Es evidente y previsible que el Tribunal dictamine en favor de la imposición de Enrique Peña Nieto; de manera que las posibilidades de transformar democráticamente este país se irán otra vez por la borda.
Antes del 6 de septiembre veremos filtrado el resolutivo que confirmará que no habrá sorpresas.
Tribunal que no lee, no ve ni oye
Los antecedentes que permiten visualizar que los magistrados se inclinarán por legitimar el fraude electoral e imponer a un presidente surgido de la fabricación mediática y la compra de votos, es la reciente decisión de desechar cientos de impugnaciones que presentó el Movimiento Progresista relativas a la anulación de casillas, respecto de las cuales sólo autorizó anular el 0.36 por ciento. Cantidad infinitamente menor a las que por ley deben ser causal para anular una elección.
Otro elemento es la irrisoria declaración de que todos los partidos cumplieron los topes de gastos de campaña. O sea, que el PRI jamás rebasó el tope de los recursos asignados por el IFE.
Además, desechó la investigación de la amplísima promoción televisiva durante los seis años de gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
Sólo queda por desahogar el recurso sobre la procedencia ilícita de dinero en la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto, donde hubo compra inducida,-voluntaria o involuntaria- del voto masivo; donde hubo grandes cantidades de dinero de origen evidentemente ilegal o de desvío de recursos públicos a través de empresas mercantiles fachada y otras instituidas como Monex y Soriana.
Pera ya dijo el IFE que sus resultados los dará a conocer después de la declaratoria final del Tribunal.Así, es de injusta nuestra justicia.
Es evidente que los magistrados, y no sólo ellos, sino el amplio ejército de burócratas de magistrados regionales, secretarios de actas, de estudio y cuenta y decenas de asesores, han estado trabajando no en ver cómo las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista son eficaces, sino cómo deben desvanecerse.
Por eso, más o menos veremos en el dictamen las siguientes frases: “el Movimiento Progresista no probó sus acusaciones”; “el Movimiento Progresista no acreditó su acusaciones…”; “son inoperantes los conceptos de violación argumentados…”.
No es una simple resolución ni un auto judicial simple el que tienen los magistrados en sus manos. Se trata de una resolución que tiene todas las características de imponer una imposición: de “acátese y cúmplase”; “éste es el presidente de todos”; “y este fallo es inapelable”.
Tiene razón Jaime Cárdenas, al señalar que “ninguno de los magistrados que integran actualmente la sala superior se ha distinguido como un activista en defensa de la democracia. Sólo defienden el establishment, el statu quo”(La Jornada 27 de agosto de 2012).
Podrán los magistrados decir por mayoría del Pleno que acuerdan validar la elección y declarar presidente electo a Peña Nieto, pero el sentir popular, el sentimiento social, el imaginario colectivo, la voluntad ciudadana dicen que no.
Por encima de la ley, el pueblo
Y es que el artículo 39 de la Constitución vigente desde los postulados de la Revolución Francesa y de la mexicana, señalan que el pueblo es soberano en todo tiempo para modificar o alterar su forma de gobierno.
De manera que esa voluntad de obedecer la ley sólo porque los legisladores y magistrados así lo acuerdan, no siempre es una premisa verdadera.
La legitimidad es un consenso social que emana de la soberanía popular para conferir a un gobierno y a su forma de gobernar, el apoyo colectivo o respaldo para seguir en el cargo.
Es previsible que después del 6 de septiembre, millones de personas, parte de una sociedad ya profundamente divida y fragmentada, lamentarán el fallo del Tribunal.
La eventual llegada de Peña Nieto a la presidencia sólo recrudecerá las políticas neoliberales. Es obvio que el PRI y el PAN tienen como propósito legitimarlo de inmediato impulsando tres reformas que en esencia abrirán más el abismo entre ricos y pobres y se acentuarán los conflictos sociales: la reforma hacendaria, que no buscará que las grandes corporaciones paguen impuestos; la reforma laboral, que tiene como fin eliminar derechos sindicales, contractuales y eliminar el derecho de huelga, fundamental para la defensa de los trabajadores, favoreciendo un fenomenal regreso del corporativismo sindical que tanto daño ha hecho a la vida política del país; y la reforma energética, que tiene como fin iniciar la privatización de Pemex, para vender el escaso patrimonio que todavía es del pueblo mexicano.
Presidente legítimo en las calles
Ante una inevitable continuidad del Estado fallido no es descartable una gran inestabilidad política. Pero no en el sentido de un conflicto violento generalizado (como si la violencia institucional no lo fuera en sí), sino por una acumulación de hechos y eventos de crisis y tensión locales, dado que el país sigue siendo controlado por inmensos monopolios; la pobreza creció dramáticamente, el desempleo es brutal, la impunidad es incontenible y de que existen gravísimas condiciones de salud en millones de mexicanos.
Ya lo han mencionado muchos: Lo que menos hubo en esta elección fue libertad para elegir al presidente de México.
Por lo tanto, tendremos otro presidente ilegítimo en Los Pinos y un presidente legítimo en las calles.
Fuente: La Jornada Jalisco
