martes, 26 de abril de 2011

Nefasto intercambio de favores


Las reformas que quiere imponer la extrema derecha a la sociedad nacional, equivalen a un virtual golpe de Estado incruento, cuyas consecuencias serían igual de dramáticas que si las fuerzas armadas hicieran uso de su poder en contra de la población. Si en la actualidad la mitad está marginada del progreso, con las llamadas reformas estructurales, de ser aprobadas por el binomio PRI-PAN, con la complicidad y omisión de los otros partidos, el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos quedaría literalmente cancelado.

Es así porque los beneficios de la explotación de los bienes nacionales, incluida la mano de obra que sería reducida a una masa esclava, se quedarían en cada vez menos explotadores. Pero como una situación tan injusta crearía un gran descontento entre los millones de excluidos, no quedaría otra solución para frenarlo que utilizar a las fuerzas armadas en calidad de “guaruras”. Ello explica la urgencia del grupo en el poder, es decir la extrema derecha, en que el Congreso apruebe la iniciativa de ley de seguridad nacional presentada por el PRI, con la que el jefe del Ejecutivo tendría atribuciones discrecionales para usar al Ejército y la Marina de conformidad con sus intereses.

Es evidente que el partido tricolor ya se siente de nuevo en Los Pinos y busca los medios legales para asegurar su permanencia allí, porque sabe que sólo con el uso de la fuerza pública podría lograrlo, toda vez que sus compromisos con la oligarquía seguirán bien firmes, ahora con ellos, los priístas, en el poder. Aprovechando la circunstancia, el PAN quiere cobrar el favor de apoyar al PRI en esta iniciativa, reclamando al tricolor que haga lo propio con respecto a la propuesta panista de reforma laboral.

Así se entiende el reclamo del dirigente blanquiazul, Gustavo Madero, a la bancada priísta para que no se ande con remilgos y apruebe cuanto antes dicha reforma. Madero pidió en un comunicado a Humberto Moreira, “madurez política; que recapaciten sobre el futuro que desean heredar a las próximas generaciones de mexicanos, además sobre la urgencia de modernizar una legislación laboral que está intacta desde hace 40 años”. ¿En qué futuro estará pensando el dirigente del PAN? Uno en el que, seguramente, más de cien millones de mexicanos habrán de carecer de los más elementales derechos ciudadanos y garantías individuales, y la elite pueda vivir sin sobresaltos, protegida por tropas bien dispuestas a reprimir cualquier asomo de protesta.

No debe pasar desapercibido que, en los hechos, la reforma laboral ya está vigente en la mayor parte de sus puntos. Fue puesta en práctica callada pero firmemente desde hace más de veinte años, sin que hiciera falta una ley específica. Sin embargo, precisamente por esta circunstancia es que la oligarquía quiere un marco legal que le permita presumir en el exterior que México es una nación democrática, que se vive aquí un Estado de derecho idóneo para que vengan inversionistas a realizar negocios con los pocos monopolios que habrían de sobrevivir en una economía cada vez más excluyente y estratificada. Y como los muertos no hablan, también se les llenaría la boca para hablar de la paz que privaría en un México militarizado.

En el intercambio de favores entre el PRI y el PAN queda claro que ambos partidos están al servicio de la oligarquía. Son favores que en nada benefician a la sociedad mayoritaria, sino todo lo contrario. La única diferencia es que los panistas demostraron una total y absoluta falta de oficio político, así como grandes ambiciones y una voracidad sin límites. Los panistas no se andan con tapujos y actúan conforme a su interés fundamental de lucrar a la sombra del poder, por eso la corrupción en los dos gobiernos panistas ha sido su sello característico, por encima de cualquier otra prioridad.

Por supuesto, los priístas también cometieron el mismo pecado, como lo prueban los dos sexenios finales de su hegemonía. Tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo fueron extraordinariamente corruptos, no tienen defensa posible. Por eso mismo sería gravísimo para el país que continuaran en el poder, dispensándose favores recíprocamente, pues de esa manera quedaría cancelado el futuro para más de cien millones de mexicanos. Mientras tanto, la violencia sigue en aumento en forma cada vez más cruel y salvaje, lógico corolario de una realidad nefasta que se ha venido imponiendo a la sociedad para favorecer intereses minoritarios. Más dramático aún es que la oligarquía considere que ya no hay otra salida que el uso de las fuerzas armadas en calidad de “guaruras”. Así avanzamos a marchas forzadas hacia circunstancias que sólo favorecen al imperio estadounidense, el cual espera con impaciencia nada disimulada la hora de intervenir directamente en nuestro país.

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