Se les acusa de haber privado de la libertad a un grupo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 17 de febrero de 2010.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), división Cuernavaca, Héctor Salazar Porcayo y el subsecretario de Trabajo de esa agrupación, Marco Antonio García Barrera, comparecerán ante el Juzgado Cuarto de Distrito, luego de que un tribunal colegiado les negó un amparo federal por supuestas violaciones a sus garantías individuales y laborales, informó el sindicato en un comunicado de prensa.
A Salazar Porcayo y García Barrera se les acusa de haber privado de la libertad a un grupo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 17 de febrero de 2010, cuando llegaron con personal del Servicio de Administración de Aduanas a la agencia Gobernadores de Cuernavaca para realizar un inventario de las instalaciones, las que en su momento pertenecieron a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Ambos cuentan con órdenes de aprehensión y García Barrera fue detenido a mediados de 2010 por elementos de la Policía Federal Ministerial aunque horas después obtuvo su libertad bajo fianza. Ambos dirigentes enfrentan su proceso bajo fianza.
La audiencia constitucional está prevista para el 29 de abril en el Juzgado Cuarto de Distrito donde será presentado un "disco compacto con imágenes y video para que sea confrontado con pruebas técnicas con las voces e imágenes de los compañeros Salazar y Barrera; a pesar de que no sabemos si es auténtica dicha prueba y en los tiempos formales de presentación de pruebas no se presentó", informó el SME.
Salazar Porcayo y García Barrera llegarán a la audiencia porque el Primer Tribunal Colegiado del décimo octavo circuito, con residencia en esta ciudad capital, les negó el amparo de la justicia federal al no encontrar violaciones a sus derechos.
Pero además el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guanajuato, encargado del recurso de impugnación del auto de formal prisión, lo ratifico el 8 de abril pasado.
"El único delito fue preguntar quiénes eran las personas que se presentaban en las instalaciones el 17 de febrero del 2010; guardado el orden en las instalaciones y en última instancia ser agremiados del SME. Reiteramos terminantemente que nunca se impidió el paso a persona alguna, tanto para salir como entrar", exponen el sindicato en su comunicado de prensa.
