La masacre de 72 migrantes centro y suramericanos en el rancherío El Huizache de San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, provocó el despacho febril de memos estadounidenses, hoy desclasificados, que certifican la complicidad de la Policía mexicana con Los Zetas en “el secuestro de migrantes (de El Salvador y Guatemala)”.
La fuente mexicana, citada por la Unidad de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA, en inglés), tenía “accesos directos e indirectos durante el desempeño de sus labores oficiales” a información sensible sobre la corrupción en la Policía mexicana y la participación de sus agentes en el tráfico de drogas e indocumentados centroamericanos.
Un analista consultado en Washington asegura que la descripción de la fuente, a la que el memo cataloga como “personal de la fuerza pública”, indica que se trata de un informante que trabaja en la Policía mexicana.
La información que proveyó la fuente –“creíble y confiable”–, según los agentes estadounidenses, con quienes hablaba, está resumida en el documento número 17 del paquete desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de la George Washington University, el memo (U) IIR4129013112, enviado el 7 de octubre de 2011 desde el Distrito Federal, en México, a Washington bajo el título “Contrabando de drogas e indocumentados en la frontera suroeste”.
Lo más relevante es acaso la fecha en que llega la confesión: 14 meses después de la masacre de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a la que siguieron la aparición de al menos 195 cadáveres en 47 fosas clandestinas en ese estado mexicano entre abril y agosto de 2011.
Desde la masacre de San Fernando, los despachos de la DEA, la inteligencia militar y la CIA habían reportado capturas de agentes migratorios y policías locales mexicanos por sospechas de delitos relacionados al tráfico. La fuente del memo desclasificado de octubre, no obstante, confirmaba desde adentro de la fuerza pública mexicana que en el tráfico de drogas, masacres, secuestros y violaciones de migrantes en el noreste mexicano las autoridades eran actores importantes.
La primera tesis de EUA
El 26 de agosto de 2010, cuatro días después de la masacre de San Fernando, el consulado mexicano en Matamoros hizo el primer resumen oficial sobre los hechos. El despacho, el 000226, fue directamente a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, al Comando Norte del Pentágono, a la sede de la CIA en Langley, a la oficina de la DEA en McAllen y a las embajadas estadounidenses en Bogotá, Brasilia, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Quito, San Salvador y Tegucigalpa.
El memo desclasificado de tres páginas solo recogió información filtrada por las autoridades a los medios mexicanos y, en esencia, el recuento de un sobreviviente de la masacre, un hombre de nacionalidad ecuatoriana. Lo valioso es el párrafo final, el comentario del cónsul, que da una idea ya de la relación entre la violencia, la migración y los pleitos entre Los Zetas y el cartel del Golfo.
“Esto representa un nuevo nivel de violencia de Los Zetas... no parece que los migrantes hayan sido secuestrados por un rescate, porque no se sabe de ningún esfuerzo para solicitar dinero a las familias de los migrantes. Una teoría es que, dado que la ganancia por introducir a los migrantes a Estados Unidos era para el cartel del Golfo, los asesinatos fueron planeados por Los Zetas para afectar financieramente al cartel del Golfo”, escribe el cónsul Barkin.
Este documento también da una idea de cómo los carteles ocupan a los medios de comunicación en sus guerras. “Los periódicos de Matamoros han cubierto la masacre de forma extensa, algo muy inusual y un signo de que el cartel del Golfo ve la publicidad (negativa) para Los Zetas como algo beneficioso”, sigue el memo.
Hace poco, en Washington, la periodista mexicana Marcela Turati, quien ha cubierto las historias de las víctimas de los desaparecidos en Matamoros y en Tamaulipas, relató a LA PRENSA GRÁFICA la mordaza que los carteles y las autoridades mexicanas imponen a los periodistas en la cobertura de este tipo de hechos violentos. En 2010, el cónsul estadounidense en Matamoros ya hablaba de eso con la capital estadounidense. De lo que no hablaba era de la participación de las autoridades mexicanas.
Víctimas de Centroamérica
La misma fuente mexicana que detalló a la inteligencia antinarcóticos estadounidense la complicidad entre policías y narcos les confirmó que para 2011 ya era una decisión establecida entre Los Zetas y otros carteles utilizar las mismas rutas para combinar tráfico de drogas y de indocumentados, que la operación incluía secuestros indiscriminados y que buena parte de las víctimas eran de Centroamérica.
“A septiembre (de 2010, un mes después de la masacre de San Fernando), las nacionalidades de los traficados (sic) por una organización eran mexicanos, salvadoreños y nicaragüenses”, sostiene la comunicación.
En ese documento se detallan también discusiones internas en los carteles sobre a cuál de las actividades dar prioridad, si al tráfico de migrantes o al de drogas. Hablan de seres humanos como si hablaran de fardos de ropa o de kilos de cocaína. Con el mismo desprecio con que los matan por decenas a la vez. Así se desprende del tono neutro que la fuente mexicana usa para relatar la discusión de negocios de los narcos.
“Los vehículos que transportan droga tienen dos motores, los que transportan migrantes solo tienen uno. Al menos en una ocasión se hizo un arreglo para juntar dos motores con distinta fuerza (caballos de fuerza) en uno y transportar migrantes. El bienestar de los migrantes no es una preocupación”, recogieron los agentes estadounidenses el testimonio de su fuente mexicana.
Otro memo, este enviado por la sección antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en México en junio de 2011, da cuenta de la captura de siete altos mandos del mexicano Instituto Nacional de Migración, el INM, bajo acusaciones de que “algunos de sus agentes están envueltos en secuestros de migrantes”.
Más adelante, el documento ata la corrupción estatal de alto nivel con los sucesos en el estado de Tamaulipas: “Migrantes centroamericanos –de Guatemala y El Salvador– acusan a agentes migratorios (mexicanos) de sacarlos de los buses para entregarlos a los narcotraficantes en Tamaulipas”.
Medio año antes, en un memo de enero de 2011, la misma sección antinarcóticos había informado a Washington sobre la incursión del cartel del Golfo y Los Zetas en el tráfico de migrantes en Tamaulipas. “Los crímenes... destacan hasta dónde han llegado las organizaciones criminales en el control del tráfico ilegal de migrantes, actuando ya sea como facilitadores, extorsionistas, secuestradores o traficantes.”
En ese memo, la embajada estadounidense solo habla de “información anecdótica” sobre la participación de agentes migratorios y policías mexicanos en el tráfico ilegal. Cuatro meses después, en abril, a la masacre de San Fernando se añadiría otra orgía de muerte que duraría al menos hasta agosto de ese año: 47 fosas clandestinas, 195 cadáveres. Diez meses después, un policía hablaría a los estadounidenses lo que ya era un hecho consumado en México: las autoridades del país estaban embarradas con los narcos en las muertes de migrantes. Hasta entonces, 14 meses después de San Fernando, la información dejó de ser “anecdótica”.
Fuente: La Prensa Gráfica| Héctor Silva Ávalos
