El nuevo reparto de posiciones en el IFE mediante cuotas partidistas simplemente garantiza que los procesos electorales venideros seguirán secuestrados y desvirtuados. No es un asunto de buenas intenciones, de fundadas o infundadas esperanzas o del clásico beneficio de la duda, sino una cruda derivación del sistema que a ojos de todo mundo se aplica para elegir o designar a los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, como el propio IFE (el Ifai, la CNDH o el Banco de México, por dar ejemplos).
Es decir, los tres principales partidos se distribuyen los asientos de esos órganos bajo las mismas reglas utilizadas en el pillaje de conquista: prevalece la ley del más fuerte y en esa proporción tiene más fichas ganadas, el reparto del botín debe garantizar que no haya motín y la satisfacción final de los participantes debe traducirse en el hecho de que sus promovidos a los cargos actúen en agradecida correspondencia hacia los intereses de los partidos o grupos promotores, hipotecando sus votos ciudadanos y asegurando la continuidad de ese círculo de complicidades y repartimiento entre socios exclusivos.
Los 64 nombres de aspirantes a ocupar las sillas disponibles en el consejo general del IFE constituyen una confirmación de esa tendencia facciosa. Los partidos han cerrado el paso a cualquier expectativa de mejoría, pues han sembrado sus cartas marcadas sin permitir el asomo de opciones que por su valía cívica, independencia de criterio y capacidad profesional pudiesen llegar al estratégico instituto electoral sin el sello grupal. El resultado previsible de esa conformación estigmatizada será la conservación del estilo doblegado ante los poderes gubernamentales y empresariales que caracterizó a las administraciones encabezadas por Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita.
La deslegitimación del sistema político mexicano, agudizada en los comicios presidenciales de 2006 y 2012, ha llevado a una cerrazón elitista en lugar de una apertura, incluso si ésta fuera taimadamente controlada. PRI, PAN (de preferencia el ala maderista) y PRD (el grupo de Los Chuchos) tendrán en el nuevo IFE un control absoluto, para así tratar de mantenerse en el poder proporcionalmente compartido el mayor tiempo que les sea posible.
Miguel Ángel Mancera y Cuauhtémoc Cárdenas coincidieron ayer en un punto respecto a las 20 asambleas de Morena en busca de su institucionalización como partido. Bien por la nueva construcción, pero será importante que en los próximos comicios se llegue a planteamientos de unidad, fue la idea central de lo dicho por el jefe del gobierno capitalino y el ex candidato presidencial perredista. Esa postura pretende ir preparando el terreno para negociaciones entre las distintas versiones de la izquierda partidista, con la divisa unitaria como único camino para tratar de frenar al priísmo expandido y al panismo en espera de reconstituirse. El entramado de esa unidad a toda costa acabaría dejando a las siglas partidistas de izquierda reducidas al papel que siempre han tenido a la hora de la elaboración de las planillas en busca de cargos de elección popular, y que Morena, en particular, dice que pretende modificar. Es decir, los partidos (PRD, PaMor, del Trabajo, Movimiento Ciudadano) como meras corrientes internas que forcejean para contar con mejores cuotas y posiciones.
La muerte de Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, ha actualizado episodios de la historia mexicana relacionados con el caciquismo sindical, su funcionalidad respecto al sistema político dominante y el destino de los líderes útiles desplazados por el mismo poder que largamente los toleró. Así como Enrique Peña Nieto derribó y encarceló a Elba Esther Gordillo para tratar de mostrarse feroz ante otros factores de poder, Carlos Salinas de Gortari arremetió contra Hernández Galicia en busca de dar legitimidad a su impugnado arribo a Los Pinos, en un proceso de reformulaciones que abarcó a las élites del sindicalismo petrolero (autoritario, corrupto y pernicioso, aunque La Quina disfrazara su gestión con actos de populismo nacionalista) y del magisterial, donde el mismo CSG tumbó a Carlos Jonguitud Barrios para imponer a la profesora chiapaneca ahora encarcelada.
Hernández Galicia se enfrentó al precandidato Carlos Salinas de Gortari y se le atribuyó el financiamiento de un libro en el que se difundía el episodio del asesinato de una servidora doméstica por parte de los niños Carlos y Raúl. También se habló del apoyo de La Quina y su poderosa estructura sindical hacia Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988. Lo cierto fue que en cuanto CSG tomó posesión de la Presidencia de la República organizó un operativo militar para involucrar a Hernández Galicia en hechos delictivos a los que se notaban los brochazos de lo hechizo. Procesado y hostigado por ese salinismo revanchista, La Quina nunca vio levantarse en su defensa a las legiones populares que presumía. Uno de sus hijos, del mismo nombre, ha sido candidato y ha ocupado cargos a nombre del Partido de la Revolución Democrática en su principal área de influencia, Ciudad Madero, Tamaulipas.
Al atascado engranaje de la gobernación en Michoacán se ha vuelto a insertar una pieza que semanas antes parecía desechada y que meses atrás era la principal. Jesús Reyna ha sido una especie de hipogobernador en dos sentidos; por debajo de Fausto Vallejo y a pausas como el hipo. Aceptó ser secretario general de Gobierno de Vallejo a sabiendas de que los conocidos males de salud de ese funcionario electo le dejarían en las manos el control real del estado. Así sucedió y Reyna fue mandatario de facto. Luego, ante la crisis de Vallejo, fue designado interino, pero Fausto regresó y Jesús debió hacerse a un lado. Ahora ha vuelto a su puesto original de talacha, la Secretaría Gobierno. Ya se verá si con su reinserción los cárteles hoy en pugna se sienten menos amenazados y reducen la violencia pública.
Y, mientras el PRD regresa a negociar la reforma electoral, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
