En Michoacán hay una virtual declaración de guerra no necesariamente contra el Estado mexicano, pero sí contra los gobiernos, el federal y los estatales, concurrentes en la región. No hay (aún) reivindicaciones ideológicas ni exigencias nítidamente políticas, sino un hartazgo generalizado frente a las gravísimas fallas de los aparatos de seguridad pública y la corrupción, y contubernio de la clase política en general, lo que ha colocado a crecientes segmentos de la población bajo el yugo de cárteles y capos que juegan a ser verdugos o salvadores de determinadas plazas, conforme a sus estrategias.
El primer salinismo despertó de su sueño de primermundismo librecomercial con la irrupción en año nuevo de final de sexenio de los indígenas chapanecos con pasamontañas y rifles de palo. El segundo salinismo, copeteado, no ha necesitado acercarse al término del periodo de mando formal. Desde ahora, vertiginosamente, Enrique Peña Nieto se ha placeado como el exterminador de dinosaurios (Gordillo hoy; Jonguitud ayer), el modernizador económico (reformas nunca logradas; en agenda la principal, la de los energéticos, con Pemex como joya de la corona por pignorar), el estadista impensado (el Pacto por México como botón de muestra internacional del presunto gran oficio concertador de opositores) y el silencioso controlador de la delincuencia organizada y sus expresiones de violencia (la condescendiente detención del Z-40, por ejemplo).
Peñalandia ha creído que prospera y refulge mediante la adquisición de firmas opositoras pactantes, el modernizado control mediático mediante las malas artes de siempre, la alineación de los principales grupos empresariales en espera del reparto de nuevas rebanadas de pasteles vueltos a hornear o elaborados con ingredientes nunca antes tocados, la unificación y fortalecimiento de las fuerzas armadas y policiales mediante ensoñaciones de organigrama, la conformación de una nueva mafia del poder a partir de indefendibles representantes de grupos e intereses oscuros instalados en los puestos de mando político y la demagogia rebosante de optimismo por doquier.
Pero esa visión teóricamente victoriosa se va topando con la realidad en diversos segmentos. Los profesores no se dan por derrotados por las reformas laborales disfrazadas de educativas, la decepción cívica poselectoral subsiste y se acrecienta, pero no se convierte en apoyo al régimen dominante, sino en rechazo silencioso y acechante, los grupos empresariales (encabezados por Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas y Carlos Slim, principalmente) reciben los paquetes del reacomodo sexenal, pero no les son suficientemente satisfactorios, la inversión hecha en el Pacto por México no garantiza los rendimientos deseados porque los firmantes están bajo evolutiva impugnación de sus presuntos representados, los resultados electorales de este año producen autoridades formales, pero no obtienen legitimidad ni respeto y ha fallado escandalosamente la expectativa de que el viejo oficio truculento del PRI frenaría el baño social de sangre instaurado por Felipe Calderón.
Sin embargo, engolosinado por las cifras electorales que en 2012 él mismo se acomodó comercialmente y estimulado por la escenografía cesarista que se ordenó instalar alrededor, Peña Nieto ha golpeado políticamente a institucionales opositores internos (a Manlio Fabio Beltrones lo exhibió negativamente en Baja California, al usar a Fernando Castro Trenti como peleador de manos amarradas, para ceder el gobierno estatal al PAN; a Emilio Gamboa lo ha ido desdeñando, dejando correr la especie del enojo superior por la falta de control en el Senado), ha demostrado a todos los grupos políticos que el verdadero poder burocrático está solamente en el del estado de México y, en segundo lugar, en el de Hidalgo; ha manejado perniciosamente la economía nacional (subejercicio presupuestal que ha dañado a muchas empresas, reducción de las reservas monetarias luego del saqueo de cuello blanco a cargo de capitales especulativos, entre otros puntos) y ha pretendido imponer un esquema extraoficial de administración del gran negocio trasnacional de las drogas y otros rubros criminales sosteniendo a un cártel, el sinaloense, como preferido y protegido, en detrimento de los que practican métodos crueles contra la población, como los Zetas y sus cambiantes aliados regionales.
En ese contexto de acelerados desajustes, Peña Nieto ha topado con la piedra michoacana que en su momento hizo tropezar al anterior ocupante de Los Pinos, el inquieto Felipe Calderón que ha hecho saber que está en México y que tan tranquila es su vida que el domingo pasado habría ido de compras a un Costco de la capital del país, en Periférico y San Antonio, apenas cuidado por cinco militares a la vista, entre ciudadanos que se habrían acercado a él a saludarlo y felicitarlo ( http://bit.ly/1bOI4je).
Los ataques a la policía federal (que según Gobernación fueron totalmente planeados) tienen como referente el nacimiento de las policías comunitarias o los grupos de autodefensa, ante la convicción ciudadana de que las fuerzas gubernamentales suelen estar al servicio de los cárteles contra los que la gente prefiere organizarse. Los grupos delincuenciales así combatidos aseguran que financiamiento, organización y armamento de los comunitarios o autodefendidos proviene de sus adversarios (en el caso michoacano, se habla del Cártel de Jalisco Nueva Generación) y la acción policiaca y militar es adjudicada a los intereses de unos u otros cárteles, conforme a los entendimientos concretos de cada zona.
Por lo pronto, Peña Nieto queda ante una virtual declaración de guerra (a él se la declaran; Calderón la declaró) por parte de grupos armados que tienen base social, audacia operativa y una ecléctica definición conceptual que va desde las adecuaciones de un cierto catolicismo a las necesidades de sobrevivencia de quienes viven a salto de mata, hasta una tenue definición de justicia social, fincada en el derecho a la seguridad personal y familiar y al trabajo sin amenazas ni extorsiones. ¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
