La PGR impugnó la resolución del juzgado y está a la espera del fallo de un tribunal unitario penal
Siete de los acusados por el estratosférico endeudamiento del Estado de Coahuila, conocido como "moreirazo", son señalados por violación de la Ley de Instituciones de Crédito, pero libraron los delitos de uso de sello falso, asociación delictuosa y uso indebido de documentos.
Por el caso de dos créditos por 2 mil 100 millones de pesos, obtenidos presuntamente con documentos falsos, un juzgado federal ordenó en febrero las aprehensiones de siete ex funcionarios por sólo uno de los delitos, pero la negó en el caso de los otros tres.
Todo ello, de acuerdo con datos de la causa penal 17/2012, del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Reclusorio Norte.
Las capturas procedieron contra 5 ex funcionarios del Gobierno de Coahuila en la gestión de Humberto Moreira y 2 de Hacienda; estos últimos, presos en el Reclusorio Norte.
La PGR impugnó ante un tribunal unitario penal la resolución del juzgado y espera que se resuelva si procede en definitiva las capturas por los demás ilícitos.
Según los datos, el juzgado ordenó capturar a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del organismo.
También a Juan Manuel Froto García, ex director general del Fondo de Garantías para el Impulso de la Microempresa; Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Públicas, y Juan Manuel Delgado Hernández, empleado del SATEC.
Los ex funcionarios federales contra quienes procedió la captura son Jaime René Jiménez Flores, quien al momento del ilícito se desempeñaba como director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.
Dichos ex servidores son los únicos a los cuales les ha sido cumplimentada la nueva orden de aprehensión por el "moreirazo", pues ya estaban presos por una primera acusación.
La imputación que sí procedió es la que se refiere a que los funcionarios estatales usaron en 2010 y 2011 documentos falsos para contratar un crédito de mil 100 millones de pesos y otro de mil millones en Banco Santander.
Los de Hacienda inscribieron el adeudo en los registros oficiales. Contra los 7 implicados procedió la aprehensión por violar el artículo 112, párrafo cuarto, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad que es grave y prevé de 8 a 15 años de prisión por dar datos falsos para obtener un crédito.
Los delitos desechados por el juez alcanzan penas de 4 a 9 años de prisión y multa de 400 a 2 mil días de salario mínimo por falsificación de sellos, de 5 a 10 años de cárcel y 100 a 300 días de sanción por asociación delictuosa y de 3 a 6 años de prisión y 100 a mil días de multa por uso indebido de documentos.
Destapa BanBajío el caso
La contratación fraudulenta de la deuda del Gobierno de Coahuila, el llamado "moreirazo", quedó al descubierto porque directivos del Banco del Bajío alertaron a Hacienda de que autoridades de ese Estado no le pagaban un primer crédito de mil millones de pesos.
Los banqueros se reunieron con el entonces Gobernador interino Jorge Torres López, quien sustituyó a Humberto Moreira en 2011 luego de que éste pidiera licencia para dirigir el PRI nacional, y con el secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villarreal Hernández, para darles un ultimátum ante la falta de pago, según la causa penal 7/2012, a la que REFORMA tuvo acceso.
Fuente: Reforma
