La empresa estadounidense Lexmark, fabricante internacional de cartuchos para impresoras, despidió a un centenar de empleados que pedían un ajuste de sueldo de diario de 114 a 120 pesos. También buscaban formar un sindicato independiente.
“Fui despedida el miércoles. En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete meses de trabajar para la trasnacional.
Con ella fueron despedidos más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado.
En entrevista con SinEmbargo, la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento salarial.
El ajuste, agregó Prieto, era de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse” de nuevo.
Ante la situación, informó, los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos diarios.
Así, el 3 de noviembre pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para, en bloque, buscar mejoras salariales.
Fue entonces que empezó el hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron los 120 pesos desde un inicio.
De acuerdo con Prieto, la medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700 empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también trató de dispersar la compañía.
“Hicieron paro técnico, todo el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos, pagándoles el día”, dije Prieto.
El jueves, finalmente, despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato. “Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con Prieto Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje tenía el listado de quienes firmaron la petición.
“¿Por qué el Gobierno permite esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado.
“Nos dicen que tenemos que ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy desempleada.
El Gobierno del Estado ha defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los plantones no eran la vía.
“Las causas de los plantones en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al funcionario.
LA MAQUILA YA NO BASTA
Ciudad Juárez es el municipio del país con mayor cantidad de población empleada en la industria maquiladora, con alrededor de 300 mil personas, pero sin sindicatos independientes.
Este año, sin embargo, en la ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en la ciudad.
Prieto informó que ante la Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya sido aceptada.
Ubicada en el extremo suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de 2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde la recesión económica de 2001.
Pero los 700 pesos semanales que pagan a los obreros, comentó
Delgado, apenas si permiten la subsistencia.
“Compro 300 pesos de mandado a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así. Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo.
“Ahora estoy desesperada, no sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de familia.
En un posicionamiento enviado a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados.
“Abrazamos las diferencias individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz, gerente general de Lexmark en Juárez.
Este medio trató también de contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado.
Este año, sin embargo, en la ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en la ciudad.
Prieto informó que ante la Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya sido aceptada.
Ubicada en el extremo suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de 2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde la recesión económica de 2001.
Pero los 700 pesos semanales que pagan a los obreros, comentó
Delgado, apenas si permiten la subsistencia.
“Compro 300 pesos de mandado a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así. Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo.
“Ahora estoy desesperada, no sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de familia.
En un posicionamiento enviado a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados.
“Abrazamos las diferencias individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz, gerente general de Lexmark en Juárez.
Este medio trató también de contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del Estado.
Fuente: Sin Embargo| Por Sandra Rodríguez Nieto
