Ni empleo, ni crecimiento económico, sino violencia y muerte, han sido los distintivos de este sexenio, tan interminable que parece sexenio bisiesto. Cincuenta y tres meses que han convertido a cientos de miles de personas en víctimas.
Pero hay víctimas que se han hecho sujetos. Que han superado el dolor, el terror y las amenazas para que “ya no le muevan”, arriesgándose a participar, a combatir para que a otros no les suceda lo que a ellos y a los suyos. Este tránsito de víctimas a sujetos lo hemos visto en muchos casos: las madres de las muchachas desaparecidas en Chihuahua y en Ciudad Juárez; las familias de las y los jóvenes masacrados en Villas de Salvárcar; la parentela de Eric Le Baron y Luis Widmar; los familiares de las decenas de personas objeto de desapariciones forzadas en el norte del país, la familia Reyes del Valle de Juárez. A pesar de que el participar, exigir justicia, los lleva muchas veces a ser victimados ellos también, estas ciudadanas y ciudadanos no claudican en su opción fundamental: desde su condición de víctimas irrumpir en el espacio público e interpelar a un gobierno que ni las representa como tales, ni les hace justicia, ni repara el daño. Opción de lucha que los va convirtiendo en sujetos de su vida, de la vida de una nación donde se pretende reducir a casi todos a meros objetos.
Javier Sicilia es de esta raza. Su explosión inicial “ya estamos hasta la madre” es el hartazgo de ser objetos de violencia, de expropiación, de humillación. Su convocatoria a la Gran Marcha Nacional por la Justicia y la Dignidad del 5 al 8 de mayo es el llamado a un país de víctimas, para que nos construyamos juntos como sujetos de los procesos de justicia, de paz y de dignidad que no han podido ni querido construir quienes ejercen la violencia legítima y que han dinamitado siempre los grupos delincuenciales.
Es una convocatoria hecha desde el terreno que todos compartimos o pudiéramos compartir: el de los afectados por la violencia. Como ésta no respeta condiciones sociales ni ideologías, así es el llamado, más allá de creencias, partidismos y clases. Se convoca desde el núcleo duro de la sociedad, donde incandescen la ética pública, el interés general, tantas veces mencionados, tantas veces traicionados. Es una convocatoria para cambiar la sociedad, incluida su forma política, no para tomar el poder. De ahí su potencialidad unificadora, su fuerza de arrastre.
Por esto tenemos la firme convicción de que el llamado de Sicilia, hecho suyo ahora por miles de organizaciones y de personas, debe conducir a una amplia asamblea, congreso o pacto ciudadano de todo el país. Y, permítasenos aclarar, un pacto en el que no estén de inicio el gobierno ni la clase política.
Hay por lo menos tres sombríos antecedentes recientes de acuerdos o pactos donde el gobierno ha intervenido, con resultados poco menos que nulos. El de “Todos somos Juárez”, de muy reducido impacto en los factores sociales de las violencias y de alto beneficio en los contratos para las empresas constructoras. El “Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad”, del verano de 2008, que, a pesar del “Si no pueden, renuncien”, fue seguido de la mayor escalada de violencia y muertes del último medio siglo. Y el “Acuerdo Nacional por el Campo”, festejado por Fox para tener elecciones tranquilas en 2003, pero que no ha cambiado el modelo agrícola empobrecedor y destructor de la agricultura y de la sociedad campesinas.
Que gobierno y clase política participen en un pacto es brindarles una alcayata donde se atoren en el despeñadero al que se están precipitando. Para invitarlos a un pacto deben estar al nivel de la estatura moral de las víctimas que se rebelan. ¿Cómo puede firmarse nada con un gobierno cuyas fuerzas armadas han desaparecido jóvenes si antes no los presentan con vida y castigan a los actores materiales e intelectuales? ¿Cómo puede estarse al mismo nivel con quienes han encubierto a los que acribillaron niños y hasta a una mujer embarazada en los retenes policiaco-militares? ¿Qué pacto se puede hacer con quienes están conspirando para convertir el estado de excepción en recurso ordinario ante la creciente inconformidad social y laboral? Pactos apresurados, pactos sin fuerza social suficiente, son tanques de oxígeno para gobiernos agónicos y placebos para sociedades airadas.
Al gobierno federal, a los estatales, a la clase política, no se le deben proponer pactos, cuando menos por lo pronto. Lo que debe haber son mandatos claros, en términos precisos, exigibles, evaluables. Algo así como lo ha propuesto en Chihuahua el Movimiento por la Paz y la Vida Digna. El primer punto de llegada de la gran movilización ciudadana nacional es dejar bien claros los Sentimientos de la Nación ante la violencia, la represión, las violaciones a los derechos humanos, los privilegios a oligopolios económicos y grupos de interés políticos. La expresión de estos sentimientos, su traducción en mandatos, su implementación práctica, puede ser la tarea más próxima de la sociedad plural y diversa que se movilice los próximos y decisivos días de mayo.
Si, como señala Michel Wieworka, la violencia es una negación del sujeto, la convocatoria y la participación en esta marcha, en este proceso, es un urgente llamado a construirnos como sujetos como única alternativa a negar la violencia.
Pero hay víctimas que se han hecho sujetos. Que han superado el dolor, el terror y las amenazas para que “ya no le muevan”, arriesgándose a participar, a combatir para que a otros no les suceda lo que a ellos y a los suyos. Este tránsito de víctimas a sujetos lo hemos visto en muchos casos: las madres de las muchachas desaparecidas en Chihuahua y en Ciudad Juárez; las familias de las y los jóvenes masacrados en Villas de Salvárcar; la parentela de Eric Le Baron y Luis Widmar; los familiares de las decenas de personas objeto de desapariciones forzadas en el norte del país, la familia Reyes del Valle de Juárez. A pesar de que el participar, exigir justicia, los lleva muchas veces a ser victimados ellos también, estas ciudadanas y ciudadanos no claudican en su opción fundamental: desde su condición de víctimas irrumpir en el espacio público e interpelar a un gobierno que ni las representa como tales, ni les hace justicia, ni repara el daño. Opción de lucha que los va convirtiendo en sujetos de su vida, de la vida de una nación donde se pretende reducir a casi todos a meros objetos.
Javier Sicilia es de esta raza. Su explosión inicial “ya estamos hasta la madre” es el hartazgo de ser objetos de violencia, de expropiación, de humillación. Su convocatoria a la Gran Marcha Nacional por la Justicia y la Dignidad del 5 al 8 de mayo es el llamado a un país de víctimas, para que nos construyamos juntos como sujetos de los procesos de justicia, de paz y de dignidad que no han podido ni querido construir quienes ejercen la violencia legítima y que han dinamitado siempre los grupos delincuenciales.
Es una convocatoria hecha desde el terreno que todos compartimos o pudiéramos compartir: el de los afectados por la violencia. Como ésta no respeta condiciones sociales ni ideologías, así es el llamado, más allá de creencias, partidismos y clases. Se convoca desde el núcleo duro de la sociedad, donde incandescen la ética pública, el interés general, tantas veces mencionados, tantas veces traicionados. Es una convocatoria para cambiar la sociedad, incluida su forma política, no para tomar el poder. De ahí su potencialidad unificadora, su fuerza de arrastre.
Por esto tenemos la firme convicción de que el llamado de Sicilia, hecho suyo ahora por miles de organizaciones y de personas, debe conducir a una amplia asamblea, congreso o pacto ciudadano de todo el país. Y, permítasenos aclarar, un pacto en el que no estén de inicio el gobierno ni la clase política.
Hay por lo menos tres sombríos antecedentes recientes de acuerdos o pactos donde el gobierno ha intervenido, con resultados poco menos que nulos. El de “Todos somos Juárez”, de muy reducido impacto en los factores sociales de las violencias y de alto beneficio en los contratos para las empresas constructoras. El “Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad”, del verano de 2008, que, a pesar del “Si no pueden, renuncien”, fue seguido de la mayor escalada de violencia y muertes del último medio siglo. Y el “Acuerdo Nacional por el Campo”, festejado por Fox para tener elecciones tranquilas en 2003, pero que no ha cambiado el modelo agrícola empobrecedor y destructor de la agricultura y de la sociedad campesinas.
Que gobierno y clase política participen en un pacto es brindarles una alcayata donde se atoren en el despeñadero al que se están precipitando. Para invitarlos a un pacto deben estar al nivel de la estatura moral de las víctimas que se rebelan. ¿Cómo puede firmarse nada con un gobierno cuyas fuerzas armadas han desaparecido jóvenes si antes no los presentan con vida y castigan a los actores materiales e intelectuales? ¿Cómo puede estarse al mismo nivel con quienes han encubierto a los que acribillaron niños y hasta a una mujer embarazada en los retenes policiaco-militares? ¿Qué pacto se puede hacer con quienes están conspirando para convertir el estado de excepción en recurso ordinario ante la creciente inconformidad social y laboral? Pactos apresurados, pactos sin fuerza social suficiente, son tanques de oxígeno para gobiernos agónicos y placebos para sociedades airadas.
Al gobierno federal, a los estatales, a la clase política, no se le deben proponer pactos, cuando menos por lo pronto. Lo que debe haber son mandatos claros, en términos precisos, exigibles, evaluables. Algo así como lo ha propuesto en Chihuahua el Movimiento por la Paz y la Vida Digna. El primer punto de llegada de la gran movilización ciudadana nacional es dejar bien claros los Sentimientos de la Nación ante la violencia, la represión, las violaciones a los derechos humanos, los privilegios a oligopolios económicos y grupos de interés políticos. La expresión de estos sentimientos, su traducción en mandatos, su implementación práctica, puede ser la tarea más próxima de la sociedad plural y diversa que se movilice los próximos y decisivos días de mayo.
Si, como señala Michel Wieworka, la violencia es una negación del sujeto, la convocatoria y la participación en esta marcha, en este proceso, es un urgente llamado a construirnos como sujetos como única alternativa a negar la violencia.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/29/index.php?section=opinion&article=022a1pol
