el sector.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización, y vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países democráticos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de la industria petrolera, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.
El arreglo sobre el petróleo: Arnaldo Córdova
Que el PRI y el PAN han estado negociando el destino que tendrá la reforma energética es un secreto a voces. Desde el principio pudo verse que compartían el mismo designio: abrir Pemex a la iniciativa privada para que ésta se encargara del desarrollo de la industria petrolera y la empresa nacional dejara de ser una carga para el Estado. Sus perspectivas variaban, como es natural: los priístas querían una apertura gradual; los panistas querían que todo se resolviera en un solo acto. Lo que no se ha ventilado públicamente es qué tipo de acuerdos son los que se están alcanzando por parte de los dos partidos derechistas.
El pasado miércoles, The Wall Street Journal hizo públicos algunos de esos acuerdos hasta ahora en secreto. El diario informó que “altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino” ( La Jornada, 7/11/2013, subrayado mío).
Qué podrán ser o en qué podrán consistir esos contratos de licencia, finalmente se aclara en la información proporcionada. No parecen tener sólo que ver con los llamados contratos de ganancias compartidas de la propuesta de Peña Nieto, y llegan a parecerse más a lo que los panistas identifican como concesiones. En derecho internacional, una licencia se acerca a lo que es una concesión, y es de suponer que una vez aprobada la reforma no haya dificultad alguna para identificarlas.
En todo caso, según la información del Journal, no se trataría de un tipo unívoco de contratos, sino de varios tipos, uno de los cuales podrían ser los contratos propuestos por Peña Nieto y se referirían a la explotación en campos petroleros de bajo riesgo (lo que quiere decir que se incluirían los campos convencionales que la iniciativa del gobierno reserva para Pemex); esos contratos, como se recordará, sólo se refieren a ganancias y no a producción. Se compartirían los beneficios y los riesgos, pero nada más.
Según esto, habría un segundo tipo de contratos que, ahora sí, estarían dirigidos a compartir la producción. Queda claro que por medio de este tipo de contratos no se compartirían las ganancias, sino que habría una distribución del crudo entre el Estado y las empresas privadas favorecidas por los contratos. Aquí, según el diario neoyorquino, se trataría exclusivamente de campos de alto riesgo o de los llamados no convencionales, en aguas profundas. En todo caso, el objetivo es compartir la producción de crudo.
Hay, empero, un tercer tipo de contratos de licencia que estarían dirigidos a los campos de aguas profundas e incluiría también la explotación del gas esquisto. Aquí se trata de una auténtica concesión porque no se comparte nada, ni ganancias ni producción. A la empresa contratante se le autoriza llevar a cabo todos los procesos de explotación, prácticamente sin la intervención de Pemex. Por su cuenta y riesgo, se haría cargo de todo el proceso y, al final, controlaría el petróleo sin otra obligación que pagar regalías e impuestos. Es lo más cercano a la propuesta del PAN.
Que la negociación está en curso, nadie lo puede dudar; además, los mismos priístas han aclarado que se está negociando. Según el curso de ese arreglo, lo que de verdad está pasando es que el PRI se está olvidando de su propuesta original para adoptar como propia la del PAN. Si esa diferenciación de los contratos de licencia que revela el periódico estadunidense es cierta, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la propuesta del gobierno es ya la misma que la del PAN y que, finalmente, tendremos de nuevo la figura de la concesión que es tan cara a los blanquiazules.
Que los priístas están doblando las manos, parece más que evidente. Justo el mismo miércoles pasado, David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, declaró que, en aras de alcanzar un acuerdo con el PAN para aprobar la reforma, el gobierno y su partido están dispuestos a que la propuesta sea modificada y, entre otras cosas, reveló que la iniciativa panista de la producción compartida está en la mesa y el PRI no le hace el feo. Nada dijo del tercer tipo de contratos que salió a relucir en la información del Journal.
Para mayores aclaraciones, Penchyna afirmó: “Somos conscientes y sabemos muy bien que nuestra iniciativa, tal como fue planteada, es imposible que salga por sí sola, igual que las de PAN y PRD… la negociación implica aceptar cambios. Ninguna fuerza política por sí sola puede aprobar reformas, y mucho menos constitucionales, porque ninguna fuerza tiene una representación de mayoría relativa [sic]” ( Reforma, 7/11/2013). Hay que agradecer a los priístas que, por lo menos, se hayan vuelto más modestos y humildes. El que parece no aprender es su líder, César Camacho, tan servil del presidente como siempre.
En su peculiar estilo, Camacho rechazó, contra toda evidencia, que exista una negociación entre el gobierno federal y el PAN para compartir la producción de hidrocarburos con petroleras privadas. “El planteamiento –dijo– es el mismo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que de origen hemos difundido… No hay letra chiquita ni nada porque la letra es del mismo tamaño. Hemos mantenido este diálogo no sólo con el PAN, sino con todas las fuerzas políticas” (misma fuente). Si estamos a su dicho, nada hay de nuevo y Peña Nieto sostiene su propuesta. Eso, sin embargo, ya nadie lo cree.
Por lo que puede verse, tenemos ya una idea más fina de lo que significa la reforma energética y de los objetivos e instrumentos que le son esenciales: se reformarán los artículos 27, para eliminar la prohibición de los contratos, y 28, para eliminar el concepto de sectores estratégicos de la economía. El objetivo central eran y siguen siendo los contratos, hasta hace poco denominados en la iniciativa de Peña Nieto como contratos de ganancias y riesgos compartidos. Ahora diversificados en tres categorías: 1) contratos de ganancias compartidas; 2) contratos de producción compartida, y, 3) contratos de cesión del proceso productivo y comercial a los privados, equivalente en todo a la concesión y por la que los empresarios sólo pagarán regalías e impuestos.
Priístas y panistas, finalmente, vuelven a encontrarse: la derecha en pleno en el asalto a la nación. La información del periódico estadunidense consigna también que las propuestas finales, ya con el acuerdo de priístas y panistas, estarán listas para fines de noviembre. Eso quiere decir que se está trabajando a marchas forzadas y que ya ni hacen falta distractores en torno al sentido y al significado de la reforma. Las decisiones, al parecer, ya están tomadas. Sólo queda esperar que la sociedad organizada sea lo suficientemente fuerte para parar el golpe.
Pemex: se vende o se alquila lo peorcito: Antonio Gershenson
Desde por lo menos 2011, los funcionarios de Pemex han contratado de lo peorcito. Unos han sido los llamados campos maduros, y contratos integrales, cuya producción es mínima y a lo largo de muchos años. Primero en la zona sur, luego, ya en 2012, en el norte, y finalmente, este año, el gran regalo de los funcionarios: ¡Chicontepec! En este último año, se concursaron seis áreas en esa zona, y tres se declararon desiertas. ¡Nadie de las trasnacionales las quiso! Así estarían.
Como si fuera la gran gloria, anuncian que lo que sigue son las aguas profundas. De hecho ya perforan junto con trasnacionales, pero tal vez ahora serían concursos formales como los mencionados. Ya se habían gastado 69 mil millones de pesos en 2002–2011 en trabajos en aguas profundas. Y, como hemos mostrado, no ha habido en aguas profundas ninguna producción de petróleo crudo ni gas natural. Claro, estas zonas son muy elogiadas.
Y nosotros tan preocupados porque las zonas productivas sean entregadas a las trasnacionales. Tan preocupados porque las trasnacionales se asocien como dicen, a las zonas más productivas.
En otras notas mencionamos que la excepción es Litoral de Tabasco, en el que, del tercer trimestre de 2012 al de 2013, Tsimin pasó de 3.7 a 30.6 miles de barriles diarios de crudo súper ligero. En el mismo Litoral, además, empezó la producción de otros dos pozos: Xux 1 DL, con un millón 922 mil barriles, y Mitzon-1, con 3 millones 512 mil, ambos de crudo ligero. La producción nacional de crudo ligero aumentó 2.5 por ciento, más que el crudo y más que el súper ligero.
Todos estos producen también gas natural en cantidad creciente. Los campos asociados, los que producen gas natural y también crudo, como los que hemos mencionado, tuvieron un aumento de 4 por ciento en su producción de gas natural.
La producción de gas natural decayó en los campos no asociados, como Veracruz, Burgos y otros, bajando en 7.5 por ciento.
Afortunadamente, todas estas áreas en desarrollo no se están rifando, ni vendiendo, ni hipotecando: son de Pemex y ya.
Todo el dineral y todos los discursos se destinan a las áreas improductivas o casi, y en cambio no les destinan esos discursos y demás atenciones a las áreas que sí producen crudo y gas, como los ejemplos mencionados.
Por un lado, los funcionarios sólo presumen sin producción, o con producción decadente. Por otro lado, estos señores son ajenos a lo que se está produciendo en la realidad.
Me temo que, a estas alturas, los funcionarios no están muy claros de lo que pasa. Todo lo que ellos han publicado, si lo ve alguien que sepa, se va a burlar.
Exponen ampliamente temas como Campos Maduros; para que no se oiga tan feo Chicontepec, dicen Aceite Terciario del Golfo, hablan de Aguas Profundas como si fueran algo productivo, de recursos Shale, ampliar las nuevas redes de negocios y así sucesivamente. Lo único malo es que todo esto está hueco, y el contenido de barriles –si lo hay– en varios casos no lo pueden encontrar.
En un foro, con el Congreso, el director de Finanzas de Pemex menciona los contratos de producción compartida (lo que cambian, obsérvese, es el nombre de los contratos, y hay que ver qué más). Y se habla de contratos concesionados, y de que se discutirá con los diputados los términos que resulten.
Hoy, y se menciona en la reunión, empezó la construcción del gasoducto Los Ramones, desde Estados Unidos. El ducto, que será largo en serio, va a ser carísimo.
Se habla también de la llegada de otro ducto, canadiense, a Houston, donde el petróleo exportado mexicano va a encontrar una gran competencia.
Ahora, entonces, se discuten los términos de la entrega a las trasnacionales de las instalaciones petroleras y gaseras. Ya vimos las anteriores, que no son nada positivas para México ni para Pemex. Debemos ser muy activos en la defensa de Pemex, y en especial de las áreas productivas del mismo.
Reforma energética, la séptima: José Antonio Rojas Nieto
En lo petrolero la reforma energética gubernamental se acerca cada vez más a un cambio constitucional que permita tres tipos de explotación de los yacimientos mexicanos:1) contratos de utilidad compartida;2) contratos de producción compartida;3) licencias (contrato más abierto, se dice). Este es el contenido del acuerdo preliminar entre PAN y PRI, que da nuevo perfil a la reforma energética. Y fue destapado esta semana en la entrevista de Carmen Aristegui con Carlos Manuel Rodríguez, de Bloomberg-México, al comentar lo publicado por The Wall Street Journal. Nos advierte de nuevas formas de explotación del petróleo mexicano. ¿Cuáles? Las del mercado competitivo. Ese que –a decir de personeros gubernamentales– también arribará y para bien –juran– a la industria eléctrica.
Nadie en su sano juicio creerá que vendrá la libre competencia, la sana competencia, para hablar en esos términos religiosos que –con todo respeto y salvadas las diferencias– empezaron a usarse en tiempos de Adam Smith. Incluso un poco antes con los fisiócratas. Véase –a manera de ejemplo– el caso de las telecomunicaciones, de la telefonía. ¡Por favor! Cierto es que el admirable y admirado escocés Adam Smith defendía la idea –en mi opinión religiosa– de que todos los hombres tienen una propensión al cambio, a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. Y una vez que sugiere ni siquiera preguntarse si esta propensión al cambio es uno de los principios innatos en la naturaleza humana de los que no puede darse una explicación ulterior, se orienta a asegurar que lo más probable es que sea consecuencia de las facultades discursivas y del lenguaje. Lo cierto es que –asegura Smith– eso de intercambiar, comercializar, competir, buscar el propio beneficio es una propiedad común a todos los hombres y no se encuentra en otra especia de animales que desconoce esta y otra clase de avenencias.
Pues bien, es precisamente esta clase de avenencias la que el gobierno actual se propone impulsar –asegura– en las industrias petrolera y eléctrica. En la primera –aseguro yo– porque no soporta ya la presión de sus congéneres de distribuir la renta petrolera, excedente petrolero del que –por cierto– se habla con imprecisión y vulgaridad. Y en la segunda –también aseguro– porque tampoco soporta la presión para que se entregue la renta eléctrica. Pero precisemos un poco conceptos, para entender la lógica que, en el fondo, soporta la obsesión de los azules por llegar a lo que –Carlos Manuel Rodríguez, vocero de noticias Bloomberg en México, dijo a Carmen Aristegui– equivale a 95 por ciento de apertura, pero también de los rojos que –a decir de este mismo vocero– se encuentran cerca de 70 por ciento de apertura, en contraste –también lo dice– con el 20 de apertura de los amarillos. La negociación de marras se orienta a lograr un acuerdo cercano a 80 por ciento de apertura de lo que el PAN –el neoliberal más radical del momento– pretendería.
Entonces, pues, precisemos un poco. ¿Cuánta renta petrolera? ¿De dónde sale? Empecemos. ¿Cómo se determina el costo de producción del petróleo? ¿Cómo el del gas natural? Los manuales son muy claros. En el caso del petróleo y gas natural es la suma de los llamados costos aguas arriba (upstream), que incluyen los costos de descubrimiento y desarrollo de yacimientos, los costos de extracción que suponen la operación y el mantenimiento de las instalaciones de los pozos de dichos yacimientos, que permiten extraer y entregar el crudo o el gas a los centros de consumo, incluidos los terrenos donde se encuentran esos yacimientos e instalaciones, trátese de compra o arrendamiento. Además, y con el riesgo de ser un tanto simplista al concentrarnos en el petróleo, es posible asegurar que, actualmente, una demanda mundial de crudo del orden de 94 millones de barriles al día, supone o exige –mediada desde luego por el comportamiento de productores individuales o asociados que deciden extraer sólo una parte de su capacidad instalada– la explotación de pozos con costos del orden de los 80 a 85 dólares por barril. Un precio cercano a los 100 dólares por barril permite que yacimientos de estos altos costos tengan un beneficio por sus inversiones, incluso más ventajoso del que permitiría –para sólo dar uno de tantos referentes– la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos. De forma tal que todos los productores en funciones, con costos menores –y salvadas las diferencias de calidad del crudo– recibirían de renta petrolera, sí, renta petrolera en estricto sentido y además de su beneficio, un monto determinado por el diferencial (por eso renta diferencial) de sus costos específicos y particulares, con 80 u 85 dólares.
Además, salvo el descubrimiento excepcional de yacimientos sorprendentes –como ocurrió en el caso del gas de lutitas (shale)– o un abandono del crudo como referente energético en el mundo –básicamente por cambio drástico en el transporte– no se ve cómo pueden bajar los precios del crudo en el futuro próximo. En buen romance esto significa que yacimientos que puedan producir crudo a costos menores a esos 80 u 85 o, incluso mucho más altos (90, 100 o más dólares actuales por barril) en la medida que suba la demanda (a 120 millones de barriles en unos 10 años, con crecimiento medio anual de 2.5 por ciento), tendrán renta petrolera (diferencial), cuyo monto dependerá de sus costos individuales. Por eso la puja de los contratistas en todo el mundo para que los gobiernos les reconozcan los más altos costos posibles. Para obtener más renta. Así, si hay cambio constitucional, los yacimientos de utilidad compartida, de producción compartida o dados con licencia a privados, tendrán no mucha sino muchísima renta. ¿Cuál es la lógica de entregar excedentes petroleros –además del beneficio por el capital invertido– a los privados? ¿Cuál, asimismo, la de entregar la renta eléctrica a través de un mercado de generadores? Incluso suponiendo dominio de ciclos combinados a gas natural, pero con necesidad de mitigar emisiones y complementar renovables. ¿Cuál? Pero bueno, de esto –precisamente de lo eléctrico– habrá que comentar en otro momento. Sin duda.
NB Con afecto a mis estudiantes de economía política clásica de la Facultad de Economía de la UNAM. Y con amistad a mi alumna Diana Talavera que dice que deben seguir los institutos electorales locales.
Fuente: La Jornada
