Las desmedidas ambiciones del grupo que dirige la carrera de Enrique Peña Nieto, lo llevaron a calcular mal y le falló la apuesta. No sólo perdió ésta, sino que se quedó sin la máscara que cubre su rostro de fascista sediento de poder y de sangre. Lo único que logró fue dividir al PRI, situación que tendría que darse tarde o temprano, ya que no todos los priístas tienen la desfachatez de seguir apuntalando a la mafia que busca a toda costa controlar política y económicamente al país, una vez que sabe que sus días están contados al llegar a su fin el modelo estratégico impuesto en México por la tecnocracia dirigida por Carlos Salinas de Gortari.
Al ver que todo el partido tricolor estaba embarcado en una travesía que lo iba a llevar a un precipicio, algunos legisladores reaccionaron para deslindarse y ponerse a salvo. No todos los priístas están dispuestos a pagar el costo político que significaba la aprobación de la reforma fascista a la Ley de Seguridad Nacional; el que si está dispuesto a pagar es el más entusiasta de los diputados que apoyan a Peña Nieto en la Cámara Baja, Alfonso Navarrete Prida.
Seguramente, él ya se siente procurador general de la República una vez que el gobernador mexiquense llegara a Los Pinos, pero eso no beneficia en nada al PRI como organización política nacional.
Otro diputado que demostró claramente a qué intereses sirve, Francisco Rojas Gutiérrez, perdió los estribos al saber que no sería votada dicha reforma en “fast track”, con todo dijo estar seguro que esta misma semana se votará el dictamen. A su vez, Humberto Benítez Treviño, también dijo estar convencido de la conveniencia de que sea aprobada con el fin de que el presidente de la República pueda hacer “una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, dependiendo del nivel de violencia o inseguridad”. Puntualizó que de lo que se trata “es de proteger al Ejército”. No es fortuito que los tres estén plenamente identificados con Peña Nieto y Salinas de Gortari.
Así quedó claro que el gobernador mexiquense busca erigirse como el salvador de la tecnocracia neoliberal, incluso a costa de llevar a la nación a una realidad apocalíptica, como así habría de suceder si se aprobara la Ley de Seguridad Nacional que facultaría al primer mandatario a utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales, políticos y electorales contrarios a los intereses del grupo en el poder. Obviamente, las tropas no se mancharían las manos de sangre gratuitamente, lo que haría del país un régimen militarista disfrazado de civilidad “democrática”.
Que no les importa despojarse del disfraz “progresista” lo demuestran las declaraciones del presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, quien afirmó sin ambages que si no hay acuerdo con las otras fuerzas políticas en el Congreso, “el PRI se impondría en una sesión, con una agenda rápida y furiosa”. Sin embargo, no todos los priístas están dispuestos a correr una aventura de tamaña irresponsabilidad, pues como lo dijo el senador Francisco Labastida Ochoa, aprobar dicha ley implicaría riesgos de violación a derechos humanos y libertades políticas. A su vez, la ex presidenta del partido tricolor, Beatriz Paredes, se preguntó “¿por qué nuestra apuración, si nosotros no somos gobierno?”
Es preciso, en las actuales circunstancias, que haya un deslinde inequívoco de los legisladores priístas de una ley brutalmente reaccionaria, que nos haría retroceder a los tiempos en que estaba vigente el delito de disolución social, mismo que permitió a Gustavo Díaz Ordaz “legitimar” la represión sangrienta del año de 1968. Al parecer, a los integrantes del grupo que protege e impulsa a Peña Nieto, o no les importan las consecuencias de una medida tan retrógrada, o de plano subestiman al pueblo y consideran que pueden actuar impunemente como les venga en gana. ¿Acaso Salinas de Gortari no aparece en público cada que se le ocurre, a pesar de ser tan repudiado por la inmensa mayoría de mexicanos? ¿Será que por eso quiere vengarse?
Está perfectamente sabido que la represión no resuelve problemas sociales de gran envergadura, como la extrema violencia que padece México.
Está perfectamente sabido que la represión no resuelve problemas sociales de gran envergadura, como la extrema violencia que padece México.
La descomposición social debe atacarse en sus raíces, a efecto de lograr resultados concretos. Desgraciadamente, esto no entra en las entendederas del grupo en el poder, obstinado como está en usar la violencia del Estado para resolver el flagelo de la violencia producto de la gravedad de los problemas de una nación entrampada. Calderón sigue terco en sus posturas de hace cuatro años, en su irracional optimismo que desmiente la terca realidad, como afirmar que “la economía va bien”. De aprobarse la Ley de Seguridad Nacional, recibiría un regalo invaluable para desquitarse de quienes no aceptamos su estilo personal de gobernar.
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