Quizá los mexicanos no hemos reflexionado lo suficiente sobre la magnitud de las consecuencias que traería consigo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, si se aprueba en los términos que propone el dictamen emitido por el PRIAN.
Desde hace tiempo, en México se ha pugnado por moderar las atribuciones que la Constitución otorga al presidente y avanzar hacia un régimen que hiciera efectivo el equilibrio de poderes y evite las atribuciones metaconstitucionales que se arroga el Ejecutivo sin otra razón que el autoritarismo que hace nugatoria la democracia. Incluso, en algunos momentos se ha llegado a plantear la necesidad de tener para el país un régimen semiparlamentario, que aliente las formas democráticas de decidir y evite las tentaciones autoritarias de los presidentes de la República.
Y ahora, cuando crece el consenso de restar facultades a la presidencia de la República, dicho proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, acepta que el presidente de la República pueda solicitar, unilateralmente, la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando” el propio presidente considere “constituyen un desafío o amenaza” a la seguridad interna del país.
La pregunta es, ¿en qué, en quién o en qué “movimiento o conflictos de carácter político, electoral, social o del trabajo” estarían pensando los panistas y los priistas cuando escribían el proyecto de dictamen, que sencillamente abre el camino a la militarización del país y a la criminalización de esos movimientos? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos deducirlo si recurrimos al propio dictamen y a su definición de desafío como “el obstáculo legal que afecta parcial o totalmente la integridad y estabilidad del Estado mexicano”. Esto nos remite a un gobierno como el de Gustavo Díaz Ordaz, que uso al Ejército en la persecución y asesinato de quienes participaron en el movimiento del 68. Esa etapa la creíamos superada, pero ya vemos que no es así. Aún más, la amenaza la define el citado dictamen como: “el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado”. La vaguedad de esta definición permite aplicarla contra cualquier movimiento social o del trabajo, por ejemplo, contra los zapatistas o los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero además, obsérvese que dictamen se enfila contra “el obstáculo legal...” ¿Se trata entonces de combatir la legalidad con la fuerza pública? ¿Es un intento de legalizar la represión contra las organizaciones populares que actúan en el marco de la ley?
En fin, nadie en México estaría a salvo, todos estaríamos expuestos a la arbitrariedad del Ejecutivo que, así, adquiere facultades de déspota sin que otro poder pueda controlarlo. Imagine usted esa facultad en manos de Vicente Fox enfrentado al movimiento que surgió después del desafuero de Andrés Manuel López Obrador o en poder de Felipe Calderón para acabar con el movimiento del SME. Imaginarlo provoca estremecimiento.
Pero el dictamen atenta también contra el espíritu del artículo 29 de la Constitución vigente, que establece la necesidad de la aprobación del Congreso de la Unión para que el presidente de la República pueda “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente” a situaciones extremas como una invasión, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”. La nueva disposición, en consecuencia, anularía una de las facultades del Congreso de la Unión: controlar y fiscalizar al Ejecutivo y la de aprobar o no el uso de la fuerza pública para enfrentar situaciones extremas. Esto, sin duda, se aproxima mucho a un golpe de Estado del Ejecutivo para reducir al Congreso de la Unión a una institución meramente decorativa y con poca importancia política.
Por último, hay algo también inquietante. Entre la ampliación de sus facultades, a las fuerzas armadas, se les concede la posibilidad de restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles, además de la siguiente que resulta alarmante “requerir información con cualquier herramienta que resulte necesaria” ¿Legalización de la tortura? Y la duda no se disipa, pues el dictamen otorga al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a los militares y los marinos, la posibilidad de que al realizar sus labores de inteligencia y contrainteligencia, puedan “hacer uso de cualquier método de recolección de información”, claro para no ser tan obvio, se dice que “sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección”. Imaginemos que esos derechos y esas garantías de violan, ¿qué pasaría? Nada, sin duda o tal vez algunas disculpas fuera de tiempo.
Si el dictamen se aprueba, el país se militarizará para sostener ésta guerra, que el gobierno pretende hacerla pasar como una “guerra justa” y Calderón su noble cruzado.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/04/28/puebla/orne09.php
Desde hace tiempo, en México se ha pugnado por moderar las atribuciones que la Constitución otorga al presidente y avanzar hacia un régimen que hiciera efectivo el equilibrio de poderes y evite las atribuciones metaconstitucionales que se arroga el Ejecutivo sin otra razón que el autoritarismo que hace nugatoria la democracia. Incluso, en algunos momentos se ha llegado a plantear la necesidad de tener para el país un régimen semiparlamentario, que aliente las formas democráticas de decidir y evite las tentaciones autoritarias de los presidentes de la República.
Y ahora, cuando crece el consenso de restar facultades a la presidencia de la República, dicho proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, acepta que el presidente de la República pueda solicitar, unilateralmente, la intervención de las fuerzas armadas en contra de “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando” el propio presidente considere “constituyen un desafío o amenaza” a la seguridad interna del país.
La pregunta es, ¿en qué, en quién o en qué “movimiento o conflictos de carácter político, electoral, social o del trabajo” estarían pensando los panistas y los priistas cuando escribían el proyecto de dictamen, que sencillamente abre el camino a la militarización del país y a la criminalización de esos movimientos? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos deducirlo si recurrimos al propio dictamen y a su definición de desafío como “el obstáculo legal que afecta parcial o totalmente la integridad y estabilidad del Estado mexicano”. Esto nos remite a un gobierno como el de Gustavo Díaz Ordaz, que uso al Ejército en la persecución y asesinato de quienes participaron en el movimiento del 68. Esa etapa la creíamos superada, pero ya vemos que no es así. Aún más, la amenaza la define el citado dictamen como: “el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado”. La vaguedad de esta definición permite aplicarla contra cualquier movimiento social o del trabajo, por ejemplo, contra los zapatistas o los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero además, obsérvese que dictamen se enfila contra “el obstáculo legal...” ¿Se trata entonces de combatir la legalidad con la fuerza pública? ¿Es un intento de legalizar la represión contra las organizaciones populares que actúan en el marco de la ley?
En fin, nadie en México estaría a salvo, todos estaríamos expuestos a la arbitrariedad del Ejecutivo que, así, adquiere facultades de déspota sin que otro poder pueda controlarlo. Imagine usted esa facultad en manos de Vicente Fox enfrentado al movimiento que surgió después del desafuero de Andrés Manuel López Obrador o en poder de Felipe Calderón para acabar con el movimiento del SME. Imaginarlo provoca estremecimiento.
Pero el dictamen atenta también contra el espíritu del artículo 29 de la Constitución vigente, que establece la necesidad de la aprobación del Congreso de la Unión para que el presidente de la República pueda “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente” a situaciones extremas como una invasión, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”. La nueva disposición, en consecuencia, anularía una de las facultades del Congreso de la Unión: controlar y fiscalizar al Ejecutivo y la de aprobar o no el uso de la fuerza pública para enfrentar situaciones extremas. Esto, sin duda, se aproxima mucho a un golpe de Estado del Ejecutivo para reducir al Congreso de la Unión a una institución meramente decorativa y con poca importancia política.
Por último, hay algo también inquietante. Entre la ampliación de sus facultades, a las fuerzas armadas, se les concede la posibilidad de restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles, además de la siguiente que resulta alarmante “requerir información con cualquier herramienta que resulte necesaria” ¿Legalización de la tortura? Y la duda no se disipa, pues el dictamen otorga al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a los militares y los marinos, la posibilidad de que al realizar sus labores de inteligencia y contrainteligencia, puedan “hacer uso de cualquier método de recolección de información”, claro para no ser tan obvio, se dice que “sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección”. Imaginemos que esos derechos y esas garantías de violan, ¿qué pasaría? Nada, sin duda o tal vez algunas disculpas fuera de tiempo.
Si el dictamen se aprueba, el país se militarizará para sostener ésta guerra, que el gobierno pretende hacerla pasar como una “guerra justa” y Calderón su noble cruzado.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/04/28/puebla/orne09.php
