En condiciones prácticamente de esclavitud, un ejército de trabajadores del campo de los estados más pobres de México –Oaxaca, Guerrero y Chiapas– arrojan millones de dólares de ganancias para los productores agrícolas de Sinaloa “por salarios miserables”.
En un reportaje fechado en Villa Juárez, Sinaloa, Los Angeles Times denuncia las condiciones en que los trabajadores agrícolas trabajan en la siembra y recolección del tomate, en todas sus variedades.
“Trabajadores agrícolas de tomate de México laboran en ‘círculo de la pobreza’”, titula el diario la investigación del periodista Tracy Wilkinson, quien expone que una pequeña lista de propietarios amasa millones de dólares, “dinero grande”, mientras que la siembra, el deshierbe, la poda y la cosecha de hortalizas recae en los mexicanos que provienen de las entidades más pobres, y que no tienen oportunidades de educación o de otras formas de empleo legal.
El año pasado, destaca el reportaje, Sinaloa exportó 950 mil toneladas de hortalizas, principalmente tomates, y sobre todo a California y otras partes de Estados Unidos, por un valor de casi mil millones de dólares. La mitad de los tomates que se consumen en Estados Unidos son de Sinaloa y, es más, hasta las placas en el estado tienen como identidad al tomate.
Sin embargo, plantea el LA Times, los trabajadores son reclutados o “enganchados” por representantes de las empresas agrícolas desde sus lugares de origen con falsas promesas, con condiciones que varían de un productor a otro, pero que en la mayoría los críticos afirman que “equivale a servidumbre por contrato”.
Felipa Reyes , de 40 años, originaria del “violento estado de Veracruz”, quien ha trabajado en los campos de Sinaloa los últimos siete años, dijo al periódico angelino que sus supervisores suelen decir: “Usted tiene que hacer el trabajo o no gana nada”. “¿Quejarse?”, pregunta, y ella misma responde que no, no se puede. Si se hace “se termina sin nada”.
Carmen Hernández Ramos, describe el periodista Wilkinson, tiene 52 años y parece de 80. Ella ha estado laborando en la siembra del tomate desde hace 15 años, “pero sigue ganando el mismo salario diario: 10 pesos”. Originaria de un pequeño pueblo de Oaxaca, esta madre de seis hijos trabaja nueve horas diarias: “Si trabajamos, tenemos seguridad… Si no lo hacemos , no tenemos nada”, dice.
Ambas mujeres viven en chozas de adobe con techo de hojalata, que figuran detrás de vallas de tela metálica. No tienen electricidad, no hay agua corriente, y algunos pisos son de baldosas y otros son de tierra. Las 50 o más familias que viven en ese lugar de Villa Juárez comparten baños al aire libre y duchas, describe el periodista.
Los jornaleros, añade, son en su mayoría de comunidades indígenas y rurales, y la mayoría habla poco español .
RECLUTADOS CON ENGAÑOS
Los Angeles Times revela que los jornaleros son reclutado en sus lugares de origen y son llevados en autobuses en un viaje de 30 horas a Sinaloa. Los recién llegados, agrega, se sienten engañados por las condiciones, oportunidades y la paga que les esperaba. “Una vez en Sinaloa , dicen , se sienten atrapados –son ubicados en compuestos cercados lejos de las ciudades reales y tienen movimiento restringido por su seguridad, según dicen los propietarios por razones de seguridad”.
“Muchos dicen que los agricultores se niegan a pagar hasta el final de la temporada, los que les obliga a aguantar, mientras tanto compran tortillas, aceite de cocina y otros suministros a crédito de las pequeñas tiendas de propiedad de sus empleadores”, describe Wilkinson.
“Ellos saben sus derechos , pero no pueden hablar de ello: Estarían fuera de su trabajo al día siguiente”, dice al diario Crescencio Ramírez, de 32 años, un indígena triqui de Oaxaca que logró alternar su educación con la colecta de tomates y pimientos jalapeños, y obtuvo su título de abogado.
Como miembro de la Red Democrática de Pueblos Indígenas, no se le permite visitar a los trabajadores del campo, y dice que está restringido en lo que puede hablar. “La legislación laboral no está en la lista aprobada”, destaca.
“Ellos no tienen la libertad de elección, para entrar y salir de la granja no se puede cambiar de trabajo o hablar sobre ello”, añade.
Los propietarios de granjas responden que se han llevado a cabo mejoras constantes. En las últimas dos décadas, dicen, los trabajadores han traído cada vez más a toda su familia, e incluso los alcaldes se unen al éxodo hacia los campos, explica el periódico.
Aunque la mayoría de los trabajadores regresan a sus lugares de origen al final de la temporada, lo que tiende a extenderse desde el Día de los Muertos en noviembre a Semana Santa antes de Pascua, más jornaleros han comenzado a establecerse permanentemente en Sinaloa, en lugares como Villa Juárez, que es ahora, en esencia, un barrio pobre en el camino con cerca de 20 mil residentes, añade.
“Por ley, los productores están obligados a proporcionar las escuelas, las guarderías y la atención sanitaria para los aproximadamente 150 mil jornaleros (frente a 250 mil que había hace 25 años) y permitir las inspecciones realizadas por los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales, sin embargo, están por lo general en la nómina de los propietarios de granjas”, afirma.
Beatriz Cota, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, expone al diario que la mayoría de las mejoras en esas granjas se han destinado a proteger “el producto, no a la persona”.
“Estos han sido los programas paliativos”, afirma refiriéndose a iniciativas como la mejora de la ropa de protección y más malla para protegerse contra el sol y los insectos. “No hay una mejora estructural , que es lo que necesitamos”, destaca.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
