Reincorpora al fuero civil perseguir delitos cometidos por los militares
Si no hay acuerdo se impondrá con una “agenda rápida y furiosa”: Cerda
El PRI en la Cámara de Diputados aceptó suprimir de su proyecto de Ley de Seguridad Nacional puntos sustanciales, como la intervención del Ejército contra movimientos sociales, políticos y electorales, y reincorporó al fuero civil la persecución de delitos cometidos por militares durante operativos, pero preserva la discrecionalidad del Presidente de la República para ordenar la intervención armada en estados o regiones del país y suspender las garantías individuales.
Por la mañana, mientras el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, advirtió que esta semana se votará el dictamen y el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, sostuvo que si no hay acuerdo el PRI se impondría en una sesión con una “agenda rápida y furiosa”, integrantes de la bancada se negaron a avalar la petición expresa de aprobar sin cambios el documento.
Anoche, en reunión del consejo consultivo de la bancada del PRI –donde participan los coordinadores de los estados y de los tres sectores–, varios priístas cuestionaron el fondo de la reforma.
La ex presidenta del PRI Beatriz Paredes lanzó cuatro preguntas: “¿Quién lo está pidiendo? ¿Qué viabilidad real tiene de que pase en el Senado? ¿Qué papel jugarán las autoridades locales? ¿Y por qué nuestra apuración, si nosotros no somos gobierno?”
Incluso, reprochó que mientras el PRI impulsa la reforma, “yo veo al PAN muy calladito, ni se despeina y creo que quiere dejarnos, como se dice en el beisbol, abanicando”.
Varios coordinadores reprocharon que desconocen el proyecto, pidieron copia para analizarlo y lograron que se pospusiera para mañana la plenaria de la bancada, donde se decidirá si el grupo parlamentario vota en favor de la reforma.
En tanto, ninguna de las comisiones que tienen la minuta enviada por el Senado –Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– ha convocado a debatir el proyecto de decreto.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN), resaltó que el dictamen debe ser votado en una sola sesión pública y en conferencia de los cinco grupos de trabajo citada con dos días de anticipación.
Entre los ajustes aceptados por el PRI resalta la obligación del Ejército de entregar “inmediatamente” al Ministerio Público a los detenidos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine sobre la constitucionalidad de la intervención militar, pero una vez que ésta esté en marcha.
No obstante, se mantiene la definición de que sin tener que hacer una declaratoria de guerra, en tiempos de paz el Ejecutivo pueda disponer de tropas para combatir “cualquier quebranto social”, con el argumento de que “la paz no es absoluta, sino en todo lugar y momento es relativa, y no está exenta de conflictos o alteraciones”.
El diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI) aseguró que “votar la minuta del Senado no constituye un albazo”, porque las cinco comisiones a las que se turnó el documento tuvieron un año para revisarlo. “Ahora se llaman a sorpresa”, ironizó.
A su vez, Corral Jurado recordó que él propuso a los priístas realizar “una deliberación pública e invariablemente el PRI la rechazó”. Anticipó que él no declinará el turno de la minuta, como pretende el PRI, no sólo porque esa figura no existe y la modificación de la misma tiene vigencia de cinco días después de enviada una iniciativa o minuta. “Entones, no hay manera alguna, a menos que atropellen el reglamento y el pleno quiera saltarse a las comisiones. Cuando haya acuerdo, que las comisiones unidas dictaminaremos, pero sobre la minuta del Senado”, acotó.
Por la mañana, en entrevista, Corral declaró que mantener la persecución contra movimientos sociales, laborales, electorales y políticos sería un despropósito legal “después de la experiencia traumática de 1968. Es penoso que un sector de las fuerzas armadas le quiera enmendar la plana al Presidente de la República con una iniciativa ciega, que altera de manera grosera la iniciativa” del Ejecutivo.
Se refirió a las adiciones que el PRI incluyó en el proyecto de dictamen, a partir de un documento confidencial recibido en la Comisión de Defensa que envió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Si hay una opinión de la secretaría, la queremos por escrito, con el sello de los Estados Unidos Mexicanos y la firma del general secretario”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), defendió la reforma planteada por Navarrete Prida, porque “de lo que se trata es de proteger al Ejército”.
Afirmó que la ley facultará al Presidente de la República para hacer una declaratoria de riesgo a la seguridad interior dependiendo del nivel de violencia o inseguridad. “Tiene que darle temporalidad y gradualidad, porque no es lo mismo Ciudad Juárez que Toluca”, justificó.
Bloque opositor
En conferencia de prensa, los partidos que integran el Movimiento Regeneración Nacional manifestaron que con el proyecto del PRI se permitiría que la Sedena se arrogue el derecho de actuar por encima de las garantías individuales.
Los coordinadores de PRD, PT y Convergencia, Armando Ríos Piter, Pedro Vázquez y Pedro Jiménez León, respectivamente, así como los diputados Enrique Ibarra Pedroza y Porfirio Muñoz Ledo, coincidieron en que el fondo de la aprobación de una reforma de corte militar es la necesidad del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de congraciarse con el Ejército.
Ríos Piter sostuvo que la fórmula de aprobar el dictamen con una “agenda rápida y furiosa”, como señaló el priísta Rogelio Cerda, refleja “la misma visión autoritaria del PRI, que nos regresa a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado”.
Muñoz Ledo recordó que Felipe Calderón ya se había allanado al dictamen del Senado y que la modificación planteada por el PRI le otorga ahora “facultades extraordinarias que, en los hechos, constituirían un golpe de Estado al Congreso, que ya no tendría que aprobar una declaratoria de guerra”.
Por la tarde, en reunión con la Comisión de Defensa, el contador Eduardo Gallo –cuya hija fue asesinada en Cuernavaca, Morelos– reprochó que la modificación a la ley de seguridad sólo pretende legalizar los operativos del presidente Calderón:
“No vengo a pedir gracia, ni un favor ni limosna, sino a decirles que estamos hasta la madre de los errores y estupideces de un gobierno que nos ha puesto en un baño de sangre a todos y que aprobar esta ley es validar algo que afecta a todos, pero que nosotros hemos pagado con sangre.”
A la reunión asistieron el sacerdote Alejandro Solalinde y el escritor Javier Sicilia. La comisión formó un grupo que los recibirá este miércoles por la tarde y el PAN los invitó a su reunión plenaria previa a la sesión ordinaria.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/27/index.php?section=politica&article=002n1pol
