La SCT rescatará de forma anticipada concesiones
Once empresas afectadas; los contratos vencían en 2015 y 2020
Subutilizada, la banda de 2.5 Ghz, argumenta el gobierno
Ofrecerá el valioso espectro a operadores de alta velocidad
Expertos: la decisión es acto discrecional
No se puede esperar a que venza, sostuvo la SCT para justificar que adelantó la decisión
Quita el gobierno a MVS una de las más valiosas frecuencias
Licitará el espectro para que operadores ofrezcan banda ancha de alta velocidad y 4G
El segmento permite ofrecer servicios más avanzados y rentables de telecomunicaciones
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, anunció que el gobierno federal no puede esperar a que venzan las concesiones que Multivisión (MVS) y otras empresas tienen en la banda de 2.5 gigahercios (GHz), por lo que decidió iniciar el proceso de rescate de ese espectro y licitarlo para que nuevos operadores lo exploten para ofrecer banda ancha de alta velocidad y servicios de cuarta generación (4G).
El funcionario indicó que no se trata de un decreto para que ese espectro que antes se usaba para dar radio y televisión restringida vía microondas vuelva al resguardo del gobierno federal, sino que es un proceso en el que los afectados como MVS podrán presentar pruebas, alegatos y, en los casos que sea viable, obtener una indemnización.
La banda de 2.5 Ghz es una de las más valiosas en el mundo de las telecomunicaciones, debido a que la evolución tecnológica permite que su uso ya no sea para ofrecer radio y televisión restringida vía microondas, sino más avanzados y rentables servicios de telecomunicaciones móviles y de banda ancha.
La banda de 700 megahercios (Mhz) que explotan las televisoras es la otra frecuencia más atractiva para el negocio de las telecomunicaciones móviles y de banda ancha. Una vez que los concesionarios de televisión analógica migren al esquema digital deberán devolver este espectro como parte del llamado dividendo digital, cuyo uso será decidido por el gobierno mexicano.
Las 68 concesiones vigentes que rescatará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vencían en 2015 y 2020. Diez empresas tienen 26 de esas concesiones y las 42 restantes están bajo el control de MVS, por lo que al serle retiradas, la empresa se queda sin la posibilidad de desarrollar el proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, que le propuso al gobierno federal para continuar explotando el espectro con la prestación de servicios de banda ancha y telecomunicaciones móviles, como marcan organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Según declaraciones del vicepresidente de MVS, José Antonio Abad, para conservar la cantidad de espectro suficiente para desarrollar el proyecto, la Secretaría de Hacienda le fijó una contraprestación de mil 238 millones de dólares, mientras la propuesta de MVS era de 680 millones de dólares, ya que de otra manera sería económicamente inviable.
La decisión del gobierno federal no afectará otros segmentos de negocio de MVS como las transmisiones de radio por 102.5 y 104.9 de frecuencia modulada (FM) o su programación en televisión satelital a través de Dish, en la que se incluye el canal 52. MVS se reservó sus comentarios sobre la decisión de la SCT.
En una conferencia de prensa, en la que no se permitieron preguntas, Pérez Jácome informó que el gobierno federal decidió negar la prórroga de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz, así como iniciar el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la misma banda, con el objetivo de llevar a buen fin su reordenamiento conforme a los principios de política publica y a las mejores prácticas internacionales.
Indicó que para licitar ese espectro se requieren tramos de al menos 40 megahercios (Mhz) para obtener el máximo rendimiento –hay en existencia 190 Mhz en la banda de 2.5 Ghz. Aseguró que se trata de tecnología que podría asemejarse a una carretera de ultra alta velocidad, de la que ahora sólo se aprovecha el acotamiento, por lo que la SCT tomó la decisión de rescatar este bien público con base en la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Justificó que la SCT tuvo pláticas con MVS desde 2007 para llegar a acuerdos, y que la dependencia “presentó diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios en sus concesiones.
MVS no aceptó ninguna de las propuestas; ellos pusieron sobre la mesa algunas alternativas, pero fueron inaceptables, ya sea porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas para el Estado, como prevé el artículo 134 de la Constitución. A fin de cuentas, la posición adoptada por el mayor operador de la banda de 2.5 Ghz quedó muy lejos de lo que es aceptable para la Secretaría en función de sus facultades y obligaciones, afirmó el funcionario.
Declaró que este es el comienzo del rescate de la banda. La segunda etapa consistirá en que los concesionarios podrán presentar pruebas y argumentos que convengan a su interés y tendrán derecho de audiencia. Después habrá una etapa de valoración de pruebas y análisis de información, luego los alegatos y la resolución de cada caso, y la determinación de indemnizaciones, cuando los concesionarios tengan derecho.
Pérez Jácome dijo que con esta decisión no vamos contra nadie, es por el país, y que en todo este proceso los concesionarios tendrán siempre la opción de sumarse a la política pública del gobierno y unirse así a la posibilidad de utilizar eficientemente sus concesiones. Que no quede duda: a todos los concesionarios se dará el mismo trato sin exclusiones ni discriminación.
Telecomunicaciones: ¿rescate o claudicación?
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, anunció ayer la decisión de la dependencia de rescatar la banda de frecuencias radioeléctricas de 2.5 gigahercios (GHz) –reconocida en el ámbito internacional como propicia para las aplicaciones móviles de banda ancha, lo que se conoce como Internet de cuarta generación–, argumentando que se encuentra subutilizada por sus concesionarios actuales, entre los que se encuentra el grupo MVS Telecomunicaciones. La medida implica retirar los títulos de concesión en manos de esa y otras compañías del ramo, algunos de los cuales vencían en 2018, y someter dicha franja del espectro radioeléctrico a una nueva licitación.
Debe recordarse que MVS –concesionaria de 90 por ciento de las frecuentas de la referida banda, que originalmente se destinó para ofrecer televisión restringida por señal de microondas– había manifestado desde hace años la intención de renovar los títulos correspondientes, con la finalidad de ofrecer, a través de ese espacio y en alianza con otras empresas de telecomunicaciones (Clear Wire, Alestra e Intel) el servicio de banda ancha móvil a bajo costo. No obstante, y pese a un pronunciamiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en agosto de 2007 en favor de la prórroga de los títulos de concesión referidos, la SCT se negó a avalar la petición y, según puede apreciarse a partir del anuncio de ayer, decidió incluso ir más allá y privar a la compañía de los títulos aún vigentes.
Tan incuestionable como la rectoría del Estado sobre el espectro de frecuencias radioeléctricas –un bien público y extensión del territorio nacional– es el precepto de que el manejo de las telecomunicaciones por las autoridades, para ser efectivo y favorable al bien común, debe realizarse de manera imparcial y apelar a criterios técnicos más que políticos.
Sin embargo, la decisión anunciada ayer por Pérez Jácome reviste aspectos cuestionables, tanto en la manera en que ha sido adoptada y presentada como en sus implicaciones. En primer lugar, llama la atención el contraste tan marcado entre la determinación referida y el perfil ideológico abiertamente proempresarial del grupo gobernante, que ha sido tradicionalmente crítico de las expropiaciones realizadas por otros gobiernos y que ahora, sin embargo, se involucra en una medida similar, por más que la disfrace con eufemismos como rescate. Es igualmente inexplicable que la recuperación de la banda 2.5 GHz se anuncie ahora, cuando quedan menos de cuatro meses para que termine la presente administración federal, habida cuenta de que las autoridades del sector poseían información sobre la evolución tecnológica de dicha banda desde hace un lustro. Por lo que hace al choque de criterios entre el referido pronunciamiento de la Cofetel en agosto de 2007 y la determinación que ahora adopta la SCT, éste difícilmente puede explicarse sin la abierta presión ejercida durante todo este tiempo por Televisa y sus personeros, a fin de evitar la extensión de títulos de concesión solicitada por MVS.
Más allá de los eventuales daños generados a dicha entidad privada y de las implicaciones del anuncio de la SCT para la tan cacareada certidumbre jurídica de los inversionistas, la decisión derivará en una afectación social importante, en tanto que cancela el ingreso de nuevos competidores al mercado –aún incipiente en nuestro país– de la Internet de última generación, y refuerza, de esa manera, las posiciones de los concesionarios actuales. Es significativo que el rescate de la banda 2.5 GHz se dé a unos meses de que las autoridades reguladoras de la competencia económica avalaron la alianza corporativa entre Televisa y Iusacell, la cual, entre otras cosas, permitirá al duopolio empresarial de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas prestar el mismo servicio que se le negó a MVS y a sus empresas asociadas y acceder, de esa manera, al llamado cuadruple play (Internet, televisión, telefonía fija y telefonía móvil).
Más aun: no es descabellado suponer que el eventual proceso de licitación de las frecuencias de la banda 2.5 GHz termine por favorecer a aquellos actores con la capacidad económica y técnica para operar ese tipo de servicios a gran escala; es decir, a quienes actualmente detentan una posición de dominancia en las telecomunicaciones de nuestro país.
Es claro, por último, que semejante escenario no sólo transitaría en sentido contrario de la apertura y el incremento de la competencia de ese estratégico sector y, en consecuencia, del interés de los usuarios: afectaría también, el desarrollo democrático de la nación, en la medida en que incrementaría el vasto poder fáctico e indebido de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, su capacidad de presión sobre autoridades y representantes populares, y su tendencia a limitar la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad.
Fuente: La Jornada, La Jornada
